La matanza de veinte derechistas el 9 de setiembre de 1936 en Puigcerdá

Antonio Gascón y Agustín Guillamón

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La matanza de la noche del 9 al 10 de setiembre de 1936

Como es público y notorio, en la mayoría de los fusilamientos, en ambos bandos, tanto en el franquista como en el republicano, el macabro ritual se iniciaba cuando alguien influyente elaboraba una lista previa, que servía después para ir a buscar a sus casas a las futuras víctimas.

Nadie se ha preguntado, y menos aún los historiadores Pous/Solé, quién o quiénes fueron los responsables de la elaboración de la macabra lista que permitió la horrorosa matanza del 9 de septiembre de 1936, en Puigcerdá.

Nadie se lo ha preguntado, por la sencilla razón que desde el primer momento hubo gente muy interesada en señalar con un índice acusador a Antonio Martín, forma efectiva de desviar la atención de otros culpables, más probables. Lo cierto es que en los archivos consta documentalmente que la lista de las víctimas a fusilar no se elaboró en el local de la CNT, sino en el local de ERC.

Cuando se produjo la matanza del 9 de setiembre de 1936, Antonio Martín ni siquiera estaba en la población, sino de gira por Francia, en busca de ayuda y fondos para las Revolución española. Fondos recogidos entre el pueblo francés, y muy especialmente entre los militantes anarquistas, que sirvieron para justificar la leyenda negra de que Antonio Martín “cobraba” por dejar pasar la frontera a determinadas personas. Historieta aireada por el fantasioso Joan Pons Garlandí, repetida por “el Penja-robes” que fue novelada por Francesc Viadiu; en ambos casos sin aportar prueba alguna que confirmara aquellas graves acusaciones, salvo rumores o confidencias a todas luces muy dudosas:

“En cuanto a los individuos que la FAI facilitaba la salida hacia Francia, por medio del pago de grandes cantidades, el “Cojo de Málaga”, de acuerdo con Aurelio, Escorza, Portela, etc. etc. tenían una combinación establecida, que según las conveniencias de la FAI o de algunos de los individuos nombrados, resultaba de una manera o de otra.

En el límite de la frontera entre España y Francia, Martín requisaba una torre que le servía para coger y engañar a las pobres víctimas para expoliarlos de todo y en algunos casos asesinarlos, si así lo creían necesario los monstruos nombrados y la organización. Los ciudadanos de cualquier lugar de la República que por el procedimiento que fuera se habían proporcionado una autorización de salida por los elementos de la FAI eran acompañados por estos hasta Puigcerdá, y así que llegaban eran presentados de una manera solemne, para no hacerse sospechosos, al “Cojo de Málaga” y éste daba el tono de seriedad para hacerse cargo de las víctimas que con el informe secreto recibido por los individuos que le hacían entrega del individuo trataba al paciente de la forma convenida . O le dejaba pasar sin estorbos o se le llevaba a la Torre límite con la frontera de Puigcerdá y allí aun había un doble peligro: primero, ser expoliado o asesinado. De Puigcerdá, Martín o alguno de sus fieles servidores, se habían trasladado a Barcelona y pasaban a un Banco, Caja de Pensiones, domicilio particular o comercial, con tal de cobrar el cheque en blanco que habían hecho firmar a la víctima en la Torre de Puigcerdá. Si en esta operación eran engañados los de la FAI, la muerte del ciudadano de la Torre era segura. A pesar de no ser engañados y después de sacarles fuertes sumas, también alguno tuvo este mal final”¹.

Decimos que la macabra lista de Puigcerdá no se elaboró en el local de la CNT, como se suponía, porque así es desmentido en una denuncia² de la Causa General a la que nadie ha prestado la necesaria atención, aunque sólo fuese porque destacaba extraordinariamente como una nota discordante.

Denuncia en la que se afirmaba que aquella lista se había elaborado precisamente en el Centro de Esquerra Republicana (ERC) de Puigcerdá, y que fue aprobada por su presidente, más conocido por el apodo de “El Espardañ锳. Tal acusación, si se estudia con detalle, tiene todos los visos de ser real, porque todo encaja a la perfección.

Documentación en la que se explican además los motivos existentes en la elaboración de la fatídica lista: la venganza.

En primer lugar, se vivió el castigo de la gente de orden contra los protagonistas de la insurrección armada de octubre de 1934. Gente de orden que, tras el fracaso revolucionario, se había dedicado a denunciar con nombres y apellidos a los protagonistas locales de la insurrección, o bien a los que gobernaban en el ayuntamiento, en todos los casos elegidos a dedo por el comité revolucionario.

Una parte importante de esa gente de orden militaba en la Agrupación Ciudadana, que suplió durante largo tiempo al disuelto Somatén. La Agrupación Ciudadana era una organización armada y también política, creada por orden del general Batet⁴, con el propósito de sustituir a los concejales y alcaldes represaliados por los Hechos de Octubre de 1934.

Fue público y notorio que esa misma gente de orden había abierto suscripciones dinerarias para premiar y homenajear al Ejército español, esto es, a los muertos y heridos en los enfrentamientos para sofocar la insurrección de octubre de 1934.

Cuestación pública que se realizó en toda Cataluña, incluida Bellver, aunque en esa población era atípica, pues a pesar del supuesto republicanismo local, nadie participó en el levantamiento de octubre de 1934. El Ayuntamiento de Bellver, con la excusa de sufrir penurias económicas, no aportó ni un duro a las suscripciones abiertas en homenaje y agradecimiento al Ejército⁵, quedando así en tierra de nadie.

El dinero aportado en Puigcerdá a esas suscripciones salió de los bolsillos de militantes y simpatizantes de Unión Patriótica (UP), y por tanto de gente muy próxima al antiguo dictador Primo de Rivera, personas que además en algún caso habían ocupado importantes cargos en los consistorios municipales posteriores al fracaso insurreccional de octubre, o que habían sido componentes habituales del Somatén local, con las connotaciones políticas que todo ello comportaba en la época⁶.

De ahí que no causara excesiva sorpresa, entre la población de Puigcerdá, la aparición de determinados nombres en la macabra lista de septiembre de 1936. Concretamente, nueve de las veintiuna víctimas de la matanza del 9 de setiembre habían estado afiliadas a UP, o sea, casi un cuarenta y tres por ciento de los masacrados, importante indicativo de la autoría y motivación de quienes confeccionaron aquella lista.

Prueba fehaciente de que la denuncia (en 1942) de un familiar de uno de los asesinados⁷, efectuada en la investigación franquista de la Causa General en Puigcerdá, tenía mucho sentido⁸. Nadie se ha atrevido a analizar en profundidad los datos señalados en esa denuncia, considerando necia y acríticamente algunos historiadores que los motivos de la masacre del 9 de setiembre debían buscarse en la pertenencia de las víctimas a la feligresía local, y por tanto sugiriendo que tal razón las hacía víctimas propiciatorias de la CNT-FAI. Hipótesis sin fundamento, sólo aceptable para esa historiografía burguesa construida sobre la leyenda negra antilibertaria y la criminalización de los revolucionarios.

Sin embargo, si la acusación de Caralps es cierta, y todo parece indicarlo así, es público y conocido que la CNT-FAI no participó en la asonada de 1934, y, por eso mismo, ningún resentimiento ni sed de venganza podía anidar en esa organización respecto a la colecta a favor del Ejército español o la posterior represión contra los amotinados de octubre.

Colecta a la que muchos catalanes se apuntaron sin más remilgos. Prueba de ello es que el 24 de octubre en Cataluña ya se habían recogido más de medio millón de pesetas, o que en Tarragona, la primera institución que encabezó la suscripción, con la sustanciosa cifra de mil quinientas pesetas, fue la mismísima Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Noticias que se publicaban incluso por la prensa madrileña.

“El Sr. Carrera Pons facilitó hoy la relación nº 12 de los donativos entregados para las familias de las víctimas del deber. Con esta duodécima lista la suscripción en Cataluña alcanza la cifra de 453.117 pesetas.

El delegado del Gobierno en Cataluña dijo que tenía anunciado un donativo de 100.000 pesetas., por lo que la suscripción pasará enseguida del medio millón. Confía en que la cifra total cuando la suscripción se cierre, representará una aportación importante a la suscripción nacional que se hace con el mismo destino”⁹.

Al contrario de los anarquistas, los más perjudicados por la derrota de octubre fueron gentes de Estat Catalá o de ERC, detenidos en masa en Puigcerdá, sobre todo al atravesar la frontera, procedentes de Francia, incluso en camiones, tal como consta en las noticias periodísticas de la época, obligando al envío a Puigcerdá de tropas del ejército, encargadas de la requisa de armas y de practicar más detenciones, que se añadieron a las ya practicadas poco antes por los carabineros:

“EI capitán de Carabineros de Puigcerdá expuso a la Comandancia Militar la necesidad, de enviar desde poblaciones próximas a aquella localidad fuerzas del Ejército, por estar los ánimos excitados con motivo de unas detenciones e incautaciones de armamento allí practicadas, y por la superioridad se ordenó la salida, para Puigcerdá, de una Compañía del Batallón de Montaña número 8 de guarnición en La Seo de Urgel, la cual ha ampliado los registros ya verificados, y en consecuencia de los mismos se han practicado nuevas detenciones”¹⁰.

Tal vez por ello, diferentes historiadores se han dedicado a poner un especial énfasis en la cuestión, explicando de forma harto interesada (aunque no fundamentada) que, tras los hechos de octubre de 1934, ERC poco menos que había desaparecido del espectro político de Puigcerdá, salvando de esta manera la grave responsabilidad de ese partido en las masacres de 1936¹¹.

La lista de la muerte obedecía lógicamente a la sed de venganza, pero ahora de los detenidos y represaliados después de octubre del 34 en Puigcerdá, y muy particularmente a los nacionalistas de ERC y EC. Nacionalistas que eran partidarios a ultranza de la rebelión de octubre, que tras su fracaso sufrieron el consiguiente rosario de detenciones y sus correspondientes juicios sumarísimos. Insurrección armada que terminó siendo un fracaso más del nacionalismo radical. El segundo fiasco, si contamos como primero el de la frustrada invasión de Prats de Molló, protagonizada por Macià en 1926.

Por otra parte, la participación de ERC y EC en matanzas indiscriminadas como la de Puigcerdá tampoco eran un hecho novedoso ni extraordinario, pues existían casos muy similares o casi idénticos en otros lugares de Cataluña, como por ejemplo en Navás:

“Meses después, ya en plena guerra civil, un vecino de Navàs fue detenido y trasladado a Barcelona para “ponerlo a disposición del Tribunal militar… entre otros motivos porque “en ocasión de los hechos del 6 de octubre se entretenía en delatar a los hombres que tomaron parte en el movimiento”¹² [TC].

Idéntico a lo acaecido en Sant Sadurní d’Anoia, donde en la primavera de 1936 apareció un panfleto anónimo en el que se leía:

“Pueblo: ya sabes, pues, quienes llevaron la angustia y los perjuicios a tu casa. Pues, bien, es necesario que hagas justicia exterminando de una vez a estos traidores de Catalunya” [TC].

Los “traidores” a Cataluña, a los que hacía referencia el panfleto, eran veinte vecinos del pueblo, que con motivo de los hechos del 6 de Octubre habían denunciado a sesenta y dos de sus convecinos por haber participado en dicha sublevación. La consecuencia de aquella denuncia fue que siete de esos vecinos denunciantes fueron asesinados en 1936; culpable: el Comité Revolucionario local¹³.

Historia idéntica a la acaecida en Ripoll, que recogen Sofía Castillo y Olga Camps en su obra La Guerra Civil a Ripoll, diciendo que “El recuerdo de lo que había pasado en octubre de 1934 y la actuación de aquel ayuntamiento de la Lliga, estuvieron muy presentes en los meses iníciales de la guerra civil. Así, los primeros detenidos fueron precisamente los hombres que habían formado parte de aquel consistorio. Alguno de ellos, como Josep Caballería, que sería asesinado poco después, en medio de un incontrolable deseo de venganza…”¹⁴.

Es en Ripoll donde más claramente se percibe que la motivación principal de los asesinatos era una mera cuestión política, dato que parece evidente al constatar que de las treinta y cuatro víctimas relacionadas en la Causa General, catorce eran miembros de la CEDA, mientras que tan sólo cuatro eran de Acción Católica; prueba fehaciente que primó más la persecución política que la religiosa. Quien impuso su ley en Ripoll fue precisamente el PSUC, formación que en aquel momento hacía causa común con el nacionalismo radical.

También se oculta o minimiza el hecho de que el Consejo Administrativo del Pueblo de Puigcerdá estaba formado por seis miembros de la CNT, cuatro de UGT y dos de ERC, lo que les hacía a todos responsables subsidiarios de cualquier acto que hubiese ocurrido bajo mandato del Consejo en 1936.

Tal corresponsabilidad justificaba las explicaciones de Antonio Martín después de la escabechina del 9 de septiembre de 1936, en las que (pese a su ausencia personal) hacía responsable a la CNT, como subsidiaria de las tropelías cometidas por sus socios en el Consejo Administrativo, esto es, de ERC y PSUC-UGT. Más tarde Vidiella elaboró una justificación legal de la violencia revolucionaria de los primeros meses de revolución¹⁵.

Recapitulemos. Para ERC, EC y PSUC los anarquistas eran unos asesinos, mientras que todos los suyos eran patriotas, puesto que se habían limitado a cumplir con su deber revolucionario, participando en los asesinatos en masa del enemigo¹⁶.

Con tal concepción política, desigual y subjetiva, se pretendía limpiar, exonerar y santificar a los exaltados estalinistas o nacionalistas de los primeros tiempos, como fue el caso del comunista Mas Tió que en Ripoll pedía sangre en los primeros días de la revolución, para después pasar a defender directamente a los patronos explotadores, a los que anteriormente había perseguido con saña, como demuestra su temprano llamamiento a “operar de forma radical la infección capitalista”:

“Ahora es la hora, obreros, ya que tenemos el bisturí en nuestras manos, de operar de una manera radical; que de la infección padecida no quede ni rastro…”¹⁷ [TC].

Existe una curiosa controversia sobre el número de vecinos procesados en Puigcerdá en octubre de 1934. Así, según Canturri, los procesados fueron 39, cifra que copian, sin verificarla, Pous/Solé, aunque esa cifra es desmentida por La Vanguardia en 1935, rebajando el número de detenidos a tanto sólo 27:

“Continuación de sumario: La causa por los sucesos de octubre ocurridos en Puigcerdá, en la que figuran 27 procesados, ha pasado al Juzgado número 2, del comandante don José Urrutia, para continuarla”¹⁸.

Pero una cosa es cierta, al margen de que los detenidos de octubre de 1934 en Puigcerdá fueran 39 o 27: los dos miembros de ERC en el Comité habían sido procesados por su participación en la insurrección de octubre.

Dato comprobado e innegable que debería haber dado pistas sobre su probable participación en la sangrienta represión del 9 de setiembre de 1936, contra personas de “orden”¹⁹, según denunciaba uno de los familiares de los asesinados, al acusar al presidente del Casal de la Esquerra de confeccionar aquella lista²⁰.

Casal republicano de ERC del que curiosamente nadie habla; pero que durante la guerra estaba afincado en el local del antiguo Bar Sport; local que compartía con la Unió de Rabassaires, y más tarde con los llamados Sindicats Agrícoles Cooperatius de Puigcerdá, creándose así un conflicto de incompatibilidades a finales de 1937, pues al parecer se había aprobado una normativa que obligaba a un Sindicato a mantenerse al margen de otros Sindicatos o de otras formaciones políticas, incluido el tema del local social, según les recordaba a los Sindicats Agricoles Cooperatius la Minoría Socialista del Ayuntamiento de Puigcerdá²¹.

Nadie ha explicado que ese Casal se denominaba, tanto en su sellos secos como en su membrete: “Centre Republica “Unió d´Esquerres” de Cerdanya, ERC, Puigcerdá”. Casal que a los diez días de iniciarse la guerra, concretamente el 28 de julio de 1936, sufrió una “extraña epidemia de cazadores”, pues cuatro de sus socios (incluido su presidente), solicitaron un certificado de “buena conducta y de lealtad al régimen”. El motivo de esas solicitudes era, según constaba en el mismo certificado, la obtención de una “licencia de caza”.

Los afortunados “escopeteros” fueron Francesc Capdevila Puig, Sebastià Molas Coch, David Moliner Boix, y el Presidente Joan Guardiola, en su caso avalado por el vicepresidente, Guillem Durán. Dos de ellos, David Moliner y Sebastià Molas, eran hermanos de dos procesados por los disturbios de octubre de 1934, al igual que Guardiola, procesado por la misma razón. Era curioso que a todos ellos, en julio de 1936, les diese por irse de “caza”.

Extraña y común afición a la caza a la que se sumó el 2 de julio de 1937 José Morer Font, otro de los muchos procesados por la asonada de 1934²².

Ante la importancia de comprender quién y porqué confeccionó la lista de la muerte del 9 de setiembre, transcribimos un fragmento del testimonio en el que se acusaba a militantes de ERC de la autoría de la macabra matanza:

“Según referencias, sabe y le consta a la declarante, que a los pocos días del Alzamiento, se confeccionó una lista en la que intervino el Presidente del “Casal de Izquierda” (sic)²³, cuyo nombre no recuerda pero que es conocido por el apodo de “el espardenyer”²⁴, continuando actualmente el comercio de alpargatas un familiar de dicho Presidente del ”Casal de Izquierda”, concretamente su mujer, cuyo individuo se halla actualmente detenido no pudiendo concretar la declarante en que cárcel se halla.

La anterior lista salió de otra lista confeccionada al ser reprimidos los sucesos de 6 de octubre de 1934, en la que constaba el nombre de las personas que cuando dichos hechos, donaron dinero, a favor del Ejército, dándose el caso que la mayor parte de personas que concurrieron en tal suscripción, en 1936, fueron asesinados, constándole así mismo a la declarante, que dicha lista cayó en manos del citado Presidente de Izquierda, apodado “el espardenyer”²⁵.

La acusación es clara y apabullante. Difícilmente rebatible. Y el testimonio de Josefa Caralps está ahí, en la Causa General, al alcance de todos. Además, el hallazgo de un nuevo documento (anexo número 26), compilado por un confidente de la policía francesa, no hace más que remachar, atornillar, afianzar, confirmar y sentenciar nuestras sospechas, reflexiones y deducciones: “FONT Eliseo, presidente del Centro de la Esquerra [ERC], del comité desde el 20 de julio. Aprobó la lista de víctimas del 9 de setiembre”. Los historiadores sólo buscan lo que alimenta sus prejuicios y siempre encuentran y seleccionan sesgadamente aquello que no cuestiona sus tesis de partida, ni sus intereses; los coleccionistas de papeles viejos sólo amontonamos papel sobre papel, prueba sobre prueba, y luego deducimos e interpretamos. Son métodos antagónicos.

Por otra parte, en contra de lo que afirma descuidadamente la vigente historiografía, lo ocurrido en Puigcerdá no resulta ser tan anómalo, puesto que se repitió en otros lugares.

En octubre de 1936 se produjeron en la Seo unas ejecuciones de penas de muerte que Enric Canturri señaló, aunque minorizó. Canturri advertía que las penas de muerte habían sido firmadas por CNT-FAI, PSUC, POUM, UGT y la mismísima ERC. Canturri conocía a los militantes de ERC que habían firmado, disculpándoles y justificando la matanza de forma harto sorprendente:

“…los elementos que firmaban aquellas sentencias de muerte, ninguno era vecino (del pueblo), ni hijo de La Seo de Urgel. Todos eran forasteros, y la mayoría hablaban castellano, es decir, no hablaban catalán…”

Canturri se quedaba tan ancho con tal comentario, aunque recobrada la lucidez, poco después reconocía que al no ser del pueblo la mayoría de los componentes de aquel Comité, estos no podrían haber señalado a la gente que se tenía que “suprimir”, puesto que no podían conocer a los vecinos, y menos aún los antecedentes políticos de las futuras víctimas.

Reflexión que llevaba a Canturri a la terrible conclusión de que lógicamente debían haber sido los propios vecinos quienes habían señalado a las víctimas; conclusión que le llenaba de inquietud²⁶.

Aplíquese el mismo cuento al caso concreto de Puigcerdá, ya que de hecho, y justamente en aquella última reflexión de Canturri es donde puede residir la explicación de la masacre de Puigcerdá, que aunque supuestamente ejecutadas, según los casos, por gentes forasteras y por tanto ajenas al pueblo, éstas y en todos los casos debieron pasar por unas listas previamente elaboradas por algunos vecinos, que por lógica acusaron a sus propios convecinos, por las causas más diversas y variadas, destacando la de los denunciantes que habían llevado a la cárcel a 25 vecinos de Puigcerdá en octubre de 1934²⁷.

Un hecho que, tal como ya hemos visto anteriormente, también se produjo de forma idéntica en Navás, Sant Sadurní, Ripoll y Lérida. Muertes que, en todos los casos, después se adjudicarían, de forma muy sectaria e interesada, más aún en el caso concreto de Puigcerdá, a cuenta de CNT-FAI, lo que equivalía a anotarlas en la cuenta particular de Antonio Martín Escudero, aunque se tratara de venganzas personales, protagonizadas por nacionalistas o por “resentidos” locales.

Entre esas muertes, Pous/Solé destacaban las de dos mujeres, Rosario Civit y María Degollada, producidas la noche del 30 al 31 de octubre de 1936, que calificaban de inexplicables²⁸. El misterio no es para tanto, dado que afortunadamente todavía se conserva en el propio Arxiu Comarcal de la Cerdaña, la orden de busca y captura del asesino de una aquellas dos mujeres, en concreto la de Rosario Civit, adjudicada a un tal Salvador Calvet, juzgado en el sumario nº 33 de 1937. Orden dada por el juez de Puigcerdá, Antonio Fernández Ros, dirigida al juez de La Bisbal, al encontrarse Calvet al parecer prestando sus servicios militares en uno de los Regimientos con base en Palamós o Palafrugell. Aquella orden estaba fechada el 3 de agosto de 1937.

Olvidos y errores repetitivos de diferentes historiadores, siempre en perjuicio de los anarquistas. Así ocurre, por ejemplo, con el asunto de los asesinatos cometidos por los carabineros en Sant Cristóbal de Toses, que no en la Collada; o en el mismo Bellver, muertes que en todos los casos se atribuyeron infundadamente a Antonio Martín.

Aunque algo vislumbraron Pous/Solé al comentar una relación con más de treinta desconocidos fallecidos en su intento por ganar la frontera, según ellos, en la Collada de Tosas, diciendo que “no todos corresponderían a Martín”, “puesto que los carabineros también velaban en la frontera”²⁹. Lo cierto es que todos los asesinados constan en la Relación nº 2 de Sant Cristóbal de Toses; relación que afirmaba justamente que la mayoría de las muertes lo fueron por obra y gracia de los Carabineros.

En la Causa General franquista se acusó a los carabineros de innumerables asesinatos y muertes, sin entrar en detalles de los constantes conflictos en que intervinieron a lo largo y ancho de la frontera; conflictividad que fue apareciendo en sucesivos informes a la Generalidad, sin que aparentemente nadie tomara medida alguna contra ellos. Como sucedió con el asesinato del notario de Pons, Pedro Corbella Cots, asesinado por los carabineros de Bellver, el 28 de agosto de 1938³⁰.

En Puigcerdá, los carabineros asesinaron al farmacéutico José María Plana, como se descubre en la declaración-testimonio de su hija Carmen Plana, al afirmar que su padre era de la Lliga Catalana, cuando en la Causa General figura como afilado a Unión Patriótica; aunque no sería extraña una doble militancia.

En cuando a la detención, su hija afirmaba que fue realizada por un tal Horta, camarero del Hotel Barcelona, “y otros individuos” más “dos carabineros”. Que había sido asesinado en el sitio conocido “como puente del Soler, de la carretera de Alp”. En cuanto a los inductores, su hija apuntaba a Barnolá³¹, Guardiola³², Palau³³, los tres miembros de ERC, ¡y cómo no!, los tres implicados en la sublevación de octubre de 1934, así como a los carabineros Valverde y Alfredo Cerón³⁴.

El Palau citado es la misma persona que, según testimonios orales, tenía una tocinería en la calle Mayor, con el lema “el rey del tocino”. Un testigo de la Causa General afirmaba que Jaime Palau era alcalde de Puigcerdá y militante de ERC³⁵.

Los carabineros de Puigcerdá fueron denunciados en enero de 1944 por el cura párroco de Das, Bartolomé Llompart, como autores materiales de la destrucción de la ermita de Santa Bárbara, afincada en aquella población.

Carabineros que no dejaron de aparecer en los sucesivos informes de las comarcas de Gerona y cuyo papel ni está estudiado ni ha sido denunciado, ya que se ha guardado sobre ellos un clamoroso silencio. Quizás porque si se siguen e investigan sus “hazañas”, el papel de Antonio Martín como verdugo podría sufrir una merma muy importante o sencillamente su definitivo descarte³⁶.

Al socaire de la falsa narración de la matanza del 9 de setiembre de 1936, aparecieron pretendidos testigos como Pedro Janer Blanxart³⁷, desmentido por un testigo directo, que incluso rectificó el asunto de la Collada, al dar un nuevo emplazamiento al lugar exacto donde se realizó la carnicería; noticia dada por Josep Fabra Garriga.

Todos los historiadores insisten en el tema de los asesinatos cometidos en la Collada, aunque finalmente la cuestión no resiste un simple análisis riguroso, puesto que de resumirlo en función de los supuestos testigos, el lugar varía a capricho del testimonio:Pedro Janer Blanxart³⁸ en la “riera de Alp 33 personas”; Josep Fabra Garriga³⁹“en la orilla de la antigua carretera de la Molla, a unos cientos de metros del Pont de Soler, sobre el rio Segre, cerca del pueblecito de Escardarcs;en laCausa Generalse dice que en el Carrech del Gabaich (sic),Pous/Solé en elCorrech del Gavatx.Toponimias todas ellas que nada tienen que ver con la Collada de Tosas propiamente dicha; ¿por qué entonces se sigue manteniendo la miserable, cicatera e interesada leyenda de la Collada?

A la Collada fueron conducidas víctimas, no sólo de Puigcerdá, sino también de Ripoll o de Planolas, tal como consta en la Causa General, donde se afirma que eran llevados a la Collada, situada en el término municipal de San Cristóbal de Toses. De ahí que el lugar se convirtiera, en el imaginario popular, en un mito.

Los historiadores, algunos pretendidamente especializados en contar víctimas, se olvidan de explicar que los asesinatos cometidos en Sant Cristóbal de Toses eran, de hecho veintiséis, de los cuales sólo uno era de Puigcerdá: Buenaventura Vernís, asesinado por “desconocidos”, mientras que los otros veinticinco lo fueron a manos de los carabineros. Muertes que abarcan los años 1937 y 1938; asesinados unos en la Creu de Mayans, y otros en el Pas Vell. Muchos fueron víctimas anónimas, aunque algunos fueron identificados como “estudiantes”. A los veintiséis asesinados ya citados, cabe añadir dos fallecidos más por congelación. Sin embargo, como Antonio Martín y los anarquistas no participaron en esas muertes, esa estadística no ha interesado a nadie, y menos aún si desvelamos que los carabineros tenían un cuartel estable en la iglesia y rectoría de Dorria, junto a Toses⁴⁰.

Como muestra de tantas incongruencias damos a conocer la carta de uno de los testigos de la matanza del 9 septiembre, dado el interés de los datos. Hay que destacar que al testigo lo sacaron de la cárcel de Puigcerdá, a punta de ametralladora, los mismísimos carabineros de La Molina, sin que aclare el testigo a qué se debió su providencial rescate.

“Soy un superviviente de la masacre en masa de las aproximadamente 30 personas de Puigcerdá asesinadas la misma noche durante nuestra guerra civil.

Encuentro un error en la carta de don Pedro Janer Blanchart, según la cual los asesinaron en la riera de Alp. Lo fueron a la orilla de la carretera antigua de la Molla, a unos cientos de metros del Pont de Soler, sobre el río Segre, cerca del pueblecito de Escadarcs.

Cuando encerraron a aquellas personas, yo llevaba cuatro o cinco días en tal situación. A la dependencia que yo ocupaba trajeron parte de ellos. A mí no me dieron la libertad sino que me sacaron (estilo secuestro) a punta de metralletas los cuatro o cinco carabineros de La Molina.

Más o menos a las dos de la madrugada, sorprendieron a los tres guardianes, que en aquellos momentos jugaban una partida de dominó en la garita que había a la entrada del edificio de Santo Domingo, que servía de cárcel.

Me entraron al coche que llevaban y me dejaron en La Molina, desde donde pasé hasta Tosses. Allí subí al tren hasta Barcelona. Sólo una cosa: la noche que se llevaron aquella “pobre” gente sólo quedamos un chico de unos 15 años y yo. Según me dijo en un momento que pudimos hablar, ya que ocupaba otra dependencia, le fueron a detener en un pueblo de la provincia de Lleida.

Al no encontrar a su padre se lo llevaron a él. No sé la suerte o desgracia que tuvo”⁴¹.

Un hecho común es que, en todos los casos de denuncias por asesinato, conservadas en la Causa General, referentes a Puigcerdá, cuando se citan nombres de verdugos, por lo general se cita a la gente que fue a detener a la víctima; pero participar en la conducción de un detenido no prueba suficientemente el asesinato del detenido. Menos aún si consideramos que, en algunos casos, se observa en los funcionarios judiciales cierta inducción e influencia sobre el denunciante, ya que se repiten los mismos nombres o apodos, en ocasiones con errores calcados en declaraciones diferentes. Parece que los denunciantes se hubieran puesto previamente de acuerdo, lo que no descarta que prevalecieran las indicaciones del propio funcionario.

Así sucede en el caso de Valentín Górriz Hostench⁴², idéntico al de Buenaventura Vernís, citado por Pous/Solé en su libro, justamente como ejemplo de la barbarie cometida por ciertas personas, cuando son idénticas en ambos casos⁴³, y en ambos casos el informe ha sido firmado, respectivamente en julio y octubre de 1943, por el mismo comandante del puesto de Puigcerdá o por el guardia de turno, que citan a Antonio Martín como “Gobernador de la Cerdaña”, cargo inexistente⁴⁴.

Por otra parte, las denuncias concretas y personales a Antonio Martín sólo aparecen en dos ocasiones, con referencia a Áureo Comamala y Buenaventura Caralps, afirmando los denunciantes, en ambos casos, que Antonio Martín era “Presidente” del Comité, un hecho evidentemente falso, ya que era responsable de Gobernación; pero que en todo caso sólo señala el cargo de responsabilidad que ocupaba, no el conocimiento fehaciente de su participación o su orden directa en los asesinatos.

Del mismo modo que a dos de los anarquistas asesinados en la Serradora se les acusaba en la Causa General de algunos crímenes, como fue el caso de José Besagañes o el de Juan Anglada. Era frecuente que los muertos recibiesen acusaciones que no les iban a perjudicar y que podían salvar a otros de la cárcel o la ejecución.

Muchas acusaciones no correspondían a nombres concretos, sino a simples apodos locales, tales como “el Borni”, el “Cap gros”, “Als bessons”, “El Choy”, “El Chato”, “el Chispa”, o “el Mortes”, este último, según algún testigo, hijo de un Guardia Civil. Apodos que, por otra parte, a veces son de difícil identificación. Sabemos que “Als bessons” eran los hermanos Vicente y Francisco Tort Casadesús, el primero de ERC y procesado en octubre de 1934, denominado también con el alias de “Cap gros”. Mientras que “el Choy”, era Juan Anglada Costa, procesado en 1934, y posiblemente de ERC. “El Chato” era Joaquín Horta Ripoll. Pero el más citado de todos ellos fue “el Borni”, alias de Guillermo Barnolá, de ERC⁴⁵, procesado en 1934 y alcalde en octubre de 1936.

Sin olvidar en esta lista a “el Mortes”, alias del carabinero Narciso Mortes Aixa. Carabineros de Puigcerdá a los que habría de añadirse a un tal Valverde y a Alfredo Cerón, sin olvidar a Domingo Lucas y Antonio Moya, que aparecen profusamente citados tanto en su papel de “conducidores” de detenidos, como de verdugos.

En varios casos de asesinato son citados en la Causa General, como participantes, un tal Guardiola y un tal Palau. Sus nombres auténticos eranJuan Guardiola Moliner, procesado en 1934, al igual que Jaume Palau Soldevila, procesado en 1934, militante de ERC y alcalde en 1936.

Podemos concluir que muchos de los insurrectos en octubre de 1934, y por lo tanto procesados más tarde, participaron muy activamente en la represión de 1936, figurando como implicados, de una forma u otra, en los asesinatos de los primeros meses de guerra.

Tal dato, importantísimo, ha sido ignorado porque desmonta de forma irrefutable y evidente la leyenda de demonización y vampirización de los anarquistas. Es indudable que la historiografía académica ha establecido cierta ósmosis entre la criminalidad libertaria y la virtud nacionalista, que aquí hemos roto, de forma que los vasos comunicantes muestran ahora la criminalidad nacionalista y la virtud ácrata. Creemos además que los historiadores han intentado minimizar conscientemente el auténtico papel jugado por ERC en Puigcerdá, razón que les ha llevado a ocultar que numerosos militantes de ERC aparecían en la Causa General profusamente citados y gravemente comprometidos en actos criminales.

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La historiografía existente hasta hoy sobre lo sucedido en la Cerdaña durante la Guerra civil se ajusta como un guante a la frase escrita por Orwell en su novela 1984: “El pasado estaba borrado, el borrado fue olvidado, la mentira se convirtió en verdad”.

El combate por la historia es un combate contra los historiadores, porque los historiadores de la burguesía mienten, falsifican, ocultan…

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Del 11 de setiembre al 20 de octubre de 1936

¿Qué sucedió después de la matanza de 20 derechistas en la noche del 9 al 10 de setiembre de 1936? ¿Qué hizo Antonio Martín cuando regresó de su gira en Francia y se encontró ante semejante salvajada? ¿Por qué El sembrador⁴⁶ no trató nunca el tema de la matanza producida en el Còrrec del Gavatx en la noche del 9 al 10 de setiembre? ¿Cómo justificaban los miembros del Comité Antifascista esa matanza? ¿Por qué Antonio Martín no exigió a ERC responsabilidades penales y políticas por esos 20 asesinatos?

La respuesta a todas esas preguntas es muy difícil de documentar, porque sólo contamos con un único documento⁴⁷, que además está redactado muy confusamente. No podemos reforzar esa fuente documental con una segunda fuente que confirme a la primera. Ese documento, además, necesita ser encuadrado en su contexto histórico, ya que de otros modo, no nos va a decir nada.

El documento en cuestión es un artículo, redactado por el Comité Anarcosindicalista para la Defensa de la Revolución Española, publicado en el Boletín de Información de la CNT-FAI del 21 de setiembre de 1936, páginas 13 y 14.

Los COMITÉS ANARCO-SYNDICALISTES (CAS) fueron una red de comités anarcosindicalistas en toda Francia que canalizaran la ayuda a España, centralizando en París la recogida de dinero, alimentos, medicamentos, material, ropas y armas. Organizaban frecuentes expediciones de camiones, repletos con material de ayuda, que recorrían el trayecto París-Puigcerdá, confiando a la Sección Francesa de la CNT en Puigcerdá la distribución de lo enviado. También organizaban giras de mítines y conferencias por toda Francia para recaudar ayudas a la revolución española.

El COMITÉ ANARCHO-SYNDICALISTE POUR LA DÉFENSE ET LA LIBÉRATION DU PROLÉTARIAT ESPAGNOL (CASDLPE) fue unaorganización de ayuda y solidaridad con el pueblo español creada en agosto de 1936, bajo el auspicio común de todas las organizaciones anarquistas francesas, especialmente CGT-SR y FA, y durante un corto periodo de la UA (presionada por la CNT-FAI). Pierre Besnard era el secretario (también lo era de la CGT-SR) y A. Ganin el tesorero. Su actividad se centraba en tres tareas esenciales:

1. Establecer una red de comités anarcosindicalistas (CAS) en toda Francia que canalizaran la ayuda a España, centralizando en París la recogida de dinero, alimentos, material, ropas y armas.
2. Publicar un periódico, elaborado directamente en España, capaz de combatir rumores y bulos de la propaganda fascista en Francia: L´Espagne antifasciste, concebido como una especie de Solidaridad Obrera francesa. Publicó 31 números y fue sustituido por Nouvelle Espagne Antifasciste, de mayor fidelidad a la táctica colaboracionista de la CNT-FAI.
3. Realización de mítines, conferencias y campañas de ayuda a España

La CASDLPE se transformó en una “Unión Federativa de comités anarcosindicalistas”, y luego en un “Comité de ayuda y socorro a las víctimas de la contrarrevolución española”, que provocó una airada respuesta de la CNT-FAI, favorable a canalizar toda la ayuda a España a través de la CEL y pronto de la SIA.

El artículo, publicado el 21 de setiembre en el Boletín de Información de la CNT-FAI, carga contra las mentiras y difamaciones de la prensa derechista francesa contra los revolucionarios españoles: “Nuestro comité pone en guardia a los trabajadores contra las falsas noticias lanzadas desde la Prensa francesa, que emanan de los fieles servidores del fascismo internacional”. Y muy en particular contra la narración que hacen de los sucesos de Puigcerdá del 9 y 10 de setiembre: “Nosotros protestamos contra los hechos señalados con respeto a los sucesos de Puigcerdá, desnaturalizando la verdad, acusando a los trabajadores de esta localidad de asesinato y de vandalismo, cuando en realidad ellos [los fascistas] no han hecho más que tramar en la sombra asesinatos de los militantes activos del comité antifascista local”.

Y acto seguido, por primera vez en la historiografía, se explica el atentado sufrido por Antonio Martín y el comité antifascista. Atentado que, además, se presenta como justificante del asesinato de los 20 derechistas en la noche del 9 de setiembre: “El delegado de Gobernación⁴⁸ ha sido víctima de una tentativa de asesinato por un mercenario de Franco que no titubeó en seguir tirando sobre l inmueble que sirve de refectorio a los milicianos antifascistas.”

El articulista acusaba a la prensa derechista francesa de realizar una campaña para manipular a la opinión pública contra los comités revolucionarios de Cataluña y obstaculizar el comercio entre España y Francia.

Se ridiculizaba a los periodistas franceses de derecha que se limitaban a entrevistar en Bourg-Madame a cualquiera que atravesara la frontera, para reproducir sus estupideces.

El Comité recordaba “que el Comité antifascista de Puigcerdá comprende representantes de todas las organizaciones antifascistas de la población,”, incluida ERC. Eran falsas las informaciones dadas por la prensa francesa, sobre la exclusiva composición ácrata de ese Comité.

“¿Qué pasó la noche del 9 de septiembre? nos preguntan con caras aterrorizadas. Nosotros respondemos con calma: veintiún⁴⁹ fascistas comprobados han sido ejecutados. El Comité de Puigcerdá tomó la responsabilidad de ello delante de la población de Puigcerdá, reunido en la asamblea que siguió a la ejecución. La acción del Comité fue aprobada en todos sus puntos. Puigcerdá no ha vuelto a vivir en el terror desde entonces”. Todos los ciudadanos podían consultar los documentos inculpatorios de los fascistas ejecutados.

El articulista, tras recordar las barbaridades realizadas por las tropas marroquíes y de la Legión en Zaragoza, “masacrando por millares a hombres, mujeres y niños”, comentó que el pueblo de Puigcerdá había respondido al llamamiento “de Antonio Martín, que le demandó: “¿Preferís vosotros el fascismo o el Comité revolucionario? ¿Queréis que nos retiremos inmediatamente?: No, continuad vuestra obra de salud [pública], ha respondido la voz unánime de la población”.”

El Comité anarcosindicalista francés concluía el artículo satisfecho de haber restablecido la verdad “de las necesarias ejecuciones de Puigcerdá”.

El sábado 26 de septiembre se constituyó el nuevo gobierno de la Generalidad, presidido por Tarradellas, en el que participaban tres consejeros de la CNT-FAI: Joan P. Fábregas en la Consejería de Economía, Antonio García Birlán en Sanidad y Asistencia Social y Josep Juan Doménech en Abastos⁵⁰.

Así, pues, según este artículo del CAS, Antonio Martín y los anarquistas propusieron, en asamblea popular, la aprobación del ajusticiamiento (ya irremediable) de aquellos veinte fascistas⁵¹ y plantearon como alternativa, en caso de condena popular de aquella matanza, la dimisión en bloque del Comité Revolucionario de Puigcerdá. La asamblea acordó que siguiera el Comité, que pasó a llamarse, desde el 20 de octubre, Consejo Administrativo del Pueblo.

Por mucho que a Antonio Martín y a los anarquistas ceretanos les repeliesen esos asesinatos, ordenados por Eliseu Font, y se abominara de la salvajada de arrancar de sus casas a los veintiún derechistas, cuyo nombre aparecía en la lista de la muerte, elaborada en el Casal de ERC, para encarcelarlos, subirlos a un camión y fusilarlos, no les era posible romper la unidad antifascista y condenar públicamente a los asesinos de ERC.

PSUC-UGT ceretanos tampoco denunciaron esos asesinatos de derechistas, ni pidieron responsabilidades penales a los asesinos de ERC; tampoco rompieron con el pacto de unidad antifascista existente en el seno del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA)

Tampoco Companys, ni Tarradellas, ni el Gobierno de la Generalidad (que conocían detalladamente lo sucedido) exigieron responsabilidades penales a los asesinos de ERC en la Cerdaña; y conservaron, a toda costa, el pacto de unidad antifascista alcanzado en julio de 1936 con la constitución del CCMA.

Recordemos el contexto histórico, marcado por la entrada de tres consellers anarcosindicalistas en el Govern de la Generalidad el 26 de setiembre de 1936. Antonio Martín y los anarquistas de Puigcerdá no podían fracturar la política de unidad antifascista de la Organización, sino asumirla y aplicarla en su comarca.

De ahí la exigencia inexcusable, impuesta por los anarquistas cuando se constituyó el nuevo Consejo Administrativo del Pueblo, el 20 de octubre de 1936: la entrada de los inductores y ejecutores republicanos de la matanza del 9 de setiembre. Era el único medio eficaz y posible de señalarlos y responsabilizarlos de esos asesinatos. Así fue como, pese a su férrea oposición, Font, Barnolá y Palau, todos ellos militantes de ERC, fueron obligados a entrar en ese Consejo Administrativo del Pueblo⁵².

Por otra parte, señalamos un hecho irrefutable, siete de los doce miembros del Consejo Administrativo habían sido procesados y encarcelados con motivo de la sublevación de octubre de 1934. En concreto se trataba de Guillermo Barnolá, Ramón Clapera, Joaquín Casanovas, Eliseo Font, Jaime Palau, Agustín Cot y Jaime Caballol.

La matanza de veinte derechistas del 9 de setiembre de 1936 había sido una venganza de los militantes de ERC, ferozmente perseguidos, encarcelados y maltratados desde octubre de 1934 hasta noviembre de 1935 a causa de su participación en la insurrección catalanista de octubre de 1934. Y los perseguidores, en la Cerdaña, habían sido esa camarilla de derechistas españolistas, aupados al poder por el General Batet tras el aplastamiento de la intentona catalanista, miembros o simpatizantes de la Agrupación Ciudadana y algunos de ellos antiguos militantes de Unión Patriótica.

En fin, una historia de vendettas en la que los anarquistas no jugaban papel alguno, como no fuese el de la cabeza de turco más apropiada, fácil y asequible para los demás, sobre todo tras la derrota política de los Hechos de Mayo de 1937.

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Antonio Gascón y Agustín Guillamón

Barcelona, a 3 de noviembre de 2023

Consejo Administrativo del Pueblo

Presidencia Guillermo Barnolá CNT

Comisión de Gobernación Antonio Martín CNT

“ de Defensa José Forés CNT

“ de Hacienda Vicente Aguirre CNT

“ de Higiene José [Joan] Anglada CNT

“ de Abastos Ramón Clapera UGT

“ de Trabajo Benito Ruiz UGT

“ de Fabril Joaquín Casanovas UGT

“ de Agricultura Eliseo Font ERC

“ de Cultura Jaime Palau ERC

Delegado de Fronteras Agustín Cot UGT

Suplente Presidencia Jaime Caballol CNT

Nota de Gascón/Guillamón:

Es necesario recordar lo generalizado y común que era en la época la doble militancia, sobre todo entre partido político y organización sindical. Así, pues, debemos subrayar que algunos militantes cenetistas también estaban afiliados a ERC.

Para la gente avisada de la época era evidente que las militancias que figuraban en los nombramientos del Consejo Administrativo del Pueblo, en muchos de sus componentes eran de puro compromiso, salvo que en algún caso obedeciera realmente a su antigua militancia sindical.

Y todo ello se advierte al observar que en el Consejo había muchos nombres que coincidían con los que figuraban por la Esquerra en la candidatura de 1933, o que habían resultado procesados tras producirse los sucesos de octubre de 1934, como eran los casos de Guillermo Barnolá, Ramón Clapera, Joaquín Casanovas, Eliseo Font, Jaime Palau, Agustín Cot o Jaime Caballol. Resaltando que Barnolá y Caballol figuran en el Consejo como miembros de la CNT, mientras que Clapera, Cot y Casanovas estaban como UGT, o que Font y Palau lo son, sin ningún tapujo, por ERC, cuando era evidente que los siete eran de ERC.

Los datos del Consejo en Sembrador número 14 (25 de octubre de 1936), contraportada. El documento oficial de nombramiento del Consejo, fechado el 20 de octubre de 1936, escribe Joan Anglada (y no José).

Siglas:

ACC. Arxiu Comarcal de la Cerdanya

CAS. Comités Anarcho-syndicalistes

CASDLPE. Comités anarcho-syndicalistes pot la défense el la libération du prolétariat espagnol

CCMA. Comité Central de Milicias Antifascistas

CEDA. Confederación Española de Derechas Autónomas

CEL. Comité pour l´Espagne libre

CGT-SR. Confederation General du Travail-Syndicaliste Révolutionnaire

CNT. Confederación Nacional del Trabajo

EC. Estat Català

ERC. Esquerra Republicana de Catalunya

FA. Federation Anarchiste

FAI. Federaciñon Anarquista Ibérica

PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya

SIA. Solidaridad Internacional Antifascista

TC. Traducido del catalán

UA. Union Anarchiste

UP. Unión Patriótica

UGT, Unión General del Trabajo

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Anexo documental

Índice de documentos:

Hoja de la Causa General sobre los muertos en la Collada de Toses

Declaración de Josefa Caralps Ribalaiga

Declaración de Ana Plana Pous

Declaración de Carmen Plana Pous

Declaración de Concepción Comamala Malo

Boletín de Información CNT-FAI (21-9-1936)

Consejo Administrativo del Pueblo

1 PONS GARLANDÍ, Joan.: Un republicà enmig de faistes, Edicions 62, Barcelona, 2008, p. 88. [Versión castellana, pp. 123-124]

2 Véase el testimonio de Josefa Caralps, reproducido en anexo número 20 de Nacionalistas contra anarquistas en la Cerdaña. También se reproduce en el anexo documental de este artículo.

3 Véase los anexos números 20 y 26 de Nacionalistas contra anarquistas

4 Véase el anexo número 1.de Nacionalistas contra anarquistas

5 ACC

6 CAYETANO NÚÑEZ, José María y MARTÍNEZ, Rosa María: “Participación de las “élites” económicas en los primeros intentos de institucionalización del Régimen: Somatén y Unión Patriótica “, en Revista de Derecho Político. Facultad de Derecho de la UNED, número 15 (1982), pp. 151-166.

7Testimonio de Josefa Caralps Ribalaiga, por la muerte de su padre Buenaventura Caralps Rivas Véase el anexo número 20 del libro Nacionalistas contra anarquistas, así como el anexo documental de este artículo

8 Al contrario de otros testimonios como Canturri, que argumentan que en Puigcerdá no había fascistas en julio de 1936. Una afirmación evidentemente falsa, como tantas otras de las suyas. Véase CANTURRI, Enric: Memòries: república, guerra i exili. Ajuntament de la Seu, 1987 , p.189.

9 “La suscripción en Cataluña pasa del medio millón de pesetas”, ABC. Madrid, 25-10-1934, p. 30

10 “Importantes detenciones en Puigcerdá”, La Vanguardia, Jueves, 11 de octubre de 1934, p. 18

11 Un hecho falso, ya que tras la muerte de Antonio Martín, ERC reapareció para pasar cuentas oficialmente a sus otros enemigos: los anarquistas. Reaparecer significa que ya existía, aunque oculta.

12 LÓPEZ ESTEVE, Manel: Els fets d’octubre de 1934 a Catalunya més enllà de l’acció governamental. Tesis doctoral, 2012, p. 438.

13 QUEROL I ROVIRA, Carles: “31 de juliol de 1936: crònica d’una matança”. El 3 de vuit (9-12-2005), Alt Penedès, p. 31.

14 CASTILLO, Sofía y CAMPS, Olga: La Guerra Civil a Ripoll, (1936-1939), p. 38.

15 GUILLAMÓN, Agustín: La represión contra la CNT y los revolucionarios. Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria (4). De mayo a septiembre de 1937. Descontrol, Barcelona, 2015, pp. 363-375

16 “Los detenidos por hechos revolucionarios deben ser puestos en libertad. Manifestaciones del Consejero de Trabajo”. La Vanguardia, miércoles 8 de septiembre de 1937.

17 Mas Tió: “Antifeixistes…! Obrers…!” Triomf, Any I, número I. Ripoll (22-8-1936)

18 La Vanguardia, Domingo 20 de octubre de 1935, p. 10. Según la citada tesis de Manel López Esteve en Puigcerdá sólo constan 16 procesados, y en ningún caso figuran ni Martín ni Segundo Jodra, tal como afirman Pous/Solé, que sólo fueron detenidos de forma provisional y después exonerados.

19 Personas “de orden” que políticamente pueden ser calificadas como “derechistas españolistas”.

20 Véase anexo número 20 de Nacionalistas contra anarquistas. Y también el anexo documental de este artículo.

21 Documentación consultada en el ACC

22 Documentación consultada en el ACC.

23 El autor del atestado, funcionario franquista, escribe Izquierda como traducción sui generis de Esquerra.

24 En julio de 1937, el presidente del Casal era Joan Guardiola Moliner, procesado en 1934.

25 Testimonio de Josefa Caralps Ribalaiga, por la muerte de su padre Buenaventura Caralps Rivas (21-7-1942) Causa General, 1437, EXP. 4. Véase el anexo número 20 de Nacionalistas contra anarquistas. Y también el anexo documental de este artículo.

26 Canturri, op. cit., pp., 185-187

27 Los ayuntamientos donde las autoridades municipales fueron sustituidas tras los Hechos de Octubre de 1934 fueron Puigcerdà, Llivia, Ribes de Freser, Les Lloses, Queralbs, Ripoll, Campdevànol, Planoles, Sant Pau de Seguries, Vilallonga de Ter, Sant Joan de les Abadesses. Sería interesante y conveniente realizar un estudio sobre la incidencia de aquel hecho, comparándolo con la represión posterior, en 1936, como medio de conocer el posible origen de los asesinatos durante la Guerra civil.

28 POUS i PORTA, Joan; SOLÉ i SABATÉ Josep Maria: Anarquía i República a la Cerdanya (1936-1939). El “Cojo de Málaga” i els fets de Bellver, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988. [Citado como Pous/Solé], p.60

29 Pous/Solé, op. cit., p.39

30 Causa General, Bellver, hoja 2.

31 Probablemente Guillermo Barnolá Blancher, presidente del Consejo de Administración del Pueblo, y supuesto miembro de la CNT, en el Consejo administrativo, detenido y procesado en 1934.

32 Probablemente Joan Guardiola Moliner, presidente del centro de Esquerres de Puigcerdá, ERC, detenido y procesado en 1934.

33 Probablemente Jaime Palau Soldevila, alcalde Puigcerdá de julio a octubre de 1936, militante de ERC, detenido y procesado en 1934.

34 El único Cerón, que figura en las listas de revista se llamaba Salvador Cerón Gutiérrez, y estaba de guarnición en Llivia.

35 Pous/Solé toman la referencia de Blanchon. Véase Pous/Solé, op. cit., p. 49, nota 9. Testimonio de Maria Arró Augé, Causa General.

36 Véase Comité Central de Milícies Antifeixistes. Junta de Seguretat Interior. Conselleria de Seguretat Interior: Ordre públic i violència a Catalunya. Dau Barcelona, 2011, pp. 319 y siguientes.

37 Cartas a La Vanguardia (26-4-1988)

38 Idem

39 Cartas a La Vanguardia (6-5-1988)

40 Relación de edificios y objetos de culto del partido Judicial de Puigcerdá, Prèvies, 1937, top. 173. Consultado en el ACC.

41 Josep Fabra i Garriga, Queixans (Girona). Cartas a La Vanguardia (6 -5-1988)

42 Causa General Puigcerdá. Comandancia de la Guardia Civil, fol. 166.

43 Pous/Solé, p. 56

44 Guardia 1º Manuel Puche.

45 Guillermo Barnolá, es un personaje camaleónico, a quien en la Causa general se le abrió pieza en octubre de 1943, al aparecer su nombre citado en oficios, informes policiales e informes de la alcaldía de Puigcerdá. Aparecía citado unas veces como militante de ERC y otras de CNT, un hecho frecuente en la época porque estaba muy extendida la doble militancia, especialmente entre partido político y sindicato. Con indiferencia de su militancia política lo normal era que se sindicaran en la organización sindical con mayor implantación en el ramo de la industria donde de normal trabajaban.

46 El Sembrador. Órgano comarcal de las Juventudes Libertarias del Ter y del Fresser. Hemos podido consultar la portada del número 5 (27-8-1936), número 8 (12-9-1936), número 11 (18 octubre 1936) y desde el número 13 (18-10-1936) hasta el número 45 (6-6-1937). O lo que es lo mismo: no hemos localizado varios números de El Sembrador, que no sabemos si trataron de la matanza del 9 de setiembre de 1936, sobre todo los números 9, 10 y 12 de finales de setiembre y primeros de octubre de 1936.

47 El rigor histórico precisa de un mínimo de dos fuentes documentales distintas. Cuando solo aparece en una única fuente documental deben extremarse las precauciones y buscar una segunda fuente.

48 Antonio Martín Escudero

49 Veinte asesinatos de una lista de veintiuno, gracias a la huida de Jaume Bragulat Sirvent. Véase el libro BRAGULAT SIRVENT, Jaume: Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa (1901-1925). Edició del autor, Barcelona, 1969

50 Los dos primeros habían formado parte del Consejo de Economía de la Generalidad.

51 Quizás fuera más correcto hablar de derechistas, pero en una situación de guerra civil y de polarización social y política era hilar demasiado fino pedir que esos derechistas no fueran calificados como fascistas.

52 El único en librarse tue Juan Guardiola Moliner, porque sustituyó a Eliseo Font en la presidencia de la Unió d´Esquerres de la Cerdanya- ERC, el grupo político que tenía su local social en el Centre Republicà de Puigcerdá, cuando se constituyó el Consejo Administrativo del Pueblo.