Durante los primeros meses de 1921, Barcelona vivió uno de los momentos más dolorosos de su convulsa historia. La sangrienta lucha social que durante años asfixió la ciudad —el llamado “pistolerismo”— entró en una nueva fase tras el nombramiento del general Severiano Martínez Anido como gobernador civil. Martínez Anido inició una “guerra sucia” contra la CNT, decidido a acabar con ella por cualquier medio que fuese necesario. Uno de los procedimientos más crueles que se aplicaron fue el asesinato a sangre fría de prisioneros con la excusa de un falso intento de evasión, práctica que fue bautizada coloquialmente como “Ley de fugas”.[1] Adolfo Bueso, uno de los fundadores de la CNT, la describió del siguiente modo:

Los guardias llevan conducidos a varios presos, a pie y de noche, de la cárcel al palacio de Justicia, o viceversa; cuando no hay posibles testigos, los guardias, que previamente han dejado adelantar a los presos, absortos en sus pensamientos, disparan a distancia sobre los conducidos, les matan y luego dan parte a sus superiores, alegando que las víctimas intentaban fugarse.[2]

Ahora bien, es importante resaltar que lo que caracterizaba la Ley de fugas no era necesariamente el simulacro descrito por Bueso. De hecho, era posible que el detenido muriese directamente en la comisaría, pero que posteriormente la nota oficial de prensa describiese un fantasioso intento de huida durante un inexistente trasladado. Por ende, lo que define la Ley de fugas no es tanto la dinámica de los sucesos, sino la justificación de la muerte de un prisionero en base a un intento de evasión inventado o simulado. Como señala Pedro Oliver Olmo, el hecho sustancial de la Ley de fugas es la ejecución del preso:

El conjunto de prácticas represivas que en realidad cabía dentro de la “ley de fugas”, aunque el resultado pudiera ser blanqueado, es decir, legalizado por la justicia militar, no perseguía ni justificaba otra cosa que no fuera la eliminación física del detenido, y por eso mismo debe ser considerada como ejecución extrajudicial.[3]

Desde este punto de vista, existe una diferencia fundamental entre la Ley de fugas y la muerte de un prisionero durante un intento real de escapar. Evidentemente, disparar a un detenido desarmado que huye de la custodia policial es también un hecho monstruoso, pero la Ley de fugas es un acto premeditado, que requiere además de una complicidad institucional para esconder lo sucedido en realidad. Es esta premeditación y alevosía que hace extremadamente difícil distinguir con certeza entre una fuga real y la aplicación de la Ley de fugas, ya que muchas veces la única fuente de información son las notas oficiales de las autoridades.

Como veremos, lo que permitió destapar lo sucedido en Barcelona fueron dos situaciones excepcionales: la existencia de algunos supervivientes y la enorme arrogancia de las  autoridades responsables, que llevaron la ficción a unos extremos que acabarían minando definitivamente la credibilidad de las versiones oficiales.

La larga historia de la Ley de fugas

Antes de adentrarnos en lo sucedido en Barcelona durante 1921, conviene examinar algunos antecedentes históricos. De hecho, aunque el nombre no se popularizó hasta 1921, la Ley de fugas es parte de una larga tradición entre los cuerpos de seguridad del Estado español. Como señala José Ruiz Mas, a lo largo del siglo XIX numerosos viajeros extranjeros se refirieron a esta práctica como un hecho habitual en la lucha contra el bandolerismo por parte de la Guardia Civil.[4] La viajera inglesa Lady Tenison fue una de las primeras en describirla en 1853:

Una vez en prisión, después de un arresto, hay tantas facilidades para escapar del castigo, que en el caso de aquellos criminales, como los bandoleros & cía., a quienes el Gobierno está realmente ansioso de que sean castigados, los guardias [civiles] generalmente reciben órdenes para dispararles antes de traerlos al pueblo, y cuando llegan, se le informa fríamente a la gente que les dispararon porque intentaron escapar.[5]

La excusa de las fugas era un subterfugio para ejecutar a los prisioneros, pero la soltura con que los viajeros se refieren a estos episodios demuestra que el propósito no era necesariamente ocultar o encubrir esta práctica. Por el contrario, se podría decir que uno de sus objetivos era exhibir la impunidad de los ejecutores para infundir temor en el resto de los delincuentes. En el fondo, este tipo de prácticas eran fruto de la desconfianza de las autoridades en un sistema judicial considerado excesivamente lento y garantista, lo que acababa limitando la eficacia y la ejemplaridad de la pena capital. Como señalaba en 1875 otro viajero inglés llamado Hugh James Rose:

La pena de muerte rara vez se aplica [en España], salvo a través del procedimiento sumario de disparar a un prisionero en marcha por parte de la Guardia Civil: y, cuando se piensa en que un hombre puede estar un año o dos en un juicio en el que se juega la vida; que toda la indignación se ha calmado cuando tiene lugar la ejecución; y que la prensa da poca o ninguna publicidad al juicio, cabe preguntarse si, en el estado actual de la justicia, la aplicación de la pena capital pudiese tener un claro efecto positivo de cualquier otra manera que no sea a mediante un fusilamiento sumario.[6]

Tradicionalmente, se ha considerado a Julián de Zugasti como el primero en aplicar la Ley de fugas de una forma sistemática. Zugasti fue nombrado gobernador civil de Córdoba en 1870, con el objetivo de frenar el alarmante crecimiento del bandolerismo. En pocos meses, decenas de bandoleros capturados por la Guardia Civil murieron, según las versiones oficiales, al intentar escapar. La ficción era tan evidente que incluso los conservadores llegaron a denunciar en sede parlamentaria esta práctica, felices de exponer la distancia entre la política de orden público del Gobierno y los principios de la Gloriosa Revolución de 1868. El mismísimo Antonio Cánovas del Castillo llegó a calificar estas muertes de asesinatos, y agregó que:

Yo no tengo pruebas taxativas […] ; yo no tengo ni quiero tener el medio supletorio del tormento; no tengo nada de eso; pero tengo indicios gravísimos, tengo indicios vehementes que me persuaden, de que esas fugas nunca vistas, que en esas fugas, que todos los días se reproducen, y en las cuales por centenares mueren los malhechores, en sitios solitarios, sin que nadie lo vea, sin que nadie pueda declarar por qué y cómo tuvo lugar su muerte a manos de la Guardia civil, lo que hay es un sistema de castigar delitos que no está comprendido en las leyes vigentes.[7]

Este tipo de ejecuciones extrajudiciales no se limitaron al contexto andaluz, sino que se extendieron por varias zonas de la península. En sus memorias, Fernando León y Castillo narró el siguiente episodio ocurrido durante su período como gobernador civil de Valencia:

Tan arraigado estaba el hábito en aquellos tiempos, a raíz de la campaña de Zugasti en Córdoba persiguiendo a los bandoleros andaluces, que el sargento, antes de retirarse y con sentido secreto en sus palabras, me insinuó si el preso debía escaparse al atravesar el patio. Quería indicar si, como en otros muchos casos, lo fusilaban a pretexto de que había intentado evadirse.[8]

Ahora bien, tras el declive definitivo del bandolerismo, la Ley de fugas dejó de ser aplicada en forma sistemática, pero se mantuvo como un procedimiento relativamente común en las zonas rurales hasta bien entrado el siglo XX. Un aspecto fundamental para el arraigo y la persistencia de esta práctica era la total impunidad de que gozaban las autoridades y los agentes responsables. Una protección que había quedado definitivamente blindada a comienzos de la década de 1870, cuando el Tribunal Supremo otorgó en forma exclusiva a la justicia militar la competencia para investigar este tipo de actuaciones de la Guardia Civil.[9]

Durante el siglo XIX, la Ley de fugas se utilizó fundamentalmente para combatir el bandidaje y otras formas de delincuencia. Hasta donde llega mi conocimiento, no existen testimonios sobre casos concretos de su aplicación para prisioneros políticos. En este sentido, a pesar de su larga historia, el recurso a la Ley de fugas para combatir el anarcosindicalismo tras el nombramiento de Martínez Anido representó un salto cualitativo muy importante, y no es posible considerarlo como la mera continuación de una tradición represiva enquistada en los cuerpos de seguridad del Estado español.

Algunos autores consideran que la primera víctima política de la aplicación de la Ley de fugas fue Miguel Burgos, presidente del sindicato de curtidores de la CNT. La noche del 31 de marzo de 1919, en plena huelga de la Canadiense, la Guardia Civil se presentó en la casa de Burgos para detenerle. Según la versión oficial, que nadie puso en duda, Burgos intentó huir por el terrado y fue acribillado por los agentes que le perseguían, falleciendo a los pocos días en el Hospital Clínico. En este sentido, no existen elementos que permitan suponer que el asesinato de Burgos fuese premeditado o que no intentase realmente huir. A pesar de tratarse de un acto cruel, desproporcionado e innecesario, estaríamos hablando de un hecho diferente con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tal como mencioné al inicio de este artículo.[10]

En realidad, la primera víctima política de la Ley de fugas sobre la que existen fuertes indicios documentales es el periodista y escritor ruso Vladimir Tinikoff (conocido también como Michel Weissbein). Al parecer, Tinikoff había sido enviado a España por los bolcheviques para fomentar la propaganda revolucionaria. A finales de 1918, fue detenido en Madrid por la recientemente creada “Escuadra especial volante” dirigida por el comisario Francesc Martorell, uno de los pioneros de la guerra sucia contra el anarcosindicalismo. Algunas semanas más tarde, los periódicos comunicaban lacónicamente que Tinikoff había muerto en Zaragoza tras lanzarse por una ventanilla del tren que le conducía a Barcelona para ser expulsado. Martorell estaba en contacto con el Agregado Naval italiano, al cual le comunicó que en realidad a Tinikoff le habían disparado al intentar escapar. Sin embargo, el oficial italiano sospechaba que posiblemente Tinikoff había sido ejecutado, y que los métodos de Martorell eran “un poco demasiado españoles de la inquisición”. En consecuencia, señaló que “irían con los pies de plomo” al colaborar con los servicios españoles, para no “tener siquiera la más lejana sospecha de ser copartícipes en injusticias de ningún tipo”.[11]

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El primer caso de una Ley de fugas aplicada a militantes de la CNT —al menos sobre la que existen testimonios— no se dio en Barcelona, sino que en Sueca. Durante la madrugada del 22 de junio de 1920, agentes de la Guardia civil detuvieron en sus domicilios a Marià Escrivà, Camil Albert y Josep Franqueza, acusándoles de preparar un atentado. A los detenidos se les anunció que serían llevados al cuartel de caballería, pero la ruta elegida no coincidía con el destino. Según la versión oficial, durante la conducción un grupo de desconocidos abrieron fuego contra los agentes, lo que aprovecharon los detenidos para escapar. La Guardia civil abrió también fuego hiriendo a Albert y Franqueza, mientras que Escrivà fue perseguido por un agente, originándose una lucha en la que acabó muerto a golpes de culata.[12]

Estos sucesos coincidieron con el XIV Congreso de la UGT, en el que se acordó que la Comisión Ejecutiva realizase una investigación. Largo Caballero se trasladó a Sueca y se entrevistó con testigos, familiares y sobrevivientes, elaborando un informe cuyas conclusiones eran radicalmente distintas de la versión oficial. Aseguraba que, según testigos, los disparos iniciales habían sido realizados “por un grupo de hombres vestidos con pantalón de guardia civil y blusa”. Además, tras ser heridos, Albert y Franqueza fueron rematados en el suelo con un tiro en la cabeza que, milagrosamente, no resultó fatal en ninguno de los dos casos. Con respecto a Escrivá, consideraba que no existió una refriega, sino que fue herido en la persecución y finalmente rematado a culatazos al ser alcanzado. En definitiva, todo indicaba que la Guardia civil había organizado una falsa emboscada para incentivar o simular la fuga de los detenidos y poder así asesinarles.[13]

A pesar de estos graves indicios, nunca se investigó oficialmente lo sucedido esa noche en Sueca. Lo primero que hizo el juez Obdulio Liboni tras instruir las diligencias por “atentado a la guardia civil”, fue inhibirse “a favor de la jurisdicción de Guerra”.[14] Había que ser extremadamente ingenuo para pensar, tal como señalaba el diario Las Provincias, que “la verdad de lo ocurrido se pondrá en claro en el sumario que instruye el juzgado militar”.[15] Lo cierto es que el caso fue rápidamente enterrado y olvidado, al punto que Albert y Franqueza ni siquiera fueron sometidos a un Consejo de Guerra como se había anunciado.[16]

Un factor que contribuye a explicar el poco impacto que tuvieron las muertes de Tinikoff y Escrivà es la ausencia —en ese momento— de una denominación específica para para referirse a este modus operandi policial. En España, la expresión “Ley de fugas” solo comenzó a ser utilizada para referirse a esta práctica a partir de febrero de 1921. El concepto de “Ley de fuga” (o también “Ley fuga”) se había originado en México durante la época de Porfirio Díaz, el cual utilizó métodos muy similares a los de Zugasti contra el bandidaje.[17] A comienzos del siglo XX, esta expresión se había difundido a otras partes de América. Por ejemplo, en 1910 el nicaragüense Salvador Mendieta incluyó en uno de sus libros un “vocabulario de centroamericanismos” que definía la Ley fuga como “fusilar pretextando que el prisionero trata de escaparse”.[18]

Ahora bien, aunque es posible encontrar algunos rastros de esta expresión en la prensa española, siempre se aplicaba exclusivamente a las “bárbaras” republicas americanas.[19] En este sentido, la irrupción de la “Ley de fugas” en el léxico político español tuvo desde un inicio una referencia muy concreta y tangible: la situación represiva de Barcelona a comienzos de 1921 bajo el mandato del general Severiano Martínez Anido y del jefe de la policía, el general Miguel Arlegui Bayonés.

El camino de Martínez Anido al Gobierno Civil de Barcelona

Tras la Primera Guerra Mundial, Barcelona se convirtió se convirtió en uno de los escenarios más conflictivos y violentos dentro del ya turbulento panorama europeo. A través de la creación de los Sindicatos Únicos, la CNT alcanzó un enorme poder que gatilló un dramático enfrentamiento contra los empresarios y el Estado. La imponente huelga de la Canadiense en la primavera de 1919 fue sucedida por un durísimo lockout patronal a finales de año. Barcelona se convirtió en una ciudad en permanente estado de excepción, al punto que las garantías constitucionales estuvieron suspendidas desde enero de 1919 hasta abril de 1922. En este contexto, proliferaron organizaciones armadas como el Somatén y bandas parapoliciales financiadas por la patronal como la del excomisario Manuel Bravo Portillo o el sedicente barón de Koening. Paralelamente, entre las filas cenetistas se organizaban diversos grupos de acción cada vez más agresivos y autónomos.

En síntesis, decir que Barcelona era un polvorín a punto de estallar sería incorrecto, ya que era un polvorín que estallaba cada día. Los sucesivos gobiernos se mostraron impotentes para controlar la situación, alternando políticas de apertura hacia los sindicatos con períodos de represión draconiana. En mayo de 1920, Alfonso XIII encargó formar gobierno a Eduardo Dato con la misión de conciliar social y políticamente el país, lo que implicaba abordar con altura de miras las principales problemáticas del momento. A pesar de ser el jefe del partido conservador, Dato había sido pionero en la introducción de leyes obreras, lo que le otorgaba un aura de reformismo y sensibilidad social. Desde este punto de vista, los primeros pasos del gobierno de Dato fueron bastante auspiciosos: se creó el Ministerio del Trabajo, los presos gubernativos fueron liberados, la banda del barón de Koenig fue desarticulada y el falso barón expulsado del país (aunque sin ser juzgado), la censura de la prensa fue eliminada y se permitió nuevamente el funcionamiento de los sindicatos en Barcelona.

Sin embargo, la política conciliadora de Dato acabó fracasando; en buena medida porque llegaba demasiado tarde. El lockout y la dura la represión estatal —especialmente durante el período como gobernador civil del Conde de Salvatierra entre diciembre de 1919 y junio de 1920—, habían coincidido con una evidente radicalización del anarcosindicalismo. En diciembre de 1919, la CNT celebró un congreso en Madrid en el que acordó abrazar explícitamente el comunismo libertario y adherirse a la Tercera Internacional bolchevique. Por otra parte, la represión golpeó principalmente a los dirigentes sindicales de la CNT, creando un vacío de poder que permitió el ascenso de los grupos más extremistas y violentos, que se convirtieron en una verdadera “estructura” informal que evitó el colapso de la CNT.

De este modo, durante el verano de 1920 se produjeron una serie de hechos que frenaron las políticas aperturistas iniciadas por Dato. Tan solo en agosto, comenzó la guerra entre la CNT y el recientemente constituido Sindicato Libre, el conde de Salvatierra sufrió un atentado en Valencia que le costó la vida y tres funcionarios fueron asesinados durante una huelga del alumbrado público en Zaragoza. Estos hechos agravaron el problema del pistolerismo al expandirlo más allá de Barcelona, y el Gobierno respondió suspendiendo el jurado para los delitos sociales.

Las cosas no mejoraron durante septiembre. Los trabajadores del periódico La Publicidad, cuya plantilla se resistía a sindicalizarse, sufrieron algunos atentados en los que dos de ellos murieron y un tercero resultó herido. El día 12 estalló una bomba en el popular music-hall Pompeya, colocada casi seguramente por un agente provocador, dejando un saldo de seis muertos y dieciocho heridos. A comienzos de mes, los principales dirigentes de la CNT habían viajado a Madrid para firmar un pacto de apoyo mutuo con la UGT que reclamaba el restablecimiento de las garantías constitucionales y la liberación de los presos. El pacto era meramente defensivo, pero, ante el agitado contexto de la Europa de comienzos de los años veinte, contribuyó a alimentar la histeria contrarrevolucionaria.

Como señala el historiador Carlos Seco Serrano, a partir de octubre de 1921 se produjo “un giro radical hacia la línea ‘dura’” por parte de Eduardo Dato.[20] El principal foco de conflicto seguía siendo Barcelona, donde una dura huelga del metal y el asesinato del empresario Jaume Pujol, llevaron a las “fuerzas vivas” de la ciudad a exigir con cada vez mayor insistencia que el Estado ejerciese mano dura.

A comienzos de noviembre, Dato cedió finalmente a las presiones y nombró como gobernador civil al general Severiano Martínez Anido, hasta entonces gobernador militar. El nombramiento de Martínez Anido marcó la inhibición del poder civil frente al militar en la gestión del orden público en Barcelona. El general gozó de una gran autonomía para la aplicación de sus métodos represivos, que incluyeron deportaciones de masa, registros, allanamientos, cacheos indiscriminados por las calles, detenciones arbitrarias y la clausura de sindicatos y periódicos.

Martínez Anido era un veterano de Filipinas y Marruecos, y encaró su nuevo cargo a través de una lógica bélica, es decir, como si se tratase de una verdadera campaña militar para acabar con el anarcosindicalismo. En palabras de Roberto Muñoz Bolaños, Martínez Anido representaba “el arquetipo del militar-político que entendió que la función primordial del Ejército no era sólo la defensa de España frente al enemigo exterior, sino sobre todo la salvaguarda del orden público contra los enemigos interiores”.[21]

Su primera medida fue descabezar a la CNT, ordenando la detención de decenas de dirigentes y militantes. EL 30 de noviembre, 35 destacados cenetistas fueron deportados a la fortaleza de la Mola en Maó, además del entonces regidor del Ayuntamiento de Barcelona Lluís Companys. Ese mismo día fue asesinado Francesc Layret, abogado y diputado del Partit Republicà Català, el cual desde hace años mantenía estrechos vínculos con el anarcosindicalismo.

La CNT intentó responder a través una huelga general en Barcelona a comienzos de diciembre; sin embargo, la dura represión y la falta de apoyo de la UGT significó el fracaso de la huelga y la ruptura del pacto entre ambas centrales sindicales. La derrota también evidenció uno de los principales problemas que afectaban a la CNT en ese momento: el agotamiento de la clase obrera tras años de luchas, violencia y represión. Algunos trabajadores volvieron al trabajo rompiendo el carnet del Sindicato Único, para luego pasarse al Libre o quedare sin afiliación. En definitiva, el fracaso de esta huelga general significó el colapso total de la estructura cenetista, privada tanto de su cúpula dirigente como del verdadero nervio del sindicato, los delegados de taller que fueron deportados en masa de la ciudad. La debilidad de la CNT se tradujo en una ofensiva por parte del Sindicato Libre, decidido a dar un paso adelante para heredar la posición hegemónica de la que habían gozado los cenetistas. De este modo, diciembre de 1920 se convirtió en uno de los meses más sangrientos de la guerra entre ambas organizaciones y, por primera vez, era la CNT la que salía claramente peor parada.

La aplicación de la Ley de fugas

A comienzos de diciembre de 1920, en medio de la fallida huelga general de la CNT, varios periódicos se hicieron eco de la siguiente noticia:

En el campo del Arpa fueron agredidos por unos individuos dos guardias civiles y un cabo, quienes contestaron a la agresión a tiros hiriendo a un sujeto llamado Pedro Saltó, de oficio tintorero, que fué detenido en unión del Gregorio Daura. Cuando iban en dirección al Dispensario del distrito con el propósito de que fuera curado Saltó, intentó fugarse Daura. Como quiera que éste hizo caso omiso a las intimaciones de la Guardia civil, los guardias dispararon sobre él, produciéndolo una grave herida en la región lumbar.[22]

Gregori Daura sobrevivió a sus heridas, y tras un largo período de incomunicación pudo contar lo sucedido realmente esa noche. Una versión muy diferente a las lacónicas crónicas periodísticas, según la cual, al llegar a la Gran Vía, “los guardias beneméritos” dieron un paso atrás y dispararon sobre él, atravesándole el pecho de un balazo.[23]

Aunque los sucesos de Sueca se habían desarrollado meses antes, el caso de Daura llegaría a ser considerado como la primera Ley de fugas aplicada a un militante de la CNT; sin embargo, en ese momento —y hasta mucho tiempo después— pasó completamente inadvertido.[24] Con Daura incomunicado en el hospital y la estricta censura a la que estaba sometida la prensa, era prácticamente imposible cuestionar la versión oficial, especialmente sin testigos imparciales. Aunque hubiese dudas, nunca habría certezas.

Desde este punto de vista, si la Ley de fugas hubiese sido aplicada en un modo puntual y espaciado en el tiempo, podría haber tenido un largo recorrido en la Ciudad Condal. Sin embargo, lo sucedido durante enero de 1921 acabaría transformando estas ejecuciones en un escándalo imposible de ocultar. En pocas semanas, la Ley de fugas pasó de ser un método discreto y silencioso a convertirse en una desenfrenada y sangrienta matanza.

Para comprender esta rápida mutación, se hace necesario dar una ojeada a la trágica y violenta situación de Barcelona a comienzos de 1921 y, en particular, al asesinato del inspector Antonio Espejo Aguilar. El inspector Espejo era uno de los agentes más destacados de la brigada de servicios especiales, que se encontraba bajo órdenes directas de Arlegui. Espejo fue clave en la construcción de una extensa red de confidentes que permitió asestar duros golpes a la CNT, lo que le convirtió en uno de los principales objetivos de los grupos de acción. El 19 de enero de 1921, alrededor de las seis y media de la tarde, mientras Espejo se dirigía a la Jefatura de Policía fue abordado por un grupo de individuos que le dispararon varios tiros a quemarropa. El inspector falleció a los pocos minutos de llegar al hospital, iniciándose así una de las páginas más negras de la historia de este país.[25]

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La muerte de Espejo gatilló una profunda sed de venganza entre las fuerzas policiales, que actuaron con un desenfreno nunca antes visto en la Ciudad Condal. El cronista Fernando Soldevilla evidenció en forma apenas velada esta conjura, afirmando que “el asesinato del Sr. Espejo produjo gran indignación entre la Policía. En la Jefatura se reunieron los comisarios, acordando efectuar batidas durante la noche”.[26]

El mismo día 19, por la tarde, habían sido detenidos en un café del Paralel·l seis sindicalistas valencianos recientemente llegados a la ciudad. Se les consideraba sospechosos de haber atentado contra el gobernador civil de Valencia, aunque ellos aseguraban que habían venido a Barcelona para hacer una entrega de fondos al Comité Pro-Presos. Durante las primeras horas del día 20, los detenidos fueron conducidos a la cárcel por agentes de la Guardia Civil, resultando tres de ellos muertos y uno herido de gravedad. La información oficial de la Jefatura de Policía señalaba que:

A las tres de la madrugada de hoy conducía la Guardia civil a la Cárcel Modelo a los peligrosos sindicalistas detenidos ayer en el café Español, Juan Villanueva, Julio Peris, Ramón Gomar y Diego Parra, valencianos los cuatro. Al llegar a la calle de Calabria, desde una obra en construcción, salieron numerosos disparos contra la fuerza pública. Esta repelió la agresión en igual forma, y, entonces, aprovechando la confusión, intentaron escapar los detenidos. Los guardias hicieron fuego contra ellos, resultando muertos Juan Villanueva y Julio Peris, y heridos gravemente los otros dos. Uno de ellos, Ramón Gomar, ha fallecido esta mañana a consecuencia de las heridas que sufrió.[27]

Según el escalofriante testimonio recogido por Adolfo Bueso, Diego Parra logró sobrevivir gracias a fingirse muerto, mientras se desangraba en el suelo junto a los cuerpos de sus compañeros. Un carro recogió los cadáveres y los trasladó al depósito judicial, donde finalmente Parra se sintió lo suficientemente seguro como para dar señales de vida.[28]

El estado de excitación en que se encontraban las fuerzas policiales quedó nuevamente demostrado pocas horas más tarde. Todavía de madrugada, algunos agentes dieron el alto al marinero Miguel Salinas Muñoz cerca de la calle del Arc del Teatre. Salinas, según la versión oficial, abrió fuego y se dio a la fuga, por lo que se inició una persecución por la calles del centro de Barcelona. Los agentes comenzaron a disparar sin demasiados miramientos, hiriendo de gravedad al camarero Vicente Peñarroya y al dependiente de farmacia Joan Cassadó Barceló. Al ser finalmente detenido, Salinas presentaba 13 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Los tres acabarían falleciendo al poco tiempo.[29]

Inicialmente, las represalias adoptadas por la policía quedaron en un segundo plano frente a la orgía de violencia en que se había convertido la lucha de clases en Barcelona. El mismo día 20 por la tarde, se registraron dos atentados realizados probablemente por grupos de acción anarcosindicalistas que dejaban tres muertos y un herido; el primero contra el encargado de una fábrica de tejidos y el segundo contra un contramaestre. Hacia las doce y media de la noche, fueron atacados dos panaderos sindicalistas de la CNT, Josep Aguilar España y otro que nunca fue identificado, falleciendo ambos. Poco después, Josep Moreno Palau, otro afiliado a la CNT, fue herido por disparos mientras se encontraba en un bar de la Plaça del Bonsuccés.[30]

La madrugada del día 21 se iniciaba con una nueva masacre a manos de las fuerzas policiales. El primero en morir fue el sindicalista Josep Pérez Espín, el cual era conducido a la Jefatura de policía por tres agentes. Según la información aparecida en la prensa, “al llegar a la Reforma, intentó, fugarse, viéndose obligada la fuerza a hacer fuego contra él, quedando muerto en el referido lugar”.[31] Hacia las cuatro de la mañana, otros tres sindicalistas fueron tiroteados en plena calle mientras eran conducidos hacia la Jefatura de policía. Como consecuencia, murieron Francisco Bravo Banón y Benet Menacho Marco, mientras que Agustí Flor Silvestre (al cual inicialmente también se le dio por muerto) resultó gravemente herido.[32] La cínica nota oficial repetía una vez más la misma y poco creíble historia:

Al ser conducidos los tres detenidos desde la Delegación a la Jefatura Superior de Policía, al llegar a la calle de Bilbao, entrando en la Gran Vía Layetana, un grupo hizo varios disparos contra la fuerza pública, que, afortunadamente, resultó ilesa, y al hacer fuego para repeler la agresión y evitar se escaparan los detenidos, como intentaron, resultaron muertos los tres sindicalistas detenidos.[33]

Durante la tarde del 21, la encarnizada guerra entre la CNT y el Sindicato Libre se cobró nuevas víctimas. Una pequeña imprenta que confeccionaba carnets de la CNT fue atacada y tanto el dueño  como un aprendiz resultaron heridos de arma de fuego. Poco después, el obrero Bernat Ávila, afiliado al Libre, sufría un atentado en la carretera de Can Tunis a raíz del cual fallecería.[34]

El día 22 la brutalidad seguía sin frenos. El depósito judicial de Barcelona se encontraba colapsado: en las últimas 36 horas se habían ordenado 21 autopsias, casi todas debido a la violencia social, lo que no incluía a los numerosos heridos que en ese momento agonizaban en los hospitales.[35] El funeral del inspector Espejo se convirtió en una masiva manifestación contra el terrorismo impulsada por las “fuerzas vivas” de la ciudad. Durante el cortejo, fueron detenidos Domingo Rivas y Ricardo Pi, los cuales al parecer preparaban un atentado contra Martínez Anido. Ninguno de los dos sobreviviría la noche. Antes, eso sí, caería asesinado en un atentado Hermenegildo Latasa, destacado dirigente sindical y uno de los impulsores de la huelga de la Canadiense.[36] Durante la madrugada, Rivas y Pi fueron conducidos a la Jefatura de policía, con igual resultado que en los días anteriores:

Cuando a las dos de la madrugada se cumplimentó la orden [de traslado] y una pareja de guardias de seguridad llevaba a los detenidos, éstos, al llegar a la Granvía Diagonal, entre la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia—según informes oficiales—, se echaron encima de los guardias, uno de los cuales fue a rodar por el suelo, emprendiendo aquellos dos la fuga y viéndose precisados los guardias a disparar las armas contra ellos.[37]

La CNT intentó responder a la masacre con una huelga general de protesta el lunes 24, sin embargo, el paro tuvo escasa incidencia y fracasó. Una manifestación convocada para el día siguiente ni siquiera llegó a celebrarse. La estructura cenetista se encontraba en franca desintegración, y acabó de colapsar ante las masivas redadas que efectuó la policía en respuesta a la huelga. Sólo el día 25 fueron detenidas 153 personas, de las cuales 30 ingresaron en la cárcel. Los periódicos aseguraban que se estaba produciendo una fuga masiva de sindicalistas de Barcelona, y que varios agentes se dirigían hacia distintos puntos de la provincia para darles caza.[38] La poderosa organización que había impulsado la huelga de la Canadiense y puesto en jaque al Estado se hallaba en ruinas, y el Sindicato Libre se preparaba para ocupar su lugar por las buenas o por las malas. Afortunadamente, los traslados de madrugada y los “inoportunos” intentos de fuga cesaron durante un tiempo; aunque todavía quedaba por lamentar un triste epílogo en Valencia. El 25 de enero, los periódicos anunciaban la siguiente noticia, cuyo contenido era ya demasiado familiar como para darle credibilidad:

La Guardia civil que llevaba detenidos a los sindicalistas Manuel Hernández y Francisco Gil Salvador, este último presunto coautor del atentado contra la Guardia civil el sábado último, al llegar al partido de Campanar, los presos intentaron escaparse y disparó la Guardia civil, matándoles.[39]

La Ley de fugas en el Congreso y el asesinato de Eduardo Dato

En pocos días, habían muerto en las calles de Barcelona ocho detenidos y dos se encontraban gravemente heridos. No había ninguna razón que justificase el traslado de presos durante la madrugada, y la policía contaba con medios eficaces para evitar los intentos de fuga. Defender la veracidad de las notas oficiales se hacía una tarea extremadamente difícil, y desde la prensa de izquierdas y republicana comenzaron a levantarse las primeras voces para denunciar lo ocurrido.[40]

El Socialista llegó incluso a conectar lo sucedido en Barcelona con los lejanos ecos del Porfiariato, rememorando una expresión que —a través de otros cauces, eso sí— no tardaría en hacerse enormemente conocida: “Que sean posibles estos casos en país que presume de civilizado nos trae a la memoria el recuerdo de esa famosa ley de fuga que con tanta frecuencia se utilizó en Méjico para que el Gobierno se desembarazase de los que consideraba enemigos políticos”.[41] Sin embargo, la mayoría de los periódicos, fuese por convicción o miedo a la censura, se limitaron a reproducir las notas oficiales. Algunos, como el ultraconservador El Ejército Español, alabaron abiertamente —y con poco disimulado cinismo— lo sucedido:

Esos hombres, cuya moral pérdida, les ha convertido en fieras, no pueden invocar que les asista ninguna ley humana. Para ellos no pueden ni debe haber procedimientos judiciales, carcelamientos preventivos, ni los demás formulismos sociales. No hay más que la caza despiadada. Tan despiadada como lo es la comisión de sus inicuos atentados. Los cuatro terroristas que, conducidos por las parejas de la Guardia civil de Barcelona, pretendieron huir, al amparo de los disparos que sobre la fuerza pública hizo un grupo de sus secuaces, oculto en la sombre de un lugar del tránsito, y que cayeron para no levantarse más, heridos por los maussers de sus conductores, esos no vuelven a cometer más crímenes, ni dan quebraderos de cabezas a jueces, magistrados y jurados.[42]

Ahora bien, lo que de verdad permitió sacar a la luz el tema y exponerlo ante la opinión pública no fue la prensa, sino que la tribuna parlamentaria. En la sesión del 10 de febrero, el diputado socialista Julián Besteiro realizó una interpelación al Gobierno sobre lo sucedido en Barcelona. Besteiro crítico con vehemencia la gestión de Martínez Anido, exigiendo que el Gobierno se posicionase sobre sus métodos: “Y puesto que no son hechos aislados, sino que constituyen un sistema, ese sistema, ¿es el que patrocina el Gobierno? ¿Sí, o no?”.[43]

El Ministro de Gobernación, el conde Gabino Bugallal, negó las acusaciones y defendió que los intentos de fugas eran reales, a la vez que respaldo la gestión de Martínez Anido. El general contaba, en palabras de Bugallal, “con la plena confianza del Gobierno, y el Gobierno se halla muy satisfecho del resultado de su celosa gestión en el orden público, en el orden económico y en todos los órdenes, que por todos ellos está recibiendo felicitaciones a diario”.[44]

El acalorado debate sobre la situación de Barcelona y las responsabilidades del Gobierno duró dos días. Intervinieron —a favor y en contra de Martínez Anido— destacadas figuras del mundo político como Emiliano Iglesias, Lluís Companys (que en las elecciones de diciembre había obtenido el escaño que fuera de Layret, lo que le permitió salir de la fortaleza de la Mola), Indalecio Prieto, Francesc Cambó o Santiago Alba. Sin embargo, visto en perspectiva, el discurso que tendría un mayor impacto fue el de Benito Díaz de la Cebosa, presidente de la Confederación Gremial Española y elegido gracias a los votos del pequeño comercio madrileño. Díaz de la Cebosa era un completo novato en las lides parlamentarias, al punto que era su primera intervención. Solicitó la palabra para quejarse del tratamiento de Martínez Anido contra los tenderos de Barcelona, dado que recientemente decenas de ellos habían sido detenidos por tener sus balanzas modificadas. Improvisamente, el diputado narró una escalofriante anécdota:

Hube se ser yo invitado a almorzar en casa de una de esas familias “bien” [de Barcelona], e inmediatamente me sacaron la conversación del gobernador. Me mantuve yo con cierta prudencia, no queriendo intervenir en la conversación; pero lo que querían era que yo hablara. Salieron a relucir los tenderos, y entonces yo dije que me parecía una demasía lo que había realizado con los mismos, porque por hechos de esa naturaleza llevarlos atados y en el coche celular a la cárcel, me parecía que era vejar a los ciudadanos, y que el Estado debe tener gran cuidado de no vejar a los ciudadanos, que bastante los vejaban los delitos si los cometían. Me contestaron: “Pues puede usted estar contento de que hayan ido en el coche celular, porque eso ha sido por no aplicarles la “ley de fuga”. “Pero ¿qué es la ley de fuga?” “La ley de fuga es que el que va a la cárcel no llega”. “¿Qué no llega?” “No; se queda en el camino, porque se quiere escapar y se le mata”.[45]

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Bugallal desestimó lo señalado por Díaz de la Cebosa como una humorada —cosa que el diputado negó ofendido—, pero sus palabras fueron recogidas por otros parlamentarios y reproducidas en la prensa, que en ese entonces resumía diariamente los debates del Congreso. En este sentido, aunque como hemos visto Díaz de la Cebosa no inventó la expresión, fue indudablemente el principal responsable de su popularización. Lo que hasta entonces era una práctica innombrable de la que había que hablar usando generalmente eufemismos, ahora tenía un nombre claro y efectivo, lo que facilitaría también denunciarla.[46]

Con respecto al debate, aunque algunos diputados efectuaron enérgicas protestas y duras acusaciones, la posición de Bugallal no varió. Siguió negando lo innegable y mantuvo su apoyo total a la actuación de Martínez Anido: “no sólo el Gobierno, sino la ciudad y la sociedad entera donde tiene su mando, y aun la de fuera, se encuentra a su lado. Y nada más”.[47] Lo que pocos podían imaginar, es que algunas semanas después este respaldo tendría consecuencias fatales.

El 8 de marzo de 1921, un comando cenetista asesinó a Eduardo Dato disparándole desde una moto sidecar mientras era transportado en coche. Existe una gran cantidad de libros y artículos que repasan este hecho en todos sus detalles, por lo que aquí sólo me limitaré a desmentir un error común. Este magnicidio no fue una represalia motivada por la Ley de fugas, sino que una respuesta a la actuación represiva de Martínez Anido en su conjunto. De hecho, la decisión de atentar contra Dato y los primeros preparativos se llevaron a cabo varias semanas antes de la muerte de Peris, Villanueva y Gomar.[48]

Con respecto a la responsabilidad de Eduardo Dato en la Ley de fugas, hay que decir que no existe ninguna fuente que permita suponer que ordenó, autorizó u incentivó de algún modo su aplicación. Como señala Carlos Seco Serrano, la Ley de fugas chocaba frontalmente con los valores de moderación y conciliación que habían caracterizado el datismo.[49] Ni siquiera el mismo autor de los disparos, Pere Mateu, consideraba que Dato fuese responsable directo de lo que sucedía en Barcelona. Poco después de ser detenido, declaró que había matado a Dato “porque el presidente del Consejo aprobaba la represión social en Barcelona”.[50]

Dicho esto, no resulta creíble que Dato pudiese ignorar lo que estaba ocurriendo realmente en Barcelona. La ficción de la Ley de fugas era tan transparente que el 21 de enero, al día siguiente del asesinato de los sindicalistas valencianos Peris, Villanueva y Gomar, Manuel Primo de Rivera, a la sazón capitán general de Valencia, escribió a Dato las siguientes líneas:

Mi espíritu se inclina siempre a una actuación legal; pero cuando veo aquí [en Valencia] absuelto anteayer por el Jurado a un anciano sindicalista y en Madrid condenados por disparos de arma de fuego a los que mataron a Pérez Muñoz, comprendo que el instinto de defensa busque medidas extralegales. Aquí todo el que tiene algo que perder, y creo que los obreros buenos, están deseando verse libres de esa chusma terrorista […] Una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros, empezarán a resolver el problema. Al principio habría recrudecimiento y repugna ver ciudades cultas entregadas a estos actos, pero no se ve otro remedio a una legislación y una justicia impotentes, y además, todo lo autoriza la ferocidad del terrorismo, que a nadie perdona, ni a los modestos obreros cargados de hijos que por independencia de carácter o por necesidad acuden al trabajo donde lo hay, sin preocuparse de sindicatos ni huelgas artificiosas.[51]

No conocemos la respuesta de Dato (si la hubo), pero lo que sí sabemos es que Valencia fue de las pocas zonas de España en que se siguió el ejemplo de Barcelona. Como vimos, tan sólo cuatro días después de la carta de Primo de Rivera, caían asesinados por la Guardia Civil los sindicalistas Manuel Hernández y Francisco Gil Salvado. Algunas semanas después, durante la madrugada del 22 de febrero, el sindicalista José López Salvador (a) “Tamajón” cayó muerto en un presunto enfrentamiento con la Guardia Civil en Valencia. Sin embargo, esta versión no tenía ninguna credibilidad, ya que nadie sabía nada de López Salvador desde que había sido detenido casi un mes antes.[52]

No hubo ningún tipo de reacción o investigación oficial con respecto a lo sucedido en Barcelona y Valencia. Por el contario, como vimos, el Gobierno aprobó públicamente en el parlamento la gestión de Martínez Anido “en todos los órdenes”. Es más, una de las pocas intervenciones de Dato en el debate de febrero fue una interrupción a Julián Besteiro en que se puede ver como su primera reacción no fue negar las graves acusaciones, sino preguntar: “¿Y los guardias civiles asesinados? ¿Y los agentes de la Autoridad asesinados? De esos no dice S.S. nada”. La respuesta de Besteiro fue contundente: “¿Le parece al Sr. Dato que es igual que una banda de terroristas, contra la ley, ejecute actos que pueden merecer toda la reprobación que S.S. quiera, a que los agentes de la Autoridad ejecuten los mismos actos?”[53]

En definitiva, la responsabilidad de Dato con respecto a la Ley de fugas —además de nombrar a Martínez Anido y darle una total autonomía— está en lo sucedido posteriormente a su aplicación, al mantenerle en su puesto y respaldarle públicamente ante el país. Dato tuvo el poder de detener lo que estaba sucediendo en Barcelona y no lo hizo; lo que le convierte en cómplice y encubridor de los crímenes del general. Ahora bien, estas graves omisiones no fueron de ningún modo exclusivas de Eduardo Dato. La identificación que se ha hecho entre Dato y la Ley de fugas ha contribuido a personalizar en su figura una responsabilidad que, en realidad, fue mucho más extendida y compartida.

Martínez Anido no fue destituido hasta octubre de 1922; es decir, los tres presidentes del consejo posteriores a Dato lo ratificaron en su cargo al llegar al poder. Ni los gobiernos, ni los tribunales, ni el parlamento investigaron lo sucedido en Barcelona y, obviamente, tampoco hubo ninguna sanción o condena. Tampoco debemos olvidar el rol de otros actores importantes, como el de los ministros de gobernación o el catalanismo conservador. Hay importantes testimonios de que Francesc Cambó propuso el nombre de Martínez Anido a Dato y, posteriormente, defendió con firmeza la gestión del general.[54] Mención aparte merecen las “fuerzas vivas” de Barcelona, que durante todo este período demostraron una adhesión ferviente e incondicional a Martínez Anido, expresada incluso a través de movilizaciones callejeras. Un apoyo fundamental para que el general se mantuviese como gobernandor civil.

Esta falta de reacción ante la Ley de fugas representa un evidente naufragio ético y moral de las élites y del conjunto del sistema político de la monarquía restaurada. Con demasiada frecuencia, la historiografía ha contribuido también a relativizar este fracaso, presentando la Ley de fugas como un mero exceso represivo o como el signo de tiempos más feroces. Creo que es hora de tomar plena conciencia de la gravedad de lo sucedido en Barcelona y llamar las cosas por su nombre: terrorismo de Estado.

Las ejecuciones extrajudiciales no son un crimen cualquiera. Hoy en día, la ONU califica las ejecuciones sumarias o arbitrarias como una “práctica abominable” que “representa una patente violación del derecho humano más fundamental, que es el derecho a la vida”.[55] La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera esta práctica aún más grave cuando afecta a sindicalistas, menores de edad u otras categorías vulnerables, al punto que ante su aplicación sistemática todos los demás derechos carecen de sentido.[56]

Si bien dentro de otros marcos mentales y jurídicos, los habitantes del Reino de España en 1921 eran perfectamente capaces de entender que la Ley de fugas era un crimen de una gravedad extrema y que presentaba características especialmente infames. Ya hemos visto la respuesta de Besteiro a Dato, que resume en forma clara la problemática fundamental del terrorismo de Estado, a la que podemos agregar también la certera reflexión de Gabriel Alomar:

La piscología de la llamada ley de fugas es otra cosa: es la violación de todo derecho de gentes; la ejecución inmediata de los prisioneros de guerra; la supresión de aquellos presos que jamás podrían ser suprimidas por la justicia confesada y oficial, ni la de los magistrados ni la del pueblo. Más que lynchamientos americanos son “pogroms” rusos; exterminios de judíos, señalados a la proscripción y al odio mortal.[57]

No hay relativismo histórico o moral que aguante. La aplicación de la Ley de fugas cruzaba una evidente línea roja, agravada por la tolerancia del sistema político y la falta de repercusiones. Esta impunidad tuvo trágicas consecuencias, ya que permitió a Martínez Anido continuar con sus métodos sin grandes obstáculos.

La Ley de fuga y su evolución bajo el mandato de Martínez Anido

A diferencia de la Andalucía del siglo XIX, recurrir a la Ley de fugas en un contexto como el de la Barcelona de los años ’20 conllevaba una serie de dificultades que hacían prácticamente imposible su aplicación sistemática. Si el caso de Gregori Daura en diciembre había pasado inadvertido, los sucesos del mes siguiente gatillaron a los pocos días una interpelación parlamentaria. Nacida originalmente en el ámbito rural, la Ley de fugas era de difícil traslación al mundo urbano del siglo XX. Las conducciones de presos durante la madrugada no tenían ninguna justificación práctica, sin contar que lo normal hubiese sido que las supuestas emboscadas para liberar a los detenidos despertasen a los vecinos y tuviesen varios testigos. Pero, sobre todo, existía una tecnología con la que la policía de Barcelona contaba y que cortaba de raíz con el problema de las presuntas fugas: el coche celular.

Tras lo sucedido en enero cualquier conducción de presos que se realizase de madrugada y a pie automáticamente levantaba sospechas de ser una mera ficción para ejecutarles. En consecuencia, el procedimiento tradicional que había definido la Ley de fugas, tal como lo hemos visto hasta el momento, sería utilizado solo en contadas ocasiones durante el resto del mandato de Martínez Anido. La Ley de fugas —en su formato original—había perdido eficacia como herramienta encubridora, por lo que se vio obligada a evolucionar. Desde este punto de vista, el hecho que se volviese a utilizar, incluso puntualmente, es muestra de la confianza de las autoridades barcelonesas en la ausencia de repercusiones. Se podría decir que la Ley de fugas dejó de ser un ardid para justificar un crimen, y se transformó en una obscena ostentación de impunidad.[58]

La primera aplicación de la Ley de fugas tras los sucesos de enero tuvo como víctima al panadero Gregori Fabré, más conocido como el “Brasileño”.[59] El caso de Fabré presenta una particularidad especialmente trágica. Había sido detenido a finales de 1920 y posteriormente trasladado a Flix, de donde se fugó en enero de 1921. Algunos periódicos publicaron que Fabré había muerto al intentar escapar, lo que fue interpretado por muchos como una nueva aplicación de la Ley de fugas, al punto que Julián Besteiro le incluyó como una de las víctimas en su discurso parlamentario del 10 de febrero. La noticia era falsa, pero acabó siendo fatídicamente premonitoria.[60]

Fabré volvió a Barcelona para proseguir con su militancia sindical, siendo detenido el 9 de mayo como sospechoso de recolectar cotizaciones junto a otros militantes. Durante la detención, se registró un tiroteo entre la policía y el grupo de Fabré, resultando heridos un agente de vigilancia y una persona que pasaba por el lugar. La madrugada siguiente, Fabré fue conducido por una pareja de guardias desde la delegación policial al juzgado; sin embargo, nunca llegaría a su destino. Según señalaba la nota oficial, el prisionero “intentó fugarse y al ver la pareja que le custodiaba que no hacía caso de sus intimaciones para que se detuviera, hizo fuego contra él, matándole”.[61]

Las izquierdas y los sindicatos no tuvieron ninguna duda de que al “Brasileño” se le había aplicado la Ley de fugas, e incluso varios periódicos titularon de este modo la noticia.[62] A partir de este momento, cualquier muerte durante un traslado de presos sin garantías sería identificada como una posible ejecución extrajudicial. Esto se debía a que lo que estaba en cuestión ya no era la credibilidad de la versión policial, sino que la práctica misma de las conducciones a pie y de madrugada. Algunos días después, el diputado radical Rafael Guerra del Río expresaba de forma muy efectiva esta problemática al interpelar directamente al ministro Bugallal:

[Al “Brasileño”] se le tuvo en aquella Delegación de Policía hasta la una y media o las dos de la madrugada; a esa hora se le sacó a pie, faltando a la promesa formal que aquí hizo el Sr. Ministro de la Gobernación de que en lo sucesivo en Barcelona serían conducidos todos los detenidos en un coche celular de los varios que en Barcelona existen; se le sacó a pie, y al llegar a la calle de Villarroel, si mal no recuerdo, fue fusilado.[63]

Después del caso del “Brasileño”, la Ley de fugas se vio obligada a mutar para seguir aplicándose sin comprometer excesivamente a las autoridades y agentes responsables. En su forma tradicional, “solo” se aplicó en otras dos ocasiones durante el mandato de Martínez Anido; sin embargo, tanto militantes como historiadores han utilizado el concepto de “Ley de Fugas” para referirse a ejecuciones extrajudiciales ocurridas siguiendo procedimientos distintos, que no se basaban en el pretexto de una supuesta fuga. Esta utilización extendida de la expresión “Ley de fugas” ha causado cierta confusión, por lo que es importante dejar en claro las diferencias. Sin embargo, es una conceptualización que se encuentra justificada debido a la evidente continuidad entre las distintas prácticas.

La primera manifestación de esta transformación se registró durante la madrugada del 18 de junio de 1921. El día anterior, el alcalde de Barcelona Antoni Martínez Domingo había sido herido en un atentado, aunque, al parecer, el verdadero objetivo era Martínez Anido. Hacia la medianoche, una veintena de presos gubernativos fueron puestos sorprendentemente en libertad sin ningún preaviso. Entre los liberados se encontraban Evelio Boal y Antoni Feliu, que respectivamente habían sido secretario general y tesorero de la CNT hasta su detención el 1º de marzo anterior. Ni tan solo dos horas después de ser liberados, ambos yacían muertos en las calles de Barcelona, acribillados a tiros.[64] Los asesinatos de Evelio Boal y Antoni Feliu representaron un monstruoso salto cualitativo en el régimen de terror creado por Martínez Anido y Arlegui, ya que se hacía transparente la connivencia entre autoridades, policías y pistoleros del Libre. Era imposible no coincidir con Indalecio Prieto cuando expresaba en el Congreso que “no cabe más deducción que esta: han sido puestos en libertad para ser ejecutados”.[65] Por su parte, el periódico madrileño El Liberal se hacía la siguiente pregunta: “Hubo hace poco una atroz sospecha de sanción a la que se dio el nombre de ley de fuga ¿Será ésta una nueva modalidad de sanción que pueda llamarse ley de libertad?”[66]

Lamentablemente, las muertes de Feliu y Boal solo fueron el comienzo de una nueva oleada de asesinatos. Pocos días después, la represión se ensañó con los dos principales responsables del aparato de defensa cenetista (además de organizadores del atentado a Dato): Ramon Archs y Pere Vandellós.[67] El 25 de junio, Vandellós fue detenido por la policía y acusado de haber participado en un atentado. Según la nota policial, mientras Vandellós era conducido al Palacio de Justicia, “rompió las ligaduras que le sujetaban las manos y a todo correr emprendió la fuga”, los agentes que le custodiaban respondieron haciendo “fuego contra él, alcanzándole un balazo en la nuca y otro en la espalda, heridas que le causaron la muerte”.[68]

Con Vandellós se volvió a utilizar el clásico pretexto de una supuesta fuga, probablemente debido a que la prensa se había hecho eco de su detención. No sucedió lo mismo con la captura de Archs, que debió ocurrir probablemente el 25 o 26. En su caso, la policía se limitó a notificar que su cuerpo fue hallado acribillado en la calle el día 27 por la madrugada, como si se tratase de un atentado. Poco tiempo después, Solidaridad Obrera denunció que Vandellós y Archs habían sido brutalmente torturados antes de ser asesinados, describiendo minuciosamente los tormentos a los que habrían sido sometidos.[69]

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La caza al cenetista se prolongó todavía durante algunos días. La madrugada del 1º de julio aparecieron en distintas partes de Barcelona los cadáveres de tres obreros asesinados. Uno de ellos era el conocido militante anarquista Francisco Jordán Gallego, el cual había sido secretario general de la CNT en 1917. El día anterior a su muerte, Jordán había sido detenido y conducido a la Delegación de la policía, para ser luego liberado por la tarde. Otro de los fallecidos era el anarquista Benito Bailó Clemente, quien había sido detenido el día 28, si bien la nota de la policía afirmaba que había sido liberado ese mismo día.[70]

Este tipo de casos se convirtieron en el nuevo paradigma de las ejecuciones extralegales en Barcelona. Las víctimas eran asesinadas luego de ser liberadas a altas horas de la madrugada, o directamente aparecían muertas en las calles luego de pasar por las comisarías. Esta nueva modalidad de Ley de fugas hace mucho más difícil identificar los posibles casos, salvo que existan testimonios de sobrevivientes.

El caso de Sebastià Vera representa un ejemplo de las dificultades que existen para reconocer las ejecuciones extrajudiciales a partir de mediados de 1921. La madrugada del 4 de julio, según la policía, algunos guardias hallaron un individuo herido de bala tendido en la calle. La Vanguardia informó que el herido “manifestó que unos desconocidos le habían agredido a tiros”, aunque la noticia añadía también que “por no poder hablar el herido no pudo ser identificado”.[71] A los pocos días, se informaba que el nombre del herido era Sebastià Vera, y que había declarado “que no pertenece a ningún Sindicato”.[72]

Sobre este incidente no se habló más hasta 1930, cuando Vera (firmando como V. Nera) denunció públicamente lo que de verdad había sucedido durante esos días. Vera afirmaba que había sido detenido el 29 de junio, y que la policía intentó durante varios días que confesase algún crimen o se convirtiese en confidente. Ante su negativa, la madrugada del 4 de julio le fue comunicado que sería conducido a otra delegación, y se le entregó a dos individuos que Vera reconoció como pistoleros del Libre. Mientras se dirigían a su destino, Vera fue tiroteado en plena calle y lo dejaron por muerto, pero lo encontraron algunos guardias y vecinos que lo trasladaron al hospital y le salvaron la vida. Si Vera no hubiese sobrevivido, su caso habría pasado desapercibido como uno más de los cientos de atentados que se registraron en Barcelona durante esos años.[73]

Lo sucedido con Ramon Pañella y Eusebi Cervera, militantes del Sindicato del Ramo de la Alimentación, ilustra perfectamente el grado de refinamiento que alcanzó el terror policial en Barcelona para cubrir sus huellas. Según la versión oficial, el 29 de julio de 1921 la policía recibió información de que un grupo de acción preparaba un atraco a una fábrica en las cercanías de la estación de l’Hospitalet. Se estableció un servicio de vigilancia que detectó dos individuos sospechosos y, al intentar detenerlos, se produjo un intenso tiroteo. Como consecuencia, resultaron heridos tanto un agente de policía como los dos presuntos atracadores, llamados José Alegría y Remigi Climent. Este último logró huir, pero Alegría fue detenido y falleció poco después. Al día siguiente, la policía informó que durante la madrugada había hallado dos cadáveres con heridas de arma de fuego en la calle Santa Eulàlia de l’Hospitalet, presentando la improbable hipótesis de que hubiesen sido heridos en el tiroteo de la tarde anterior. Casi dos semanas después, los muertos fueron finalmente identificados como Pañella y Cervera, y no hubo más investigaciones.[74]

El relato de los hechos por parte de las fuentes cenetistas es diametralmente diferente. Aseguran que Pañella y Cervera fueron detenidos en una playa de la Barceloneta a finales de julio, con anterioridad al tiroteo en el que murió José Alegría. Posteriormente, habrían sido ferozmente torturados y asesinados en los calabozos de la Jefatura de policía y sus cuerpos abandonados en las calles de l’Hospitalet. Esta versión se basa casi seguramente en el testimonio de Jacint Vila (a) “Escombraire”, el cual también habría sido detenido a finales de julio en una playa de la Barceloneta junto a otros compañeros (posiblemente, Pañella y Cervera). Durante días, fue sometido a presiones y torturas para firmar una confesión, pero se negó. Finalmente, Vila cedió tras ser conducido ante Arlegui, el cual le recordó a sus compañeros detenidos y le dijo que “dos de aquellos ya los habían muerto ellos en Hospitalet por no querer firmar, y que si él no hacía lo que le mandaban tendría el mismo fin”.[75] Es posible que algunos detalles del testimonio sean exagerados, pero la denuncia de fondo es creíble: Pañella y Cervera habrían sido asesinados y se organizó un montaje para encubrirlo. Por otra parte, si Vila y Climent no hubiesen sobrevivido para contar su versión, probablemente nadie nunca hubiese sospechado lo sucedido realmente.[76]

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Algunos historiadores consideran que la aplicación de la Ley de fugas tuvo un carácter puntual y esporádico; sin embargo, podemos ver que lo que realmente sucedió fue que las ejecuciones extralegales evolucionaron hacia modalidades que ocultaban las responsabilidades de las autoridades y los agentes del Estado. Para ello, se recurrió a una estrecha colaboración entre fuerzas policiales, confidentes y las bandas del Sindicato Libre, lo que acabó desdibujando las fronteras entre violencia policial y pistolerismo, al punto que se hace difícil separarlos analíticamente. La misma madrugada en que Boal y Feliu eran liberados y posteriormente asesinados, la prensa informó que también había muerto en un atentado el dirigente del sindicato del vidrio Josep Domínguez Rodríguez. Sin embargo, más de un año después un periódico sindicalista mallorquín publicó una versión muy diferente, según la cual Domínguez había sido detenido en su casa por la policía y, a continuación, habría sucedido lo siguiente:

Al bajar la escalera vio con sorpresa, que estaba militarmente tomada por la guardia civil y la policía. Sin pensar que estaban acechando el momento oportuno, para de una manera traidora quitarle la vida, lio un cigarro, pidiendo fuego a un policía, y en este momento, sonaron de catorce a veinte disparos, cayendo gravemente herido el amigo Domínguez. Mientras nuestro amigo se revolcaba por las losas de las calles, lanzando gritos desgarrantes, espantosos la policía cerró las escaleras impidiendo que nadie le auxiliara. La familia del compañero Domínguez, al sentir los disparos, salió al balcón, y al ver a su ser querido tendido y lleno de sangre en la calle intentó auxiliarle no pudiéndolo hacer, por que la canalla asesina apuntaba con sus pistolas quien tal cosa osase. Y, horror de los horrores, la familia tuvo que ver la larga y dolorosa agonía, desde el balcón, sin poder prestar ayuda alguna al ser que tanto amaban.[77]

En definitiva, actualmente resulta imposible establecer con un mínimo grado de fiabilidad el número de personas que fueron ejecutadas por agentes del Estado (o con su complicidad) en Barcelona durante el mandato de Martínez Anido. En este pequeño estudio, que de ningún modo pretende ser exhaustivo, he logrado clarificar varios casos y encontrar algunos nuevos, por lo que no se debe perder la esperanza de que futuras investigaciones nos puedan ir acercando a la verdad.

Sin embargo, es posible que solo estemos viendo la punta del iceberg, y que aún queden algunos terribles secretos por descubrir, como el de las desapariciones forzadas de sindicalistas. En un manifiesto de finales de 1921, la CNT denunciaba que en noviembre la policía detuvo al “camarada Jaime Llenas [Llanas] y después de haberle aplicado los tormentos, ha desaparecido sin que nadie haya podido dar con su paradero. Lo mismo ocurre con otros siete compañeros”.[78]

Jaume Llanas finalmente apareció, gracias a que el inspector Honorio Inglés se negó a seguir la orden de Arlegui de aplicarle la Ley de fugas.[79] No obstante, sobre el resto de las desapariciones denunciadas no he logrado encontrar ninguna información. De momento, una aterradora hipótesis —basada en pocos pero importantes testimonios— apunta al lanzamiento de cadáveres en el puerto de Barcelona. En marzo de 1922, Indalecio Prieto hizo la siguiente denuncia en el Congreso, que no tuvo mayor repercusión:

No tenga S. S. [José Sánchez-Guerra, presidente del Consejo de Ministros] tranquila la conciencia suponiendo que, porque no rueden por la Prensa catalana, y del resto de España, aquellos tristes epitafios de la Jefatura de Policía, dando cuenta de los cadáveres levantados en las calles, ha acabado la represión en Barcelona. No; lo que sucede (y, naturalmente, no pretenderá S.S. que, detrás de la afirmación, aporte la prueba notarial) es que se ha hallado otro sistema de represión más callado y más cauto, en que el cadáver desaparece y que los ejecutados en Barcelona no han sido asesinados a tiros en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, qué los últimos ejecutados, y son muchos, han sido sumidos de noche en el fondo de las aguas del puerto de Barcelona.[80]

En 1931, el excomisario Enrique Grimau de Mauro (padre de Julián Grimau) concedió una entrevista a la prensa en que realizó algunas impactantes declaraciones. Grimau había servido en la policía de Barcelona bajo las órdenes de Arlegui y, según su testimonio, el general le habría expulsado del cuerpo tras negarse a ejecutar un detenido con la Ley de fugas. Durante la entrevista, Grimau también hizo algunas denuncias que, aunque posiblemente exageradas, coinciden en lo sustancial con lo señalado por Prieto, y que espero que sean posibles aclarar en un futuro próximo:

—¿Fueron muchas las víctimas de tan expedito procedimiento [La Ley de fugas]?

—Un espanto. En sólo unos meses cayeron más de un centenar de víctimas. Y aún pasará con mucho la cifra si se le suman los que se encontraban muertos en las calles y cuya muerte se atribuía a luchas entre los dos Sindicatos: el Único y el Libre, y sobre todo los desaparecidos, entre los cuales recuerdo a un guardia de Seguridad, del que decían que era sindicalista.

—¿Y cómo desaparecían?

—Pues los cogían a media noche, los llevaban al puerto y los obligaban a embarcar en una lancha de las de la Jefatura de Policía, y una vez en alta mar, les arrojaban al agua, después de ponerles en las piernas lingotes de plomo.[81]

La caída de Martínez Anido y el legado de la Ley de Fugas

Severiano Martínez Anido se mantuvo como gobernador civil de Barcelona durante casi dos años. La brutal persecución desarrollada entre 1920 y 1921 contra la CNT y los grupos de acción rindió sus frutos. La CNT se vio reducida a una mínima expresión y, aunque no desaparecieron, los atentados disminuyeron notablemente. La «pacificación» de Barcelona fue ampliamente alabada por las clases altas, pero, paradójicamente, hacía insostenible mantener las medidas de excepción en que se habían amparado las políticas represivas del general. En abril de 1922, el nuevo Gobierno de José Sánchez Guerra restableció las garantías constitucionales, lo que implicó la liberación de los dirigentes cenetistas y el inicio de un proceso de reconstrucción de los sindicatos. Sánchez Guerra y Martínez Anido entraron en ruta de colisión, lo que llevó al general a planear un autoatentado para forzar un retorno al estado de excepción.

Los encargados de organizarlo fueron el confidente Inocencio Feced y el joven policía Florentino Pellejero, los cuales lograron infiltrarse en el grupo de acción liderado por Josep Claramonte. Feced convenció al grupo de asesinar a Martínez Anido, gracias a que les aseguró que tenía información fidedigna sobre la ruta que seguiría la noche del 22 de octubre de 1922. El material para organizar el atentado fue conseguido gracias a los “contactos” de Pellejero, e incluía una moto sidecar, pistolas e, incluso, bombas de mano (que no explotaron). Cuando los militantes se dirigían al lugar convenido, se dieron cuenta de que era una trampa, originándose un intenso tiroteo con la policía en el que cayeron muertos Pellejero y el anarquista Adolfo Bermejo. Según la nota policial,  Claramonte esperaba con la moto en un lugar cercano y, cuando la policía fue a detenerle, comenzó a disparar y se dio a la fuga. Los agentes le persiguieron hasta matarle en las cercanías del paseo Colón.[82]

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Amalio Cerdeño era uno de los militantes que había logrado huir del tiroteo y se escondió en su domicilio, donde fue detenido por la policía. La versión oficial sobre lo sucedido a continuación es la siguiente:

Por si el Cerdeño se hubiera refugiado en su domicilio, funcionarios de vigilancia se personaron en el mismo comprobando que recientemente se había metido en la cama y observando en él todavía señales de gran agitación, procediendo a su detención, y cuando con las seguridades legales era conducido a la inspección general de orden público, al salir a la calle emprendió rápida huida, pretendiendo internarse, sin duda, por la infinidad de callejuelas que en aquel sitio existen para eludir la persecución de que era objeto por parte de los agentes, los cuales se vieron precisados, en vista de que no obedecía a las repetidas voces de alto que le dieron y de que iba ya perdiéndose de vista, a hacerle varios disparos, resultando herido y siendo conducido a la Casa de Socorro. […] El herido, una vez asistido en la casa de Socorro, fue trasladado al Hospital Clínico, donde murió a las nueve de la mañana, a consecuencia de las heridas que recibió por los disparos que le fueron hechos por los agentes al tratar de fugarse cuando era conducido a la Inspección general.[83]

Ahora bien, lo sucedido realmente había sido muy diferente. La policía había detenido a Cerdeño en su casa y luego lo había tiroteado en la calle dejándole por muerto. Un error que acabaría significando la caída de Martínez Anido. En realidad, Cerdeño agonizaba y fue encontrado por algunos vecinos y vigilantes del barrio que lo llevaron al hospital. Antes de morir, Cerdeño pudo hablar con un juez, destapando la trama urdida por Martínez Anido y la aplicación de una nueva Ley de fugas. La declaración de Cerdeño fue comunicada rápidamente a Sánchez Guerra, el cual exigió a Martínez Anido la destitución de Arlegui. Ante la negativa del general, Sánchez Guerra le comunicó que aceptaba su dimisión.[84]

Más allá de abandonar el cargo, ninguno de los dos generales hubo de responder por sus responsabilidades en lo sucedido durante su mandato. De hecho, a los pocos días fueron homenajeados con un lujoso banquete en el Ritz en el que participaron “representaciones de entidades financieras, alta banca, círculos aristocráticos y cuantas fuerzas vivas han protestado de la destitución de dichas autoridades”.[85] Martínez Anido siguió ocupando importantes cargos militares y durante la Dictadura fue nombrado vicepresidente y ministro de la Gobernación, desde donde siguió ejerciendo una dura represión. La caída de la monarquía se produjo cuando se encontraba temporalmente residiendo en Francia. Aunque el general declaró su adhesión a la República, fue dado de baja del Ejército y condenado a 24 años de confinamiento en Maó por sus responsabilidades en la Dictadura. Martínez Anido, todavía en Francia, no cumplió la pena y fue incluido en la Ley de Amnistía de 1934, promulgada en pleno Bienio Negro. De este modo, fue reintegrado al Ejército, aunque Lerroux no le permitió volver al país. Tras el estallido de la guerra civil, Martínez Anido fue nombrado ministro de Orden Público en el primer gobierno de Franco, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1938. Una vez más, el general se distinguió por ejercer una represión tan despiadada que llegó a horrorizar al mismísimo embajador de la Alemania nazi.[86]

Como vimos anteriormente, Martínez Anido y Arlegui no inventaron la Ley de fugas, por lo que su destitución tampoco significó su final. Todo indica que siguió practicándose durante la Dictadura y ni siquiera la República pudo erradicarla. Casos como el del parque María Luisa en Sevilla (1931), Casas Viejas (1933) o Bujalance (1933), representan con toda seguridad una de las manchas más terribles del régimen republicano, que con demasiada frecuencia se tienden a olvidar o minimizar. Como era lamentablemente de esperar, el franquismo también recurrió a la Ley de fugas de forma masiva y sistemática, especialmente en la lucha contra el maquis.

Esta persistencia estuvo estrechamente relacionada con la impunidad con la que actuaron tanto los agentes policiales como las autoridades políticas y militares. La ficción en que se basaba la Ley de fugas era extremadamente endeble y transparente, pero nunca se intentó realmente que los responsables sufriesen consecuencias por sus graves crímenes. La editorial del ABC tras la destitución de Martínez Anido expresa —de forma paradójica y totalmente involuntaria— una de las mejores reflexiones sobre el cinismo que encierra esta impunidad. Para el periódico, la falta de acciones legales era la prueba de la falsedad de las acusaciones contra Martínez Anido, ya que era inconcebible que hechos de este calibre no tuviesen repercusiones penales:

El caso es absurdo; claramente se ve que no puede explicarse ni dando por exacta y veraz esa historia de la “ley de Fuga”. Si eso fuera cierto; si no formara parte de una táctica que se ha empleado desde hace años en desprestigio de la Guardia civil, acusándola de malos tratos al llegar a la Audiencia todo culpado que confesó su delito ante el Juzgado; si fuera verdad que en Barcelona se ha respondido al asesinato facineroso con el asesinato amparado por la autoridad, nosotros tendríamos las más duras reprobaciones para quienes hubiesen incurrido en tal aberración. Pero si ABC, que no goza otra jurisdicción que la del pensamiento, tiene que limitarse a reprobar esos procedimientos con palabras, el presidente del Consejo de ministros no puede limitarse a mostrar su disgusto por telégrafo; a pedir una dimisión y a insinuar una destitución… No; en España hay Tribunales de justicia, con fuero que no debe invadir el gobernante. Si en Barcelona se ha delinquido, si ha habido extralimitaciones de poder, si se ha abusado de la fuerza, el Sr. Sánchez Guerra ha debido entregar a los culpables a los Tribunales. Su deber de gobernante estaba, no en cambiar unas autoridades, sino en restablecer el Derecho que se supone conculcado y la justicia que se pregona mancillada…[87]

Ahora bien, esta deuda también recae sobre nuestros hombros. Mientras que otros centenarios recientes se han conmemorado con bombos y platillos, estos trágicos sucesos han pasado prácticamente inadvertidos. Aunque seguramente ha influido la estrecha visión de “memoria” que muchas veces tienen las instituciones públicas, lo cierto es que los historiadores hemos fallado en transmitir la importancia del terrorismo de Estado en el complejo rompecabezas que representa la historia de la España contemporánea.

Un fracaso que se inscribe dentro de la cada vez más insoportable ausencia de los historiadores en el debate público, que ha permitido que la historia se haya ido convirtiendo en un conjunto de tópicos trasnochados cuyo único valor es su utilización como arma arrojadiza en un diálogo cada vez más empobrecido. Es urgente relanzar un proyecto historiográfico capaz de ejercer un rol de conciencia crítica de la sociedad, ofreciéndole las herramientas para comprender su pasado y su presente, de modo que pueda proyectarse así hacia el futuro.

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Notas

[1] A pesar de lo que se suele señalar en algunos libros y artículos, la Ley de fugas nunca fue realmente una norma legal y, por lo mismo, tampoco fue promulgada ni sancionada por ningún Gobierno.

[2] Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista. Vol. I (Barcelona, 1976), pp. 134-135.

[3] Pedro Oliver Olmo, La pena de muerte en España (Madrid, 2008), p. 47.

[4] José Ruiz Mas, La Guardia Civil en los libros de viajes en lengua inglesa, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1998, en particular pp. 153-156 y 221-225.

[5] Lady Louisa Tenison, Castile and Andalucia (Londres, 1853), pp. 101-102. Cit. en José Ruiz Mas, La Guardia Civil en los libros de viajes…, pp. 154-155. La traducción del inglés es mía.

[6] Hugh James Rose, Among the Spanish People (Londres, 1877), vol. I, p. 370. Cit. en José Ruiz Mas, La Guardia Civil en los libros de viajes…, p. 271. La traducción del inglés es mía.

[7] Diario de sesiones de las Cortes constituyentes, Sesión del 21 de diciembre de 1870, p. 9.294.

[8] Cit. en Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional: 1812-1983 (Madrid, 1983), p. 206.

[9] Manuel Ballbé, Orden público y militarismo…, pp. 204-205.

[10] Sobre el contexto de la muerte de Miguel Burgos, se puede consultar mi artículo “Las tres muertes de José Castillo”.

[11] Cit. en Fernando García Sanz, España en la Gran Guerra: espías, diplomáticos y traficantes (Barcelona, 2014), pp. 340-341. La noticia de la muerte en La Publicidad, 12-12-1918, p. 4. Sobre Vladimir Tinikoff, ver el artículo de Ángel Samblancat: “El bolcheviki errante”, Solidaridad Obrera, 18-12-1918, p. 1.

[12] Las Provincias (Valencia), 23-6-1920, p. 1; Diario de Valencia, 23-06-1920, p. 1.

[13] El Socialista, 26-10-1922, p. 4. La versión de Largo Caballero coincide en lo sustancial con las informaciones recogidas inmediatamente después de los hechos por el periódico republicano El Pueblo de Valencia y con el testimonio de Camil Albert a su esposa (El Pueblo: diario republicano de Valencia, 23-6-1921, p. 1, 24-6-1921, pp. 1-2 y 25-6-1921, p. 1; Matilde Gras, Camil Albert: memòries de la viuda d’un anarquista, Valencia, 2018, pp. 47-59). La hipótesis de Largo Caballero es que lo sucedido tenía como origen el boicot a una panadería de Sueca, cuyo dueño era íntimo amigo del teniente Modesto Pérez. Dicho oficial se había visto involucrado en unos incidentes en Valencia durante el Primero de Mayo en los que habían muerto dos obreros y, al parecer, habría servido en Barcelona bajo las órdenes de Bravo Portillo. El informe de Largo Caballero fue entregado al ministro de la gobernación, pero sin ningún resultado.

[14] Diario de Valencia, 23-6-1920, p. 1.

[15] Las Provincias (Valencia), 23-6-1920, p. 2.

[16] “Sueca reescriu la història 100 anys després”, y “Un llibre de Carlos Noguera analitzarà els fets”, El Mercantil Valenciano, 4-7-2020.

[17] En 1906, la revista Museo Criminal hacía las siguientes observaciones en un tono macabramente triunfalista: “Desde que el general Porfirio Díaz se encargó del Poder, todo ha cambiado, gracias a un excelente Cuerpo de Gendarmería, bravo y temido. Los gendarmes aplican la terrible Ley de Fuga, que permite hacer fuego contra todo aquel que no obedezca la intimación de un agente de la autoridad. Dícese que se han cometido algunos abusos al amparo de esta ley; pero lo cierto es que ha concluido con el bandidaje. Hoy resulta menos peligroso viajar por los campos de Méjico que explorar algunos terrenos excéntricos de París, Londres y demás grandes capitales europeas, donde el ‘apache’ reina como dueño y señor de vidas y haciendas” (Museo Criminal, 1-3-1906, p. 37).

[18] Salvador Mendieta, La enfermedad de Centro-América (Barcelona/Buenos Aires, 1910), p. 278.

[19] Por ejemplo, en 1915 un artículo de El Cantábrico incluía varias comparaciones entre España y las situación de las repúblicas americanas, afirmando que: “En repúblicas que yo conozco no se puede escribir, ni caricaturizar, ni hablar mal de los gobernantes, porque la policía empastela (sic) las imprentas y lapida las redacciones y encarcela a los escritores, cuando no les aplica la ‘ley de fuga’, que consiste en trasladar un detenido de una cárcel a otra, (generalmente de noche) y en el trayecto fusilarle villanamente por la espalda, pretextando que intentaba fugarse” (El Cantábrico, Santander, 3-5-1915, p. 1).

[20] Carlos Seco Serrano, “El último gobierno de Eduardo Dato”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 188, Cuaderno 2, 1991, p. 258.

[21] Roberto Muñoz Bolaños, “Severiano Martínez Anido (1862-1937). Militar y represor”, Anatomía de la Historia, 2013, p. 3.

[22] La Libertad, 7-12-1920, p. 5.

[23] Leopoldo Martínez, Los mártires de la C.N.T. (Barcelona, 1932), p. 83. Daura estuvo más de un mes en el hospital y luego fue trasladado a la cárcel. A mediados de 1921 fue dejado en libertad provisional, pero fue nuevamente detenido cerca de la frontera con Francia al intentar huir del país. En diciembre, un Consejo de Guerra le condenó a cuatro años y dos meses por “ejecutar actos que tendían a ofender a la fuerza armada”. Finalmente, sería liberado en julio de 1924 tras una amnistía. En 1931, Daura contó su experiencia ante la subcomisión de terrorismo de la Comisión Parlamentaria de Responsabilidades creada durante la República.

[24] Leopoldo Martínez, Los mártires de la C.N.T.…, p. 83. La confusión nace probablemente a partir del manifiesto “Páginas de sangre” elaborado por la CNT en diciembre de 1921, en el que los sucesos de Sueca se sitúan en agosto de 1921 en vez de junio de 1920. Este manifiesto es una fuente clave, ya que fue el primer listado de víctimas publicado por la CNT; sin embargo, al mismo tiempo está plagado de errores groseros que se han trasmitido y consolidado posteriormente. De hecho, con respecto a los sucesos de Sueca, además del error en la fecha se omite el nombre de Marià Escrivà y se habla de Bautista Prau (Cultura obrera, Palma, 4-2-1922, p. 3).

[25] La Vanguardia, 20-1-1921, p. 8.

[26] Fernando Soldevilla, El año político 1921 (Madrid, 1922), p. 27.

[27] ABC, 21-1-1921 p. 15.

[28] Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista…, pp. 134-139. Simó Piera, que conoció a Parra personalmente, da una versión ligeramente diferente: “Un altre cas, que explica Piera, és el de Dídac Parra, un noi valencià que pertanyia al Ram de la Fusta i que feia poc temps que era a Barcelona. Al cap de pocs dies fou detingut i des de la Jefatura de Policia, juntament amb altres companys, foren portats a un solar situat a l’actual Via Laietana i afusellats. Caigué greument ferit, va fer-se el mort i, encara que era de nit, s’hi aproximà nombrós públic i les autoritats no tingueren altra solució que portar-lo a l’Hospital Clínic” (Joaquim Ferrer, Simó Piera: perfil d’un sindicalista. Records i experiències d’un dirigent de la C.N.T., Barcelona, 1975, p. 115). En varios artículos y libros —incluyendo el de León Ignacio— se habla de Antonio Parra, sin embargo, no hay dudas que era conocido como Diego. Parra militó durante toda su vida en la CNT y murió exiliado en Caracas en 1970 (Miguel Iníguez, Esbozo de una Enciclopedia del anarquismo español, p. 459).

[29] La Acción, 20-1-1921, p. 2.

[30] El Noticiero Universal, 21-1-1921, p. 4.

[31] La Vanguardia, 22-1-1921, p. 5.

[32] Lo sucedido con Agustí Flor es tremendamente confuso, aunque parece seguro que no falleció la madrugada del 21 de enero de 1921. Luego de que las notas oficiales le diesen por muerto, en febrero varios periódicos informaron que Flor no había fallecido y que, de hecho, se encontraba “muy mejorado de las graves heridas que recibió” (El Diluvio, 4-2-1921, p. 9). Lo curioso es que Pere Foix, el cual le conocía personalmente y era una persona informada sobre la represión, le da por muerto aquella fatídica noche en un libro de 1931, al igual que Leopoldo Martínez, autor de una de las pocas obras sobre los muertos de la CNT (Pere Foix, Los archivos del terrorismo blanco, Madrid, 1978 [1931], p. 39; Leopoldo Martínez, Los mártires de la C.N.T. …, p. 143). Para complicar aún más las cosas, León-Ignacio aseguró en su libro que Flor “tras simularse cadáver, pudo volver a su domicilio. Pero […] [f]alleció a las pocas horas de un paro cardíaco” (León-Ignacio, Los años del pistolerismo, Barcelona, 1981, ebook). Lo referido por León-Ignacio era claramente falso, y fue desmentido a través de una carta a Solidaridad Obrera por alguien que conoció personalmente a Agustí Flor, asegurando que “llevaba un balazo muy cerca del corazón y los médicos no se atrevieron a operarle y con su bala en el cuerpo fue llevado a la cárcel como preso gubernativo y varios meses después, al ser puesto en libertad, falleció porque el proyectil se anidó en su corazón” (Solidaridad Obrera, 16-12-1981, p. 3). En definitiva, lo más probable que Agustín Flor muriese algún tiempo después debido a las secuelas de la Ley de fugas, lo que explicaría también la confusión creada. Sin embargo, es imposible precisar la fecha de su muerte, que pudo ser varios años después ya que en octubre de 1922 la policía francesa detuvo en Perpiñán a un joven español llamado Agustín Flor, el cual declaró pertenecer a un grupo anarquista barcelonés que, al parecer, había atracado algunas joyerías en París. De momento, resulta imposible establecer si se trataba de la misma persona o de un nombre falso (La Época, 23-10-1922, p. 1).

[33] Fernando Soldevilla, El año político 1921…, p. 37.

[34] La Vanguardia, 22-1-1921, p. 5.

[35] El Liberal, 23-1-1921, p. 1.

[36] ABC, 23-1-1921, p. 11.

[37] La Vanguardia, 25-1-1921, p. 8.

[38] La Acción, 26-1-1921, p. 2.

[39] La Época, 25-1-1921, p. 3. El día anterior, decenas de agentes de la Guardia civil se presentaron en un taller de construcciones preguntando por Alfredo Sasera, militante del sindicato de la madera. Sasera intentó huir saltando una tapia y fue baleado por un sargento, el cual impidió durante más de una hora que el herido fuese auxiliado. Sasera falleció a los dos días en el Hospital militar (El Pueblo: diario republicano de Valencia, 25-1-1921, p. 1, y 27-1-1921, p. 1).

[40] La UGT y el PSOE publicaron sendos manifiestos de denuncia durante los últimos días de enero (El Socialista, 26-1-1921, p. 1, y 29-1-1921, p.1). Ver también “El terror” de Luis de Zulueta, El Pueblo: diario republicano de Valencia, 27-1-1921, p. 1.

[41] El Socialista, 21-1-1921, p. 1.

[42] Reproducido en El Tiempo (Murcia), 27-1-1921, p. 3.

[43] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 361.

[44] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 363.

[45] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 11 de febrero de 1921, p. 383.

[46] Generalmente, resulta imposible establecer con certeza el origen de este tipo de expresiones, pero en este caso las hemerotecas no dejan dudas de que la intervención de Díaz de la Cebosa fue el punto de inicio para la irrupción de la “Ley de fugas” en el léxico político español. Por lo demás, hay varios ejemplos de que los contemporáneos eran plenamente conscientes de la “paternidad” de Díaz de la Cebosa con respecto a la “Ley de fugas”, antes que la normalización de la expresión en el lenguaje borrase el recuerdo de sus orígenes. Por ejemplo: El Progreso (Santa Cruz de Tenerife), 19-4-1922, p. 2; El Pueblo (Valencia), 2-8-1922, p. 1; Heraldo de Madrid, 25-10-1922, p. 1; y La Voz, 29-3-1923, p. 8

[47] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 361.

[48] Pere Mateu, el autor de los disparos, dejó su trabajo en Barcelona el 5 de enero de 1921 y el 11 se trasladó a Madrid para comenzar los preparativos, dos datos demostrables, y que son compatibles con lo señalado por León-Ignacio, que sitúa la reunión en que se decide atentar contra Dato a mediados de diciembre de 1920 (Ver El Siglo Futuro, 15-3-1921, p. 2, El Debate, 14-3-1921, p. 2). Si bien es cierto que la Ley de fugas aplicada a Gregori Daura es de comienzos de diciembre, lo más probable es que este episodio no fuera conocido entre los círculos cenetistas hasta muchos meses (o incluso años) después.

[49] Carlos Seco Serrano, “El último gobierno de Eduardo Dato”…, pp. 290-295.

[50] El Imparcial, 15-3-1921, p. 1. El destacado es mío. Mateu agregó también que: “Yo no disparé mi pistola contra el señor Dato […], sino contra el presidente del Consejo de ministros”. Con frecuencia, la tesis de que Dato fue asesinado como represalia por la ley de fugas se apoya en otra presunta declaración de Pere Mateu: “Yo no disparé contra Dato, a quien ni siquiera conocía; yo disparé contra un Presidente que autorizó las más crueles y sanguinarias de las leyes. La ‘ley de fugas’ y de conducción por carreteras”. Como se puede ver, esta cita difiere en algunos importante matices con la original y, casi seguramente, es una paráfrasis creada a posteriori por Mauro Bajatierra y publicada por primera vez en su libro ¿Quiénes mataron a Dato? de 1931 (p. 293). Más de medio siglo después, en 1967, Pere Mateu concedió una entrevista sobre el atentado en la que hizo declaraciones muy similares a las publicadas por El Imparcial en 1921.

[51] Cit. en Carlos Seco Serrano, “El último gobierno de Eduardo Dato”…, pp. 291-292.

[52] El parte de la Guardia civil señalaba que se había interceptado a tres individuos en Vara de Quart mientras intentaban sabotear un poste del tendido eléctrico. Los saboteadores se dieron a la fuga y abrieron fuego, por lo que los agentes respondieron con sus armas y mataron al sindicalista José López Salvador, el cual había sido detenido el 29 de enero y, siempre según la nota oficial, puesto en libertad poco después. No obstante, lo cierto es que desde ese día se encontraba desaparecido, y ni su familia ni la prensa habían sido informados de su supuesta liberación. Ver El Pueblo (Valencia), 23-2-1921, pp. 1-2.

[53] Diario de las Sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 356.

[54] Carlos Seco Serrano, “El último gobierno de Eduardo Dato”…, pp. 277-279. En el debate parlamentario de febrero de 1921, Cambó afirmó que: “Pero sí he de decir que la designación del Sr. Martínez Anido fue reputada, casi unánimemente en Barcelona, como un gran acierto; que la gestión del Sr. Martínez Anido es aplaudida por la inmensísima mayoría de la población de Barcelona y que estoy absolutamente convencido de que hoy ningún Gobierno, del color que fuere, podría en Barcelona desarrollar otra política que la que en estos momentos viene desarrollando el Sr. Martínez Anido” (Diario de las Sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 11 de febrero de 1921, p. 395).

[55] “Ejecuciones sumarias o arbitrarias”, Resolución 43/151 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de diciembre de 1988.

[56] En una sentencia de 2008, la Corte expresó que “cuando existe un patrón de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales impulsadas o toleradas por el Estado, contrarias al jus cogens, se genera un clima incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida. Este Tribunal ha establecido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él” (Ficha Técnica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”). Al respecto, ver también Federico Andreu-Guzmán, Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction (Ginebra, 2015), pp. 67-68 y p. 81.

[57] La Libertad, 24-6-1921, p. 1. Ver también la editorial del periódico republicano El Pueblo de Valencia del 23-1-1921.

[58] Tras los sucesos de enero, el ministro Bugallal aseguró a las Cortes que tenía “la confianza de que eso no volverá a ocurrir, porque el gobernador civil de Barcelona me ha dicho que había adoptado todo género de precauciones para que fuese absolutamente imposible e inverosímil cualquier nuevo intento de fuga” (Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 366). Al respecto, Martínez Anido declaró a la prensa que había recibido “órdenes directas del ministro de la Gobernación para que se eviten los intentos de fuga de los presos”, por lo que “he dado instrucciones severísimas con objeto de que se los conduzca ‘seriamente trincados’” (El Socialista, 12-2-1921, p. 3).

[59] En la prensa, muchas veces fue señalado como Febré, Febrer o Fabrer. A finales de enero, se le mencionó incluso como Cebré. Sin embargo, Fabré es la grafía catalana más probable, así como el nombre utilizado algunos años después por Solidaridad Obrera. Al parecer, era conocido como el “Brasileño” por haber vivido en dicho país, de donde habría sido expulsado por su militancia anarquista (La Vanguardia, 10-5-1921, p. 7).

[60] La noticia en La Correspondencia de España, 28-1-1921, p. 7. La intervención de Besteiro en Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 10 de febrero de 1921, p. 356.

[61] La Libertad, 11-5-1921, p. 3. La versión de la CNT de lo sucedido en: Solidaridad Obrera, 2-9-1923, p. 4.

[62] Por ejemplo, La Libertad, 11-5-1921, p. 3. En la misma página, se incluyen unas declaraciones de Martínez Anido efectuadas el día 10, que probablemente contribuyan a explicar el trágico final de Fabré. El gobernador comunicó a los periodistas que: “El individuo que ha sido detenido esta tarde, conocido por el ‘Brasilero’, es un sujeto de mucho cuidado. Es uno de los individuos que tomaron parte; en el atentado contra el inspector de Policía, Sr. Espejo”. Es necesario destacar estas declaraciones eran completamente falsas, ya que Fabré se hallaba en prisión el día de la muerte del inspector Espejo.

[63] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 24 de mayo de 1921, p. 1.983.

[64] La Vanguardia, 19-6-1921, p. 11.

[65] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 22 de junio de 1921, p. 3.506.

[66] El Liberal, 19-6-1921, p. 1.

[67] Ramon Archs Serra (188-1921) era hijo del anarquista igualadino Manel Ars, el cual había sido acusado injustamente de terrorismo y fusilado en 1894 (al respecto, ver Antoni Dalmau, “Manuel Ars i Solanellas (1859-1894), l’estampador afusellat injustament a Montjuïc”, Revista d’Igualada, núm. 28, abril de 2008, pp. 17-41). Aunque Dalmau ha demostrado que el apellido original de ambos era Ars, al parecer la familia hoy en día se identifica con la variante Archs, por lo que hemos decidido mantenerla en este artículo (ver los comentarios al artículo “Manuel y Ramón Archs: Dos militantes de acción” del portaloaca.com). Sobre la responsabilidad de Ramon Archs en la organización del atentado a Eduardo Dato, ver Joaquín Maurín, “Terror y contraterror”, CNT (México D.F.), julio de 1960, p. 4.

[68] La Vanguardia, 28-6-1921, p. 6.

[69] Solidaridad Obrera, Suplemento núm. 5 [1921], pp. 1-2. Al respecto, ver también la nota 73.

[70] La Vanguardia, 3-7-1921, p. 10; La Vanguardia, 5-7-1921, p. 6.

[71] La Vanguardia, 5-7-1921, p. 6

[72] La Vanguardia, 7-7-1921, p. 7.

[73] Acción (Barcelona), 27-9-1930, pp. 1-2. El testimonio de Vera es altamente fiable. A pesar de que había transcurrido casi una década, los detalles y las fechas calzan a la perfección con el resto de las fuentes. Sin embargo, al menos una parte es claramente falsa. Vera asegura que fue conducido ante Martínez Anido y Arlegui, los cuales pronunciaron de forma sarcástica su condena a muerte. Esto no puede ser verdad, ya que Arlegui se encontraba en esas fechas en el balneario aragonés de Tiermas para recuperarse de una enfermedad. En concreto, Arlegui estuvo fuera de Barcelona entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1921, y no retomó el mando de la policía hasta el 21 de julio (ver La Vanguardia, 17-6-1921, p. 5, y La Vanguardia, 5-7-1921, p. 6). Ahora bien, este viaje también exonera a Arlegui de las duras acusaciones que se le han formulado de haber torturado personalmente y en forma salvaje a Ramon Archs y Pere Vandellós. Pere Foix llegó incluso a decir que Arlegui le cortó la lengua a Archs con unas tijeras (La Humanitat, 23-6-1935, p. 4). En este caso, la equivocación parece haberse desarrollado en el tiempo a partir de una interpretación errada de las primeras fuentes que denunciaron las torturas a Archs y Vandellós, las cuales señalan claramente a Martínez Anido y Arlegui como responsables, pero, en realidad, no mencionan que hubiesen participado directamente en los tormentos (ver Solidaridad Obrera, Suplemento núm. 5 [1921], pp. 1-2; y Cultura obrera, Palma, 4-2-1922, p. 2).

[74] Las informaciones oficiales en ABC, 30-7-1921, p. 17 y La Vanguardia, 31-7-1921, p. 6. La identidad de ambos solo fue revelada luego de que fueron involucrados por Llorenç Cervera en el asesinato del somatenista Francesc Gelabert (La Vanguardia, 14-8-1921, p. 7). Aunque no es descartable, esta acusación debe tomarse con mucho cuidado. Entre finales de julio y comienzos de agosto, una gran cantidad de militantes de los grupos de acción fueron detenidos. Tras ser sometidos a torturas, gran parte de las confesiones y delaciones involucraron a militantes recientemente muertos, como era el caso de Eusebi Cervera y Ramon Pañella. Por ejemplo, en una nota oficial se destacaba con cierta sorna el “dato curioso” de que “todos señalan con rara unanimidad [a José Alegría] como uno de los que han tomado parte en mayor número de atentados” (La Vanguardia, 6-8-1921, p.3). Aunque no se volvió a mencionar a Cervera y Pañella, posteriormente Llorenç Cervera se retractaría de haber implicado a Jacint Vila en la muerte de Gelabert (El Sol, 5-11-1921, p. 5).

[75] Comité Pro-presos, Ideas y tragedia: ¡remember! 1920-1922 (Manresa, 1923), p. 43.

[76] El testimonio de Jacint Vila coincide en lo fundamental con lo que ya había denunciado la CNT a finales de 1921 en un manifiesto titulado “Páginas de sangre 1920-1921” (Cultura obrera, Palma, 4-2-1922, pp. 2-3), aunque se señala erróneamente el 29 de junio como la fecha de la detención y el nombre de “Emilio Cervera” en vez de Eusebi. También coincide con lo narrado por Leopoldo Martínez en su libro Los mártires de la C.N.T., aunque, extrañamente, el autor no menciona sus nombres, sino que se refiere a ellos según los alias de “El Gordo” y “El Largo” que, al parecer, les habría dado la policía (pp. 105-107). En un juicio de 1922, Vila dio una versión diferente a la publicada en 1923, pero que también sería compatible con su conocimiento de lo sucedido a Cervera y Pañella. Vila declaró que “fue detenido en los baños de Ias Delicias [en la Barceloneta] en unión de otro individuo al que no ha visto más, el día 28 de Julio de 1921, que estuvo detenido varios días en la Jefatura de policía, y ante su negativa querer firmar las declaraciones haciéndose autor del asesinato a Salvador Coll, lo llevaron a un calabozo donde había dos cadáveres [¿Cervera y Pañella?], todos ensangrentados, diciéndole que aquellos dos hacían el número treinta y uno y si él continuaba negándose, haría el treinta y dos, y entonces firmó” (El Diluvio, 5-12-1922, p. 15) .

[77] Cultura obrera (Palma), 3-2-1923, p. 1.

[78] Cultura obrera (Palma), 4-2-1922, p. 3.

[79] La detención de Llanas (también conocido como “El Llenas”), fue hecha pública el 10 de diciembre (La Vanguardia, 11-12-1921, p. 11). El testimonio de Honorio Inglés en El Adelanto (Salamanca), 29-5-1931, p. 4; y Paco Ignacio Taibo II, Que sean fuego las estrellas, Barcelona, 2016, Capitulo 63. Llanas escribió a Solidaridad Obrera para desmentir lo señalado por Inglés. Ahora bien, lo que en realidad denunciaba eran los malos tratos y amenazas que sufrió a manos del inspector, pero los dos relatos son compatibles en lo referente a la Ley de fugas (Solidaridad Obrera, 18-6-1931, p. 3).

[80] Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los Diputados, Sesión del 14 de marzo de 1922, pp. 97-98.

[81] La Tierra, 29-5-1931, p. 8. Mauro Bajatierra hace una relación de trece obreros “desaparecidos y que no han sido identificados entre los cadáveres que el mar ha devuelto a la tierra” (Mauro Bajatierra, ¿Quiénes mataron a Dato?…, p. 291). De momento, no he podido encontrar información sobre ellos.

[82] Sobre estos sucesos, seguimos principalmente la versión del cenetista badalonés Joan Manent, el cual se vio directamente involucrado. Manent fue detenido junto a otros militantes tras una trampa tendida por Feced, probablemente para poder culparles de la organización del atentado. Al respecto, ver Joan Manent, Records d’un sindicalista llibertari català 1916-1943 (París, 1976), pp. 72-99. La versión oficial de los hechos se puede consultar en La Vanguardia, 25-10-1922, p. 7.

[83] La Vanguardia, 25-10-1922, p. 7.

[84] Joan Manent, Records d’un sindicalista llibertari català…, pp. 94-99.

[85] La Vanguardia, 2-11-1922, p. 8.

[86] Sobre la vida de Martínez Anido, ver Roberto Muñoz Bolaños, “Severiano Martínez Anido (1862-1937). Militar y represor”…

[87] ABC, 27-10-1922, p. 7.