Manuel Escorza del Val nació en Barcelona en 1912. Era hijo de Bernardo Escorza Tello, viejo militante cenetista del Sindicato de la Madera, que murió el 29 de septiembre de 1938 en extrañas circunstancias. En su infancia padeció una poliomielitis que le dejó como secuela una parálisis permanente. De muy baja estatura a causa de la atrofia de las piernas, utilizaba unas enormes alzas en los zapatos, que añadido al uso de muletas le daba un aspecto lastimoso y dificultaba enormemente su movilidad.
De carácter extremadamente voluntarioso, agrio y duro, poseía una gran cultura y fuerza de voluntad. Afable y solícito con familiares y afines. No permitía que los desconocidos le ayudaran a moverse y perseguía una máxima autonomía personal, pero admitía la ayuda de amigos y compañeros. Militó en las Juventudes Libertarias y llegó a formar parte del Comité Peninsular de la FAI. Jugó un papel muy activo en el Ateneo Faros, sito en la avenida Mistral.
Al inicio de la guerra civil intervino en el Pleno de Locales y Comarcales, reunido el 21 de julio de 1936, defendiendo una tercera vía frente a la respaldada, sin convicción, por Joan García Oliver de “ir a por el todo”, y la mayoritaria, defendida por Diego Abad de Santillán y Federica Montseny de colaborar lealmente con el gobierno de la Generalidad. Escorza propugnaba el uso temporal y oportunista de ese gobierno burgués como un instrumento para socializar y colectivizar, además de obtener respetabilidad en el extranjero; pero con el objetivo de deshacerse finalmente de la Generalidad y darle la patada en cuanto dejara de ser útil a la CNT.
Fue el máximo responsable de los Servicios de Información e Investigación de la CNT-FAI, que habían nacido y crecido como complemento necesario de la estructura clandestina de los comités de defensa de la CNT. Desde julio de 1936 esos Servicios planificaron y ejecutaron todo tipo de tareas represivas, así como de información y espionaje o contraespionaje. El Comité de Investigación estaba formado por dos secciones. Liberato Minué, cuñado de Escorza, estaba encargado del espionaje en el extranjero, y el propio Escorza de la información en el interior.
La represión no sólo se ejerció contra organizaciones y elementos facciosos, sino también contra militantes cenetistas. Escorza fue responsable de la ejecución de José Gardeñas, destacado militante del ramo de la construcción, y de Manuel Fernández, presidente del Sindicato de Alimentación, por orden de la Organización, con el conocimiento y asentimiento de Federica Montseny y de Abad de Santillán.
Su labor de información y espionaje fue calificada como excelente por Juan García Oliver. Las labores policiales, informativas y represivas de la quinta columna, tanto de elementos fascistas como clericales, y de sus actividades, así como de los infamados como “incontrolados” del propio bando antifascista, incluido el cenetista, le dieron una fama siniestra que, sumada a su parálisis y aparatosa presencia física, con muletas y alzas, lo convirtieron en una figura repulsiva y contrahecha, temida por su poder sobre la vida y la muerte de los demás, teñida además de una aureola mítica que, a caballo entre el despecho y la leyenda negra antilibertaria, le calificó (en palabras de García Oliver) como “un tullido de cuerpo y alma”.
Escorza siempre realizó su sobresaliente y eficaz labor informativa y represiva por estricta delegación de la Organización, y jamás se enriqueció personalmente. Era proverbial su honradez, austeridad y cultura. No bebía ni fumaba. No era un hombre de acción, por evidente impedimento físico, sino un intelectual que organizó y coordinó desde los comités de defensa el servicio de información y espionaje de la CNT-FAI.
En el verano de 1936 intervino en las conversaciones entre el CCMA y los independentistas marroquíes, con vistas a desmovilizar los voluntarios de esa nacionalidad en el bando franquista, con la promesa de concederles la independencia.
La victoria de la insurrección obrera de julio de 1936, que se enfrentó al levantamiento militar, produjo en el verano de 1936, en Cataluña, una situación revolucionaria en la que el proletariado armado impuso una represión de clase de las personas y símbolos de la burguesía (empresarios, curas, fascistas y pistoleros del Libre), la expropiación de sus propiedades, el descalabro de sus fuerzas represivas (el Ejército y la policía) y la supresión de la Iglesia. Era una represión obrera espontánea, violenta, festiva, contra la burguesía y la Iglesia, como represalia inmediata contra su intento de imponer por las armas una dictadura militar y fascista. En un proceso progresivo, iniciado con las patrullas de requisa de la insurrección del 19-20 de julio de 1936, se fundaron oficialmente las Patrullas de control (el 11 de agosto) como organismo policiaco del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA).
Las Patrullas de Control tuvieron una vida más larga que el Comité Central, ya que no fueron disueltas hasta primeros de junio de 1937, un mes después de los sucesos conocidos como “Los Hechos de Mayo” de 1937. Estaban constituidas por once secciones, distribuidas por todos los barrios de Barcelona. Totalizaban, en sus inicios, setecientos hombres, más once responsables, uno por cada sección. Algunos de ellos procedían de las patrullas de requisa y otros de los comités de defensa, aunque muchos de éstos se mostraron reacios a ejercer de “policías” por cuestiones ideológicas, dando entrada a nuevos elementos oportunistas. Por otra parte, sólo la mitad aproximada de los patrulleros tenía carné de la CNT, o eran de la FAI; la otra mitad estaba afiliada al resto de organizaciones componentes del CCMA: POUM, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y estalinistas del PSUC, fundamentalmente. Sólo cuatro delegados de sección, sobre los once existentes, eran de la CNT: los de Pueblo Nuevo, Sants, San Andrés (Armonía) y Clot; otros cuatro eran de ERC, tres del PSUC y ninguno del POUM.
Las Patrullas de Control dependían del Comité de Investigación del CCMA, dirigido por Aurelio Fernández (FAI) y Salvador González (PSUC), que sustituyó a Vidiella. Su sección Central estaba en el número 617 de la Gran Vía, dirigida por los dos delegados de Patrullas, esto es, José Asens (FAI) y Tomás Fábregas (Acció Catalana). La nómina de los patrulleros, de diez pesetas diarias, era abonada por el gobierno de la Generalidad. Aunque en todas las secciones se hacían detenciones, y algunos detenidos eran interrogados en la antigua Casa Cambó, la prisión central estaba en el antiguo convento de monjas clarisas de San Elías.
En San Elías se había constituido un tribunal, que tenía la misión de juzgar a los detenidos de forma rápida. En ese tribunal intervenían habitualmente los hermanos Arias, Aubí y Bonet, de la FAI; África de las Heras y Salvador González, por el PSUC; Coll de ERC y Barceló del POUM. El funcionamiento de este tribunal era autónomo y en sus tareas intervenían ocasionalmente Aurelio Fernández, Manuel Escorza, Vicente Gil (“Portela”), Dionisio Eroles, Riera y José Asens, a causa de los cargos que detentaban. Los detenidos eran interrogados someramente, sin garantías judiciales de ningún tipo, en una situación excepcional como fue el desmoronamiento del aparato administrativo, judicial y policíaco del Estado republicano.
Manuel Escorza del Val era el responsable de los Servicios de Investigación e Información de la CNT-FAI, organismo de espionaje y contraespionaje que no dependía del CCMA, sino de los comités regionales de la CNT y de la FAI, esto es, era un organismo libertario que, en línea con la propuesta de Escorza en el Pleno del 21 de julio, pretendía crear una fuerza armada cenetista, autónoma e independiente, capaz algún día de “dar la patada” al gobierno de la Generalidad. Más tarde, Escorza dirigió la Brigada Especial de Investigación, adscrita a la Junta de Seguridad de la Generalidad.
Este Servicio de Investigación de la CNT-FAI, ejercía labores de información, represión y espionaje. Estaba dirigido por Manuel Escorza que, instalado en el ático de la antigua Casa Cambó, se había incautado de los archivos de Fomento del Trabajo (esto es, de la patronal) y de la Lliga (es decir, del partido derechista catalanista), que le proporcionaron muchos nombres, datos, relaciones y direcciones, con los que hizo una eficiente labor de “limpieza” de derechistas, del clero y de individuos desafectos al “nuevo orden revolucionario”, elaborando casi a diario para las Patrullas de Control del CCMA, o los distintos comités de investigación ácratas, no sólo de Barcelona sino de toda Cataluña, unas fatídicas listas de las personas que debían ser detenidas e interrogadas, sin apenas más alternativa que la de ser liberadas o ejecutadas. El combate contra el fascismo no sólo se libraba en el frente, sino también en la retaguardia.
Manuel Escorza se encargaba además de estudiar y proponer a los hombres más adecuados para los distintos cargos de responsabilidad cenetistas, tanto internos como en la administración, función ésta que le otorgaba una gran influencia en el seno de los comités superiores de la CNT.
Salvador González estableció en el Hotel Colón y el Círculo Ecuestre una prisión y una red represiva del PSUC, similar a la de Escorza, con la ayuda de Joaquín Olaso, África de las Heras y Victorino Sala. Josep Soler Arumí, de ERC, hizo lo propio en el Centro Federal del Paseo de Gracia, y le cabe el triste honor de ser el primero en aplicar sistemáticamente la tortura a los detenidos. Todos ellos también visitaban habitualmente la prisión de San Elías.
En octubre de 1936, Escorza firmó el pacto de unidad CNT-UGT-PSUC-FAI, junto con Eroles y Herrera. En abril de 1937, Pedro Herrera, “conseller” (ministro) de Sanidad del segundo gobierno Tarradellas, y Manuel Escorza, fueron los responsables cenetistas que negociaron con Lluís Companys (presidente de la Generalidad) una salida a la crisis gubernamental abierta a principios de marzo de 1937, a causa de la dimisión del “conseller” de Defensa, el cenetista Isgleas.
Companys decidió abandonar la táctica de Tarradellas, que no imaginaba un gobierno de la Generalidad que no fuera de unidad antifascista, y en el que no participara la CNT, para adoptar la propugnada por Comorera, secretario del PSUC, que consistía en imponer por la fuerza un gobierno “fuerte”, que no tolerase ya una CNT incapaz de meter en cintura a sus propios militantes, calificados como “incontrolados”. Companys estaba decidido a romper una política, cada vez más difícil, de pactos con la CNT y creyó que había llegado la hora, gracias al apoyo del PSUC y los soviéticos, de imponer por la fuerza la autoridad y decisiones de un gobierno de la Generalidad que, como los hechos demostraron, aún no era lo bastante poderosa como para dejar de negociar con la CNT. Las conversaciones de Companys con Escorza y Herrera, al no hallar solución política alguna en dos meses de conversaciones, se podían considerar un fracaso, aunque encontraron in extremis una tabla de salvación con la aceptación de Aurelio Fernández como conseller en el efímero nuevo gobierno del 16 de abril. La frontal oposición de Companys al nombramiento de Aurelio cedió ante el peligro de ruptura con la CNT. Finalmente, el 15 de abril se llegó a un pacto personal entre Companys, presidente de la Generalidad, y Manuel Escorza, que aparecía en esos momentos como el hombre fuerte de la CNT, que controlaba no sólo el Servicio de Investigación, sino que también influía decisivamente en las Patrullas de Control, los comités de defensa de los barrios barceloneses y los Comités Regionales de la CNT y de la FAI.
El asesinato en una emboscada en el puente de Bellver, el 27 de abril de 1937, de Antonio Martin, líder anarquista del cantón libertario de la Cerdaña y antiguo miembro del grupo Los Solidarios, supuso la ruptura del frágil pacto alcanzado el 15 de abril entre Escorza y Companys.
Manuel Escorza, al desvelar sus informes sobre la preparación en curso de un golpe de fuerza conjunto de los estalinistas y del gobierno de la Generalidad, puso en pie de alarma a los comités de defensa. Puede decirse que Ezcorza encendió la chispa que desembocó directamente en los enfrentamientos armados de mayo de 1937 en Barcelona, cuando Companys, sin avisar a Tarradellas (ni por supuesto a Escorza y Herrera), dio la orden a Artemi Aguadé, “conseller” de Interior, de ocupar la Telefónica, que fue ejecutada por Rodríguez Salas, comisario de Orden Público, hacia las tres menos cuarto de la tarde del 3 de mayo de 1937.
Sin embargo, Escorza consideró que la insurrección de mayo era prematura, estaba mal preparada y carecía de objetivos claros y de una dirección eficaz. Temió que la previsible represión posterior a la insurrección debilitara a la Organización. Fio la fortaleza, la supervivencia y las posibilidades de influencia de la CNT, después de mayo, en el dominio de la economía por los anarcosindicalistas.
Atrincherado en el ático de la Casa CNT-FAI se mostró inalcanzable a la represión judicial republicana y a la chequista de los estalinistas, desencadenada en Barcelona en el verano de 1937.
Al final de la guerra se exilió en Chile, gracias a la complicidad y solidaridad masónica del cónsul chileno en Toulouse con su cuñado Minué, masón. Llevó una vida muy austera (que desmentía las fabulosas difamaciones estalinistas sobre el “tesoro” acumulado durante la guerra civil española). Vigilado por la policía franquista, su expediente policial engrosó con fantasiosos informes que alimentaban la leyenda negra antilibertaria, de origen estalinista.
Fue un riguroso, pedagógico y temible crítico de teatro. Temible para los incompetentes y pedagógico con los jóvenes actores y los espectadores.
Murió en Valparaíso en 1968.
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