Lo que significó para las mujeres vivir en Democracia

Las constituyentes

No se nos ha regalado nada, pero ¿por qué conseguimos lo que conseguimos?

Porque empezamos a ejercer las libertades como si las tuviéramos.

Ella llegó temprano, antes de las nueve de una mañana radiante, la del 15 de junio de 1977. Estaba nerviosa: era la primera vez que se separaba tanto tiempo de sus tres hijos, muy pequeños aún. Las mayores sí, ellas se quedaban con la maestra, en la escuela, pero nunca se había atrevido a separarse del más chiquitín. ¡Había recibido una educación muy tradicional! Pero se había dicho a sí misma que aquel día ella también sería protagonista y por eso la noche anterior se había apuntado para hacer de interventora en un local de su barrio. Se celebraban las primeras elecciones generales en democracia y no podía perderse el participar en algo. Previsora, el día anterior ya había hecho la compra y, antes de salir de casa, había dado a su compañero las instrucciones precisas. ¡Todo iría bien! Ella nunca había actuado en política, no había tenido la ocasión. El trabajo primero, los niños después… Cada una tiene su propia historia. Ahora, aquel día quería estar atenta, vigilante, aquel día ¡se votaba! Se trataba de evitar que se hicieran trampas, que hubieran alborotos. Cuando a media tarde su marido llegó para votar, empujando el carrito del pequeño y las dos niñas más mayorcitas mirando curiosas y expectantes, pensó: pues no ha sido tan difícil. Y se sintió liberada, segura.

Tradicionalmente se ha hablado del escaso interés que las mujeres muestran hacia el mundo de la política. ¿A qué se debe este hecho? Quizás no se recuerde suficientemente que ellas, las mujeres, se han venido encontrando con una serie de obstáculos para alcanzar una participación política igualitaria. Está la idea de que los hombres y las mujeres tienen aptitudes desiguales, porque así se ha repetido a lo largo de la historia. Por otra parte, ellas siempre han tenido la responsabilidad del trabajo doméstico, del cuidado de los niños, de los enfermos, de los ancianos. Por último, ¿cómo desdeñar la educación distinta recibida durante muchos años por niños y niñas?

Pero entre 1977 y 1979, al igual que durante la Segunda República Española, algunas mujeres accedieron a tener un lugar en las Cortes Constituyentes Españolas. Con una victoria holgada de Adolfo Suárez, presidente de la Unión de Centro Democrático (UCD), partido de centro derecha, 27 mujeres tomaron asiento en las Cortes. ¡Llegaron a parlamentarias en las primeras elecciones democráticas! 27 mujeres tomaban el relevo de aquellas primeras diputadas españolas de la Segunda República: Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor. ¡Y ello ocurría en un mundo político ocupado mayoritariamente por hombres!: En política, las mujeres demócratas volvieron a dejar de ser invisibles.

Aquel 15 de junio de 1977 salieron elegidas 21 diputadas en un Congreso con 350 escaños (el 6 %) y seis senadoras en una Cámara Alta con 247 miembros (el 2,4 %). En las listas de los partidos figuraban 658 candidatas, pero la mayor parte ocupaban los últimos puestos, destinados al fracaso. Tenían la misión de llevarlo hacia una democracia que, entre otras cosas, decía dar cabida a las mujeres. Una cuestión que hasta ese momento había sido ajena al debate político. «Nuestra misión, por encima de los partidos a los que pertenecíamos, fue devolver la dignidad a las mujeres, que vivíamos en una situación de inferioridad de derechos insólita en la Europa del siglo XX», recordaba Asunción Cruañes, diputada socialista en esa legislatura. «Ya solo el hecho de que en el Parlamento tuvieran que discutir las cosas con nosotras era una novedad», añadía María Dolors Calvet, entonces diputada comunista catalana, con 27 años: «Porque no hay que olvidar que veníamos del permiso marital y de unas leyes absolutamente discriminatorias en el ámbito laboral, penal y civil. Las tuvimos que cambiar». Por ejemplo, el Código Penal no protegía a todas las víctimas de violencia sexual, es decir a cualquiera de ellas, solo amparaba, y como mucho, a las que tenían «acreditada honestidad». Sobre eso no había discusión. La ley debía proteger a todas las mujeres, incluso a las prostitutas. ¿O es que éstas eran menos mujeres que las “honestas”?¹

Las pocas pioneras que sí llegaron tenían muy diversa procedencia: había periodistas, empleadas de banca, revolucionarias, como la legendaria comunista Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y la pedagoga catalana Marta Mata; ambas participaban en una legislatura que debía recomponer un país después de cuarenta años de dictadura. También se dio entrada a ¡un ama de casa!, que representaba a un gran número de mujeres, y a una joven profesora universitaria de 33 años, licenciada en filología inglesa (Soledad Becerril). Pero en su mayoría, dentro del grupo que alcanzó posiciones de poder en el ámbito nacional, había mujeres procedentes de familias acomodadas, que les habían permitido a estudiar. Un buen número de ellas se había licenciado en Filosofía y Letras.

Antes de entrar en política, señala Núria Félez, ya habían trabajado en tareas ajenas al hogar. En algunos casos tenían alguna experiencia política, en otros, fueron cooptadas precisamente con motivo de su actividad laboral. Su experiencia vital se constituía así en arma de doble filo. Por un lado, dicha experiencia las llevó a romper los moldes tradicionales del ideal franquista de feminidad y les permitió obtener independencia y autonomía. Por otro lado, “fue esta misma experiencia la que limitó la lectura que realizaron de la situación de las españolas, pues la mayoría de las mujeres apenas si podían acceder a estudios superiores —ya fuera por motivos económicos y/o sociales—, por citar solo un ejemplo”.²

Todo ello ocurrió después de transcurridos casi cuarenta años de franquismo. ¡Cuarenta años de oscuridad para una mayoría de mujeres! Las políticas de las que hemos hablado que accedieron al poder conseguida la Democracia fueron un número pequeño, estamos de acuerdo, pero eran lo suficientemente importantes como para indicar que las cosas habían cambiado. Ellas participaron en la elaboración de la Constitución española de 1978, defendiendo activamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en España. Pertenecían a diferentes partidos políticos, algunos continuistas del anterior régimen, y probablemente la mayoría de ellas fueron conscientes de su papel histórico. Aquellas mujeres, de derecha e izquierda, eran pioneras que divergían en posiciones ideológicas y aún hoy hasta en la indumentaria: unas visten clásico; otras, informal. Eran las representantes de las mujeres españolas, de las muchas que se manifestaban en las calles y de las que eran encarceladas por aplicar una justicia ya nacida pero que la ley tenía pendiente reconocer.

A pesar de todos sus esfuerzos, se dice que las parlamentarias tuvieron una influencia que resultó algo escasa. Puede parecer lógico, porque ellas también eran limitadas en número en esa época. Pero trabajaron y participaron en todas las comisiones en las que pudieron estar, y fue ese el momento en el que se empezó a ver que las mujeres podían y querían legislar, que estaban por fin donde se tomaban las decisiones.

No todo resultó sencillo. Algo que por el momento les fue imposible conseguir fue abatir la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio a la Corona, para que el principio de igualdad figurara estipulado en la Constitución. Fue un momento decepcionante. Era el comienzo de una nueva época y eso se consideró una discriminación intolerable. El momento histórico imponía límites. Había que hacer concesiones para lograr un entendimiento. No todo era perfecto.

Las constituyentes, documental dirigido en 2011 por Oliva Acosta, resulta entrañable, sin duda es conmovedor. Versa sobre estas diputadas y senadoras que hemos enumerado. La directora de la película quiso reivindicar su memoria, y pasado el tiempo tratar de hacer justicia «a estas 27 pioneras de la democracia» para rescatar esa parte de la historia reciente que ha sido invisibilizada y menospreciada. Opina, que tantos años de olvido no pueden ser una circunstancia inocente, ni para ello bastan explicaciones simplistas. Como dice una de las protagonistas de la cinta, la diputada Ana M. Ruiz Tagle: «¡Es que el certificado de defunción del patriarcado aún no se ha expedido!».³

Las imágenes y los diálogos de este documento audiovisual nos muestran las explicaciones de catorce de las 27 parlamentarias que participaron en la legislatura constituyente. Algunas de ellas, casi la mitad, no pudieron acudir al encuentro y siete de ellas ya entonces habían fallecido (una era Dolores Ibárruri). En sus intervenciones estas activistas recuerdan los motivos por los que entraron en política y analizan la evolución de la situación de la mujer en España.

Además de los testimonios de las protagonistas, el documental ofrece una emotiva secuencia de encuentro entre diputadas y políticas actuales con algunas de las mujeres constituyentes de la etapa 1977-1979. Se trata de una mirada sobre la transición española, desde un afortunado enfoque feminista. En este sentido, destaca una frase pronunciada en la película por la diputada María Izquierdo: «Las mujeres tenemos que hacer la política, porque la política es muy importante, demasiado importante para que la hagan solo los varones, y si nosotras no la hacemos nos la van a hacer por nosotras, que es lo que ha ocurrido hasta ahora».

Era el 2 de febrero de 1981. Negros nubarrones anunciaban tormenta. Un viento gélido barría Madrid se filtraba entre la ropa de los viandantes. Abrigada con un grueso abrigo, bufanda y guantes, Soledad Becerril acudió temprano al Congreso de los Diputados. Aquel día ella se había de convertir en la primera mujer que ocupaba un cargo ministerial tras cuarenta años de dictadura. Había sido nombrada Ministra de Cultura y Deporte por Leopoldo Calvo Sotelo —la primera mujer ministra había sido la anarquista Federica Montseny, pero aquello fue en 1936, durante la guerra civil—. Becerril, segunda mujer que accedía a una cartera ministerial en toda la historia española era militante de la UCD. En el seno de la organización había tenido cargos políticos. En junio de 1977, en las primeras elecciones generales de la democracia, fue elegida diputada por Sevilla y reelegida en los comicios de marzo de 1979. Permaneció en su ocupación hasta diciembre de 1982, cuando tomó posesión el primer gobierno de Felipe González.

El nombramiento de Becerril como ministra fue muy bien acogido por aquellas mujeres que en España se interesaban por la política —pocas en aquellos años, es bien cierto, sobre todo en las ciudades pequeñas y en zonas rurales—. Entre las que durante el franquismo habían luchado por una sociedad más justa e igualitaria hubo lugar a discusión y discrepancias. Era innegable el cambio producido, ¡ministra, una mujer! Pero pensaban, decían: se trataba de una mujer representante de un partido político de centroderecha, y lo lamentaban. ¿Dónde estaba el meollo de la cuestión, lo más importante? ¿En la reivindicación de unos derechos femeninos innegables, o en la adscripción a una corriente política? ¿Qué opinó entonces su antecesora en el cargo cuarenta años atrás? ¿Qué dijo entonces la incansable luchadora Federica Montseny?: «Poner a una mujer al frente de un departamento significa dar satisfacción a lo que son las aspiraciones femeninas, sobre todo de las mujeres que creen todavía en la política».⁴

A partir de aquí, y hasta finales del siglo XX, más mujeres aparecieron en las listas electorales, aunque en lugares que no aseguraban su elección. Los primeros puestos, que son los que garantizan la posterior presencia en el Parlamento, solían estar ocupados mayoritariamente por hombres. Pero la hazaña había comenzado, y otras mujeres recogerían el guante.

El trabajo fuera del hogar

Los libros, los artículos de revistas y periódicos y las mismas fuentes orales indican que las que de forma coloquial se denominan «tareas domésticas» ─que incluyen los cuidados de los niños, de los enfermos y ancianos─ nunca han sido valoradas de manera suficiente. Seguramente porque siempre han corrido a cargo de las mujeres. Porque así suele ser excepto cuando estas tareas pasan por las normas del mercado, es decir, cuando están retribuidas. ¡Entonces sí son valoradas! Y hay que tener en cuenta que no todo el trabajo de cuidados es susceptible ni deseable que sea mercantilizado, porque es una labor que se define por el carácter relacional. Tras haberse aprobado la Constitución española, en 1979, una encuesta constataba que en el territorio del país seguían siendo mayoritarias las actitudes de rechazo sobre el trabajo fuera del hogar de la mujer casada con diferencias correspondientes a las distintas comunidades autónomas. Curiosamente, o quizás no, los hombres cabezas de familia eran los que se mostraban más hostiles a que se produjera ningún cambio. ¡La tradición es una rémora para las mujeres! El efecto de las políticas aplicadas durante el franquismo no acabó totalmente con la llegada de la democracia. La herencia franquista ha perdurado en diferentes ámbitos, sobre todo en el económico. Probablemente es por ello que, a finales del siglo XX, España seguía teniendo una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea.

No obstante, el cambio ha sido importante. En el último cuarto final del siglo XX son más las mujeres que trabajan, y por cierto accediendo a la actividad con más edad, porque lo hacen con un mayor nivel educativo. Esto último afortunadamente tiene como resultado que ellas suban a niveles ocupacionales más elevados y, por consiguiente, a niveles salariales también más altos. Y este conjunto de novedades es lo que ha generado el verdadero cambio revolucionario femenino. Además, al contrario de lo que ocurría antes en muchos casos, ellas en general no abandonan el trabajo hasta que llegan a la edad de jubilarse. La mayoría permanecen en el mundo laboral, una vez que han accedido a él. Ahí radica la principal diferencia: no en el hecho de que se inicien en el trabajo, sino en el que ya no saldrán de él. Hace unas décadas, al comienzo de su vida adulta las mujeres se incorporaban al trabajo, pero luego —las leyes, las costumbres, o ambas— expulsaban a algunas de ahí cuando se casaban o tenían hijos. Esta práctica no es legal y ha desaparecido casi por completo.

La promulgación de la Constitución española supuso el reconocimiento de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres como uno de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico. En ese aspecto las hizo visibles. Pero era evidente que para que las mujeres accediesen a la igualdad no bastaban los cambios legislativos. Había que visualizar cuáles eran los obstáculos que dificultaban su participación en la cultura, el trabajo y la vida política y social. Así, se creó por ley el Instituto de la Mujer como organismo autónomo, que se reestructuró en mayo de 1997. Este depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. Su finalidad es, por un lado, promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y, por otro, la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social. Por tanto, es el organismo del Gobierno central que promueve las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad que, dicho sea de paso, nunca se ha cumplido. Vivimos en un país donde sistemáticamente se incumple de forma flagrante el principio básico de «igual trabajo, igual salario». En 1975, cuando Franco murió, las mujeres españolas eran muy diferentes de las de 1939. Sin embargo, no había llegado el tiempo aún de utilizar palabras como: conciliación laboral o familiar. Estaban ausentes del lenguaje habitual, e incluso del mundo de la jurisprudencia, conceptos como: maltrato, violencia doméstica o de género y abuso sexual. ¡Sólo muy a finales de siglo esos conceptos se han ido incorporando al imaginario colectivo!

La incorporación de las mujeres al trabajo, cuando llegó la democracia, coincidió con un momento de grandes cambios sociales y económicos que tuvieron un fuerte impacto en la estructura del mercado laboral. En las década de 1980 y 1990, la voluntad de las mujeres de acceder al empleo tropezó con el paro masivo desencadenado por las diferentes crisis económicas que se sucedieron en ese período. La dificultad para encontrar el primer trabajo y el desempleo de larga duración fueron los principales problemas a los que tuvieron que enfrentarse las jóvenes en ese momento. El modelo estándar de empleo estable, de jornada completa y altamente regulado, que se habían convertido en la norma durante la década de 1960, acabó siendo sustituido por una diversidad de formas de empleo atípicas que fueron acompañadas, en general, de una mayor precariedad. Veamos algunos datos:

En la primera década de la democracia, cerca de 400.000 mujeres se incorporaron a la población activa. No obstante, en 1982 las mujeres solo suponían el 30 % de la población activa total. Es grave que este porcentaje permaneciera estancado desde 1974. En realidad, entre 1975 y 1983, comparado con el índice masculino, la incorporación de la mujer al trabajo creció poco. Pero a diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, muchas mujeres se apuntaron al paro. Ello indica que las mujeres estaban dispuestas a incorporarse a la vida laboral asalariada. En los primeros años de la democracia hubo una tímida recuperación de mujeres en el mercado laboral y eso sucedió, hay que decirlo, en unas condiciones bastante peores que en los varones. La igualdad ante la ley no resultó un estímulo suficiente para alcanzar la igualdad real. Las principales razones fueron que, por un lado, persistían las actitudes mentales y los prejuicios conservadores y, por otro, la retracción de la oferta de empleo debido a la crisis económica.

Como decíamos, a finales del siglo XX adquirió importancia el empleo a tiempo parcial. Los empresarios lo utilizaron como una medida para salir de la crisis. Ellas lo hicieron para escapar del paro. Era un tipo de trabajo mayoritariamente femenino: en 1995 ocupaba el 16,5 % de las trabajadoras frente a solo el 2,8 % de los trabajadores varones. En las entrevistas o encuestas, la mitad de ellas confesaba que aceptaba esta situación porque lo requería el tipo de actividad laboral que desempeñaban. Una cuarta parte de las mujeres lo justificaban por no encontrar otro trabajo de jornada completa y solo un 10 % explicaban que era para poder combinar mejor la jornada laboral con sus obligaciones familiares.⁵

Recientemente, las mujeres jóvenes han sido quienes en mayor número se han incorporado al mercado laboral. Y lo que es muy importante: su permanencia en el mismo no está ya ahora tan condicionada por las responsabilidades familiares como hace unas décadas. Muchas de ellas siguen trabajando incluso después de la llegada de los hijos y aunque, en general, sus condiciones laborales son más precarias que las de los varones, cada vez son más las mujeres con un alto nivel de calificación que dan a su carrera profesional la misma importancia que le dan la mayoría de los varones. Por tanto, e independientemente de la precariedad general del mercado laboral, el cambio estructural más importante que se ha producido en el mundo femenino actual es el aumento de su participación en el empleo. El grado de importancia, tanto absoluta como relativa, que las jóvenes atribuyen al trabajo remunerado no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado en los últimos años, y aunque para las mujeres con menor nivel de calificación el trabajo tiene un sentido más instrumental que para las más formadas, la función del empleo como elemento constitutivo de la identidad personal se ha revalorizado para todas ellas. Veamos de cerca a alguna de estas mujeres.

La revolución sexual femenina: la píldora

La década de 1975 a 1985, ya en democracia, correspondió a la eclosión y decaimiento del movimiento feminista. Este fenómeno, como siempre había ocurrido a lo largo del siglo, se venía desarrollado de forma distinta en las diversas regiones, así como entre zonas rurales y urbanas. Y sí. Las mentalidades cambiaban con más rapidez en las ciudades. Hubo una generalización del discurso de la igualdad y un desarrollo a veces complicado y subterráneo de un pensamiento planteado desde la diferencia sexual. La discusión en el seno del movimiento feminista durante esos años se centró en un debate: la única o la doble militancia, es decir, militar en política y en el movimiento feminista a la vez o hacerlo únicamente en el feminismo. Una discusión que agotó sus fuerzas de tal manera que otros debates, por ejemplo el que giraba en torno al feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, emergieron de manera tímida y, con rapidez, fueron prácticamente anulados por completo.

Las II Jornadas Feministas de carácter estatal, celebradas en Granada en 1979, son señaladas en todos los escritos de la historia del movimiento como un punto de inflexión. En ellas, las feministas radicales se insubordinaron ante el monopolio del liderazgo del movimiento por las mujeres de los partidos políticos. En esas jornadas emergió el discurso radical de la diferencia. Lo que subyacía en ese enfrentamiento eran dos posiciones diferentes. Una, el discurso de la igualdad que desarrollaban las feministas comprometidas con partidos políticos. Otra, el discurso del feminismo radical materialista. Recordemos que este último derivaría más tarde en el partido feminista liderado por Lidia Falcón, cuya tesis central era la consideración de la mujer como clase social. Las dos posiciones que se vieron en la ciudad de Granada en 1975 fueron una fórmula clásica mantenida por la izquierda: crear un frente, una masa de mujeres, que pudiera ser incorporado a la lucha revolucionaria, y otra con una visión del feminismo más amplia. La última, procedente de sectores del feminismo radical, no excluía los grandes problemas estructurales, pero perseguía la revolución de la vida cotidiana partiendo de una nueva identidad femenina. Según Lola G. Luna, estos fueron algunos ejemplos de cómo y por dónde se fue dando el pensamiento de la diferencia junto al de la igualdad, en la trayectoria del feminismo de nuestro país en entre 1975 y 1985.

La movilización social por la planificación familiar se inició en España en los últimos años del franquismo y los comienzos de la Transición Democrática. Consistió en un amplio abanico de actividades que incluían la divulgación de información sobre sexualidad y anticoncepción en foros legos y especializados; la puesta en marcha de centros y redes para facilitar el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, educación sexual y abortos seguros; el trabajo de lobby compartidos políticos y líderes sociales; o la creación de un movimiento asociativo para fortalecer el trabajo emprendido.⁶

¡La píldora se ha despenalizado! La noticia corrió rápidamente entre muchas mujeres españolas. Ellas ya podían decidir sobre su maternidad. Aquel día de 1978 la ginecóloga y feminista madrileña Elena Arnedo, incrédula, recibió la noticia: hacía décadas que luchaba por conseguirlo junto con otras compañeras de militancia y profesión. En Europa hacía 17 años que estaba a la venta en las farmacias.

La legalización de la píldora anticonceptiva llegó imperdonablemente tarde a España, pero representó un gran avance para la libertad sexual y el control de la natalidad. Las jóvenes en edad genital activa comenzaron a poder decidir por sí mismas, de manera unilateral, su fecundidad. Sin embargo, poco después de su aprobación en el país se conoció un nuevo riesgo de la actividad sexual que se sumaba a las ya conocidas enfermedades venéreas: en la década de los ochenta apareció el sida. Aunque se sabía que el contagio mayoritariamente era consecuencia de las relaciones en la población de homosexuales masculinos, en un primer momento supuso para algunas parejas heterosexuales un frenazo a la anticoncepción hormonal. Fue entonces cuando el Gobierno puso en marcha aquella campaña de prevención no hormonal, que en una sociedad tradicionalista y conservadora resultó tan polémica: llevaba por eslogan «Póntelo, pónselo», en alusión al preservativo. Este método sencillo, barato y ampliamente conocido se proponía como una barrera eficaz para la anticoncepción y las enfermedades de transmisión sexual. Interesaba a las autoridades sanitarias que ─justo cuando se empezaba a vivir una sexualidad más libre, sobre todo en la colectividad de los jóvenes y en relaciones circunstanciales o con diferentes parejas─ se aplicaran medidas puntuales de precaución ante el desconocimiento del estado de portador de infecciones. Esta estrategia resultaba complementaria a la utilización de la píldora, que no reducía el riesgo de enfermedades transmisibles, y requería un gasto económico mayor, una planificación, un seguimiento y un control más estrictos.

Cuando la píldora era ilegal en España, en aquella época de vetos, una tarde, ciertas feministas y militantes izquierdistas madrileñas se reunieron y decidieron crear algo tan básico como un Grupo de Planificación Familiar. Acordaron asumir una tarea sanitaria de información y divulgación dirigida a mujeres no vinculadas a los debates internos del movimiento feminista. Desde principios de los años setenta, la despenalización de los anticonceptivos era una reivindicación constante del movimiento feminista. Las mujeres debatían sobre aspectos relacionados con la sexualidad, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y la necesidad de elegir cuándo y cuántos hijos tener. Las alternativas y consignas sobre esa libertad constituían una de las más indiscutibles señas de identidad de las múltiples organizaciones que formaban el colectivo feminista. Por entonces, la mayoría de los médicos ginecólogos no recetaban métodos anticonceptivos hormonales, y menos a mujeres solteras. Se sabía quiénes de estos profesionales eran los más progresistas y asequibles, los que sí lo hacían, de tapadillo, en sus consultas privadas. Un coladero que discriminaba a las mujeres con menos recursos. Faltaba educación sexual e información sobre un sexo seguro en toda la población. Tanto hombres como mujeres experimentaban una parte fundamental de su vida en la sombra. A veces, es increíble, la educación de las mujeres insinuaba que su actitud frente a las demandas sexuales de su pareja podía explicar situaciones de infidelidad matrimonial. Otro fenómeno de gran importancia y subyacente al primero, era que el noviazgo se llevaba a cabo con mucha represión y los novios no llegaban a intimar físicamente antes de la boda, momento al que la novia se suponía debía llegar virgen. Ello era fuente de conflicto, de temor en determinadas jóvenes, de catalogación de las mujeres según su disponibilidad erótica y de supuestas causas de fracaso matrimonial que quedaban, por supuesto, en la sombra.

Las mujeres que fundaron el Grupo de Planificación Familiar acercaron toda la información que tenían sobre métodos anticonceptivos y sexualidad a otras mujeres con pocos medios económicos: amas de casa, trabajadoras de baja cualificación, mujeres ajenas a movimientos reivindicativos sociales, sindicales o políticos. Transmitieron conocimientos sobre la libertad y los derechos de las mujeres, sobre la posibilidad de disociar sexualidad y maternidad. Ante la reacción de interés y demanda que se producía en las charlas, el Grupo de Planificación Familiar comprendió que no bastaba la información. Decidieron demostrar con los hechos lo injusto de la ley que penalizaba los métodos anticonceptivos y hacer ver al Estado que sin escapatoria tenía que asumir la tarea.

Contaba la ginecóloga y feminista Elena Arnedo que, entonces, estas mujeres se dispusieron a crear el primer Centro de Planificación Familiar en España. Sería ilegal, lo sabían, pero estaban decididas a correr riesgos. Algunas ginecólogas, como la misma Elena Arnedo o Renée Suárez, y ginecólogos como Javier Martínez Saimeán, junto con un nutrido grupo de mujeres de profesiones diversas, como Delia Blanco, Charo Ema, Pilar Jaime y muchas otras lo llevaron a la práctica. Fue durante los primeros meses de 1976. Los medios eran mínimos. Un pequeño piso alquilado en la madrileña calle de Federico Rubio. Dado su carácter doblemente ilegal, por su actividad y por ser un centro de reunión donde se impartía algo de doctrina liberadora, no recibió otro nombre que el de su dirección y así pasó a llamarse Centro de Federico Rubio. El dinero para el alquiler, los muebles, el material ginecológico, los gastos, etc., procedía todo de donaciones altruistas de gentes ganadas para la causa y del propio movimiento feminista. El equipo que atendía el centro trabajaba asimismo sin cobrar un céntimo, de forma rotativa y voluntaria. Ellas daban la charla informativa obligatoria o hacían de ATS, recepcionistas, telefonistas, secretarias, asistentes sociales, psicólogas y hasta de abogadas.⁷

El centro se convirtió en mucho más que un lugar al que recurrir para buscar anticonceptivos. En él se daba apoyo psicológico, información y se hacía medicina preventiva. Se escuchaba y se exploraba a las mujeres, se les hacían citologías y analíticas y se era extremadamente cuidadoso. Aquel milagro pudo sobrevivir porque todos los que trabajaban allí gratuitamente eran muy conscientes de estar respondiendo, desde la más absoluta modestia, a una demanda acuciante de la población femenina. Hay que decir que jamás las autoridades ni la policía interrumpieron la actividad de aquel primer centro, aunque era por supuesto conocida, y es que puede que desde fuera se reconociese su valor como ejemplo y catalizador.

El modelo de historia clínica, la recogida de datos, la batería de análisis y otras pruebas y controles, así como muchos aspectos organizativos del Centro de Federico Rubio sirvieron de modelo para los nuevos centros de planificación familiar. Porque el ejemplo cundió y se fue expandiendo. Si en 1976 se abrió el primer centro de planificación familiar en Madrid, en 1977 se fundó el primero en Cataluña, concretamente en El Prat de Llobregat, localidad cercana a Barcelona. Este fue una iniciativa de mujeres arraigadas en sus barrios, militantes feministas y del PSUC, como Carmina Balaguer y Maruja Pelegrín.⁸ Después se crearon otros centros de mujeres en Madrid, en Vicálvaro y Vallecas, y luego en Andalucía, País Vasco, hasta crearse una red de centros en toda España. Los primeros fueron organizados por mujeres de los partidos de izquierda, pero pronto las administraciones autonómicas crearon los suyos y poco a poco se generalizaron. La modesta experiencia se cerró una vez conseguido su objetivo: desapareció el artículo 416 del Código Penal que prohibía dichas prácticas y la planificación familiar pasó a formar parte de los servicios de salud institucionales.

Los métodos anticonceptivos empleados hasta la despenalización de la píldora variaban según la zona geográfica y el nivel cultural. Las españolas del campo y de las áreas más pobres de las grandes ciudades instaban a sus parejas a que recurrieran al coito interrumpido. No producía alteraciones físicas graves en la salud de quien lo practicaba y no conllevaba ningún coste. En realidad, solo era necesaria fuerza de voluntad por parte del hombre, lo que en muchas ocasiones era pedir mucho. En el caso de las mujeres, su uso continuado generaba desarreglos nerviosos graves, además de llevar a la pareja a una falta de comunicación y de entendimiento total, lo que desembocaba en peleas y desavenencias conyugales. No obstante, las españolas y españoles consideraban que este era el precio que había que pagar por no traer más hijos al mundo. Las clases más afortunadas económicamente y más cultas utilizaban el método Ogino. Este exigía unos conocimientos de la fisiología femenina y del ciclo menstrual. No era un método absolutamente seguro, pues la ovulación depende tanto de factores psicológicos como fisiológicos. Este método exigía grandes períodos de abstinencia sexual (diez o doce días por ciclo) y relegaba las relaciones sexuales a algo muy frío y poco espontáneo.

También se empleaban los preservativos, que eran vendidos en farmacias de las grandes ciudades. No obstante, existían farmacéuticos que «no vendían esas porquerías» y, además, su distribución no llegaba a los pueblos. Sin embargo, había redes de venta y se podían adquirir en otros lugares, como quioscos callejeros y puestos de pipas. En la práctica incorrecta y necesariamente desinformada de ese período histórico, el uso reiterado de un mismo preservativo podía disculpar el 20% de fallos como método anticonceptivo que a veces sucedía entonces.

La clase médica conocía los adelantos científicos de la anticoncepción, pero ciertos profesionales de la primera época, ya fuera por su formación religiosa o por prejuicios, no aireaban demasiado estos conocimientos, faltando a la ética médica. Por ejemplo, los anovulatorios eran recetados solo a mujeres que presentaban desarreglos en su menstruación, pero no se les informaba de que impedían la salida del óvulo del ovario, por lo que desconocían que evitaba el embarazo, dándose casos de mujeres que, mientras los tomaban, continuaban practicando el coitus interruptus o usando el preservativo. Solo con el trabajo de grupos de mujeres como los que hemos mencionado anteriormente se iba consiguiendo informar más a la población. El problema surgía a la hora de conseguir estos productos, puesto que estaban prohibidos por la ley. Así, se originó un mercado negro de anovulatorios, se robaron talonarios de recetas en las consultas médicas y en hospitales, se encargó a amigos que salían al extranjero, o se intentaba conseguirlos en farmacias sin receta médica. Pronto hubo una red de distribución de estos productos que eran tomados por las mujeres sin control alguno y sin realizar las pruebas requeridas antes de comenzar su utilización (análisis de sangre, orina, pruebas hepáticas, citología vaginal, revisiones periódicas.). Las mujeres que empleaban este método y lo habían conseguido de forma clandestina, se enfrentaban, por un lado, a los posibles riesgos que conlleva tomar una medicación sin la supervisión de un especialista, y por otro, tenían que luchar contra los prejuicios morales y religiosos.

Para acabar, mirando en retrospectiva, para la mayoría de las mujeres españolas la llegada de la democracia supuso un cambio importante en su día a día: entre otras muchas cosas, pudieron participar en política y en los sindicatos y se asomaron a un horizonte que les ofrecía unas expectativas modernas, de acuerdo con las establecidas en otros países europeos.

Notas