Francisco García Daza
Introducción
No es un caso aislado en la historia el hecho de que hombres y mujeres pertenecientes a la alta burguesía o la nobleza aristocrática tomen partido por la clase social que su propia clase combate y desprecia. Joan Rusiñol Soulere fue uno de esos hombres. Era hijo de Alberto Rusiñol y Prats, un importante industrial textil que destacó por su carácter autoritario e intransigente frente a la cuestión sindical y que acumuló, en su persona, los más altos cargos económicos, políticos y las distinciones sociales más relevantes en Cataluña durante las primeras décadas del siglo XX.
En contraposición al prestigio social que su padre había adquirido por su labor como defensor vehemente de los intereses de la burguesía industrial catalana, Joan Rusiñol, como ilustre abogado que fue, puso todos sus conocimientos de derecho al servicio de la causa anarquista. Y lo hizo justo en el periodo más convulso de la historia de este país, cuando la violencia social se cobraba la vida de cientos de sindicalistas –entre ellos sus principales dirigentes– y no pocos empresarios, víctimas de una lucha de clases que alcanzó, con el enfrentamiento entre las bandas de pistoleros de la patronal y los grupos acción de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la categoría de una verdadera guerra social.
La vinculación de Joan Rusiñol con la CNT durante el largo periodo que recorre el final de los años del pistolerismo, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, pone de manifiesto su firme compromiso con esta organización, y sobre todo con el grupo de los «Solidarios». Un compromiso que no fue solo profesional, –nunca cobró por sus servicios– sino de un claro carácter político, tomado a pesar de los riesgos que comportaba para la propia integridad personal ser defensor de la causa cenetista. Una labor sobre la que pesaba las amenazas, los atentados sufridos y el asesinato de Francecs Layret.
De aquellos años de actividad como abogado de los «Solidarios», Joan Rusiñol entabló una profunda amistad con uno de los componentes más emblemáticos del grupo, Ricardo Sanz García. En los diferentes libros autobiográficos que Ricardo Sanz escribió, siempre aparece la figura de Joan Rusiñol, al que le dedica grandes elogios y un sincero reconocimiento por su trabajo desinteresado.
Posiblemente la singularidad del caso de Joan Rusiñol no resida en que se situara al lado de aquellos que con mayor fuerza combatieron todo lo que representaba el mundo burgués que personificaba la figura de su padre, si no por ser un caso prácticamente desconocido. Este trabajo trata de indagar sobre los aspectos más significativos de su biografía, los motivos que lo llevaron a vincularse al grupo de los «Solidarios», y los procesos en los que participó defendiendo a sus hombres de acción, incluido el propio Buenaventura Durruti. También analiza su papel durante la guerra civil representando a la CNT en el ámbito de Justicia, su marcha al exilio y su vuelta al país pasados los primeros años del franquismo, donde mantuvo un perfil discreto hasta bien entrados los años cincuenta, en los que retomó cierta presencia pública en actos relacionados con preservar el legado y la figura de su tío, el polifacético artista Santiago Rusiñol.
Joan Rusiñol y el grupo de «Solidarios»
La caída, en marzo de 1922, del gobierno Maura-Cambó, sustituido por el conservador Sánchez Guerra, trajo consigo el restablecimiento de las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona y con ellas la recuperación de libertad sindical. A esta medida le siguió, unos meses más tarde, la destitución del gobernador civil, el siniestro general Martínez Anido, que hasta ese momento había dirigido con mano de hierro la guerra sucia contra el anarcosindicalismo.
Parecían darse las condiciones para que la CNT, una vez restablecida su legalidad, recuperase su actividad sindical con cierta normalidad y pudiera darse por cerrada la etapa de extrema violencia social, que desde el año 1919 imperaba en las calles de Barcelona. Así lo cría buena parte de su dirección que había visto disminuir sus cuadros sindicales después de años de duras luchas y sangrienta represión. Pero no todos interpretaron la coyuntura de igual manera. Algunos de los grupos de afinidad que integraban sus filas seguían siendo partidarios de mantener la acción violenta para la consecución de sus fines. Argumentaban, frente a los sectores moderados, que lejos de la aparente tregua, seguían intactas las verdaderas intenciones de la patronal catalana que, contando con hombres de la Lliga Regionalista al frente, conspiraba para erradicar definitivamente el peligro que representaba para sus intereses económicos el sindicalismo revolucionario de la CNT y establecer una «paz social» impuesta por los estamentos militares.
En este contexto, en 1922, se constituía en Barcelona el grupo anarquista de los «Solidarios». Estaba integrado por una veintena de hombres, todos jóvenes, entre los que se encontraban Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Juan García Oliver, Aurelio Fernández, Rafael Torres Escartín, Ricardo Sanz, Gregorio Suberviela, Alfonso Miguel, Miguel García Vivancos, Manuel Campos, Eusebio Brau y Antonio Martínez, (a) el Toto. También formaban parte del grupo varias mujeres; Pepita Not, Ramona Berni, María Luisa Tejedor y María Rius, además de un importante número de colaboradores directos. El objetivo del grupo era el de poner en pie un proyecto que hiciera frente al pistolerismo de la patronal, que ayudara a reforzar las exhaustas estructuras de la CNT y en el plano organizativo, –el más importante para el nuevo grupo de afinidad ̶, dar los primeros pasos para crear una federación anarquista que agrupara en su seno a todos los grupos de esa ideología dispersos por la península, un trabajo que años más tarde daría como resultado la formación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).1
Ricardo Sanz, un joven anarquista de origen valenciano afincado en Barcelona, militante cenetista del ramo del textil y uno de los miembros más destacados del nuevo grupo de acción, relataba en su libro de memorias, El sindicalismo y la política: «Los solidarios» y «Nosotros», como el grupo, desde su formación, se había ido dotando de la infraestructura necesaria, convencidos de que un nuevo ciclo revolucionario, este sí definitivo, estaba por llegar y que era preciso acelerar los preparativos para el triunfo de la revolución social. Comenzaron por procurarse los fondos económicos para su financiación, a base de realizar espectaculares atracos de los que obtuvieron grandes sumas de dinero, que en gran parte destinaron a la compra de armas.
En octubre de 1923, un mes después de haberse proclamado el golpe militar de Miguel Primo de Rivera, realizaron la compra de un verdadero arsenal a la compañía de fabricantes armas Garate y Anitua de Eibar, compuesto de mil rifles de repetición de 12 tiros y doscientos mil cartuchos, por el que pagaron 250.000 pesetas. Un año antes ya habían comprado, por otras 300.000 pesetas, una fundición en la barriada de Poblenou, donde Eusebio Brau, miembro del grupo y fundidor de profesión, dirigía la fabricación de carcasas para las granadas que debían ser empleadas cuando llegase el momento de la revolución. Llegaron a fabricar hasta 6.000 granadas de mano, que almacenaron en un depósito de Poblesec, hasta que fue descubierto por la policía. El grupo contaba, además, con pequeños depósitos de armas cortas y largas en casi todas las barriadas de Barcelona, así como una red de imprentas y editores, en los cuales imprimían hojas, panfletos clandestinos y un periódico de propaganda libertaria, de publicación semanal, que llevaba por nombre Crisol.2
Pero para llevar a cabo su propósito, además de armas, dinero e imprentas, era imprescindible contar también con buenos abogados para su defensa en el caso, más que probable, de que algunos de sus miembros fueran detenidos y procesados judicialmente. Ricardo Sanz a este respecto afirmaba:
También contaban los Solidarios en Barcelona con un abogado defensor que se ocupaba de todos los asuntos y procesos de sus componentes, el cual no pasó la nota de sus honorarios jamás. Este abogado era Don Joan Rusiñol de familia ponderada, en Barcelona y Cataluña. Como abogado, Don Joan Rusiñol, era uno de los más expertos juristas del Colegio de Abogados de Barcelona3.
Un abogado burgués entre anarquistas
El abogado de apellido ilustre al que se refería Ricardo Sanz era Joan Rusiñol Soulere. Se trataba por aquella época de un joven y elegante abogado, hijo de una de las familias más acaudaladas y prestigiosas del país, que acababa de licenciarse en derecho, en la Universidad de Barcelona en 1923. Una posición que le garantizaba una vida cómoda y desahogada, destinada a administrar los múltiples negocios familiares o montar su propio bufete y ejercer como abogado dedicándose a la defensa de los asuntos y los intereses de la clase social a la que pertenecía.
Pero no fue esa la opción profesional elegida por Joan Rusiñol o al menos no exclusivamente, ya que, desde sus inicios como abogado, estuvo fuertemente comprometido con el grupo de los «Solidarios», que más tarde fue rebautizado por sus componentes con el nombre de «Nosotros». Un compromiso que en palabras de Ricardo Sanz «le costaba incesante trabajo, mucho dinero y no pocos disgustos»4. Sanz, que trabó con él una gran amistad a lo largo de los años en los que el abogado tuvo que defenderle de las varias y prolongadas detenciones gubernativas que sufrió, se refería a él en otro de sus libros biográficos, El sindicalismo español antes de la Guerra Civil, como «un hombre a la moderna. Abierto a todos los avances sociales» al que le caracterizaba «su seriedad, su prestigio y su honradez profesional y personal» y añadía, además, en relación con la causa anarquista, que el abogado Rusiñol «comprendía la razón que muchas veces asistía a los obreros para combatir a los patronos de la forma que lo hacían»5. Esta última, una afirmación no menor, máxime cuando hablamos de un periodo donde los atentados contra los estamentos gubernamentales y los atracos a patronos y entidades bancarias por parte de los grupos de afinidad estaban a la orden del día.
Según Sanz, pronto esta profunda amistad y confianza mutua se extendería a los principales hombres de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, sobre los que llegó a tener un gran ascendente. A pesar del gran trabajo que le comportaba la defensa de los hombres de la CNT y el estar siempre al servicio de su Comité Pro-Presos, «en vez de cobrar como era lógico sus honorarios, como los otros abogados lo hacían, de manera desconsiderada, él no. Por el contrario, muchas veces tenía que sacar dinero de su bolsillo para pagar los gastos que no podían hacer sus defendidos»6.
Al mismo tiempo que ejercía como abogado de la CNT sin sueldo, Joan Rusiñol también lo hacía para la clase patronal. Desde su despacho trabajaba como abogado y asesor de grandes empresas, entre las que se encontraban la Asociación de Fabricantes de Hilados y Tejidos del llano de Barcelona y la importante casa de productos farmacéuticos del Dr. Andreu, que le reportaban grandes beneficios, y un gran reconocimiento profesional. Una doble contradicción profesional y social que debió comportarle bastantes controversias e incomprensiones.
El abogado Joan Rusiñol Soulere
Joan Rusiñol Soulere, era hijo de Francisca Soulere y Bove y Alberto Rusiñol y Prats, uno de los industriales y políticos más importantes e influyentes de su tiempo y sobrino del famoso pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol. Posiblemente en homenaje a su abuelo paterno Joan Rusiñol, quien falleció prematuramente al igual que su esposa Amalia Prats, fue bautizado por sus padres con su mismo nombre. Además de Joan Rusiñol Soulere, el matrimonio tuvo tres hijos más, José María, Nuria y Rita. Esta última casada con Joaquín Folch Girona, miembro de otra rica e importante saga de industriales, la familia Folch, cuyas siguientes generaciones acabaron incorporando el apellido Rusiñol al suyo propio, transformándolo en (Folch-Rusiñol).
Su padre Alberto y su tío Santiago, junto a su otro hermano llamado José María, habían heredado la fábrica de su abuelo, la Fábrica de hilados y tejidos de algodón Jaime Rusiñol, el buque insignia que, junto a otros importantes negocios vinculados al comercio de algodón, completaba el gran patrimonio familiar. Se trataba de la colonia textil Can Remisa, situada en Manlleu junto al canal industrial del Ter, que Jaime Rusiñol había comprado en 1879, aprovechando que esta se encontraba embargada y que él era el principal acreedor.
Ambos hermanos, al acabar los estudios básicos, se habían iniciado en el negocio familiar entrando a trabajar al despacho de la compañía situado en la calle Princesa de Barcelona y más tarde, tras quedar huérfanos –la madre había fallecido en 1881 y el padre en 1883–lo harían en la propia fábrica bajo la tutela de su abuelo Jaime. Tras el fallecimiento de este, en 1887, los dos hermanos se hicieron cargo de la dirección de la fábrica que, en 1889, pasó a llamarse Rusiñol Hermanos, sin la participación del hermano pequeño José María, al que habían comprado su participación cuando este era todavía menor. Un año antes de la constitución de la nueva razón social Santiago Rusiñol, ya había cedido la gestión directa de la fábrica a su hermano Alberto para dedicarse plenamente a su verdadera vocación artística, aunque siguió formando parte del negocio, al menos durante la década siguiente7.
A diferencia de su hermano Santiago que, durante los años que ejerció como director mostró un tono conciliador cuando tuvo que enfrentarse, en 1885, a una serie de huelgas virulentas en la fábrica, Alberto Rusiñol fue extremadamente intransigente con la cuestión social. No rehuyó la conflictividad, sino todo lo contrario, siempre adoptó una actitud beligerante frente a las reivindicaciones obreras, que le sirvió como palanca para su propia promoción política. Eran conocidas en Manlleu las condiciones especialmente duras que Alberto Rusiñol había impuesto en la fábrica con objeto de dar ejemplo al sector textil algodonero, que en aquellos años atravesaba por una gran crisis y fuertes tensiones entre trabajadores y empresarios.
Además de dirigir la sociedad familiar Hilaturas Rusiñol Hermanos, en 1899 Alberto Rusiñol fue fundador y presidente de la organización patronal de resistencia Asociación de Fabricantes del Ter y ese mismo año fue elegido presidente de Fomento Nacional del Trabajo (FNT), cargo que ocupó hasta 1901. También fue directivo de la Cámara de Comercio, presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Fue presidente también de diversas entidades comerciales como La Mutual Franco Española, La caja de Previsiones y Socorros y director suplente del Banco Vitalicio. En el plano social fue una de las personas más relevantes de su tiempo, lo que le llevó a ocupar, entre 1894 y 1896, la presidencia del Círculo del Liceo y después la del Círculo Ecuestre. En el aspecto político fue diputado en 1893 por el partido liberal conservador de Cánovas del Castillo. En 1901 formó parte de la candidatura regionalista dels Quatre Presidents, que ganó las elecciones barcelonesas. En 1902, tras la muerte del Dr. Robert, fue nombrado presidente de la Lliga Regionalista, siendo elegido ininterrumpidamente como diputado o senador formando parte de sus candidaturas hasta 1923. Fue nombrado Comendador de la Orden de Carlos III y le fue concedida, entre otras muchas condecoraciones, la Gran Cruz de Isabel la Católica y la medalla de oro de Alfonso XIII 8.
Desde su cargo de presidente del Fomento y como diputado y senador Alberto Rusiñol defendió el rechazo total de la patronal catalana a toda injerencia del Gobierno en la regulación de las relaciones entre obreros y patronos. Se oponía, así, a las tímidas medidas reformistas como la creación del Instituto de Trabajo o la ley de accidentes aprobada en 1900, con las que el Estado, de forma más pragmática, trataba de atajar el creciente descontento de la clase obrera.
La conflictividad en la Fábrica de los hermanos Rusiñol
El sector textil algodonero, a mediados de la década de 1880, tras la gran crisis finisecular, tuvo que enfrentarse por primera vez a la estrechez del mercado español y la pérdida de poder adquisitivo del campesinado, que se agravó, en 1898, con la perdida de los mercados de las Antillas. Esto provocó una crisis de sobreproducción entre los años 1900 y 1914, exacerbada por una dura competencia entre los mismos empresarios. El elevado precio del carbón hizo que muchas de las plantas de hilados, cuyos costes energéticos eran mayores, se trasladasen a las riberas de los ríos Ter, Llobregat, Cardoner y Freser (la alta montaña) para aprovechar la energía hidráulica y una mano de obra, por lo general más barata que la empleada en la industria barcelonesa9.
En búsqueda de medidas para paliar la crisis del sector, la patronal recurrió a la introducción de nuevas máquinas de hilar más productivas y que requerían menor trabajo físico; la llamada continua (ring frame) en sustitución de las selfactinas, (self-acting), que posibilitaba la sustitución del trabajo masculino por mano de obra femenina e infantil más barata, la reducción de salario y la ampliación del tiempo de trabajo.
El incipiente y débil sindicalismo no pudo ofrecer una resistencia eficaz ante estas pretensiones de los empresarios, sin embargo, en los pueblos con ciertos núcleos urbanos como Manlleu, encontró una mayor resistencia. En el valle de Ter, en principio los patronos habían mantenido en sus puestos a los hiladores, reconociendo la fuerza que tenían, pero, en octubre de 1891, a consecuencia del agravamiento de la crisis, los trabajadores se enfrentan a una verdadera ofensiva patronal que trata de romper el acuerdo y sustituir obreros masculinos por mujeres en las continuas.
Para vencer la resistencia de los obreros y sus organizaciones sindicales e implantar las nuevas prácticas laborales, los patrones, a iniciativa de Alberto Rusiñol, decretaron el Locaut, provocando la radicalización de los trabajadores que lograron resistir y mantener sus condiciones en Manlleu, gracias a la recaudación solidaria de grandes cantidades de dinero, pero que deja muy debilitada la organización sindical en otros pueblos del Ter, lo que aprovechó la patronal para bajar salarios, aumentar jornada y sustituir hombres por mujeres.
A partir de 1897 y 1898 los patronos de Manlleu vuelven a poner en cuestión la vigencia del pacto de 1991, pero nuevamente tropiezan con la resistencia de un movimiento obrero que se había fortalecido con la creación en 1898 de un nuevo sindicato, el llamado Arte Fabril, al frente del cual estaban los obreros de Manlleu, donde los anarquistas tenían una importante presencia. El rápido crecimiento y extensión de este sindicato dio pie a la constitución de la Federación de la Industria Textil Española (F.T.E.), cuya sede central se estableció en Manlleu.
En 1900, con la perdida de las colonias y el aumento del precio del algodón, se intensifica la crisis. Los patrones que ven reducir sus márgenes de beneficio se enfrentan con la nueva organización sindical, con una fuerte retórica antisindical. En Manlleu los sindicatos reclaman mejoras. El 19 de noviembre estalla la huelga, los patronos reaccionan despidiendo a toda la plantilla, se declara el estado de excepción y se envían tropas a los pueblos textiles. Muchos obreros son detenidos incluyendo al Comité Central de F.T.E., se organiza una huelga de solidaridad de toda la clase obrera catalana, aunque con escasa respuesta en Barcelona. La federación Patronal decide no contratar a los trabajadores vinculados al sindicato y en consecuencia despide a 800 trabajadores, además de intensificar la producción y restructurar el proceso de producción.
En 1901, la respuesta a un nuevo ataque patronal, en el valle del Ter, desencadena el cierre patronal en toda la comarca, provocando un estallido de violencia. En Torelló el mismo día del Locaut, los obreros incendian la casa del alcalde y del patrono Antonio Mercadell. En un enfrentamiento posterior con los Mossos d’Escuadra se producen varios heridos. En Ripoll una manifestación de obreros acaba con disturbios al ser disuelta por disparos contra la multitud de la Guardia Civil produciéndose una víctima mortal y dos heridos graves. Los hechos más dramáticos ocurrieron en Manlleu, donde los obreros organizan un asalto al casino local de los patronos y hieren a tres de los presentes, para más tarde asaltar y prender fuego a las casas del acalde y de dos patronos. Intervinieron las autoridades que se comprometieron a buscar una salida para la readmisión de los obreros afectados por el «pacto del hambre». En Manlleu, Roda y San Hipólito, los patronos no se atreven a sustituir los hombres por mujeres, ante la gran resistencia de los sindicatos.
En 1908 se comienza a reorganizar el movimiento sindical debilitado por los anteriores choques. Surge la confederación general de sindicatos de ámbito regional llamada Solidaridad Obrera, precursora de la CNT. Ante este aumento de la actividad sindical la patronal reacciona oponiéndose a las demandas de los obreros, de reducir la jornada laboral ante el elevado número de desempleados existente en la comarca, e incluso negando el derecho a los obreros a sindicarse. Posición que se acentúa con un nuevo deterioro de la coyuntura económica, que vuelve a generar el incremento de los conflictos laborales.
La lucha más dura se centró en la colonia fabril propiedad de Alberto Rusiñol, el 15 mayo de 1909 Rusiñol decide cerrar su fábrica y despedir a 365 obreros, anunciándoles que si quieren reingresar han de aceptar una nueva tabla salarial considerablemente de más baja. La escalada del conflicto, y la posición intransigente de la patronal, lleva a Solidaridad Obrera a plantear una huelga general de la clase obrera catalana en apoyo de los obreros en huelga, cuyo trabajo de preparación sirvió al sindicato cuando en Barcelona estallaron los acontecimientos de la Semana Trágica.
El largo conflicto de la fábrica de Rusiñol Hermanos acabó en febrero de 1910, cuando Alberto Rusiñol anunció el abandono del negocio. Una decisión sin duda desafortunada, que no le permitió aprovecharse del boom comercial derivado de la neutralidad española durante la I Guerra Mundial.
Al referirse a aquellos hechos, Santiago Rusiñol relataba la anécdota sobre el cuadro El director de la fábrica, que pintó en 1905, sobre él que unos trabajadores dispararon varios tiros, como una metáfora del poder de su pintura, que pretendidamente salvó a su hermano de recibir en persona la agresión10.
Cabe preguntarse de qué forma debió influir en la temprana formación ideológica de su hijo esta trayectoria de permanente confrontación de Alberto Rusiñol con las organizaciones sindicales, que alcanzó su punto culminante durante los años en el que el joven Joan Rusiñol realizaba sus estudios de derecho, entre 1917 y 1923. Años en los que las diferentes organizaciones económicas y patronales que presidió su padre se movilizaron de forma contundente para conseguir la eliminación del sindicalismo revolucionario de la CNT, recurriendo incluso al largo Locaut patronal decretado entre el 3 de noviembre de 1919 y el 26 de enero de 1920 y de forma más o menos encubierta al terrorismo gubernamental.
La CNT y los abogados obreristas: Los peligros y las consecuencias
El Comité Pro-Presos de la CNT era el responsable de facilitar la defensa jurídica de los miembros de la CNT que se hallaban en la cárcel a la espera de ser juzgados, además de dedicarse a recaudar fondos para los presos y sus familias. Formaban parte de él abogados que mantenían una vinculación directa con la dirección de la organización anarquista. Otros abogados eran contratados por encargo, reservando los de más prestigio para los casos más importantes. Entre los abogados de Barcelona de más prestigio, afirmaba Ricardo Sanz, se encontraban «Francecs Layret, Companys, Joan Rusiñol y varios otros más, y, en Madrid, Eduardo Barriobero, Serrano Batanero y otros»11.
Ser defensor cenetista no era esta una tarea fácil en un contexto de violencia extrema y leyes de excepción, donde la represión indiscriminada a menudo recaía sobre los abogados que participaban en los procesos contra los sindicalistas. Algunos de ellos ya habían sufrido detenciones prolongadas durante las negociaciones de conflictos, como el de la Canadiense; Josep Puig d’Asprer, Lluís Companys y Guerra del Rio, o cuando se producían detenciones gubernativas por el simple hecho de ser abogados del sindicato, como la llevada a cabo tras finalizar el Locaut, el 26 de enero de 1920; Guerra del Rio, José del Rio Val, José Ulled y Puig d’Asprer.
El odio de los sectores enemigos de la CNT se había trasladado a los abogados que los defendían. Para una parte de la opinión pública, los abogados de los cenetistas eran defensores de asesinos anarquistas, que se valían de su condición para conocer los nombres del jurado popular y los testigos de cargo, y pasarlos a los pistoleros para intimidar a o sobornar al jurado, consiguiendo en muchos casos que los acusados fueran absueltos al no comparecer los testigos o retractarse de sus declaraciones sumarísimas, creando cierta sensación de impunidad, que servía para disculpar el terrorismo blanco de la patronal que ejercía a través de las bandas parapoliciales y los pistoleros del Sindicato Libre12.
Además, estaba el peligro directo que representaba la estrategia de los Libres que pasaba por intimidar y atentar contra los abogados que colaboraban en las causas contra cenetistas, con el fin de privar a los detenidos de sus defensores legales. El asesinato de Layret, el 30 de noviembre de 1920, cuando trataba de interceder por la deportación de Lluís Companys y una treintena de sindicalistas más, entre ellos Salvador Seguí, que habían sido detenidos por orden gubernativa. Los atentados, del 14 de abril de 1921, contra José Lastra, que había defendido a cenetistas de oficio, en su propio despacho y contra José Ulled, que había vuelto a Barcelona tras ausentarse de la ciudad por algún tiempo debido a las amenazas de muerte recibidas, que fue tiroteado frente a su casa, quedando malherido y resultando muerto el sindicalista que le acompañaba, Francisco Estrada.
El temor de ser asesinados hace que solo queden en la ciudad los más comprometidos. Josep Puig d’Asprer, uno de los históricos, ejercía desde 1892, dejó Barcelona por las amenazas y se estableció en Madrid. Los sindicalistas tuvieron que buscar abogados en Madrid, entre ellos Barriobero y Serrano Batanero. Sobre Barriobero también planearon atentar los pistoleros del Libre, hasta tres veces, cuando se trasladaba a Barcelona por asuntos profesionales, sin conseguirlo. Entonces decidieron eliminar a su pasante en Barcelona, Joan Casanovas, que pudo repeler el atentado perpetrado a la salida de su casa por unos pistoleros, defendiéndose con su propia arma. No corrió igual suerte, José María Senseras, defensor de varios cenetistas que, el 21 de julio de 1923, caía herido de gravedad. Prosiguió la campaña de amenazas contra otros abogados; Ramón Aguiló, Fernando Fontana y Mariano Sorogoyen. Este último también abandonó la ciudad durante algunos meses. Pero no sólo en Barcelona se persiguió a los letrados laboristas, también en Madrid hubo varias tentativas de asesinato contra el letrado Guerra del Río. Fue una ofensiva en toda regla concebida para lograr que los abogados renunciasen a la defensa de los anarcosindicalistas13.
La defensa de Buenaventura Durruti
La primera tarea que prestó Joan Rusiñol como abogado de los «Solidarios», fue la de encargarse de conseguir la libertad de Buenaventura Durruti. El 31 de mayo de 1923, la prensa madrileña dio la noticia de que un tal Buenaventura Durruti había sido detenido en la estación de Arcos, mientras viajaba en el tren de lujo de Barcelona a Madrid. Poco conocido aún, destacaban más su figura como peligroso atracador que sus vínculos con los grupos de afinidad anarquistas. Su viaje a Madrid se enmarcaba en las muchas reuniones que por entonces mantenían los grupos anarquista y de afinidad, ante las noticias de la gestación de un inminente golpe de estado, del que eran conocedores por sus contactos con ciertos elementos afines dentro del ejército. Viajaba sin equipaje y con documentación falsa. En el momento de su detención le fueron halladas la suma de 400 pesetas y una pistola automática.
Durruti estaba reclamado por un atraco realizado en el despacho de un acaudalado contratista de obras llamado Ramón Mendizábal en San Sebastián. El atraco se había producido el 4 de agosto del año anterior, cuando tres sujetos armados le amenazaron y le obligaron a abrir la caja de caudales sustrayéndole 2.000 pesetas14. Después de prestar declaraciones, el contratista identificó a dos de los atracadores, Buenaventura Durruti y a Heliodoro Erralte.
Tras ser detenido, a Durruti se le acusó de tres delitos: robo a mano armada, en la persona del constructor de obras Mendizábal, un supuesto atentado contra Alfonso XIII, cuando los monarcas se encontraban de visita en Bélgica, y deserción del ejercito con fuga del Hospital Militar de Burgos, por lo que fue trasladado a la prisión de San Sebastián a la espera de que se celebrase el juicio.
Francisco Ascaso, Aurelio Fernández y Rafael Torres Escartín, tras su intento fallido de atentar contra Martínez Anido, al que habían localizado en San Sebastián y después en la Coruña, se habían ocultado en Zaragoza. Allí los visitó a los pocos días de la detención de Durruti el abogado Joan Rusiñol, que iba a San Sebastián a «convencer» al Sr. Mendizábal de que Durruti no formaba parte del grupo el anarquista que le atracó.15
Abel Paz, en su extensa obra Durruti en la revolución española, relata como los «Solidarios» consideraron que la causa de Durruti estaba perdida y que incluso podría serle aplicada la «Ley de fugas» en cualquier momento. Ascaso y el abogado Rusiñol organizaron un plan de ataque para evitar que Durruti fuera condenado a una larga condena y en el mejor de los casos conseguir que fuera puesto en libertad, como así ocurrió. Joan Rusiñol consideró que de las tres acusaciones la peor era la de atraco a mano armada. La del atentado era solo un supuesto y la de desertor resultaba beneficiosa para organizarle la fuga. Concluyendo que era conveniente visitar al señor Mendizábal y persuadirlo de su error, si es que persistía en reconocer a Durruti como uno de los tres atracadores que asaltaron su despacho.
Para tal fin, Francisco Ascaso y Torres Escartín, junto al abogado Rusiñol, decidieron desplazarse a San Sebastián, llevando consigo los pocos fondos de los que disponía el grupo. La entrevista dio excelentes resultados. Mendizábal les manifestó que él no había presentado denuncia alguna contra nadie que se apellidara Durruti y que estaba dispuesto a certificarlo delante del Juez. Sometido a reconocimiento en rueda de presos, Durruti no fue reconocido por Mendizábal como uno de los atracadores del asalto a su despacho. Declarado inocente por Mendizábal, puesta en duda su participación en el supuesto atentado al Rey y con una buena siembra de dinero, el abogado consiguió que el juez accediera a declarar la libertad para su cliente, aunque sin embargo quedó retenido por algún tiempo más.
Todo esto es lo que Rusiñol notificó a Durruti en su la visita a la cárcel y que Durruti relató a su hermana Rosa en una carta «Ya hace dos días que debía haber salido en libertad, pero parece ser que alguien se ha enamorado del nombre de Durruti y me retienen a causa de no sé qué motivos». Ascaso y escarpín quedaron en dicha ciudad, a la espera de su puesta en libertad, cuando se produjo en León el atentado mortal contra el teniente coronel, exgobernador de Vizcaya, Fernando González Regueral. Entre septiembre de 1918, fecha en la que tomó posesión del cargo y diciembre de 1922, en la que cesó, había reprimido con extrema dureza al movimiento anarcosindicalista vizcaíno, del que se decía que maltrataba a los arrestados con sus propias manos. El atentado fue perpetrado en León por otro comando de los «Solidarios», compuesto por Gregorio Suberviela y Antonio del Toto.
La prensa señaló a Durruti como el jefe principal del grupo anarquistas leonés, por lo que nuevamente se retrasaba la puesta en libertad. Viendo que no era prudente permanecer por más tiempo esperando la salida de prisión de su compañero Durruti, consultaron lo que era conveniente hacer con el abogado Rusiñol, quien les aconsejó que abandonaran la ciudad, decidiendo desplazarse nuevamente a Zaragoza y esperar allí la salida de Buenaventura16.
Finalmente, Durruti salió en libertad el 5 de agosto, un día después que Torres Escartín y Ascaso aprovecharan su espera para atentar contra el cardenal Juan Soldevila y Romero, arzobispo de Zaragoza, al que los anarquistas acusaban de estar detrás de la orden de asesinato de Salvador Seguí, junto a Martínez Anido y Alfonso Sala Argemí y de ser uno de los principales valedores del pistolerismo patronal y protector del Sindicato Libre en Zaragoza, donde varios de sus hombres habían comenzado a actuar al estilo de Barcelona.
El atraco al tren del Poblenou y de la casa Salisachs
Pocos días después de volver de San Sebastián y siendo prácticamente un joven estudiante con el título de abogado conseguido solo dos meses antes, Joan Rusiñol se hizo cargo de la defensa de varios cenetistas que habían sido detenidos por participar en dos espectaculares atracos en Barcelona, donde se habían producido varias víctimas mortales en su huida.
A finales de octubre de 1923 tuvieron lugar una serie de atracos que despertaron gran repercusión en la opinión pública por su audacia y las elevadas sumas de dinero sustraídas en los mismos, aunque en algunos de ellos no hubo ni disparos ni heridos, la mayoría se saldaron con enfrentamientos armados produciéndose varias víctimas y heridos, entre los que se hallaban propietarios y trabajadores de las entidades atracadas, miembros de las fuerzas del orden público, simples transeúntes y los propios atracadores.
Dichos atracos ya se habían comenzado a producir en 1921, una época en que la CNT, se encontraba en la clandestinidad, fuertemente reprimida y con la prohibición, por parte de las autoridades de recaudar la cuota sindical a sus afiliados y por lo tanto sin ningún tipo de recursos económicos para los gastos mínimos de la organización, el auxilio a los muchos militantes detenidos y sus familias, ni para los muchos que quedaban sin trabajo por estar en las listas negras de la patronal.
Si bien, para una parte de la organización, estas circunstancias podían justificar los atracos, y de hecho los realizaba, era motivo de rechazo por sus órganos de dirección, que se negaba a aceptar fondos, ni para la organización ni para los Comités Pro-Presos, que procedieran de estas prácticas. Ángel Pestaña, Joan Peiró entre otros desde las páginas de Solidaridad Obrera, se declararon abiertamente en contra de ellos. Otra finalidad, sin embargo, tenían los ocurridos a partir del verano de 1923, cuando la CNT, una vez destituido Martínez Anido y Arleguí, y recuperada la libertad sindical, pudo reorganizarse y empezar a cobrar la cuota a los obreros sindicados.
A pesar de la evidente falta de fuerza en la que se encontraba la organización y el rechazo de su dirección a una empresa de tal magnitud, los «Solidarios» y el resto de los grupos de afinidad que se encontraban activos, se preparaban para un hipotético asalto al poder mediante la declaración de una huelga de carácter insurreccional que cerrase el paso al golpe militar cada vez más cercano y previsible. Esto requería grandes cantidades de dinero para la compra de armas, del que no disponían. Por lo que a partir de entonces se suceden los golpes, a bancos y empresarios, cada uno más audaz y espectacular que el anterior, hasta el punto de que, el capitán general Primo de Rivera, ordenó que las tropas patrullasen las calles y los bancos de día y que los hombres del Somatent se encargasen de hacerlo de noche. La mayor parte de estos atracos corrieron a cargo del grupo de los «Solidarios»17.
La cadena de atracos se inició el 18 de julio de 1923, con el asalto frustrado a la sucursal del Banco de España en Manresa, la banca Padrós. No hubo víctimas ni detenidos. Un día después, fueron asaltados los ordenanzas municipales del ayuntamiento de Barcelona, que trasladaban 95.000 pesetas para ser ingresadas en un banco. El 7 de agosto ocho atracadores asaltan la Fonda de Francia, frente a la estación de ferrocarril del mismo nombre, donde comían los asentadores y tratantes del mercado del Born. El 8 de agosto fue atracada la empresa concesionaria de contribuciones de la calle Avinyó de Barcelona, consiguiendo un botín de 85.000 pesetas. Fueron detenidos cuatro atracadores, el resto logra huir con el botín. El 29 de agosto, varios atracadores asaltaron el despacho del fabricante de harinas, el Sr. Salisachs, en la calle diputación número 310, apoderándose de 6.000 pesetas. Se produjeron varios heridos durante la huida perseguidos por la guardia civil. Cinco de ellos fueron finalmente detenidos. El uno de septiembre, se realiza el más importante de todos ellos, el atraco del Banco de España de Gijón, consiguiendo los atracadores un botín de 650.000 pesetas, muriendo en el mismo el director de la sucursal por disparo de arma tras forcejear con uno de los atracadores. Pocos días después son descubiertos produciéndose un fuerte tiroteo produciendo la muerte de Eusebio Brau y la detención de Torres Escartín, pudiendo escapar Durruti y el resto del grupo de los «Solidarios».
Uno de los atracos más famosos realizados en Barcelona, previo a los efectuados durante el verano de 1923, fue el del tren de Poblenou. Para la defensa de los detenidos en dicho atraco fueron requeridos los servicios de Joan Rusiñol, «Ha pasado a poder del abogado Joan Rusiñol para su estudio la causa instruida con motivo del asalto a un tren de Pueblo Nuevo18».
El espectacular golpe contra el tren de Poblenou se fraguó en el seno de un grupo de cenetistas vinculados al sindicato metalúrgico, que solían reunirse en un café del barrio de pescadores de la Barceloneta. La idea partió de Marcelino Silva, que unos meses antes había trabajado como calderero en la compañía ferroviaria M.Z.A., y sabía que cada sábado se efectuaba el pago de los salarios a los trabajadores de los talleres de Poblenou. El dinero llegaba en un tren de obras descubierto custodiado por dos empleados armados que, procedente de la estación de Francia, debía detenerse en la calle Taulat para efectuar el cambio de agujas, por lo que interpretaron que no sería difícil asaltarlo y hacerse con una suma considerable de dinero. Quedó a cargo elaborar un plan y de su preparación el activista Ramón Recasens, que decidió que con seis activistas sería suficiente para realizar el atraco.
Llegado el día señalado, el uno de septiembre, a las siete y media de la mañana, tres de los asaltantes, Josep Francés, (miembro del grupo de acción «El ejército Rojo»), el propio Recasens y Víctor Quero, se mezclaron entre los 150 operarios de la compañía que iban en el tren para incorporarse a sus puestos de trabajo. Otros dos activistas, Francecs Cunyat y Antonio Jiménez, quedaron apostados en el punto donde el tren debía detenerse y Manuel Ramos, mientras se efectuaba el atraco, retenía cerca del lugar al taxista del coche que habían alquilado para la fuga. Cuando se aproximó el tren encañonaron al guardabarrera para impedir que efectuara el cambio de agujas, lo que obligó al tren a detenerse bruscamente mientras los asaltantes comenzaron a disparar obligando a bajar a todos los operarios del tren, resultado herido de muerte Mariano Monterde y uno de los guardias que custodiaban la caja con el dinero de las nóminas. En la refriega también resultó muerto uno de los atracadores, Víctor Quero y herido Recasens a disparos de un centinela del depósito de artillería cercano, que acudió al ver lo sucedido19. Tras subir al herido en el taxi que estaba aguardándolos, pudieron huir con el botín que ascendió a unas 149.150 pesetas20. Pocos días después caían detenidos varios de los integrantes del grupo, mientras otros pudieron escapar al cerco policial.
El juicio tardó cinco años en celebrarse, teniendo lugar los primeros días de marzo de 1927. Entre los que se hallaban procesados, Marcelino Silva Vilasuso, José Francés Arqués, Francisco Verdú Simó, Antonio Más Gómez (a) el Tartamut y Jaime Rios Mauri. El resto de los participantes, incluido Recasens se hallaban huidos. La responsabilidad del mismo, a juicio del acusador, recayó sobre Silva y Francés.
Como defensor de Marcelino Silva actuaron los letrados Pou y Sabater; el letrado Joan Rusiñol fue el defensor de José Francés y de Antonio Más, un militante de la CNT que había ayudado a escapar a Recasens. Joan Rusiñol comenzó su informe narrando una parábola infantil como metáfora, de la que extrajo varias conjeturas en relación con el hecho que se trataba de juzgar. Afirmando en sus conclusiones que sus representantes eran inocentes, explicando los motivos que tenía para pensar así, y solicitó su absolución21.
Ni los recursos literarios ni la buena oratoria funcionaron ante la evidencia de las pruebas inculpatorias. Tres días después, el tribunal sentenció a cadena perpetua a José Francés y Marcelino Silva por considerarlos como autores materiales y a ocho años y un día de presidio mayor para Antonio Más y Francisco Verdú, como encubridores. Los cuatro, mancomunadamente, fueron condenados también al pago 91.913 pesetas como indemnización a la Compañía de ferroviaria M.Z.A., y 15.000 pesetas a la viuda y herederos del muerto Mariano Monterde22.
Joan Rusiñol también se hizo cargo de la defensa de otro atraco importante, el de la casa Salisachs, realizado el 29 de agosto de 1923. En él había perdido la vida el gerente de la compañía Pedro Villalta, que tras el robo intentó de impedir la huida de los asaltantes. Durante la atropellada fuga se estableció un largo intercambio de disparos con varias parejas de la Guardia Civil que acudieron en su persecución dejando heridos a varios transeúntes. Finalmente fueron detenidos cinco atracadores.
La causa por asalto y robo a la casa Salisachs y por el homicidio del cajero Pedro Villalta tuvo lugar el diez de enero de 1927. Dejaron de comparecer varios testigos, entre ellos el propietario de la compañía harinera, Pedro Salisahcs, que se encontraba ausente por viaje. Formaban parte de la defensa tres abogados que acordaron repartirse los diferentes aspectos del proceso. Joan Rusiñol se encargó de las cuestiones generales, el abogado Joaquín Armisén, defensor de Pedro Oro y Amadeo Sanmartín, se ocupó de la falta de pruebas y Palau Mayor, defensor de Joaquín Pons, se encargó de los aspectos jurídicos del proceso.
El abogado Rusiñol era el encargado de la defensa de dos de los acusados, Manuel González Serrano y Vicente Martín Fernández. Este último fue detenido el tres de noviembre de 1926 al salir del Palacio de Justicia en unión de Ricardo Sanz. Fue absuelto al poder demostrar que cuando sucedieron los hechos se encontraba trabajando23. En la defensa de su otro defendido, Joan Rusiñol, según la crónica periodística, pronunció, en primer lugar, «un elocuente y documentado informe» para pasar después a la denuncia social:
Atacó duramente a los causantes de las luchas sangrientas que tenían por teatro las calles de esta ciudad, convertidas en campo de batalla, de luchas homéricas, provocadas por egoísmos reprobables e incapacidad mental y cobardía moral. Analizó el resultado de la prueba, de la que dijo no se desprendía cargo alguno contra su patrocinado. Rebatió los argumentos del fiscal y terminó pidiendo que, en caso de condenar a su defendido, lo fuera sólo a la pena por él pedida24.
Joan Rusiñol pidió para González Serrano, al igual que sus compañeros para el resto de los acusados, que en caso de ser condenado solo lo fuera como responsable de los delitos de tenencia de arma, disparo y uso de nombre supuesto, ya que en el momento de su detención dijo llamarse Peroni Bautista.
En su alegato final, dirigiéndose al tribunal dijo: «que para que la sentencia sea justa basta con que los magistrados que forman la sala pongan en una de sus manos la insignia del cargo mientras que con la otra opriman el corazón y cuando aquella y este vibren al unísono resuelvan lo que deba hacerse con los procesados»25. Pero la culpabilidad de los acusados quedó tan demostrada que la sentencia fue condenatoria. Pedro Oro Ricart, Joaquín Pons Dilmer (a) «El Americano», Manuel González Serrano y Amadeo Sanmartín Suñé, fueron condenados a la pena de cadena perpetua por el delito de robo y homicidio26.
La Dictadura
Tras el golpe de estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, el grupo de los «Solidarios» quedo completamente desarticulado. Gregorio Suberbiela y Manuel Campos fueron asesinados en Barcelona por la policía secreta. Durruti y Ascaso, que habían logrado fugarse de la cárcel de Zaragoza, logran pasar a Francia. Torres Escartín también se encuentra preso en dicha cárcel. Aurelio Fernández, tras pasar por varias prisiones, logra fugarse y también pasa a Francia, García Oliver, detenido y encarcelado en Manresa, fue juzgado y condenado a siete años de prisión que cumplió en el penal de Burgos. En Barcelona solo quedan sin estar sometidos a procesos Ricardo Sanz y Alfonso Miguel, que se pasan la mayor parte del tiempo detenidos como presos gobernativos27.
La detención gubernativa consistía en el privilegio que tiene un gobernador civil de enviar a prisión por espacio de tres meses a cualquier individuo de cual sospeche una actividad subversiva. Mediante este procedimiento se mantenía a militantes obreros años y años en presidio, prorrogando regularmente su detención. A este respecto y haciendo referencia al abogado del grupo, Joan Rusiñol, Ricardo Sanz afirmaba: «La batalla más ruda que tuvo que librar nuestro abogado señor Rusiñol, fue la de conseguir la libertad cuando nos encontrábamos presos gubernativos. Todos los días nuestro abogado visitaba al gobernador para interesarse por nuestra libertad, pues solo con una llamada telefónica de la jefatura de la policía era suficiente para salir de la cárcel»28.
Más tarde, Ricardo Sanz fue detenido en Zaragoza. Serrano Batanero se desplazó allí con motivo de los preparativos del juicio de los detenidos del grupo por el asesinato del cardenal Soldevila y fue el encargado de insistir en la libertad del detenido cosa que logró al cabo de seis meses. Sanz duró poco en libertad. Tras pasar a Francia donde se reunió con el resto del grupo, volvió a España clandestinamente para gestionar la entrega de los rifles que aún seguían retenidos en la fábrica de armas de Éibar, donde fue detenido de nuevo y trasladado a Madrid. Allí pasaría encerrado 26 meses como preso gobernativo. Condenado al ostracismo por las autoridades y tras su largo cautiverio, sin que hubiese abierto proceso alguno contra él, Luis Funoll, jefe de la Brigada social de dicho centro, le propuso la posibilidad de conseguir la libertad si hacía las gestiones necesarias para ser reclamado por los juzgados de Barcelona y que una vez allí le sería más fácil conseguir la libertad. Unas gestiones de las que se encargaron Barriobero en Madrid en coordinación con Joan Rusiñol que, a los pocos días de ser trasladado a Barcelona, consiguió finalmente su libertad29.
Trascurría el año 1928, la Dictadura cada vez estaba más debilitada y los signos de cambio cada vez eran claros. Pero, tras el recuento de fuerzas hecho por Ricardo Sanz a la salida de la cárcel, el balance no podía ser más negativo para el anarcosindicalismo. La mayoría de los cuadros estaban muertos, encarcelados o en el exilio. La organización se encontraba sin recursos ni medios, pero sorprendentemente, tras el advenimiento de la Segunda República, en 1931, la CNT resurgió con una fuerza extraordinaria.
1 PAZ, Abel. (2016) Durruti en la revolución española. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo. Pág.90.
2 SANZ, Ricardo. (2015). El sindicalismo y la política: Los «Solidarios» y «Nosotros». Barcelona: Descontrol. Pág.122.
3 Ibíd. Pág.123.
4 SANZ, Ricardo (1976) El sindicalismo español antes de la Guerra Civil. Valencia: Ediciones Petronio. Pág. 289.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 RODRÍGUEZ ESTEBAN, Juan Carlos. (2020). «Genealogia i historia familiar de la saga Rusiñol a Manlleu. A la recerca d’un hereu, contra una mort omnipresent». Anuari Verdaguer. Núm. 28. pp. 99-114.
8 BENGOECHEA, Soledad. (1994). Organizació patronal i conflictividad social a Cataluya: Tradició i corporativismeentre finals de segle i la dictadura de Primo de Rivera. Barcelona: Publicacions L’Abadia de Monserrat. Pág. 358.
9 SMITH, Àngel. (1995). «La guerra de las continuas: Cambio tecnológico y estrategias sindicales en la industria algodonera catalana, 1889-1914», Sociología del Trabajo. Núm. 44, pp. 121-150.
10 RODRÍGUEZ ESTEBAN, Joan Carlos. «Genealogia i historia familiar de la saga Rusiñol a Manlleu». Op. Cit. Pág.112.
11 SANZ, Ricardo. Sindicalismo y política. Op.Cit. Pág.73
12 BALCELLS; Abert. (2001). Violencia social i poder polític. Barcelona: Pòrtic. Pág. 31.
13 IGNACIO, León. (1981). Los años del pistolerismo. Barcelona: Planeta. Pág. 199.
14 La Época. 5 de agosto de 1922. Pág. 2
15 IGNACIO, León. Los años del pistolerismo. Op. Cit. Pág. 280.
16 PAZ, Abel. Durruti en la revolución española. Op.Cit. Pág. 98-100.
17 BALCELLS; Abert. Violencia social i poder polític. Op.Cit. Pág. 93.
18 La Opinión. 23 de septiembre de 1923. Pág. 1.
19 IGNACIO, León. Los años del pistolerismo. Op. Cit. Pág.228.
20 El Diluvio. 2 de septiembre de 1922.
21 El Día Gráfico. 13 de marzo de 1927. Pág.18.
22 El Diluvio.16 de marzo de 1927. Pág. 9.
23 El Diluvio. 11 de enero de 1927. Pág.12
24 La Vanguardía.12 de enero de 1927. Pág. 3
25 El Día Gráfico. 12 enero de 1927. Pág.2
26 La Vanguardia. 15 de enero 1927. Pág. 8
27 SANZ, Ricardo. El sindicalismo y la política. Op.Cit. Pág. 161.
28 Ibíd. P.127
29 Ibíd. P 171
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