Anarquismo Historia Social Insurreccionalismo

LA INSURRECCIÓN DEL BIERZO. DICIEMBRE DE 1933

  • El presente escrito tiene como doble misión restaurar la memoria histórica de unos hechos bastante eclipsados por el franquismo y la historiografía actual y, por el otro, la de poner en valor los sucesos del Bierzo, situándolos en el marco del periodo insurreccional que se vivió durante la segunda república española.

A su vez, y como creo que es misión de todo historiador o divulgador, el de señalar las causas y antecedentes inmediatos de estos hechos cuyas raíces se hunden en el sistema cuasi feudal en que aquellos obreros vivían, vinculándolos a actuaciones concretas del Estado y alejándolos del ánimo “milenarista y visionario” del que se acusa generalmente a los anarquistas.

Y la segunda república no vino a calmar las cosas.

LA LLEGADA DE UNA REPÚBLICA DEL ORDEN

La “idílica” visión de la 2ª república que se nos ha legado los historiadores marxistas y burgueses se desmorona a poco que uno rasque esa pátina academicista. Según la feliz definición del historiador Chris Ealham “la República fue el modo de la oligarquía para perpetuarse y atenuar la lucha del pueblo contra el Estado”, para ubicarnos en el momento histórico y político recordemos que, en 1931, el número de militantes cenetistas llegaba a los 850.000 miembros pero tampoco olvidemos el de los tránsfugas monárquicos hacia la “democracia republicana”; la composición de este primer gabinete era reveladora tanto de las intenciones como de las limitaciones de los padres de la república; su presidente Niceto Alcalá Zamora y su ministro Miguel Maura no eran sino antiguos monárquicos: católicos de misa diaria y unos conservadores centralistas; Nicolau d’Olwer, ministro de Economía, un liberal con oscuros lazos con la banca y burguesía catalanas y Largo Caballero había tirado a la basura su trayectoria al haberse plegado a la dictadura de Primo de Rivera como Consejero de Estado, etc. Todos ellos eran “hombres de orden”, deseosos de frenar y suprimir la incipiente revolución e incluso debilitar las alianzas antiburguesas.

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Así, desde la sala de máquinas de la anquilosada y rancia burocracia española, nació una república preñada de mentiras y dobleces.

Las primeras leyes, como la de Vagos y Maleantes (falsamente atribuida al franquismo que lo único que hizo fue añadir a los homosexuales en 1954), creada por el socialista Jiménez de Asua y que añadió el concepto de “peligrosidad social”, era una ambigua designación legal que establecía la posibilidad -en potencia- de acusar de un delito por el mero hecho de pertenecer a un determinado estrato social y no era sino un juicio previo “por el aspecto”, esta ley trajo consigo la creación de campos de concentración similares a los nazis, algo generalmente obviado por la historiografía filorepublicana.

La prometida -y ansiada en un país eminentemente rural como España- ley de Reforma Agraria se quedó en una mera ayuda existencial. Los múltiples intereses cruzados entre la oligarquía y la nueva clase política impidieron la consumación de un hecho que hubiese marcado la condición sociolaboral de millones de campesinos que, al no ver mejoradas un ápice sus condiciones de vida, comenzaron a emprender -bajo los auspicios de la CNT-FAI- la colectivización espontanea de la tierra, a veces en forma de insurrecciones.

A todos estos conatos de búsqueda de libertad y mejoras vitales las autoridades republicanas respondieron como sólo un Estado del orden burgués podía hacerlo, no como la República del pueblo que se esperaba y por la que se votó masivamente: Seis meses después de la proclamación del nuevo régimen se produjeron los dramáticos sucesos de Castilblanco (Badajoz) donde cuatro miembros de las fuerzas del orden cargaron brutalmente contra una manifestación de campesinos y tras invadir la Casa del Pueblo fueron rodeados por las mujeres, un guardia cometió el error de efectuar un disparo y la multitud los linchó hasta la muerte, la represión se tradujo en seis condenas a muerte conmutadas por cadenas perpetuas. Días más tarde se repitió un suceso similar en Arnedo (Logroño) donde de nuevo la guardia civil abrió fuego sobre una delegación de huelguistas matando a varias personas entre ellas cuatro mujeres y un niño, a los que sumar 16 heridos de bala.

El año 1933 se inició con el archiconocido suceso de Casas Viejas (Recordemos la tremebunda la frase de Azaña y Casares Quiroga: “No quiero ni prisioneros ni heridos; tiros en la barriga!”) donde la alevosa y encarnizada masacre de la familia “Seisdedos” y otros campesinos locales fue llevada a la opinión pública con los artículos y novelas de Eduardo de Guzmán y Ramón J. Sénder hundiendo la credibilidad republicana. Estas son algunas pruebas más que palmarias del camino emprendido por esta nueva república que, de momento, ya había generado tanta animadversión entre el proletariado como lo había hecho la dictadura de Primo de Rivera.

Respecto a la legislación laboral, entre 1931 y 1933 se desarrollarán leyes como los de los tribunales paritarios dirigidas a criminalizar las acciones de la CNT -acción directa, huelgas, piquetes- en beneficio de las más laxos de la UGT, afín a un PSOE al fin en el poder, los jurados mixtos de patronos y obreros iban directamente en contra de los métodos de actuación de que hacían bandera los anarcosindicalistas. Aquí cabría destacar que muchos de los antiguos militantes de los “libres” -que durante los años de entreguerras hicieron el trabajo sucio de la patronal dejando un reguero de sangre en su trayectoria-, pasaron a engrosar las filas de la UGT dando lugar a nuevas oleadas de plomo y terror. En 1933 se promulgó la desesperada ley del Orden Público que preveía suspender la constitución de diciembre de 1931 en los casos de insurrección anarquista pero que, de facto, se aplicó mayoritariamente en las huelgas. Irónicamente el triunfo de la CEDA acabó con esta práctica.

Pero la maniobra antiproletaria está coronada ya en octubre de 1931, con la promulgación de la Ley de Defensa de la República redactada por Anguera del Sojo que, aunque camuflada por Azaña de “ley preventiva” restringía la libertad de expresión prejuzgando que ésta va a ser utilizada contra el régimen; este decreto dio poderes desorbitados a la administración para el supuesto mantenimiento del orden aunque sería usado contra la agitación obrera y campesina y no contra las conjuras de la reacción derechista como la Sanjurjada, frenada por los sindicalistas ante la inacción y pasividad del gobierno. Bajo la ley de Defensa se suprimieron cabeceras de periódicos, se censuraron artículos y se clausuraron sedes y ateneos por sus actividades políticas. Amparadas en ella se realizaron las deportaciones ilegales e inconstitucionales de activos anarquistas como Durruti o los Ascaso hacía las colonias de Villa Cisneros en África o a Canarias.

El uso continuo de este arsenal jurídico confirió a la república un tinte antiobrero, exasperó las divergencias políticas y facilitó la reagrupación de los elementos más activos y radicales del movimiento proletario.

Como dijo Saint Just “las revoluciones a medias cavan su propia tumba”

EL LEÓN REPUBLICANO

En León, zona eminentemente rural, la reforma agraria se quedó en agua de borrajas y en el otro gran colectivo obrero, la minería, el auge de la conflictividad social se veía inspirado en las consignas de la gimnasia revolucionaria que promulgaba Juan García Oliver como máximo exponente revolucionario de la CNT.

En 1932 se producía la insurrección del Alt LLobregat en Catalunya que sirven de estímulo en toda la geografía y pronto se extienden a otras provincias. A pesar de los trágicos y fútiles resultados se mantenía una conciencia común de continuar dando la batalla como preparación ante una inminente revolución social, que acabaría llegando con la sublevación militar en Marruecos.

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Los anarquistas nunca vieron a la República como algo propio, la toleraron en ocasiones pero jamás se vieron reflejados en su ideario. Y con el paso del tiempo la deriva republicana asfixiaba las aspiraciones libertarias y la grieta social se agrandó y se hizo inevitable el conflicto.

En León, en el primer año de la república se registraron varias docena de huelgas, la mayor parte por motivos salariales aunque otras lo fueron en solidaridad con despedidos o por mejoras laborales de las paupérrimas condiciones de trabajo en la mina. Éstas eran contestadas con la represión de toda la vida.

En mayo de 1932 un mitin del SUM (Sindicato Único Minero de la CNT) en Fabero, autorizado por el alcalde aunque no por el gobernador civil de León acaba en una refriega con la guardia civil con el resultado de un minero muerto y varios heridos. Desde ese momento y durante todo 1933 la conflictividad se expresa en continuas huelgas, cientos de sabotajes de líneas de telégrafos o de tensión e incluso la voladura de un puente ferroviario en Matarrosa.

El 19 de noviembre de 1933 se produce el triunfo popular de la CEDA y los anarquistas, que no habían ocultado su opción de la insurrección frente al posible triunfo electoral de la reacción derechista, comienzan los preparativos de su pustch: el día 9 la provincia amanece sembrada con miles de pasquines volantes de la CNT-FAI llamando a la Revolución Social. Ante el recuerdo de los sucesos tremendos de enero en Casas viejas y el año anterior en el Alto Llobregat, el gobernador Salvador Echeverría declaró el Estado de Prevención.

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El SUM mantenía una hegemonía aplastante en la cuenca minera, llegó a contar con un ateneo en Otero de Naraguantes y una sede. El 28 de febrero de 1932 Federica Montseny y Buenaventura Durruti dieron un mitin allí; en plena efervescencia insurreccional su discurso generó fuertes discusiones entre los partidarios del “treintismo” y los faístas. Fue la posición de Valeriano Orobón de gran afecto en la provincia, quien en confrontado debate con Pestaña consolidó la desvinculación del sindicato hacia el “desviacionismo”, las tesis reformistas (mejor expresadas como “pro-colaboracionistas”) fueron unánimemente rechazadas, la posición general antiparlamentaria quedó patente en las elecciones con un 36% de abstención. Lo que anunciaba a las claras las intenciones de la confederación regional.

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Valeriano Orobón

Según el estudioso de la minería leonesa Sen Rodríguez el SUM llegó a tener 2.500 afiliados en 1932, tengamos en cuenta que en plena “orgía del carbón” de 5.000 a 7.500 obreros dependían de la minería. Tras la dictadura primoriverista -con un sector fuertemente protegido como industria estratégica- existía una cierta “paz social” debido a un movimiento sindical inexistente: el pactista y áulico SMC (Sindicato de mineros Castellanos, afín a la UGT), los sindicatos católicos y una CNT ilegalizada proporcionaban un paisaje plácido a los patronos.

Destaca aquí la figura de Clemente Aparicio que será el personaje indiscutible en los sucesos de Fabero. Aparicio había sido el principal artífice de la consolidación del sindicato. Cuentan que este anarquista fue un gran agitador y orador que comenzó muy joven propagando las ideas ácratas subido a una silla a las entradas de las bocaminas. Exiliado en Argentina por motivos poco claros (seguramente a causa de la dictadura de Primo de Rivera) a su vuelta reorganizó de cero el SUM, durante su ausencia un afiliado se fugó con los fondos reunidos. Este anónimo personaje es interesante en esta historia porque se rumorea -como todo por aquí- que fue quien por despecho decidió delatar la insurrección del 11, un modo bastante plausible de explicar cómo pudieron los efectivos político-militares pertrecharse y presentarse en Cacabelos al día siguiente.

En aquellos tiempos Fabero era el centro neurálgico de la extensa red anarquista que incluía todo el Bierzo, desde Matarrosa, Bembibre, Cacabelos, Vega de Espinareda, Villafranca, Sobredo, Toral de los Vados o Ponferrada. Una reunión de la FAI leonesa de octubre expuso a las claras las líneas a seguir asumidas por el comité central en noviembre en un pleno nacional: “Acordamos la declaración de la Revolución social si las derechas facciosos llegaran al poder”

Pocos días después el gobernador Echeverría decretaba el Estado de alarma -en consonancia con el clima general del país- lo que incluía imposición de censura previa, necesidad de informar de cualquier cambio de domicilio de los obreros e interviniendo empresas estratégicas militarizándolas.

En este ambiente trufado de desconfianza y conspiración, los miembros del SUM se reunieron la noche del día 10 en su sede de Fabero, donde se iniciaron los preparativos, desde meses antes se había hecho acopio de armas. Días antes, a la estación de Ponferrada llegaron dos cajones con unas 80 bombas enviados por el Sindicato Único de Barcelona, desde el de León y por el mismo sistema recibieron otro contenedor con medio centenar de pistolas y escopetas, todo este material se albergó hasta la fecha fijada en casa de Aparicio. 

Así comenzó una de las insurrecciones más desconocidas y fascinantes de nuestra historia local.

EL “PUSTCH” DE FABERO

Los días previos las diferentes agrupaciones anarquistas de la provincia se reunieron en las sedes de UGT ya que las suyas estaban previamente clausuradas. Los pueblos de Cacabelos, Veguellina, Vega, Toral de los Vados o Valderas se sumaron a la convocatoria revolucionaria de la CNT-FAI. Pero fue en Fabero donde los hechos consiguieron poner en jaque a la provincia entera.

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A las dos de la mañana, el grupo de mineros encabezados por Clemente Aparicio, proclamaron el Comunismo Libertario y, tras dividirse en varios grupos unos se dirigieron a controlar los domicilios de conocidos caciques y derechistas donde se suponían armas, otros requisaron varios camiones y algunas cajas de explosivos de los polvorines de los empresarios Pérez y Moro. Mientras el grupo liderado por Aparicio se dirigió al ayuntamiento, tomándolo, quemaron la documentación del registro civil y arriaron en el balcón la bandera rojinegra de la Confederación.

Al alba llegaron noticia alarmantes al ayto. de Ponferrada donde su alcalde, Francisco Sánchez, se puso en comunicación con el gobernador Echevarría quien prometió el envío de tropas. Es en este punto donde se infiere la traición del sindicalista expulsado por robo antes citado, solo su declaración previa al 11 pudo hacer factible tal cantidad de preparación y toma de decisiones por parte de unas autoridades que nunca se caracterizaron por su agilidad mental.

En tanto, hacia las 7 de la mañana y con Fabero bajo el control obrero, los mineros se convocaron a la salida del pueblo donde Aparicio decidió dividirlos en dos grupos preveyendo la posible respuesta militar. El grueso de los revolucionarios comenzó el descenso hacia el bajo Bierzo, siendo Vega de Espinareda el siguiente pueblo en tomar; en sus cercanías asaltaron el polvorín de Rutilio García consiguiendo un arsenal de dinamita, pólvora, pistones y cohetes además de numerosos cartuchos y proyectiles de diversos calibres, ya que las fuerzas del orden locales solían usar ese silo como su santabárbara particular.

Fuertemente armados, a las 9 de la mañana se dirigieron hacia Vega, donde se hallaba el puesto de la Guardia Civil de la zona, avisados ya por el empresario Rutilio que asistió al expolio de su polvorín.

 

Los camiones con los revolucionarios entraron en Vega de Espinareda dando vivas a la Revolución Social y a la CNT-FAI, lanzaron varios petardos por las ventanas de algunas casas de conocidos derechistas. 

Una parte de los mineros se dirigió al ayto. donde se procedió a la quema de los papeles del registro catastral y los archivos municipales ante la presencia del alcalde Domingo García. A continuación se retiró la bandera tricolor del balcón y se izó la anarcosindicalista y se declaró solemnemente el Comunismo Libertario.

La resistencia del cuartel de la benemérita fue inútil frente a tamaña desproporción de fuerzas: sus efectivos consistían sólo en el cabo Miguel Tascón y cuatro guardias con sus mujeres frente a los más de 500 mineros armados que acechaban el edificio.

A pesar de las llamadas a la rendición sin represalias que se hicieron a los Guardias, éstos se negaron en redondo e iniciaron una numantina y estéril resistencia; allí hicieron su aparición estruendosa las bombas llegadas de Barcelona, terribles en manos de los expertos mineros. Cuando comenzaba a regarse con gasolina el tejado desde otro de una casa colindante, los guardias decidieron huir por un hueco hecho a culatazos en una pared medianil que daba a una panadería, allí fueron detenidos e inmediatamente los miembros del SUM apagaron el fuego que amenazaba con extenderse a viviendas anejas.

Hacia el mediodía los revolucionarios estaban eufóricos, en pocas horas se habían tomado los dos principales focos del poder estatal en la zona de Laciana. Se requisaron las armas, se destituyeron a las autoridades y se autorizó a un comité gestor para hacerse cargo de la situación.

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Gracias a las sorprendentes redes tejidas por los anarquistas se supo de las decisiones del gobernador y autoridades que daban paso al envío de tropas, de tal modo que Manuel Miguélez, “el Francés”, dirigió a un nutrido grupo a situarse estratégicamente en unas peñas a la entrada del pueblo para tratar de sorprenderlos en su llegada y darle tiempo a replegarse al otro grupo.

En Gobernación, entre tanto, el ambiente se crispaba y ante la preocupación por la posible extensión del conflicto a toda la región decidió enviar al 36º regimiento hacia Ponferrada, lugar que consideraban destino final de la algarada. También salieron hacia las 2 de la tarde dos autobuses con fusileros así como una compañía de ametralladoras que salió desde Astorga junto con tres aviones que salieron del aeródromo de La Virgen del Camino a modo de escolta de la caravana militar.

En Vega de Espinareda los mineros se recomponían, se curaba a los heridos y se decidía dejar retenes de vigilancia en los pueblos tomados.

Al llegar a Otero y repetir los mismos pasos que en Fabero y Vega se decidió no ir directamente a Ponferrada sino dirigirse por el camino de Arganza, San Juan de la Mata y Cacabelos donde el sindicato contaba con un buen número de afiliados y simpatizantes. Ésto pilló de improviso a las fuerzas vivas que se habían parapetado en la capital del Bierzo mientras en Cacabelos solamente se contaba con cuatro guardias civiles.

Con la llegada a Arganza se repitió el procedimiento de declarar el comunismo libertario, allí, según dejó testimonio días después el alcalde Victorino Uría en carta al gobernador, estos hechos se desarrollaron de modo incruento siendo éste espectador de la revuelta. De Arganza se dirigieron a Cacabelos donde sabían que las cosas no serían tan sencillas, pero antes los 500 obreros entraron en el municipio de Quilós donde se les unieron varios simpatizantes e incautaron más armamento, a la villa del Cúa llegaron casi al anochecer a la par que lo hacía un camión con una decena de guardias enviados desde Ponferrada para sumarse a los ocho que vivían en el pueblo.

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Ante la inminente llegada de los revolucionarios, el alcalde de Cacabelos, Ricardo Basante, trató de recabar el apoyo a las fuerzas del orden de los vecinos y fueron los ugetistas locales, que llevaban horas reunidos en su sede discutiendo la postura a adoptar, quienes se unieron a la guardia civil para defender el cuartelillo, también se unieron a la causa contrarrevolucionaria los socialistas cacabelenses, curiosamente un año después se cambiarían las tornas: la UGT y el PSOE serían quienes llevarían la voz cantante durante la revolución de Asturias y compartirían el martirio represor con los anarquistas.

Un numeroso grupo de hombres bien pertrechados comenzaron a asediar el ayuntamiento y la casa cuartel, narraban los testigos que permanecieron horas atrincherados, que la incesante lluvia de balas que caían de todas direcciones parecía no ir a acabar. Un grupo de mineros trató de asaltar la casa del potentado local, César Garber, sin éxito ante la llegada de refuerzos militares. Durante la refriega resultaron muertos un jornalero vecino, bajo el fuego de la guardia civil al verlo con los rebeldes, uno de los mineros, el cacabelense José Yebra y el socialista Antonio Guerra, propietario de unas conocidas bodegas de vino.

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A medianoche del 11 los diversos grupos destacados en puntos clave del pueblo avistaron los camiones militares, la fusilería procedentes de León y Astorga y dieron la alarma. Reunidos en asamblea decidieron dar por finiquitado el pustch y Aparicio habló del valor de esa experiencia “gimnnàstica” para la Revolución.

Los mineros comenzaron a replegarse hacia las montañas dejando todo tipo de sabotajes, bombas e incluso se incendió el ayto. de Candín en su huida, todo ello con el ánimo de dificultar el avance de las tropas represoras, el comandante García Vallejo ocupó Cacabelos militarmente y ordenó a dos escuadrones de ametralladoras y a los aeroplanos que diesen caza a los revolucionarios, pero no contó con los elementos, otra parodia más de la armada invencible: aquel año, en aquellas fechas se estimaron temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, la nevada desde el 20 de diciembre había sido copiosa con espesores que, en viejas fotos, se aprecian de un metro. Todo esto, unido a las continuas emboscadas de los mineros fueron obstáculos terribles para unas tropas que además carecían del conocimiento del terreno, lo agreste de la orografía y la solidaridad de los vecinos que daban cobijo a los obreros y cerraban sus puertas a las fuerzas del orden -negándoles hasta el agua a unos aterridos guardias que quedaron descolgados del gran grupo-, según me contó, mientras sonreía maliciosamente, un “joven niño” de entonces.

SABOTAJES EN VEGUELLINA

Durante la dictadura Veguellina se convirtió en un próspero pueblo, la creación de La Azucarera Leonesa por los marqueses de Duro-La Felguera y su repercusión en el cultivo remolachero se benefició de su situación a la ribera del río Órbigo y la llegada del ferrocarril. Esta nueva industria daba empleo a cientos de trabajadores en cuyo colectivo obrero la CNT-FAI contaba con una importante presencia.

La famosa madrugada del día 9 de los miles de pasquines volantes llamando a la huelga y a la insurrección general, la Federación Comarcal de Oficios Varios de la CNT decidió participar ante las medievales condiciones de vida de los jornaleros en los extensos latifundios de la burguesía. A diferencia de los sucesos de Fabero aquí el sabotaje fue la estrella invitada, conocedores por algunos infiltrados locales de que las autoridades estaban al tanto de la insurrección con una sospechosa antelación, se tomó la decisión de que la forma más idónea de colaboración con la causa era retrasar y obstaculizar todo lo posible la reacción gubernamental.

Nada más finalizar la primera asamblea se dinamitaron dos postes telegráficos con lo que se dejaba al pueblo incomunicado, aunque esto era solo una estratagema: el grupo encargado, consciente de que las autoridades estaban al tanto de las iniciativas, se quedó en espera de los operarios que, al cabo de media hora, se presentaron a arreglar el tendido escoltados por una pareja de guardias. Los revolucionarios abrieron fuego y tras un tiroteo y persecución se dispersaron. Otro grupo anarquista se encargaba mientras del verdadero atentado; la voladura de las vías del tren, principal modo de acceso de las fuerzas armadas.

El cuartelillo de Veguellina contaba con cuatro números que, con el Estado de Prevención decretado en todo el país, se habían separado en parejas para patrullar las calles. Cuando fueron alertados de los incidentes se dirigieron a las vías ferroviarias donde se encontraron con el grupo de huelguistas y comenzó un estrepitoso fuego cruzado que dejó gravemente heridos a los guardias.

Ante la incertidumbre de lo que pudiese estar sucediendo en otras zonas pero con la consciencia de que la insurrección había fracasado, los revolucionarios se reunieron en un palomar a las afueras de Veguellina, con la llegada de las primeras noticias un grupo decidió huir a Astorga mientras el otro dudaba entre irse a Asturias o a Francia.

Entre los días 11 y 13 se detuvo a la práctica totalidad de los implicados incautándose gran cantidad de munición, dinamita y papeles de la CNT-FAI. La causa fue destinada inmediatamente a la jurisprudencia militar abriéndose un proceso ante la avalancha judicial que se avecinaba con los cientos de encausados por la revuelta de Fabero.

CAZA Y REPRESIÓN

El día 12 de madrugada, tras un avance sinuoso, lento y penoso hasta el dramatismo -y continuamente sorprendidos por explosiones de dinamita provocadas con el ánimo de ralentizar su marcha- el grupo de militares consiguió llegar a Laciana, la llegada poco después de los refuerzos de la capital hicieron el resto. A partir de las 3 de la mañana comenzó la razzia por el valle de Laciana. En las montañas de Vega de Espinareda las fuerzas obreras, dispersas por sus laderas y vigilantes, fueron sorprendidas por las ametralladora y los barridos desde los aeroplanos cuyos disparos consiguieron desarticular en minutos el epicentro de la insurrección y cualquier concentración de personas existente en la zona.

Tras “reconquistar” Vega de Espinareda las tropas se encaminaron a Fabero donde se encontraron con una fuerte oposición con un tiroteo que dejó al minero cacabelense Joaquín Villalva muerto y dos guardias heridos, los revolucionarios que viendo fracasada la rebelión y que ésta no se había extendido como esperaban decidieron dispersarse hacia los Ancares y el Valle de Fornela.

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El 13 todos los pueblos conjurados estaban bajo el control gubernamental excepto aquellos lugares remotos y de dificultoso acceso donde los mineros se habían refugiado y aunque los temores de Echeverría a que se reprodujesen los incidentes no tenía visos de verosimilitud la represión continuó de modo inexorable.

Desde el día 13 las detenciones fueron masivas y arbitrarias, se tuvieron que trasladar a una cincuentena de presos a cárceles de Ponferrada, Astorga y Sahagun ya que las de la zona quedaron atestadas. Se creó un campo de concentración en Fabero que las autoridades consiguieron alejar de las portadas de los periódicos siendo hoy uno de los misterios de estas tierras silenciosas. Todos los dirigentes cenetistas fueron arrestados, no solo los presuntamente implicados como los de Fabero, también los de Cacabelos, Toral de los Vados, Villafranca, Páramo del sil o Toreno ante el temor de vendettas anarquistas.

A la condena penal de meses sin juicio, sin conocimiento de los delitos imputados y en algunos casos siquiera de los hechos mismos, se unió la desproporcionada sanción gubernativa de 10.000 pesetas a todos los encausados, un modo de decir a las claras que ninguno podría salir libre.

En lo laboral los patronos mineros se negaron a readmitir a los participantes en la revuelta lo que se tradujo en cerca de 200 familias de la zona de Laciana que sufrieron situaciones de pobreza extremas en un invierno terriblemente duro.

Tras comprender que los cabecillas habían huido (muchos pasaron a Asturias donde participarían activamente en la revolución asturiana del ´34), comenzaron las delaciones interesadas que elevaron aún más el número de procesados.

El periódico asturiano El Progreso dio la noticia el 13 de febrero de la toma del pueblo de San Antolín de Ibias, donde se declaró el comunismo libertario, se destituyó al consistorio y, bajo la presencia de un notario, se nombró a un comisario del pueblo y desde donde se hicieron durante días proclamas y propaganda anarquista. La verdad es que, según los vecinos, dos grupos de hombres ateridos de frío pidieron refugio y a los que se les oyó hablar de la inminencia de la Revolución social. Pero esta noticia sirvió de acicate para que las autoridades de Oviedo decidiesen enviar un contingente de 80 hombres entre guardia civil y de asalto para “liberar” el pueblo y apresar a los rebeldes.

La tragedia se cernía sobre los mineros que, malvestidos y apresuradamente, decidieron abandonar la zona hacia la montaña. La mayor parte de ellos murieron de congelación.

Comprobado el fracaso de la insurrección los revolucionarios iniciaron su repliegue hacia las montañas, prefiriendo el frío y la inanición que rendirse al martirio que les aguardaba de sus inquisidores”

Con estas palabras de José Peirats en su compendio “La CNT en la Revolución” se cierra el capítulo de la revolución del Bierzo en la historiografía oficial.

EL PROCESO

En febrero de 1934 ya había más de 50 detenidos por los sucesos aunque pocos tuviesen nada que ver con ellos, tras meses encarcelados sin haberles tomado declaración, sin ser acusados de nada en concreto la situación en las cárceles se estaba volviendo conflictiva lo que llevó a deportaciones de los más “ruidosos”

La CNT decidió poner todos sus medios al alcance de la defensa de los 48 acusados, la misión fue encomendada al prestigioso abogado Eduardo Barriobero y Herrán, auxiliado por Benito Pabón, ambos también serían dispuestos por la CNT para defender a los encausados por los sucesos de Veguellina. Barriobero era toda una institución dentro de los medios proletarios y letrado con larga trayectoria en disputas obreras con los patronos y defensa de sindicalistas. También prestaron sus servicios a la defensa el vecino de Vega de Espinareda, Luis López Rodríguez, abogado de izquierda republicana y con estrechas relaciones con los líderes de la CNT-FAI y el leonés Carlos Álvarez Cardóniga. Los fiscales Hernán Martín-Barbadillo y Joaquín Otero Goyanes, aristócratas de rancio abolengo y con un largo historial represor fueron los encargados de la acusación llegando a pedir 15 años de prisión. El tribunal presidido por el magistrado Higinio García condenó a 27 mineros a 6 meses y un día por sedición y 2 por tenencia de armas y explosivos, la veintena restante quedaron libres aunque tardaron meses en recuperar sus empleos en las minas como represalia de los patronos.

Paralelamente se producía el proceso militar contra 160 acusados, este proceso se inició dos días después de la insurrección teniendo que declarar a un número inexacto de obreros en rebeldía al no conseguirse su detención. Muchos de ellos pasaron a Asturias, como el caso del “jefe” insurrecto Clemente Aparicio, y de ahí a diversos puntos de Francia e hispanoamérica.

La farsa que fue este juicio militar contra 72 personas acabó con Consejo de guerra contra 32 procesados, la vista se fijó para febrero de 1936, fecha previa a las elecciones decisivas de 1936, recordemos que una de las consignas del Frente Popular para los comicios era la amnistía total de los presos políticos y ante la avalancha de penas que el periodo insurreccional republicano, el Comité pro-presos de la CNT aprovechó la ausencia de varios acusados para emplear la táctica de la dilación del proceso, hasta que una factible victoria de las izquierdas trajese la amnistía a los acusados. Conviene tener en cuenta que en aquel momento decenas de miles de militantes ácratas copaban las cárceles españolas, lo que ayuda a entender la polémica decisión de “no obstaculizar el proceso electoral” por parte de los voceros de la Confederación, Tierra y Libertad o Solidaridad Obrera.

Tras las elecciones de febrero y el triunfo del Frente Popular, el día 21 de febrero se promulgó una extensa amnistía para los presos político-sociales, esto trajo consigo que se desestimasen los consejos de guerra previstos para los acusados en la insurrección berciana y pronto el SUM recupero un gran número de sus afiliados. Al retorno de estos a las cuencas mineras se encontraron con el rechazo a contratarlos por los empresarios locales que se habían acostumbrado a cierta paz laboral y menores exigencias laborales por parte de los mineros asindicados y ugetistas. Las condiciones de vida para las cerca de 150 familias afectadas por esta decisión hizo que la CNT tomase cartas en el asunto, curiosamente fue el comunista Salustiano Quintela (aunque afiliado al SUM) quien se dirigiese por carta al diputado Vicente Uribe recabándole ayuda para los mineros. La respuesta de éste personaje -de más sombras que luces durante el conflicto bélico- consistió en una cerrada defensa del SUM ante el ministro de trabajo, Enrique Ramos, quien vista la denuncia y analizada la situación promulgó la disposición de ley del 30 de abril en que se instaba a los patronos a readmitir a los trabajadores so pena de sanciones, ya que incurrían en un delito al incumplir las resoluciones de la comisión especial encargada de las readmisiones de los obreros detenidos durante 1933 y 1934.

Aún hubo réplicas del convulso suceso del Bierzo por los dramáticos momentos que sufrían las familias de los mineros represaliados, con los enfrentamientos por los desahucios por falta de pago de alquileres y las negativas de los caseros (que no eran sino los propios patronos mineros, dueños de las “viviendas”, auténticos cuchitriles insalubres) a readmitir a los mineros.

Pero en adelante los conflictos viraron del campo laboral para enfrentarse a las cada vez más organizadas fuerzas paramilitares de Falange, que comenzaron a sembrar el terror con enfrentamientos cada vez más abiertos con los obreros, sindicalistas y anarquistas que concluirían en el asesinato del republicano teniente Castillo y el del líder derechista Calvo Sotelo como respuesta…

Pero eso es otra historia, la de un proletariado en armas que haría frente al fascismo y daría la batalla durante tres largos años, la de un “país sin amo”, que fue dueño de su futuro y que lo perdió por la impericia de unos dirigentes delicuescentes y las injerencias extranjeras que asfixiaron no solo una incipiente Revolución Social, sino las mínimas aspiraciones de democracia, fraternidad y libertad en un pueblo que vivió la increible experiencia del corto verano de la anarquía.

 

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