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Antonio MARTÍN ESCUDERO (1895-1937), “el Durruti de la Cerdaña”. [Antonio Gascón y Agustín Guillamón]

BIOGRAFÍA

Antonio Martín Escudero, más conocido por el despreciativo apodo de “el Cojo de Málaga”, nació en Belvis de Monroy (Cáceres). Era hijo de Celestino Martín Muñoz, labrador, y de Ascensión Escudero Jara, de “profesión su sexo”. Al nacimiento de Antonio, ambos tenían 26 años de edad. La cojera que padecía se debía a una herida recibida durante las jornadas revolucionarias de la Semana Trágica de Barcelona (1909). Según otras versiones la causa de la cojera fue una osteítis.

Contrabandista especializado, junto con César Flores, en el paso de armas por la frontera para abastecer a los grupos de acción. En 1922 ambos fueron activos colaboradores habituales del grupo Los Solidarios, del que formaban parte.

Exiliado en Francia desde 1924 hasta 1934. Regentó un minúsculo tenderete de zapatero remendón en un rincón anexo a una carbonería auvernesa, en el boulevard Montparnasse de París. En 1927, residiendo en Aubervilliers, tuvo con una compañera cuyo nombre completo desconocemos, una hija llamada Florida Martín Sanmartín, que le sobrevivió a su muerte, en 1937. En esa ciudad trabajó primero en la construcción y luego en un garaje.

Tras los hechos revolucionarios de octubre de 1934, Martín regresó a Barcelona, no se sabe si por propia decisión o por mandato de la Organización, de lo que resulta falsa la leyenda de su encarcelamiento durante tres semanas a causa de los Hechos de Octubre, o la de que se le viera conspirando en algunos pueblos.

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Momento en el que decidió instalarse en la Cerdaña, donde trabajó en diversas empresas y oficios (albañil, jornalero, camarero) a ambos lados de la frontera: mozo en la fábrica de leche SALI en Puigcerdá, albañil en Bellver, jornalero en Sallagosa, camarero en Font-Romeu o picando piedra en la carretera de Meranges, a destajo según los metros cúbicos extraídos, o en la empresa Py de Osseja, en la Cerdaña francesa.

En marzo de 1936 actuó en Puigcerdá como líder y portavoz sindicalista ante la patronal, participando en diversos mítines locales. En mayo de 1936 asistió al Congreso de la CNT en Zaragoza, como delegado por los sindicatos de la Cerdaña. Ambos hechos demuestran que era un destacado militante cenetista.

Tenía un hermanastro, Blanco Martín Milar, que al inicio de la guerra estuvo en la Consejería de Defensa, haciéndose llamar Rojo en lugar de Blanco, y del cual no sabemos nada más.

En julio de 1936 no hubo en Puigcerdá ningún enfrentamiento ni lucha de importancia, puesto que resultaba muy fácil la huida de los elementos derechistas a Francia. Es falso que Martín saliera de la cárcel en aquellos días, como afirman algunos, pues no estaba preso, sino que era huésped en la Fonda de Ca l´Aragonés, donde también se alojaba su malogrado amigo Segundo Jordá Gil, fusilado en Gerona en 1943.

A partir de la Mutua Puigcerdanesca, y gracias a distintas colectivizaciones del comercio y a la expropiación de diversas industrias locales, se constituyó una Cooperativa Popular, que tendió a la creación de un monopolio comercial en Puigcerdá y alrededores, que se intentó ampliar a toda la Cerdaña, con la creación de nuevas cooperativas en distintas poblaciones.

El Comité de Puigcerdá, presidido por Antonio Martín, controlaba la frontera y por lo tanto el paso de armas y alimentos, así como la fuga de curas y derechistas, y por supuesto la huida de desertores de la causa republicaba. Intentó imponer progresivamente a toda la Cerdaña un precio justo del trigo, la leche y la carne producidas, con el fin de impedir la especulación de los propietarios y facilitar a una Barcelona hambrienta una producción alimenticia a precios justos.

El 9 de septiembre de 1936, Martín estaba realizando una gira por Francia, recaudando dinero, armas y alimentos para la Revolución. No se encontraba por lo tanto en Puigcerdá en el momento de la matanza de 21 derechistas. Pero algunos días después reivindicó, en asamblea popular, aquel ajusticiamiento de fascistas, planteando como alternativa al rechazo de aquella acción represiva la dimisión en bloque del Comité Revolucionario de Puigcerdá. La asamblea decidió la continuidad del Comité, que a finales de octubre tomó el nuevo nombre de Comité Administrativo, en el que Martín desempeñaba la cartera de Gobernación.

Joan Solé, el alcalde de Bellver, uno de los mayores propietarios ganaderos de la comarca, encabezó la resistencia de ese pueblo, en el que la Esquerra (ERC) había conseguido mantener su fuerza al no participar en la sublevación de octubre de 1934, ocultándose bajo el manto de una entidad cívica local: el Bloc Republicà Catalanista. Solé se enfrentó a las pretensiones hegemónicas del Comité de Puigcerdá, intentando defender sus intereses económicos particulares.

Ahí se origina la leyenda negra del “cojo de Málaga”. Antonio Martín era un auténtico diablo para los propietarios de Bellver, porque trataba de imponerles un precio inferior en 1,25 pesetas por kilo de carne al precio que pretendían, porque intentaba algo similar con la leche y el trigo, y porque además quería cegarles otra fuente de ingresos tradicional, muy lucrativa: el contrabando (incluido el de ganado) y el paso clandestino de personas por la frontera, operación de la que se encargaban gentes de Estat Catalá y del PSUC, cobrando importantes cantidades de dinero.

El Comité de Puigcerdá había creado La Comunal, una cooperativa de producción y de consumo, que tendía a monopolizar toda la producción agrícola y ganadera de la Cerdaña, con el objetivo de evitar la especulación y vender trigo, carne y leche a una Barcelona hambrienta a unos precios asequibles. Ese fue el “gran delito” del cojo Martín; evitar que los pequeños propietarios de Bellver se enriquecieran a costa del hambre de los trabajadores barceloneses.

Fracasado el golpe independentista contra Companys, en noviembre de 1936, gracias a la intervención de la CNT, una de las unidades que tenían que haber participado en aquel golpe, el Regiment Pirinenc nº 1 de Catalunya, decidió enviar su compañía de esquiadores a La Molina, en diciembre, con el objetivo de acabar con la hegemonía de los anarquistas de Puigcerdá. Con el pretexto de guardar y proteger la frontera situaron patrullas en Bellver con carácter permanente, lo que permitió a ese pueblo plantear una serie de conflictos con el Consell de Puigcerdá, tras los cuales se encubría la defensa a ultranza de los intereses económicos de los propietarios del vacuno. Entre enero y febrero de 1937 se fueron concentrando en Bellver distintos grupos armados, con las excusas más variopintas, formados por gentes de Estat Catalá y del PSUC, e incluso por un grupo cenetista capitaneado por “el Penja-robes”, pero con el mandato explícito de los agentes de la Comisaría de Orden Público de acabar con Antonio Martín y el resto de anarquistas en cuanto fuera posible. El 10 de febrero de 1937 Joan Solé Cristòfol consiguió de nuevo la alcaldía de Bellver, que había ostentado desde enero de 1934 hasta octubre de 1936.

A su vez, Martín, harto de tantas injerencias y de acuerdo con los milicianos del POUM, de guarnición en el Sanatorio de Alp, decidieron asaltar el Chalet de La Molina y apresar a toda la Compañía de Esquís. La operación militar se desarrolló durante la madrugada del 1 de marzo de 1937. El éxito fue total, ya que sin disparar un solo tiro se apresó a todos los esquiadores, oficiales incluidos. Estos últimos fueron enviados inmediatamente a Puigcerdá, como rehenes.

Retenidos los oficiales, los hombres de Martín despacharon a la tropa con destino a Barcelona, donde aquel mismo día habían llegado noticias telefónicas sobre lo ocurrido, gracias a dos esquiadores huidos del chalet en un momento de confusión.

El sábado 6 de marzo Tarradellas y Santillán salieron en auto con destino a Puigcerdá y Bellver para informarse de los graves hechos allí ocurridos. El 8 de marzo Tarradellas informó a la prensa barcelonesa de su viaje a la Cerdaña

Tarradellas había iniciado precipitadamente negociaciones con la CNT para conseguir la rápida liberación de los rehenes. Sus interlocutores fueron, además de Santillán, el consejero de Defensa Francesc Isgleas y el propio Antonio Martín, que acordaron con Tarradellas un pacto de caballeros: los oficiales no solo no serían fusilados, como en un principio amenazaba el “Consell de Puigcerdá”, sino que serían puestos en libertad, con la condición de que los pirenaicos no volviesen a aparecer por aquel sector, comprometiéndose además la Generalitat a no destinar allí más fuerzas de ningún tipo. Los oficiales rehenes fueron liberados al instante, pero el gobierno de la Generalidad no cumplió su compromiso.

A las seis y media de la tarde del 8 de marzo de 1937 se reunió el Consejo de la Generalidad, bajo la presidencia de Tarradellas, con asistencia de todos los consejeros, a excepción del de Justicia.

Tarradellas informó de su viaje a la Cerdaña, que hizo en compañía de Santillán. Explicó que celebraron una reunión con todas las organizaciones representadas en el gobierno, siendo informados de la situación en la comarca. Acompañados de Juan Montserrat, delegado de Defensa, y por una sección del Batallón de la Muerte, subieron al Castillo de Alp, ocupado por unos ochenta militantes del POUM, donde “se han fortificado con la excusa de un sanatorio, que es una especie de prostíbulo, entre milicianos y pretendidas enfermeras Todos esos milicianos cobran de la Generalidad y tiene aterrorizada la comarca”.

Esa calumnia tan zafia que difamaba a los poumistas sólo era posible por su expulsión del gobierno, y se sumaba al proceso de marginación y culpabilización de ese partido, al que se atribuían todas las dificultades del gobierno de unidad antifascista. El castillo de Alp era un sanatorio para los milicianos del POUM. Se trataba de desprestigiar a esos militantes como paso previo a su expulsión de la comarca, ya que su presencia debilitaba a las fuerzas contrarrevolucionarias del PSUC, de ERC y del gobierno de la Generalidad.

Antonio Martín fue requerido en Puigcerdá para “que retirase todas las fuerzas con las que tenía bloqueados diversos pueblos, atendiendo el requerimiento”. Tarradellas retiró del lugar a un teniente que, por su comportamiento y carácter, tendía a agravar los conflictos, y ordenó la libertad de todos los detenidos.

Informó Tarradellas sobre las “innovaciones irrealizables” que constituyen “el programa de los que gobiernan Puigcerdá y la comarca”, quienes “con el pretexto de una cooperativa general se han incautado de todo el pueblo y no se privan de coaccionar para comprar todos los productos a bajo precio y venderlos más caro a Barcelona”, creando un problema económico de difícil solución.

Tarradellas insistió que, en cumplimiento de la nueva ordenación del Orden Público, y de los Decretos emitidos el 4 de marzo, que reorganizaban esos servicios, todas las fuerzas existentes en aquella comarca debían ser retiradas. Propuso enviar a Martí Feced para resolver las cuestiones económicas de la Cerdaña, proposición que fue aprobada.

Santillán se adhirió “a todo lo que ha manifestado el Primer Consejero”. Comorera pidió que se suspendiera el pago de los salarios de los milicianos que no atendiesen las órdenes del gobierno.

Isgleas, cenetista, advirtió que el Ministerio de Hacienda del gobierno central había nombrado un nuevo comandante de carabineros, con el que había que contar. Rogó, después, que la UGT retirase a los grupos armados que tenía en Camprodón, Maçanet y otros lugares.

Valdés dijo que la UGT lo haría en cuanto se aplicasen los Decretos de Orden Público. Tarradellas propuso “que se envíen mossos de escuadra a Bellver”.

Así se acordó.

Comorera pidió una investigación sobre los maltratos recibidos por su secretario en el pueblo fronterizo de La Jonquera. Aguadé dijo que lo que hacía falta era arreglar de una vez la cuestión de las fronteras.

A continuación, se debatió sobre el carácter fascista y contrarrevolucionario del POUM y sobre la necesidad de suspender La Batalla; sólo algunos consejeros anarcosindicalistas defendieron tímidamente al POUM.

La posición de Santillán era absolutamente cómplice de las directrices estalinistas y gubernamentales. Finalmente, las declaraciones de Isgleas sobre la indefensión de los barceloneses ante los ataques aéreos y marítimos, culpabilizando únicamente al Gobierno central, abren un interrogante sobre la responsabilidad de la Generalidad y de todas las organizaciones antifascistas ante la evidente inhibición y desidia de todos ellos en la creación de una defensa antiaérea activa, aunque todo resulta más comprensible y racional si se considera que bombas y hambre eran los mejores instrumentos gubernamentales para doblegar a la revolución.

Desde el 8 de marzo hasta el 26 de abril el gobierno de la Generalidad fue acumulando tropas en Bellver y en poblaciones próximas, así como en las cercanías de la frontera. El gobierno de Valencia hizo lo mismo con los carabineros, acumulando hasta 500 en Ripoll, que después de fracasar en su intento por asaltar Puigcerdá, el 24 de abril, tomaron por asalto el edificio de la Telefónica local, emplazando ametralladoras en la estación y en otros edificios estratégicos, así como una barricada en la carretera de Barcelona, con el apoyo total del PSUC local, que incrementó su capacidad al unírsele una columna de la UGT, que hasta entonces había estado acampada en Camprodón.

El 27 de abril de 1937, Antonio Martín y Julio Fortuny, de la Seu d´Urgell, y otros dos militantes, fueron asesinados en una emboscada, cuando la comisión de la CNT-FAI que había ido a Bellver a parlamentar, fue tiroteada en el puente de acceso a la población.

La leyenda negra del anarquismo catalán, promovida por las infamias de catalanistas y estalinistas, le atribuyó personalmente a Antonio Martín todos los asesinatos, robos o actos delictivos producidos en la Cerdaña durante la guerra civil, exagerando por otra parte la cantidad de muertes violentas (entre cuarenta y cincuenta y no los centenares y hasta millares atribuidos por la leyenda) y reduciendo la autoría de la represión antifascista colectiva exclusivamente a “los anarquistas”, cuando en ella habían participado tanto la CNT-FAI, como el PSUC-UGT, ERC, POUM y Estat Catalá. Existen indicios documentales que atribuyen la confección de la lista de los 21 fusilados del 9 de septiembre en Puigcerdá a ERC-Estat Catalá.

Pero no basta con probar que Antonio Martín no participó en la matanza del 9 de septiembre (21 fusilados) en Puigcerdá, porque sencillamente no estaba allí; no basta con señalar que esa matanza fue un ajuste de cuentas entre catalanistas de Estat Català y españolistas de Unión Patriótica, en venganza por las delaciones y las denuncias correspondientes que desencadenaron la represión anticatalanista de octubre de 1934; no basta con documentar que en la represión violenta de los fascistas en la Cataluña de 1936-1937 habían participado también estalinistas, poumistas y catalanistas y que, por lo tanto, no era exclusiva de los anarquistas; no basta con argumentar que la violencia revolucionaria contra esos fascistas y derechistas era legítima, puesto que habían abierto con su golpe de estado contra el gobierno republicano la vía violenta como solución a los conflictos sociales y políticos. Todo se derrumba y anula ante la irracional campaña difamatoria y criminalizadora contra los libertarios, campaña en la que se alían y conjuran franquistas, catalanistas y estalinistas, que conjuntamente han convertido en un dogma indiscutible de su Historia Sagrada la leyenda negra del anarquismo catalán, que ahora de nuevo pretenden magnificar y santificar, previa beatificación de los mártires fascistas.

Entre esas infamias se incluye el despreciativo apodo que catalanistas y estalinistas dieron a Antonio Martín, intentando ridiculizarlo al darle el nombre artístico de un famoso cantante flamenco de la época, que también era cojo. Antonio Martín no fue nunca “el Cojo de Málaga”, entre otras cosas porque jamás estuvo en esa ciudad, ni era natural de ella, sino “el Durruti de la Cerdaña”, un revolucionario que murió asesinado por sus enemigos en una emboscada preparada a la entrada de Bellver cuando iba a parlamentar con ellos, según declaraciones de testigos presenciales.

LA CERDAÑA DESPUÉS DE LA MUERTE DE MARTÍN

El cenetista y cooperativista Pedro Lozano organizó el 28 de mayo de 1937 un mitin cooperatista en Puigcerdá, que se celebró en el Cine de la Cooperativa, “local que pertenecía a la llamada Cooperativa Popular”. Participaron en el mitin Joan Rovira, Miquel Mestre (PSUC) y Francico Campos, como representantes de la Federación de Cooperativas de Cataluña.

Tras la insurrección victoriosa del 19 de julio de 1936 se había creado La Comunal, que absorbió a la cooperativa llamada La Mutua Puigcerdanesa, así como a casi todo el comercio local, “con coacción o sin ella”.

Esa Cooperativa Popular, “fundada al calor de la revolución” poseía un gran almacén general de venta de comestibles, otro de vinos, varias sucursales de venta de carne, ropas, mercería y otros. Pero tal cooperativa carecía de socios inscritos, de reglamento alguno, necesario según la Ley de Cooperativas, “sólo tenía una comisión designada por el pueblo y un responsable en la persona de Lozano. Es decir, que más que una Cooperativa era un organismo revolucionario confederal (La Comunal) que había monopolizado el comercio de Puigcerdá y parte de la Cerdaña.

La finalidad del mitin no era otra que la de normalizar la situación e iniciar un proceso de liquidación de La Comunal o Cooperativa Popular, devolviendo a sus antiguos propietarios los bienes incautados y diferenciando las pertenencias de la antigua Mutua Puigcerdanesa de las incautaciones posteriores.

La obra revolucionaria del cantón anarquista de la Cerdaña, liderada por Antonio Martín, y materializada en La Comunal, debía ser deshecha para volver a la legalidad republicana, restaurando las propiedades de la antigua cooperativa de la Mutua y devolviendo a los antiguos propietarios privados los bienes expropiados.

Pero no era suficiente con destruir La Comunal. La contrarrevolución quería liquidar también a los revolucionarios que la habían hecho posible. Así se ha hecho siempre en cualquier etapa contrarrevolucionaria, en cualquier país donde la revolución haya sido derrotada. Y mayo de 1937 había sido una derrota de los revolucionarios.

Un informe de la Comisión Jurídica cenetista explicaba que a las nueve de la mañana del día 10 de junio de 1937, mientras “los compañeros José Basagañes, José Anglada, Juan Maranges, Esteban y Jaime, así como un tío de Casagañes” se hallaban trabajando en el edificio conocido como “La Serradora”, se presentaron en el lugar “numerosas fuerzas compuestas por Carabineros, Guardias de Asalto y Agentes de Vigilancia”, que siguiendo “un plan plenamente concebido por el Delegado de Orden Público, llamado Fernández, empezaron a disparar” contra el edificio con el único objetivo “de provocar y ver si hacían resistencia, los compañeros que se encontraban dentro”, para poder justificar que las fuerzas de orden público habían sido atacadas previamente.

Todos los testigos presenciales testimoniaron que el acta policial había falsificado los hechos, y no era cierto que los compañeros cenetistas hubiesen lanzado bombas y dispararan sus revólveres, “pues de haber sido cierto habría habido heridos y tal vez muertos” entre la fuerza pública, cuando no hubo entre ellos heridos, ni un herido leve.

El doctor Córdoba que certificó la muerte de los “compañeros que tan vilmente fueron asesinados” podría “dar detalles sobre la muerte de nuestros militantes”.

Del salvajismo del ataque daba pruebas el remate por ráfaga de ametralladora de dos de los compañeros que habían quedado heridos. Algunos de los asesinados habían sido miembros del Comité Revolucionario: ese era el motivo de la matanza.

Varios militantes cenetistas huyeron de Puigcerdá para intentar escapar a la brutal represión en curso, “siendo detenidos posteriormente los compañeros José Catrafel, Ángel Cortés, Pedro Parés, Joaquín Ortas, Felipe Ugalde, Valentín Pous y Antonio Martínez, acusados y procesados por diversos delitos que les achacan”.

Fueron detenidos como gubernativos Miguel Domengé, Juan Escoriza, José Anglada, Eusebio Meranges, José Sals, Salvador Cinquilla, Julián Gallego, Luciano Durán, el anciano Tricheaux (destacado militante anarquista francés) y su yerno, así como dos milicianos de la Columna Durruti que se encontraban en los alrededores de Puigcerdá.

También estaba como detenido gubernativo, aunque hospitalizado, “el destacado militante Mariano Puente”, a todas luces de forma arbitraria, según la opinión popular.

El 12 de junio de 1937 en una sesión extraordinaria, presidida por el delegado de Orden Público Gerónimo Fernández (el mismo que dos días antes había dirigido el asalto y asesinatos de La Serradora), se nombró el nuevo ayuntamiento, constituido según los decretos del 9 y 12 de octubre de 1936, que quedó de esta manera: alcalde, Josep Clot (ERC); segundo alcalde, Antoni Junoy (ERC); tercer alcalde, Pedro Lozano (CNT); y el resto de consejeros: Joan Casanovas (Unió de Rabasaires), Agustí Sánchez (CNT), Antonio Gordillo (CNT) y Elisi Font (ERC).

En la sesión municipal del 30 de junio se crearon impuestos sobre bares, la leche producida en la comarca (con su consiguiente encarecimiento para los barceloneses que pasaban hambre) y se municipalizó La Serradora (autogestionada desde su incautación el 19 de julio de 1936 hasta los asesinatos del 10 de junio).

En la sesión del 15 de julio de 1937 la CNT comunicó su acuerdo de sustituir a sus representantes en el ayuntamiento: Lozano, Sánchez y Gordillo, por los nuevos representantes designados por la Organización en asamblea: Joan Coll, Pau Porta y Eduard Martín. ERC se opuso al nombramiento de Eduard Martin por su participación en los Hechos de Mayo.

Tras tres sesiones que no pudieron celebrarse por ausencia de los consejeros cenetistas, amenazados de muerte, se realizó la sesión del 27 de julio en la que CNT comunicó la sustitución de Eduard Martín, perseguido judicialmente, por la del doctor Ramón Córdoba. En esa misma sesión el PSUC nombró a sus consejeros en el ayuntamiento: Juan Salom y Lluís Pubill.

A finales de agosto el ayuntamiento de Puigcerdá, como tantos otros de la comarca, estaba prácticamente disuelto y sus funciones habían sido absorbidas por el Comité Ejecutivo de la Cerdaña.

El informante de la Comisión Jurídica señalaba como “instigador principal de la persecución” de los militantes anarcosindicalistas en Puigcerdá a “Vicente Climent [PSUC], y un llamado Juan Bayran Clasli, del PSUC”, que junto al “alcalde de Bellver, un agente de Vigilancia, llamado Samper, y otro agente cuyo nombre ignoro en este momento, ambos pertenecientes a Estat Catalá, tienen formado un Comité Ejecutivo que se ensañan con la persecución de militantes de nuestra Organización”.

Como prueba de la brutalidad de ese Comité Ejecutivo de la Cerdaña relataba el informante “la agresión de que fue víctima, hace unos días en la plaza pública, el compañero Eulalio Oña, el cual fue agredido y abofeteado por el agente Samper, conminándole a que en el plazo de veinticuatro horas se ausentase de la población”, bajo amenaza de que si no lo hacía así, “lo harían desaparecer”.

Ese Comité Ejecutivo que había impuesto el terror mediante la persecución de los cenetistas de Puigcerdá, se reunió para tomar “graves acuerdos”, entre los que se contaba el de expulsar de la Cerdaña a todos los militantes de la CNT y de la FAI, bajo amenaza de hacer desaparecer a quienes no cumpliesen tal orden.

Los familiares de los asesinados en La Serradora eran constantemente acosados, con el objetivo explícito de expulsarlos de la comarca.

Los cenetistas Leocadio Mediavilla, Antonio Gordillo y Agustín Sánchez, antiguos concejales en el Ayuntamiento de Puigcerdá, habían huido ante las amenazas de ser detenidos, y estaban siendo “buscados por el grupo del Agente Samper y vecinos y alcalde de Bellver”, que interrogaban a los militantes cenetistas con el fin de “averiguar donde se hallan y proceder a su detención” o asesinato.

Relataba el informante que el local de las JJLL había sido requisado por las fuerzas de orden público, “instalándose en el mismo las fuerzas de Carabineros”, y la biblioteca existente entregada a la UGT, “o al Delegado que la Generalidad envíe para su entrega”.

El local del Sindicato de la CNT había sido asaltado “por un grupo de individuos pertenecientes a Estat Catalá y PSUC”, para entregarlo al antiguo propietario. El informe terminaba con una referencia a la Seo d´Urgell, que vivía una persecución similar a la de Puigcerdá.

El resultado de la represión era el regreso a Puigcerdá de los fascistas y enemigos de la revolución del 19 de julio: Obiols, el juez perseguido el 19 de julio, era el mismo juez que admitía todas las denuncias contra los cenetistas, pero que se ponía enfermo para eludir toda responsabilidad por los asesinatos de cenetistas; había regresado el alcalde de la Dictadura de Primo de Rivera; la familia del cura “y otros muchos, a los cuales se les atiende en sus denuncias y reclamaciones en perjuicio de nuestros militantes”, con el único fin “de cargar toda la responsabilidad sobre nuestra Organización y sus componentes”.

Las fuerzas de Orden Público, las antiguas autoridades, los fascistas y la burguesía estaban reconquistando la Cerdaña, desencadenando una represión salvaje y brutal contra los militantes anarcosindicalistas, que iban desde el asesinato, la cárcel y el destierro hasta la metódica persecución de los familiares y de todos los militantes cenetistas, pasando por la incautación de locales y las amenazas de muerte o la efectiva eliminación física. Y como complemento inevitable y justificativo de esta represión estalinista, gubernamental y clasista se reafirmaba y crecía la leyenda negra de los anarquistas catalanes en general y de Antonio Martín en particular.

Los continuos registros, las incautaciones de dinero y utensilios en los hogares, la ruptura de la correspondencia, las palizas, incluso públicas en plena calle, las amenazas de muerte o desaparición, hechas a los militantes y a sus familiares, y un largo etcétera de desmanes y persecución, efectuado por policías y vecinos de Bellver, consiguieron que en septiembre de 1937 la CNT hubiera ya desaparecido como organización en toda la comarca de la Cerdaña.

En 1938 Joan Solé fue nombrado comisario municipal, de varios pueblos de la comarca, que regía a su antojo, sin oposición alguna, mientras la CNT iniciaba una tímida reorganización llena de obstáculos.

ARCHIVOS CONTRA LEYENDAS

Leyenda es la narración de sucesos fabulosos que se transmite por tradición como si fuesen históricos y reales. Los archivos son lugares donde se custodian documentos, que son los mimbres con los cuales el historiador construye un relato fidedigno y riguroso del pasado.

El 1 de octubre de 1937, Martín Salvat Pujadas, encargado del cementerio de Puigcerdá, en respuesta escrita al oficio recibido, declaró que las inhumaciones realizadas por muertes violentas, desde el 19 de julio de 1936, sumaban un total de treinta y una víctimas. La consulta de los entierros registrados en el cementerio de esa ciudad nos permite su clasificación por fechas: los veintiún fusilados en la matanza del 9 de septiembre de 1936, dos mujeres apaleadas en las tapias del cementerio el 30 de octubre de 1936, los dos anarquistas caídos en el enfrentamiento armado de Bellver, el 27 de abril de 1937 (Antonio Martín y Julio Fortuny), y los seis anarquistas asesinados en La Serradora. En resumen, 23 fascistas y 8 anarquistas.

El mito de los fusilamientos masivos en la collada de Tosas, ordenada por el Comité de Puigcerdá, se desmorona ante la precisión y contundencia de un documento de la Causa General que concluye, una vez desenterrados y analizados los veintiséis cadáveres hallados, que se trataba en su mayoría de personas muy jóvenes, identificados algunos como derechistas y desertores, que habían sido abatidos por disparos de los carabineros al intentar cruzar la frontera. Ni comité, ni fusilamientos; carabineros y desertores, y en todo caso muertes ajenas a la problemática interna de la Cerdaña que no deben contabilizarse como fruto de los conflictos sociales y políticos de esa comarca.

Pero la realidad histórica no importa, los documentos que destruyen una fabulosa difamación, tampoco. Los anarquistas siempre han sido, son y serán culpables de haber luchado por la revolución. Y eso, sólo eso, y el odio infinito que genera en la burguesía, es suficiente para alimentar y justificar ayer, hoy y siempre la leyenda negra del anarquismo catalán. A la historia sagrada (de esos historiadores al servicio del amo que les paga) no le importa su falsedad; sólo le interesa la irracional condena de los revolucionarios y de su “evidente” naturaleza diabólica, criminal y maligna. Su delito fue el de imaginar un mundo mejor, justo y sin explotación. Su crimen: fue combatir por la libertad, por el poder de decidir sobre su propia vida, por la gestión común de las prioridades socioeconómicas, por la destrucción del Estado, por el comunismo libertario. Nada más y nada menos.

Publicado originalmente en catalán en la Revista Catalunya número 166 y 167 (noviembre y diciembre de 2014)

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