La Agrupación de Defensa Ciudadana [Antonio Gascón y Agustín Guillamón]

Los llamados Hechos de octubre de 1934 se podrían resumir como un movimiento insurreccional de carácter nacionalista, encabezado en Cataluña por el propio gobierno autónomo, que se enfrentó a la involución conservadora del régimen republicano español. Hechos que tuvieron lugar el 6 de octubre de 1934, cuando el presidente Lluís Companys, desde el balcón de la Plaza Sant Jaume, proclamó el Estat Catalá dentro de la República Federal Española. Intento secesionista que una vez fracasado desembocó en el encarcelamiento de todos los miembros del Gobierno de Cataluña y la consiguiente suspensión del Estatuto de Nuria por parte del gobierno español.

Otra consecuencia de aquel fracaso¹ fue la disolución del Somatén. La notoria implicación del Somatén en aquella revuelta, al lado del gobierno catalán, terminó con la rendición de la Comandancia de Somatenes a las fuerzas del Ejército el día 7 de octubre de 1934. Esto supuso la supresión de dicha Comandancia el día 13, por orden de la Presidencia accidental de la Generalidad, “a causa de la facciosa intervención de estos últimos en la rebelión de la Generalitat”. (Orden del Estado Mayor de la 4º División Orgánica, 5 de diciembre de 1934).

Por esta razón, desde noviembre de 1934 y hasta las elecciones de febrero de 1936, el Somatén Armado de Cataluña fue reemplazado por los grupos armados de Acción Ciudadana, tutelados por la autoridad militar de Cataluña, y al parecer en muchos casos controlados por organizaciones españolas de extrema derecha².

Pero tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, que implicó el inmediato restablecimiento de la Generalidad y el regreso de Companys, conllevó que el proceso que se había iniciado contra el Somatén el 21 enero de aquel mismo año quedara en suspenso³, teniendo en cuenta que el motivo de aquel proceso era el de controlar aquella fuerza. Según marcaba el preámbulo de dicha ley, el Somatén tenía que abandonar sus funciones de policía urbana, y además dejaría de ser una fuerza militarizada bajo el mando de un jefe del Ejército. Todo esto significaba que los somatenes deberían volver a ser lo que históricamente siempre habían sido: una policía rural, dejando así de “ser un peligro para el Estado”. Esto no evitó que los somatenes, tras el triunfo electoral de las izquierdas, volvieran a quedar de nuevo bajo el control de la Junta de Seguridad de Cataluña.

Por otra parte, en aquella nueva estructuración del somatén iniciada en enero de 1936, Acción Ciudadana ya había recibido orden de que todos los que tuvieran armas, las tenían que entregar inmediatamente⁴. Sin embargo, de hecho, no fueron desarmados hasta la promulgación de otra nueva orden de la Consejería de Gobernación del 6 de junio de 1936, que entonces sí que fue obedecida de forma fulminante. Los motivos no fueron precisamente triviales, puesto que el propio presidente Companys fue el encargado de acusar a dicha organización de haber sido “los delatores y perseguidores de los republicanos en general y en particular de los participantes en la sublevación del 6 de octubre de 1934”. Grave estigma, lanzado por Companys, que no tardó en fructificar dentro de su propio partido:

“El Consejo de ayer —siguió diciendo el Presidente — se ocupó especialmente del traspaso de servicios de Orden público y de la situación de los conflictos sociales. En relación con el primero se cambiaron impresiones respecto a las diversas medidas a tomar para adaptar el nuevo estado de cosas y para que los instrumentos del Orden público de la República respondan con eficacia y lealtad indudables al servicio disciplinado de la misma.”[…] “Además: según informes que el Gobierno había recibido continúan aún armados algunos elementos de Acción Ciudadana, o sea de la organización policíaca montada y protegida durante la situación anterior para confiarle el triste cometido de delación y persecución contra las personas y los partidos que trajeron la República y especialmente contra los simpatizantes de la protesta del seis de octubre⁵”.

En la misma línea, el gobierno catalán dictó la caducidad de todos los permisos de armas de la gente que hubiera figurado en las listas de Acción Ciudadana, dándoles cinco días para que hicieran entrega de las armas que tuvieran en su poder, en la Jefatura de policía más próxima. Transcurrido el plazo se revisarían el resto de los permisos, para decidir su prolongación, o no, en función de la profesión o de las circunstancias personales de cada individuo.

“El Gobierno de la Generalidad en posesión ya del Orden público y de acuerdo con el Gobierno de la República da por caducados todos estos permisos de armas, de manera que todo individuo que figure o haya figurado en las listas de Acción Ciudadana queda desprovisto de la licencia y se le concede un plazo de cinco días para que haga entrega del arma en la Jefatura de Policía de Barcelona, en la que constan los antecedentes de aquellas licencias y permisos entonces otorgados, o bien en las respectivas comisarías.

Una vez transcurrido el plazo fijado se irá también al examen de las demás licencias, concediéndose un mes de plazo para la revisión de los permisos y renovándose aquellos que, por la profesión, circunstancias, o características puedan ser mantenidos sin peligro para e1 orden y la paz de la República y de la Autonomía.”⁶

A mediados de junio, prosiguiendo el mismo hilo de pensamiento de Companys, las páginas de La Vanguardia recogían unos incendiarios comentarios aparecidos en el diario La Humanitat,  de nuevo órgano oficial de ERC⁷,  donde se volvía a insistir en la necesidad de desarmar a Acción Ciudadana, al haber sido en el pasado “…los perseguidores y delatores del 6 de octubre, los «valientes» policías al servicio del despotismo anticatalanista y antirrepublicano”.

La Humanitat insistía en sus comentarios en torno a los rumores de una intentona fascista, y escribía:

“Aquí, días pasados, unos sujetos se permitieron promover un tumulto en el Palacio de Justicia. Su detención fue inmediata. Uno de ellos ya está procesado y encarcelado, por tenencia ilícita de armas. Estos días, un gran número de armas ha sido llevado a la Comisaría de Orden Público. Pertenecen, la mayoría a los elementos de «Acción Ciudadana», desarmados por el Gobierno de Cataluña en cuanto contó con los dispositivos de policía necesarios, en virtud del nuevo traspaso de servicios. En todas las comarcas, los Comisarios de la Generalitat han de actuar inexorablemente en el mismo sentido. Han acabado los cinco días de plazo concedidos para el desarme voluntario de Acción Ciudadana. De ahora en adelante es necesario desarmarles por la fuerza y entregar los rebeldes a la justicia.Sobre esto no han de admitirse debilidades ni contemplaciones de ningún tipo ni en ningún sentido.

Nos consta que el Gobierno de Cataluña sigue con mucha atención la acción de vigilancia y represión en todo lo referente con estos problemas, la gravedad de los cuales acaba de verse en el último complot abortado por el ministro de la Gobernación. Como dijo el Presidente Companys, «aquí el fascismo no levantará cabeza». Los perseguidores y delatores del 6 de octubre, los «valientes» policías al servicio del despotismo anticatalanista y antirrepublicano, y, en general, todo el fermento fascistizante y monárquico, es aquí una planta exótica e indeseable” ⁸.

Estos comentarios, publicados en las páginas del propio órgano de prensa de ERC, daban medida del malestar que reinaba en el seno del partido. Era indudable que la dura actuación de Acción Ciudadana en el periodo posterior a la derrota de los nacionalistas en octubre de 1934 tuvo carácter legal, puesto que estaban amparados por la ley española, y se habían convertido en un cuerpo armado auxiliar del ejército. Sin embargo, cuestión distinta era si los desmanes producidos y los abusos extrajudiciales de Acción Ciudadana eran admisibles y tolerables o desbordaban el vaso y justificaban, o no, las revanchas nacionalistas de 1936.

Esta situación explicaría de forma clara y sencilla la persecución y asesinato que sufrieron muchos de los miembros de Acción Ciudadana al inicio de la guerra, en lo que sería una pura y dura venganza de los nacionalistas, tal como sucedió en la Cerdaña, y que se reflejó en el elevado número de víctimas de esa organización.

El 22 de aquel mismo mes, la Generalidad anunciaba el restablecimiento del control de los Somatenes Armados de Cataluña⁹, a la par que se reintegraba al comandante Jesús Pérez Farrás en su cargo de Comisario Jefe.

A nivel local, y en el caso concreto de Puigcerdá, resulta harto sorprendente que ninguno de los distintos trabajos sobre la guerra civil en la Cerdaña haya planteado jamás la posibilidad de que las tropelías producidas al comienzo de la guerra civil estuviesen motivadas como venganza por los sufrimientos y la represión sufrida por los perdedores de octubre de 1934.

Quizás nos sea lícito sospechar en la posibilidad de que los protagonistas de esa venganza de 1936 hayan tenido buen cuidado en ocultar tales acciones, así como sus precedentes y consecuencias. Era mejor no dar detalles del fracaso de octubre y todo lo sucedido durante el levantamiento de 1934. Era preciso y urgente guardar secreto sobre quién estuvo implicado y procesado en octubre de 1934, para soslayar de ese modo la viabilidad de que alguien pudiera relacionar una represión con otra: la del 1936 con la anterior de 1934. La de 1936 como venganza por la de 1934.

Si alguien llegara a establecer tal relación causa-efecto, como hacemos Gascón/Guillamón, la leyenda tan primorosamente construida de los asesinatos cometidos por los anarquistas podía dar un giro copernicano, ya que explicaría además el interés desmesurado de determinados falsificadores en realzar la responsabilidad única de los anarquistas en la represión de 1936, con el propósito implícito de ocultar de ese modo la patente responsabilidad de los nacionalistas.

Nuestra sospecha es avalada por la documentación hallada en el Arxiu Comarcal de la Cerdanya:

• 1. los restos de lo que en su día fue el “sumario 177 por sedición”, es decir, el incoado por la autoridad militar en Puigcerdá, con motivo de los hechos de octubre de 1934, que en su totalidad debió formar una causa compuesta por 845 folios, encabezados con el título “Autos y Otros Documentos”, de los que hoy apenas se conservan unas treinta páginas.
• 2. El expediente, titulado “Treinta y Nueve Procesados. Firmas de los Procesados por los sucesos del seis de Octubre de 1934”, compuesto por 69 folios con firmas de los detenidos, que abarcan desde el día 2-11-34 hasta el 21-10-1935.

Quizás alguien quiera argumentar en su descargo que cuando se escribió la polémica obra de Pous/Solé¹⁰ el Arxiu Comarcal no existía, a lo que respondemos que ya existía el Arxiu Municipal, que después nutrió con sus fondos al actual Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Cosa distinta hubiera sido que tras la aparición de un destacadísimo trabajo de Blanchon¹¹ tales historiadores hubieran decidido actualizar sus anteriores trabajos.

Pero no se hizo así y, por lo tanto, al no actualizarse el trabajo de Pous/Solé sólo caben dos posibilidades: la pereza ha paralizado una urgente revisión del libro editado por la Abadía de Montserrat, o quizás han valorado que era mucho mejor “no meneallo”.

Sorprende que la provocativa aparición en los últimos tres años de cuatro trabajos, muy críticos con Pous/Solé, no haya merecido acuse de recibo alguno, dado que se citaba con claridad meridiana el nombre de los destinatarios¹². El silencio suele ser la despreciativa respuesta del mundo académico y universitario, que evita siempre cualquier polémica que cuestione sus ingresos o su prestigio.

Sin más objetivo que el de restablecer la verdad histórica, vamos a aportar los documentos y comentarios que, como no podía ser de otro modo, han salido de los archivos comarcales, y por tanto de los archivos de siempre.

Ya hemos empezado a explicar qué aconteció en Puigcerdá durante las elecciones municipales de 1933, pues ahí está la clave que nos permite entender lo sucedió después.

Ahora vamos a adentrarnos en el círculo de odios que se fue forjando desde 1934 hasta 1936, cuyas consecuencias se han cargado exclusivamente sobre las espaldas del anarquismo, con intención de exonerar a los auténticos responsables.

Si nos limitamos a lo que la prensa recogía el 11 de noviembre de 1934, referente a Puigcerdá, las noticias comunicaban que en la frontera franco-española habían sido capturados varios camiones con gente armada¹³.

De hecho, aquellas crónicas eran la síntesis de la rueda de prensa dada por el delegado del Gobierno de la República, Ramón Carreras Pons, que explicaba su satisfacción “por la normalidad con que se estaba desarrollando la vida en Barcelona y casi en todo el resto de Cataluña”.

Adverbio “casi” que dio pie a que un avispado periodista le preguntara al delegado que quería decir con ello, a lo que este respondió “que se estaba preparando para la madrugada un movimiento combinado, entrando por la frontera camiones con gente armada, para coincidir con otros grupos que debían avanzar por el Pirineo español”.

También informó que el delegado en Puigcerdá se había puesto en comunicación con los carabineros y la guardia civil, que habían realizado un meritorio servicio, pues se habían practicado más de 80 detenciones y se habían aprehendido multitud de bombas, armas, municiones y más de 300 kilos de dinamita. La operación había ocasionado un ligero tiroteo, durante el cual no había habido que lamentar bajas.

El diario explicaba además que en Puigcerdá continuaba la huelga en fábricas y talleres o que la policía francesa había cooperado eficazmente en el servicio efectuado por las fuerzas españolas, pues señaló la presencia de elementos sospechosos en la frontera y practicó algunas detenciones.

El delegado también informó que en aquellos momentos ignoraba los nombres de los detenidos, pero creía que “todos eran catalanes”, curioso comentario que, al parecer, no llamó la atención de nadie, ni en aquel momento ni años después a historiador alguno.

En Cataluña, el general Batet, jefe de la Cuarta División Orgánica, el día 7 de octubre había colocado al coronel de carabineros, Joaquín Ibáñez Alarcón, al frente de la “Jefatura Superior de Policía de Cataluña”, asignándole la tarea de dirigir los servicios y fuerzas de orden público de Cataluña.

Por ello, Ibáñez tenía que reorganizar las fuerzas policiales “con los elementos que estime verdaderamente adictos al Gobierno”, y por lo mismo tenía a sus órdenes a la “Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad y Asalto, Mozos de Escuadra, Urbanos y personal de vigilancia del Ayuntamiento y Generalidad”.

A buen seguro la orden de reorganización de las fuerzas policiales con hombres “verdaderamente adictos”, explicaría la amplia depuración que la autoridad militar realizó en la Consejería de Gobernación. Así fue como el 11 de octubre fueron suspendidos de trabajo y sueldo todos los funcionarios de la plantilla de la Comisaría General de Orden Público.

El 26 les tocó el turno a los agentes de Investigación y Vigilancia nombrados por la Generalidad, y en paralelo fue suprimida la Comisaría de los Somatenes Armados de Cataluña, que fue substituida por la “Jefatura de Acción Ciudadana”, que se nutrió de las diversas agrupaciones locales con elementos reaccionarios armados¹⁴.

En la mayoría de las grandes poblaciones de Cataluña, siguiendo el ejemplo de Barcelona, el Somatén también fue substituido por elementos de Acción Ciudadana, como fue el caso concreto de Reus, noticia que apareció en las páginas de La Vanguardia del mes de noviembre:

“Reus.

El comandante militar de esta plaza y de su partido judicial, teniente de Intendencia don Fermín Cuervo Blázquez, ha hecho público un bando, en el que se dispone, entre otras cosas, que la «Agrupación de Acción Ciudadana», se considere como fuerza armada, siendo juzgados por la jurisdicción de guerra, todos los insultos o agresiones a dicha fuerza, como si pertenecieran al servicio militar activo; que la citada agrupación y sus jefes, respondan del orden público, en todo el término municipal de esta ciudad, cuidando, muy especialmente, de que el desarme sea completo. Finalmente, se dispone, que los individuos de la Agrupación de Acción Ciudadana, sean elegidos, entre los vecinos de la población, que no, se hayan distinguido en actividades políticas, para evitar que se considere, por ningún concepto, a dicha entidad, como dependiente de ningún partido debiendo llevar todos sus componentes un brazal blanco con las iníciales de la Agrupación”¹⁵

Constitución de Agrupaciones de Acción Ciudadana “armadas” que se repiten a todo lo largo y ancho de la geografía catalana, como fue el caso de Figueras, donde aquella fuerza alcanzó los 90 hombres:

“Figueras, 26

Ha quedado constituida en esta ciudad la Agrupación de Acción Ciudadana formada por 90 afiliados de la que ha sido nombrado jefe el industrial don Julio Moradell Campsolinas¹⁶.

Todos sus componentes han sido dotados de armas. Dicha Agrupación se considerará como fuerza armada y cooperará con las otras fuerzas al mantenimiento del orden público”¹⁷.

Otro hecho fundamental, pasado por alto por los historiadores locales, es la fundación en Puigcerdá de la “Agrupación Ciudadana”, creada por el capitán de carabineros Domingo Carvallo González, delegado de la autoridad militar, en cumplimiento de las órdenes emitidas por el General Batet, al mando de la Cuarta División. La constitución de esa “Agrupación Ciudadana” contó con la participación y colaboración del alcalde Ramón Cosp, propietario de la confitería y militante de Unión Patriótica, quien en tal ocasión hizo público un bando municipal el 11 de marzo de 1935.

Con escasos días de diferencia, circularon tres documentos diferentes.

El primer documento se titulaba: “Bases para la Organización de la Agrupación Ciudadana”, en el que sejustificaba la creación de aquella agrupación, afirmando que “la Agrupación Ciudadana tiene por objeto mantener la normalidad y el orden público en cada distrito municipal.” Y para constituirse la misma “el personal debe ser elegido por el Delegado de la Autoridad Militar”.

En este caso el capitán Carvallo debía ponerse de acuerdo con el alcalde Ramón Cosp, teniendo en cuenta que debía efectuarse una selección esmeradísima de las personas seleccionadas para este fin, detallando los méritos requeridos, entre ellos: “no solo se tendrán en cuenta sus ideas de orden y mesura”, sino también “sus condiciones personales de honradez, decisión y madurez, para evitar desagradables incidentes por poner las armas en manos ineptas para su manejo y uso”.

Finalmente se advertía que “La Agrupación estará constituida por un siete por mil del número de habitantes en cada Ayuntamiento, y se nombrará un jefe de ella, que será responsable del uso que se haga de las armas”.

Dado que Puigcerdá tenía 3.440 habitantes, le correspondía como mínimo 25 miembros, sin contar la compañía de carabineros, o la guardia civil.

El segundo documento era un Bando¹⁸, firmado por el propio alcalde, en el que se hacía saber que “constituida La Agrupación Ciudadana de este término municipal en virtud de las instrucciones dictadas por el Excmo. Sr. General de la División en 30 de octubre último, se le considerara como fuerza armada, siendo juzgados en consecuencia por la Jurisdicción de Guerra los responsables de cualquier insulto o agresión contra estas fuerzas que se considerarán como pertenecientes al servicio militar activo”.

Ese bando contaba con tres artículos. El primero explicaba que dentro de las funciones de aquella Agrupación estaba “Mantener el orden público en todo el término municipal, cumpliendo las medidas dictadas por el Jefe de la Agrupación…”. El segundo artículo consideraba que entre sus funciones estaban las de: “Sancionar enérgicamente y detener a cuantos faltaran a sus consignas e indicaciones, así como a los que llevaren armas no legalizadas, poniendo inmediatamente en conocimiento del Delegado del Partido Judicial cualquier suceso o confidencia que merezca la pronta intervención de la fuerza…”. El tercer artículo detallaba la obligación de “Atender a la perfecta normalidad de las vías de comunicación, férreas, telegráficas, telefónicas, Centrales eléctricas, etc., y en cuantos otros servicios pudieran encomendárseles”. Como corolario del bando se afirmaba que “En los casos de fragante delito, la intervención de estas fuerzas se manifestará por su especial energía y rapidez”. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Se subrayaba que la misión principal de la Agrupación consistía en prestar su “cooperación cuando sean requeridos a las fuerzas del Ejército, Guardia Civil, Seguridad, Policía y Carabineros”.

El tercer documento era unas “Aclaraciones de los extremos siguientes”, que envió el capitán Carvallo al alcalde con el fin de clarificar algunas cuestiones que, al parecer, no habían quedado claras en sus primeras instrucciones a la alcaldía.

Es curiosa la justificación que Pous/Solé dan al lector respecto a la inacción de Bellver durante los hechos de Octubre de 1934, a diferencia de Puigcerdá; afirmando que eran tan “legales” que por eso no se movieron, y por esa razón no tuvieron que pagar las consecuencias, ni se cesó al somatén local. Y el único que lo pagó fue el pobre juez de paz, Sebastià Pous¹⁹ sin que den detalles de los motivos:

“La actuación de Bellver durante los hechos del 6 de octubre de 1934 también obedece a esta legalidad sentida per el ayuntamiento. La población no participó ni se pronunció a favor de los hechos, por tanto no tuvo que pagar las consecuencias de la represión y se evitó así la creación de un vacío de poder. El ayuntamiento no tuvo que sufrir cambio alguno en su estructura y composición, ni los somatenistas tuvieron que cesar. El único que hubo de cesar fue el juez de paz, Sebastià Pous, ja que sido nombrado en 1934” ²⁰.

A esa historia de la Acción Ciudadana armada en 1934-1935, nadie le ha dedicado unas líneas, salvo el honroso caso de José Fernando Mota Muñoz. Gracias a Mota también sabemos que la Acción Ciudadana Armada de Barcelona fue disuelta, por orden del gobierno central, el 8 de noviembre de 1935. O bien, que en el momento de su disolución, sus hombres pasaron a engrosar otra nueva organización fascista:

“El nuevo Voluntariado Español bajo mando de mi­litares retirados o de complemento y formado esta vez con miembros de la re­cién disuelta Agrupación de Acción Ciudadana Armada de Barcelona, una mi­licia cívica creada tras los hechos de octubre «por un grupo de ciudadanos pertenecientes a varios grupos políticos de orden, agrupados por distritos y con mandos directos militares, sin carácter oficial», con el objetivo de recons­tituir el tradicional Someten, que había sido depurado de elementos reacciona­rios por la Generalitat. En esta milicia paramilitar convivían tradicionalistas, alfonsinos, cedistas y teóricos de la extrema derecha local”²¹.

Ese mismo autor pone énfasis en la amalgama de individuos que pasaron a engrosar esa nueva formación. Su ejemplo puede servirnos para comprender como debió ser, por mimetismo, la derecha en Puigcerdá:

“En Barcelona, carlistas españolistas, miembros de la Peña Ibérica, de los Libres y la JNE, así como militares destinados en la ciudad condal, confluirán en 1924 en la Unión Patriótica (UP), partido impulsado por el dictador Miguel Primo de Rivera como sostén político de su dictadura. A pesar de incorporar algunos de los nuevos planteamientos de la derecha autoritaria europea, como el nacionalismo y el corporativismo, fue un partido dirigido desde la Capitanía Militar y básicamente conservador, sobre todo por la incorporación de los cató­licos y los alfonsinos de la Unión Monárquica Nacional. En el entorno de la UP pulularán en esos años otros colectivos españolistas, como la misma JNE, re­constituida en 1925 y que acabará reforzando la Juventud Patriótica – las ju­ventudes de la UP – o las Juventudes Recreativas Patrióticas, creadas en 1925 por antiguos miembros de la JNE y convertidas en 1926 en Acción Nacional, que tenía como lema «¡Viva España! ¡Viva la unión racial, étnica y geográfi­ca!». En 1929 se reintegrarán a la UP. O los monárquicos del «Grupo Alfonso», creado en 1926. Con la desaparición de la Dictadura en 1930, muchos de los antiguos tracistas²² y nacionalistas españoles, descontentos con el rumbo que había seguido la UP, emprendieron nuevos caminos o confluyeron en el recién creado PNE, así «la misma dictadura que había venido a bloquear el desarrollo político organizado del nuevo nacionalismo español, terminaría por propiciar, con sus debilidades y contradicciones, así como con su fracaso final, su relanzamiento»²³.

En resumen, del 12 de octubre de 1934 al 8 de noviembre de 1935, la Agrupación Ciudadana, constituida a instancias del general Batet como organización política y brazo armado auxiliar del Ejército, ejerció la represión política contra los individuos y las organizaciones insurrectas y el Somatén, sustituyendo a las autoridades catalanistas en los municipios que se sumaron a la insurrección armada del 6 de octubre de 1934.

Esa represión de la derecha españolista contra los republicanos catalanistas, sobre todo ERC, Estat Catalá y el Somatén, duramente ejercida desde octubre de 1934 hasta noviembre de 1935, originó, incubó y promovió la venganza de los catalanistas contra los represores de octubre, que durante la guerra civil explotó en diversas poblaciones y que el 9 de septiembre de 1936 se materializó, en Puigcerdá, con la matanza de 21 derechistas, siete de ellos miembros de Unión Patriótica.

• 1 Un tema poco estudiado por la historiografía.
• 2 Eduardo González Calleja y ‎Fernando del Rey Reguillo: La defensa armada contra la revolución: una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX, CSIC, Madrid, 1995, p. 246
• 3 “Decreto de Reorganización de los Somatenes de Cataluña”. La Vanguardia, 23-1-1936, p. 25
• 4 La Vanguardia, 30-1-1936, p. 7
• 5 “La Situación Política y Social en Cataluña”. La Vanguardia, 5-6-1936, p. 6.
• 6 ” Caducidad de los Permisos de Armas”. La Vanguardia, 5-6-1936, p. 6.
• 7 Dicho diario había sido suspendido como consecuencia de los sucesos del 6 de octubre de 1934 y sustituido momentáneamente por  La Ciutat. Había vuelto a reabrir sus puertas el 1 de enero de 1935.
• 8 “La Prensa Barcelonesa”, La Vanguardia, 13 -6- 1936, p.6. Las negritas son de los autores del libro.
• 9 La Vanguardia, 23-6-1936, p. 9
• 10 Joan Pous i Josep M. Solé Sabaté: Anarquia i República a la Cerdanya (1936-1939). El ‘Cojo de Málaga’ i els Fets de Bellver. Publicacions Abadia de Montserrat, 1988
• 11 Jean Louis Blanchon, «1936-1945, deu anys de depuració a La Cerdanya ». Ceretània. [Bourg-Madame y Puigcerdà], núm. 6 (2012), p. 161-183. Antonio Gascón y Agustín Guillamón, pese a las discrepancias existentes con algunas tesis o interpretaciones de Blanchon, desean expresar aquí su reconocimiento y admiración al pionero y magnífico trabajo historiográfico de Blanchon.
• 12 Antonio Gascón y Agustín Guillamón: “La responsabilidad personal de Tarradellas, en los Hechos de Bellver de Cerdaña”, en: www.sbhac.net/…/GCE_AGasconYAGuillamon_LaResponsabilidadDeTarradellas%20 / A. Gascón y A. Guillamón: “La otra Memoria histórica, o cómo justificar determinadas muertes. El caso de Antonio Martín Escudero, mal llamado el Cojo de Málaga”, en: www.sbhac.net/Republica/Colabora/AntonioMartin.htm / A. Gascón y A. Guillamón: “La segunda muerte de Antonio Martín Escudero. con noticias sobre las auténticas causas de su asesinato”, en: www.alasbarricadas.org/noticias/node/33832 / A. Gascón y A. Guillamón: “Martín Escudero, Antonio (1895-1937): El Durruti de la Cerdanya”. Catalunya, Òrgan d’expressió de la CGT, números 166 i 167. (novembre 2014 – desembre 2014)
• 13 “En la frontera franco-española han sido capturados varios camiones con gente armada. Aprehensión de armas y explosivos. Los carabineros y la Guardia civil sostuvieron ligero tiroteo con los revoltosos, sin que se registrasen bajas”. La Vanguardia, 11-10-1934, p. 9
• 14 Manel López Esteve: Els fets d’octubre de 1934 a Catalunya: més enllà de l’acció governamental, Tesi Doctoral UPF, 2012, p. 375
• 15 “La Agrupación de Acción Ciudadana”.La Vanguardia, 6-11-1934, p.23
• 16 Julio Moradell Campsolinas era propietario de Curtidos Moradell y antiguo militante del Partido Radical. Más tarde fue alcalde de la comisión gestora que se formó en Figueres, en 1935.
• 17 “Constitución de Acción Ciudadana”. La Vanguardia, 29-1-1935, p. 24.
• 18 Véase el anexo número 1-B del libro Nacionalistas contra anarquistas…
• 19 El personaje, pariente de uno de los autores del libro de Pous/Solé, además de juez de paz era panadero, y cuando la guerra, concejal del PSUC.
• 20 Pous/Solé, op. cit. p. 19
• 21 MOTA MUÑOZ, José Fernando: “Precursores de la Unificación: El España Club y el Voluntariado Español, una experiencia unitaria de la extrema derecha barcelonesa (1935-1936)”. Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, núm 28, Julio-Diciembre (2012), pp. 273-303
• 22 Miembros del grupo La Traza: En 1923, estudian­tes alfonsinos y carlistas contra el «separatismo» formaron el grupo «La Traza», que tomó el relevo del españolismo bronco y antica­talanista en Barcelona. «La Traza» se definía como «la unión patriótica de todos los ciudadanos españoles de buena voluntad» que defendían «una unión sagrada de españoles que se agrupan dejando a un lado las pequeñas diferencias que los separan, sacrificando lo secundario por lo principal en aras de la Patria», op. cit. p. 276.
• 23 El PNE, con su extravagante líder al frente, el neurólogo José María Albi­ñana, hizo gala de un españolismo esencialista y defendió esa violencia que tanto atrajo a la extrema derecha barcelonesa. Militares, exmilitantes de la UP, carlistas españolistas, alfonsinos y miembros de los Sindicatos Libres nutrieron sus filas. Op. Cit., nota, 9, p. 277