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La huelga de alquileres de Barcelona de 1931 y la red libertaria de los barrios: el Comité de Defensa Económica y los Comités de Defensa de la CNT

Introducción

La huelga de alquileres de Barcelona de 1931 fue uno de los movimientos de protesta social más importantes de la historia del movimiento obrero barcelonés. Miles de familias trabajadoras se negaron a pagar los alquileres que consideraban abusivos, reclamaron una reducción de las rentas y organizaron la resistencia frente a los desahucios. No fue una suma de impagos individuales ni una protesta espontánea sin organización. Fue una movilización colectiva que convirtió el problema de la vivienda en un conflicto social y político, enfrentando a los inquilinos organizados con los propietarios y con las autoridades republicanas que defendían el orden de la propiedad.

Para comprender aquel movimiento es necesario situarlo en el contexto de la organización libertaria de Barcelona durante 1931. La CNT no era únicamente una organización sindical dedicada a la defensa de los trabajadores en los centros de producción. Constituía una extensa red de solidaridad, organización y acción que abarcaba los diferentes ámbitos de la vida obrera: el trabajo, la vivienda, la cultura, la educación, el abastecimiento, la sociabilidad y la defensa colectiva.

En ese entramado hay que situar tanto al Comité de Defensa Económica, impulsor de la lucha contra los alquileres abusivos y los desahucios, como a los Comités de Defensa de la CNT, fundados el 25 de abril de 1931. Eran organismos distintos, con funciones específicas, pero complementarios dentro de una misma realidad organizativa. No deben confundirse sus competencias ni sus denominaciones, pero tampoco separarse artificialmente como si pertenecieran a procesos históricos inconexos.

La fundación de los Comités de Defensa se produjo once días después de la proclamación de la República, en un Pleno de Locales y Comarcales de la CNT reunido en Madrid (Guillamón, 2020, p. 7). En aquella reunión se acordaron dos medidas organizativas de gran trascendencia: la creación de sindicatos de barrio en Barcelona y la fundación de los Comités de Defensa. Como he explicado en mi estudio sobre los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona, ambas decisiones deben comprenderse dentro de una concepción amplia de la organización confederal, que aspiraba a construir una sociedad autónoma de los trabajadores, capaz de defender sus intereses y necesidades en todos los terrenos de la vida cotidiana.

La huelga de alquileres fue una de las expresiones más importantes de esa capacidad de organización territorial. El Comité de Defensa Económica actuó directamente sobre el problema de la vivienda; los Comités de Defensa formaban parte de la estructura específica de protección y defensa de la organización y de las luchas obreras. La relación entre unos y otro no era de identidad ni de subordinación automática, sino de complementariedad.

El magnífico y pionero estudio de Manel Aisa Pàmpols, La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Barcelona, abril-diciembre de 1931, reconstruye con abundante documentación la formación de aquel movimiento, sus reivindicaciones, sus protagonistas, su extensión territorial y la represión que sufrió. Sus aportaciones permiten comprender la dimensión de una lucha que, durante mucho tiempo, quedó relegada en la historiografía del movimiento obrero y de la Barcelona republicana.

La vivienda obrera en la Barcelona de los años veinte y treinta

La huelga de alquileres no surgió de la nada. Fue la respuesta a una situación de explotación y precariedad que se había ido acumulando durante décadas. Barcelona había experimentado un crecimiento demográfico e industrial muy importante, alimentado por la llegada de trabajadores procedentes de otras zonas de Cataluña y del resto de España. La expansión de la industria y de las obras públicas atrajo a miles de familias que necesitaban alojamiento, mientras que la oferta de vivienda popular resultaba insuficiente y, en muchos casos, extraordinariamente deficiente.

La vivienda obrera estaba marcada por el hacinamiento, la falta de ventilación, la escasez de servicios y las condiciones higiénicas precarias. En numerosas casas convivían varias familias y el realquiler de habitaciones constituía una fórmula habitual para poder afrontar el coste de la vivienda. En otros casos, las familias se veían obligadas a instalarse en barracas, pasillos o construcciones de dimensiones reducidas y sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

Manel Aisa recoge los datos de los estudios de José Luis Oyón sobre la población realquilada en Barcelona. En 1922 se calculaban unos 75.000 realquilados y, en 1927, el alcalde Jaume Aiguader estimaba que la cifra había ascendido a unos 100.000. La práctica del realquiler, especialmente extendida en el centro de la ciudad y en el actual barrio del Raval, permitía a algunas familias obtener ingresos para pagar una parte de la renta, pero agravaba el hacinamiento y la precariedad de sus condiciones de vida (Aisa Pàmpols, 2019, p. 38).

La situación de los trabajadores era especialmente difícil porque el alquiler absorbía una parte considerable de sus salarios. Aisa reproduce los datos de Oyón sobre el peso de la vivienda en los ingresos obreros: entre 1919 y 1922, los trabajadores debían destinar aproximadamente una quinta parte de sus salarios al alquiler; entre 1927 y 1931, los trabajadores no cualificados destinaban entre una cuarta parte y un tercio, mientras que las mujeres obreras podían dedicar más de un tercio de sus ingresos a la renta (Aisa Pàmpols, 2019, p. 19).

La crisis económica posterior a la Exposición Internacional de 1929 agravó la situación. La reducción de las obras y de la actividad constructora dejó sin trabajo a numerosos obreros, muchos de ellos inmigrantes que habían llegado a Barcelona atraídos por la demanda de mano de obra. La falta de empleo y la ausencia de mecanismos suficientes de protección social hicieron que muchas familias no pudieran satisfacer sus necesidades más elementales.

Aisa recoge también la dimensión del barraquismo. En 1922 se contabilizaron unas 3.000 barracas, en las que vivían más de 15.000 personas; en 1927, los cálculos municipales superaban las 6.000 barracas. Después de los realojamientos vinculados a la Exposición Internacional, todavía quedaban cerca de 2.000 barracas en 1930, con unas 11.000 personas alojadas en ellas. A estas formas de infravivienda se añadían los pasillos y conventillos, con superficies reducidas y alquileres que podían resultar muy gravosos para las familias (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 30 y 38).

La vivienda no era, por tanto, un problema secundario respecto al salario. Una parte importante del jornal que el obrero obtenía en la fábrica o en la obra regresaba inmediatamente a manos del propietario de la vivienda. La explotación no terminaba en el centro de trabajo: continuaba en el alquiler, en el precio de los alimentos y en los gastos indispensables para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.

La huelga de alquileres expresó esa realidad. Su reivindicación inmediata era la reducción de las rentas, pero su significado social era mucho más amplio: las familias trabajadoras reclamaban el derecho a vivir sin que el coste de la vivienda consumiera una parte insoportable de sus ingresos.

Los antecedentes de la organización de los inquilinos

La organización de los inquilinos tenía antecedentes anteriores a 1931. Aisa recuerda que en diferentes ciudades y localidades se habían producido protestas contra los abusos de los propietarios y que existían precedentes de resistencia colectiva frente a los aumentos de alquiler y los desahucios.

Entre esos antecedentes destaca la Unión de Defensa de Inquilinos de Barcelona, constituida en diciembre de 1919. El 23 de diciembre de aquel año se presentó públicamente en el Teatro del Bosque un manifiesto leído por Alberto Carsí, que participó en la puesta en marcha de la entidad. La organización reclamaba el cese de los abusos de los propietarios, la protección frente a los desahucios provocados por aumentos de alquiler, la contención de las rentas, la reducción de los impuestos que afectaban a los inquilinos, la mejora de las condiciones higiénicas de las viviendas, la edificación de los solares urbanos y una tributación de los propietarios acorde con los alquileres que percibían (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 39-41).

El manifiesto resulta significativo porque muestra que las reivindicaciones fundamentales de los inquilinos ya estaban formuladas doce años antes de la huelga de 1931. La vivienda digna, la protección frente al desahucio y la oposición a los aumentos abusivos constituían problemas sociales reconocidos por una parte de la población trabajadora.

La Unión de Defensa de Inquilinos desarrolló su actividad durante los primeros años veinte y posteriormente pasó a denominarse Cámara de Inquilinos. Aisa documenta sus iniciativas, sus relaciones con las autoridades y las dificultades para conseguir una regulación efectiva de los alquileres. La organización intentó intervenir mediante la asociación, la presión pública y la reclamación de medidas legales, aunque sus posibilidades de actuación estuvieron limitadas por la resistencia de los propietarios y por la debilidad de las garantías ofrecidas a los arrendatarios (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 41-46).

La huelga de 1931 recuperó ese problema histórico, pero introdujo una forma de lucha mucho más contundente: la negativa colectiva a pagar el alquiler. La reivindicación dejó de depender exclusivamente de la capacidad de los inquilinos para convencer a las autoridades y pasó a apoyarse en su propia fuerza organizada.

La proclamación de la República y la reorganización de la CNT

La proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, despertó grandes expectativas entre los trabajadores. Después de siete años de dictadura, una parte importante de la población obrera esperaba que el nuevo régimen pusiera fin a la represión, liberara a los presos sociales y abordara las graves desigualdades económicas heredadas de la Monarquía.

La CNT salió de la clandestinidad y experimentó un crecimiento extraordinario. Aisa recoge que durante mayo de 1931 se incorporaron a la Regional catalana de la CNT unos 105.000 nuevos afiliados. El periódico Solidaridad Obrera describió el fenómeno el 28 de mayo con una expresión significativa: los sindicatos habían sido «tomados por asalto» por los trabajadores, que acudían a ellos en busca de soluciones para sus problemas inmediatos (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 49-50).

Sin embargo, la llegada de la República no supuso una transformación de las condiciones materiales de la clase trabajadora. El desempleo continuó creciendo, las obras se paralizaban y los salarios no permitían afrontar los gastos cotidianos. La situación de los obreros de la construcción era particularmente grave por la reducción de la actividad después de la Exposición Internacional de 1929.

En ese contexto, la CNT adoptó medidas para reforzar su organización territorial. El 25 de abril de 1931, en un Pleno de Locales y Comarcales reunido en Madrid, se acordó la formación de sindicatos de barrio en Barcelona y la fundación de los Comités de Defensa. No se trataba de dos iniciativas casuales ni de estructuras desconectadas de la vida sindical. Formaban parte de una misma concepción de la organización confederal.

La CNT de los años treinta no puede entenderse únicamente como un sindicato en el sentido convencional. Era una red libertaria de solidaridad y acción que comprendía los sindicatos de ramo, los sindicatos de barrio, los ateneos, las escuelas racionalistas, las cooperativas, los grupos de afinidad, los organismos de apoyo mutuo y los Comités de Defensa. Esta red pretendía que los trabajadores dispusieran de instrumentos propios para intervenir en todos los aspectos de su existencia, desde el trabajo hasta la educación, la vivienda y la defensa colectiva.

Los sindicatos de barrio permitían arraigar la organización confederal en el territorio donde vivían los trabajadores. Los Comités de Defensa constituían una estructura específica de defensa de la organización y de las luchas obreras. El Comité de Defensa Económica, por su parte, intervenía sobre los problemas económicos y sociales más urgentes, entre ellos el paro, los salarios, el coste de la vida y los alquileres.

La existencia de estas estructuras debe comprenderse en su complementariedad. No eran una misma organización con diferentes nombres, pero tampoco eran organismos ajenos entre sí. La huelga de alquileres se desarrolló dentro de ese entramado libertario, que permitía conectar la lucha por la vivienda con la actividad sindical y con la organización territorial de los barrios.

El nacimiento del Comité de Defensa Económica

Manel Aisa sitúa el origen concreto de la iniciativa que daría lugar al Comité de Defensa Económica en una asamblea del Sindicato Único de la Construcción de la CNT celebrada el 12 de abril de 1931, el mismo día de las elecciones municipales que precipitaron la caída de la Monarquía.

En aquella asamblea, Arturo Parera propuso constituir una Comisión de Defensa Económica del Ramo de la Construcción, destinada a estudiar la relación entre los salarios obreros y los gastos necesarios para la subsistencia. Entre sus impulsores se encontraban Santiago Bilbao, escultor y presidente del Sindicato Único de la Construcción, y Arturo Parera, secretario del Comité Regional de Cataluña. También participaron José Alamarcha, José Casas y Gregorio Daura, entre otros militantes (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 55-56).

La iniciativa partía de la situación de los obreros de la construcción, uno de los sectores más afectados por el paro. El sindicato comprendía que la falta de trabajo y los bajos ingresos hacían imposible que numerosas familias pagaran los alquileres. Por ello, la reivindicación de la vivienda debía formar parte de una intervención económica más amplia.

La Comisión no se limitaba a reclamar una rebaja de las rentas. Pretendía abordar el paro forzoso, la capacidad adquisitiva de los salarios y el coste de la vida. La vivienda era uno de los problemas fundamentales, pero no el único. Se trataba de organizar una respuesta colectiva a la situación de miseria que padecían amplios sectores de la población obrera.

La iniciativa se hizo pública en el mitin confederal del Primero de Mayo de 1931, celebrado ante el Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Según la documentación recogida por Aisa, el acto reunió a más de 150.000 personas y tuvo como lema principal «Contra el Paro, la Inflación y por la Rebaja de Alquileres». Entre los oradores se encontraban Santiago Bilbao y Arturo Parera, junto con otros militantes confederales (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 56-58).

Mundo Gráfico, 6 de Mayo de 1931, pág. 13.

Las propuestas presentadas en aquella asamblea abierta incluían la obligación de que los empresarios contrataran una proporción de trabajadores parados, la anulación de determinadas obras de las congregaciones religiosas, la incautación de bienes de las órdenes religiosas, el aprovechamiento de terrenos improductivos y una rebaja del 40 por ciento de los alquileres para las rentas inferiores a cien pesetas. La relación entre el paro y la vivienda era evidente: no podía exigirse a una familia sin ingresos que siguiera pagando una renta que no estaba en condiciones de satisfacer (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 57-58).

La Comisión de Defensa Económica se convirtió así en un instrumento de intervención sobre los problemas cotidianos de la clase trabajadora. Su objetivo era conseguir que la organización sindical no se limitara a la negociación en los centros de producción, sino que pudiera intervenir también en la defensa de las condiciones materiales de vida de las familias.

La huelga de alquileres como insumisión colectiva

La huelga de alquileres no fue una huelga convencional. No existía una empresa única en la que se concentrara la protesta, ni un patrón determinado con el que negociar. Los propietarios estaban dispersos, las viviendas pertenecían a titulares diferentes y los inquilinos se encontraban repartidos por numerosos barrios.

Su fuerza dependía de la capacidad de organizar una negativa colectiva al pago. Por eso resulta más adecuado comprenderla como una forma de insumisión colectiva frente a la relación de poder establecida entre propietarios e inquilinos.

Aisa recoge la interpretación de Xavier Díez, que define esta forma de lucha como un acto de insumisión colectiva. La negativa al pago permitía cuestionar una relación económica que se presentaba como individual y contractual, pero que afectaba a toda la población trabajadora (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 56-57).

La Comisión de Defensa Económica estableció un lugar de encuentro para los inquilinos que quisieran participar en la movilización. No era obligatorio asociarse ni pagar una cuota. El objetivo era ofrecer orientación, información y un punto de referencia para las familias que deseaban sumarse a la huelga. Las reuniones se celebraban en el café del Sindicato de la construcción en la calle Mercaders, número 26, de lunes a viernes por la tarde (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 61-62).

La organización también intervenía frente a los desahucios. Cuando una familia era expulsada de su vivienda y sus muebles quedaban en la calle, los vecinos y los militantes acudían para volver a introducirlos en el domicilio. Aisa recoge, entre otros casos, la intervención de trabajadores del Sindicato de la Siderurgia en un desahucio producido en la carretera del Port. También documenta la solidaridad de trabajadores municipales que, disconformes con la ejecución de los lanzamientos, constituyeron cajas de resistencia y recaudaron fondos para ayudar a los obreros sin trabajo (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 61-63).

La solidaridad no era una consigna abstracta. Se materializaba en acciones concretas: impedir un lanzamiento, devolver los muebles a una vivienda, aportar dinero para una familia sin ingresos, ofrecer información y sostener la resistencia de quienes se negaban a pagar.

Los acuerdos del 5 de julio y la extensión de la huelga

Durante junio y los primeros días de julio, la Comisión de Defensa Económica organizó mítines en diferentes barrios de Barcelona y en localidades próximas. Santiago Bilbao, Arturo Parera y otros militantes explicaban las reivindicaciones y llamaban a la organización de los inquilinos.

El 26 de junio se celebró un mitin en el Pueblo Nuevo y el 1 de julio otro en la Barceloneta, al que, según la información recogida por Aisa, asistieron unas 1.500 personas. La presencia de mujeres fue especialmente importante en este último acto. La movilización se extendía por los barrios obreros y encontraba una participación que desbordaba el ámbito estricto de los sindicatos (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 65-67).

La campaña culminó en una gran asamblea celebrada el 5 de julio de 1931 en el Palacio de Bellas Artes. La asistencia fue tan numerosa que una parte del público tuvo que permanecer en la calle, donde se instalaron altavoces para seguir el acto.

La asamblea acordó tres medidas fundamentales:

  • No pagar más el alquiler hasta que se devolviera la cantidad entregada como depósito.
  • Una vez recuperado el depósito, pagar el alquiler con una rebaja del 40 por ciento.
  • Eximir del pago a los obreros en paro y declarar la huelga de alquileres cuando el propietario rechazara la rebaja acordada.

La asamblea también decidió que la cuestión de la alimentación y la subsistencia general se abordaría en otro momento, y que el problema del paro debía tratarse con los sindicatos, que disponían de instrumentos específicos para ello. La Comisión de Defensa Económica quedó constituida como órgano de decisión de la Federación Local de la CNT de Barcelona, aunque su gestión continuó vinculada al Sindicato Único de la Construcción (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 66-67).

Los acuerdos fueron difundidos rápidamente por los barrios mediante hojas volantes. Los inquilinos encontraron en la Comisión un instrumento de organización y una referencia colectiva frente a los propietarios. La huelga comenzó a adquirir una dimensión mucho mayor.

El 27 de julio, la Comisión organizó dos nuevos mítines, uno en el cine Bailén y otro en el cine Oliveras de L’Hospitalet. En ambos se ratificó que los trabajadores parados dejaran de pagar el alquiler y que quienes tenían empleo pagaran como máximo el 40 por ciento de la renta anterior (Aisa Pàmpols, 2019, p. 72).

La extensión territorial de la huelga fue una de sus características fundamentales. La protesta se desarrolló en la Barceloneta, Pueblo Nuevo, Clot, Sants y otros barrios obreros, y alcanzó localidades del entorno barcelonés. No se trataba de un movimiento uniforme: cada barrio tenía sus condiciones, sus relaciones vecinales y sus propias formas de resistencia. Pero todos compartían una reivindicación fundamental: reducir el peso del alquiler y evitar que la pobreza condujera a la expulsión de las familias de sus viviendas.

Las mujeres y los niños en la primera línea de la resistencia

La participación de las mujeres fue decisiva en la huelga de alquileres. La vivienda era el espacio donde se desarrollaba buena parte de la vida familiar y las mujeres, que soportaban una parte fundamental de las tareas domésticas y de administración de los ingresos familiares, sufrían directamente las consecuencias de los alquileres abusivos.

Aisa señala que el Sindicato Único de la Construcción y la Comisión de Defensa Económica comprendieron que las mujeres desempeñaban un papel central en la negociación de los alquileres, en la administración de la economía doméstica y en la defensa del hogar. También recoge una reflexión crítica sobre la persistencia de comportamientos machistas en el propio movimiento obrero, pese a los intentos de superarlos (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 66-67).

La participación femenina no fue secundaria ni testimonial. Las mujeres intervinieron en las asambleas, en la difusión de los acuerdos, en la resistencia frente a los desahucios y en la defensa cotidiana de las viviendas. Los niños también desempeñaron funciones de vigilancia y aviso en algunos edificios.

El testimonio de Abel Paz, reproducido por Aisa, permite observar cómo se desarrollaba esa resistencia en el barrio del Clot durante 1932. En el conventillo donde vivía su familia, los niños montaban guardia en la calle para avisar de la llegada de las camionetas de los guardias de asalto. Durante el día, los hombres que estaban en paro solían acudir al sindicato o buscar trabajo, mientras que la consigna era que las mujeres y los niños hicieran frente a los agentes cuando intentaban ejecutar un desahucio. Abel Paz recuerda que la huelga se prolongó durante varios meses y que en otros lugares se produjeron enfrentamientos entre mujeres, niños y guardias de asalto (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 115-116).

Este testimonio debe situarse en su fecha: se refiere a la continuación de la huelga en 1932, no debe trasladarse sin más a los acontecimientos de 1931. Su valor reside en mostrar la persistencia de una cultura de resistencia vecinal y la importancia de las mujeres y los niños en la defensa de las viviendas.

La huelga de alquileres no puede comprenderse sin reconocer ese protagonismo. La organización libertaria podía convocar asambleas y formular acuerdos, pero la resistencia cotidiana se desarrollaba en las casas, las escaleras, los patios y las calles de los barrios.

La reacción de los propietarios y la intervención de las autoridades

La huelga cuestionaba directamente los intereses de los propietarios. La Cámara de la Propiedad Urbana reaccionó con rapidez y trató de presentar la campaña de los inquilinos como una amenaza contra el orden social y contra el derecho de propiedad.

El 15 de julio de 1931, la Cámara denunció la aparición de hojas volantes relacionadas con la huelga. Al día siguiente, su presidente, Joan Pich i Pon, visitó al gobernador civil, Carlos Esplà, para solicitar la intervención de las autoridades. El 20 de julio, las Cámaras de la Propiedad de Cataluña celebraron una asamblea en la que se acordó organizar una comisión permanente para defender los intereses de los propietarios y reclamar medidas contra la propaganda de los inquilinos (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 69-70).

La posición de los propietarios era clara: cualquier reducción de los alquileres debía proceder de los tribunales y no de la organización colectiva de los arrendatarios. La huelga era presentada como una amenaza contra la propiedad y como un problema de orden público.

La Comisión de Defensa Económica respondió que su actuación no se limitaba a los alquileres. Su misión abarcaba también el paro forzoso, los salarios y el coste de la vida. La Comisión se definía como un organismo de coordinación y propuesta, cuyas iniciativas debían ser discutidas por los sindicatos, que eran quienes disponían de los medios para llevarlas a la práctica. Aisa reproduce el texto publicado en Solidaridad Obrera, donde se subraya la necesidad de reforzar las relaciones entre sindicatos y superar la falta de acción común (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 70-71).

La Cámara de la Propiedad solicitó que se prohibiera la propaganda de los inquilinos y que se persiguiera a los promotores de la huelga. El 30 de julio insistió en que las autoridades prohibieran cualquier comunicación destinada a coordinar a los arrendatarios y reclamó la detención de quienes impulsaran reuniones sobre el conflicto (Aisa Pàmpols, 2019, p. 72).

Rebel·lió, La Vaga dels Lloguers del 1931 por Francisco Sánchez y Anapurna (Barcelona Llibres)

La Comisión de Defensa Económica denunció que las autoridades habían suspendido los actos públicos y obstaculizado sus canales de comunicación. En un comunicado publicado a finales de julio, señaló que un número de inquilinos superior al previsto había dejado de pagar hasta conseguir la rebaja del 40 por ciento y que los propietarios, en lugar de buscar una solución, habían recurrido a las autoridades para frenar la movilización (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 76-77).

La intervención del poder público no fue neutral. La defensa de la propiedad prevaleció sobre las necesidades de las familias trabajadoras. Los procedimientos de desahucio, las detenciones y las restricciones a la actividad de la Comisión debilitaron la capacidad de coordinación del movimiento.

La huelga en el contexto de la conflictividad obrera

La huelga de alquileres se desarrolló en una Barcelona atravesada por numerosos conflictos laborales y sociales. La crisis económica, el paro y la represión provocaban una situación de tensión permanente.

A finales de agosto de 1931 se declaró una huelga en el sector del metal, que movilizó a más de 40.000 trabajadores. Pocos días después, el 2 de septiembre, los presos gubernativos de la cárcel Modelo iniciaron una huelga de hambre para protestar por las detenciones sin cargos. Una parte importante de los detenidos estaba relacionada con los conflictos sociales y con la lucha contra los desahucios (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 87-89).

Las cifras ofrecidas por las autoridades y por la prensa anarcosindicalista fueron diferentes. El gobernador civil afirmó que había ocho presos gubernativos, mientras que Solidaridad Obrera publicó una relación de detenidos que habían secundado la huelga de hambre. Aisa reproduce esa documentación y señala que una parte considerable de los presos estaba vinculada a los desahucios o al Comité de Defensa Económica (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 87-89).

La protesta en la cárcel y la actitud de las autoridades provocaron una reacción de solidaridad en los barrios obreros. Se convocó una huelga general en Barcelona para protestar contra la situación de los detenidos y la represión gubernativa. La movilización fue duramente reprimida.

Aisa recoge la actuación policial contra el local del Sindicato Único de la Construcción de la calle Mercaders, número 26, donde fueron detenidos numerosos anarcosindicalistas. La represión dejó muertos, heridos y un elevado número de detenidos. El autor distingue las cifras difundidas por la prensa anarcosindicalista de las que considera más probables a partir de la documentación consultada (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 89-91).

La huelga de alquileres no puede separarse de este contexto de conflictividad. La lucha por la vivienda se desarrollaba junto a las huelgas laborales, las protestas por los presos sociales y las reivindicaciones contra el paro. La represión contra la CNT y contra los movimientos populares afectaba también a la capacidad de los inquilinos para organizarse y defender sus viviendas.

La dimensión territorial: Santa Coloma y Badalona

La huelga y la actividad del Comité de Defensa Económica no se limitaron a Barcelona. En los municipios próximos se desarrollaron iniciativas que muestran la extensión territorial de la preocupación por la vivienda y el paro.

Aisa documenta la actividad de la Comisión de Defensa Económica en Santa Coloma de Gramenet. El 3 de julio de 1931 se celebró un mitin en el local del Sindicato Único de Trabajadores, con la participación de militantes de la CNT y de Santiago Bilbao. En su intervención, Bilbao explicó los objetivos de la Comisión y defendió la reducción del 40 por ciento de los alquileres. Sostuvo que, incluso con esa rebaja, los propietarios podían obtener una rentabilidad superior a la que conseguirían invirtiendo el valor de sus viviendas en acciones y obligaciones. Se llamó a los inquilinos a no pagar los recibos que no incorporasen la reducción acordada (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 111-112).

La iniciativa de Badalona tuvo una dimensión económica más amplia. La Federación Local de Sindicatos Obreros presentó en noviembre de 1931 un proyecto para combatir el paro forzoso mediante aportaciones de los trabajadores y de los patronos. La propuesta incluía una cuota progresiva según los salarios y una contribución patronal destinada a sostener una caja de ayuda a los desempleados.

El proyecto incorporaba también un impuesto sobre los alquileres. Partiendo de la hipótesis de que en Badalona existían 10.000 viviendas con una renta media de 40 pesetas mensuales, se proponía que los propietarios destinaran cinco céntimos de cada peseta cobrada a financiar la caja de los parados. La iniciativa pretendía vincular la renta inmobiliaria a la responsabilidad social frente al desempleo y la miseria de las familias trabajadoras (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 113-114).

Estas propuestas muestran que el movimiento anarcosindicalista no se limitaba a denunciar la situación existente. También elaboraba proyectos de intervención económica y social para afrontar el paro y la precariedad. La cuestión de la vivienda se vinculaba así a la necesidad de crear mecanismos colectivos de solidaridad y redistribución.

La huelga no terminó en diciembre de 1931

Aisa delimita una primera fase de la huelga de alquileres entre mayo y el final de diciembre de 1931. Sin embargo, advierte que el conflicto no desapareció en esa fecha. La lucha continuó con otros ritmos y formas durante 1932 y los años siguientes (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 131-132).

El cierre del local sindical de la calle Mercaders y la represión contra los militantes dificultaron la continuidad de la Comisión de Defensa Económica. El Sindicato Único de la Construcción fue orientando progresivamente su actividad hacia otros proyectos, especialmente la organización del trabajo y la lucha contra el paro. A partir de mediados de 1932, con Santiago Bilbao nuevamente en libertad y reincorporado a la actividad sindical, el sindicato desarrolló nuevas iniciativas. Aisa señala que no ha encontrado documentación suficiente para reconstruir toda la continuidad de la Comisión, aunque considera que su experiencia y sus enseñanzas siguieron presentes en los barrios (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 131-132).

El testimonio de Abel Paz resulta especialmente valioso para comprender la persistencia de la lucha. En Chumberas y alacranes, recuerda la huelga de alquileres que vivió en el Clot durante 1932. Describe la resistencia de las familias, la participación de mujeres y niños, los cortes de electricidad, la oposición a los desahucios y las intervenciones de los guardias de asalto. Aisa reproduce el testimonio y subraya su importancia para comprender cómo la lucha por la vivienda formaba parte de la experiencia cotidiana de los barrios libertarios (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 115-118).

La organización de los inquilinos tuvo también continuidad en otras iniciativas. En enero de 1933 apareció el boletín El Llogater, portavoz de la Unió de Llogaters de Catalunya. Aisa interpreta esta organización como una heredera, con diferencias en sus métodos y orientación, de la campaña impulsada por el Sindicato Único de la Construcción y la Comisión de Defensa Económica en 1931 (Aisa Pàmpols, 2019, pp. 125-128).

La lucha por los alquileres, por tanto, no fue un episodio cerrado en diciembre de 1931. La experiencia acumulada en los barrios, la resistencia frente a los desahucios y la organización de los inquilinos dejaron una huella que continuó manifestándose en los años siguientes.

La huelga de alquileres y la red libertaria de organización y defensa

La huelga de alquileres permite comprender de manera concreta la concepción de la CNT como una red de organización social y no simplemente como un sindicato laboral.

La fundación de los Comités de Defensa el 25 de abril de 1931, junto con la decisión de impulsar sindicatos de barrio, respondió a la necesidad de dotar a la organización confederal de una implantación territorial y de instrumentos de defensa. El Comité de Defensa Económica, nacido de la iniciativa del Sindicato Único de la Construcción, intervino en los problemas del paro, la carestía y la vivienda. Los Comités de Defensa tenían una función propia de protección y defensa de la organización y de las luchas obreras.

La complementariedad de estas estructuras debe entenderse desde la división de funciones dentro de una misma red. El Comité de Defensa Económica organizaba la reivindicación concreta de los inquilinos, difundía los acuerdos de rebaja, intervenía ante los desahucios y articulaba la solidaridad económica. Los Comités de Defensa constituían organismos específicos de defensa de la organización confederal y de su capacidad de actuación frente a la represión y las agresiones: no había más derechos que los que podían defenderse en la práctica. Derechos de asociación, sindicación, huelga, prensa, vivienda, manifestación, a la vida, etcétera… sólo se ejercían cuando podían ser defendidos por los comités de defensa (Guillamón, 2020, p. 24).

No se trata de afirmar que el Comité de Defensa Económica fuera un Comité de Defensa de la CNT, ni de atribuir a los Comités de Defensa la dirección cotidiana de cada acción contra los desahucios. Se trata de reconocer que ambos formaban parte de un entramado libertario que pretendía asegurar la autonomía de los trabajadores y su capacidad para defenderse en los distintos terrenos de la vida social.

La importancia de los sindicatos de barrio reside precisamente en esa relación entre organización sindical y territorio. El barrio no era únicamente el lugar de residencia de los trabajadores, sino un espacio de sociabilidad, cultura, formación, información, solidaridad, reivindicaciones y lucha. La vivienda, el abastecimiento, la salud, la enseñanza y la defensa frente a la represión eran cuestiones que afectaban a la vida cotidiana y que requerían formas específicas de organización.

La experiencia de 1931 muestra que la capacidad de movilización no dependía exclusivamente de la afiliación sindical en los centros de trabajo. La fuerza de la huelga procedía también de las relaciones vecinales, de la participación de las mujeres, de las asambleas y de la solidaridad entre familias. La organización libertaria podía conectar así la lucha económica con la construcción de una comunidad obrera capaz de defender sus intereses.

Esta concepción territorial y social de la organización ayuda a comprender también la evolución posterior de los Comités de Defensa y su papel en los acontecimientos revolucionarios de julio de 1936. La organización de los barrios, la coordinación de los militantes y la capacidad de intervención colectiva adquirieron entonces una dimensión nueva. Pero no surgieron de la nada: formaban parte de una experiencia organizativa que ya estaba presente en 1931.

Conclusiones: de la huelga de alquileres de 1931 al actual Sindicat de Llogateres/Sindicato de Inquilinas

La huelga de alquileres de Barcelona de 1931 fue una experiencia de autoorganización obrera que cuestionó la consideración de la vivienda como un asunto estrictamente privado y contractual. Miles de familias trabajadoras demostraron que podían organizarse colectivamente frente a los propietarios, reclamar una reducción de las rentas y defender sus viviendas frente a los desahucios. La lucha no se limitó a pedir ayuda a las instituciones: construyó sus propios mecanismos de coordinación, solidaridad y resistencia.

La lectura conjunta de Manel Aisa Pàmpols y del estudio sobre los Comités de Defensa de la CNT permite comprender mejor el contexto organizativo de aquella movilización. En abril de 1931, la CNT impulsó los sindicatos de barrio y fundó los Comités de Defensa. En ese mismo entramado libertario se desarrolló la actividad del Comité de Defensa Económica, organismo distinto pero complementario, que organizó la lucha contra los alquileres abusivos y los desahucios. La vivienda, el trabajo, el abastecimiento y la defensa colectiva no eran problemas separados: constituían dimensiones de una misma realidad social y requerían una organización capaz de intervenir en todos esos terrenos.

La experiencia de 1931 permite establecer una relación histórica con el actual Sindicat de Llogateres de Catalunya. No existe una continuidad orgánica entre las organizaciones de ambos períodos, ni las condiciones económicas, políticas y legales son idénticas. Pero sí existe una continuidad en el problema fundamental: la desigualdad entre quienes necesitan una vivienda para vivir y quienes controlan su acceso y obtienen rentas de ella.

El Sindicat de Llogateres, presentado públicamente en Barcelona el 12 de mayo de 2017, se constituyó para organizar a las personas que viven de alquiler y defender colectivamente sus condiciones de vida. Su historia recoge la construcción de asambleas inquilinas, la organización por bloques y propiedades, la negociación colectiva y campañas de desobediencia frente a las expulsiones y los aumentos abusivos. La campaña «Nos Quedamos», presentada en 2018, convirtió la resistencia a la expulsión de las viviendas en una herramienta de organización colectiva y negociación (Sindicat de Llogateres, «Historia»).

El propio Sindicato define su práctica como un sindicalismo de base, en el que los inquilinos se organizan bloque a bloque y barrio a barrio para hacer frente a los abusos de la propiedad. Entre sus herramientas incluye la huelga de alquileres, el apoyo mutuo, la negociación colectiva y la autonomía organizativa (Sindicat de Llogateres, «El Sindicat»).

La semejanza con 1931 no reside en reproducir exactamente las mismas formas de lucha, sino en reconocer que el aislamiento individual favorece siempre al propietario. Una familia que se enfrenta sola a un desahucio o a una subida abusiva del alquiler dispone de una capacidad de resistencia muy limitada. Cuando las familias se organizan, comparten información, establecen relaciones de solidaridad y actúan colectivamente, la relación de fuerzas puede modificarse.

La experiencia de la CNT de 1931 aporta, además, una enseñanza que va más allá de la huelga de alquileres: la importancia de construir una red estable de organización popular. El Comité de Defensa Económica, los sindicatos de barrio, los Comités de Defensa, los ateneos, las cooperativas y las escuelas racionalistas respondían a funciones diferentes, pero formaban parte de una misma concepción de la autonomía obrera. La lucha por la vivienda podía adquirir mayor fuerza cuando se conectaba con la organización sindical, la cultura, la educación, el apoyo mutuo y la defensa colectiva.

El actual sindicalismo inquilino se enfrenta a un desafío semejante, aunque en condiciones históricas distintas: evitar que los conflictos se reduzcan a una sucesión de casos individuales y construir una fuerza colectiva arraigada en los barrios. La defensa de una vivienda no puede depender exclusivamente de la capacidad económica o jurídica de cada familia. Necesita organización, continuidad, solidaridad y capacidad de presión.

La huelga de alquileres de 1931 demuestra que los inquilinos pueden convertirse en protagonistas de su propia defensa. El problema de la vivienda deja de ser una desgracia privada cuando quienes la padecen se organizan y lo convierten en una reivindicación común. Esa es la enseñanza que une aquella experiencia con el actual Sindicat de Llogateres: frente al poder de la propiedad y al aislamiento de los inquilinos, organización colectiva, apoyo mutuo y lucha por el derecho a la vivienda.

Agustín Guillamón.

Barcelona, 11 de noviembre de 2026.

Bibliografía y fuentes

Fuentes principales

  • Aisa Pàmpols, Manel, La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Barcelona, abril-diciembre de 1931. Sindicato de Construcción de CNT. Associació Cultural El Raval «El Lokal», Barcelona, 2019; segunda edición.
  • Guillamón, Agustín, Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938). De los cuadros de defensa a los comités revolucionarios de barriada, las patrullas de control y las milicias populares, Descontrol, Barcelona, 2020; quinta edición.

Otras obras citadas por Manel Aisa

  • Díez, Xavier, Venjança de classe.
  • Ealham, Chris, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937.
  • Oyón, José Luis, La quiebra de la ciudad popular.
  • Paz, Abel, Chumberas y alacranes, edición del autor, Barcelona, 1994.
  • Rider, Nick, «Anarquisme i lluita popular: la vaga de lloguers de 1931», L’Avenç, núm. 89.

Documentación y publicaciones de época citadas por Aisa

  • Solidaridad Obrera, diferentes números de 1931 y 1932.
  • Las Noticias, diferentes números de 1931.
  • La Colmena Obrera, 28 de noviembre de 1931.
  • El Luchador, núm. 29, 24 de julio de 1931.
  • Manifiesto de la Unión de Defensa de Inquilinos de Barcelona, diciembre de 1919.

Fuentes actuales

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