Introducción
El libro Poder y libertad, publicado por Tomás Ibáñez en 1982, merece una lectura crítica que vaya más allá de la aceptación o el rechazo global de sus tesis. Se trata de una obra que plantea cuestiones importantes para la reflexión libertaria: la naturaleza del poder, su presencia más allá de las instituciones estatales, las relaciones entre libertad y organización y el peligro de que las propias estructuras creadas para combatir la dominación terminen reproduciéndola bajo nuevas formas.
Nada de esto debería resultar ajeno a la tradición anarquista. El anarquismo histórico nunca redujo la dominación exclusivamente al Estado ni ignoró las múltiples formas de autoridad que atraviesan la sociedad. La crítica libertaria se dirigió contra el poder político, la explotación económica, la jerarquía, la subordinación religiosa y todas aquellas instituciones que convertían a unos seres humanos en gobernantes y a otros en gobernados.
Sin embargo, el reconocimiento de la pluralidad de las formas de dominación no obliga a renunciar a una distinción esencial: no todas las relaciones de poder poseen el mismo origen, la misma función social ni la misma importancia histórica. La dominación capitalista no constituye simplemente una relación de poder más entre otras. Organiza materialmente la existencia de millones de seres humanos y se encuentra sostenida por un conjunto de instituciones políticas, jurídicas, policiales e ideológicas que garantizan su reproducción.
Mi crítica de Tomás Ibáñez parte, por tanto, de una tradición específicamente anarquista: la del anarquismo obrero, el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo. Se trata de examinar hasta qué punto determinadas tesis de Ibáñez implican una ruptura con una de las corrientes históricas fundamentales del propio movimiento libertario.
El anarquismo obrero no entendía la emancipación como una liberación puramente individual ni como una suma indefinida de resistencias particulares. Partía de una realidad elemental: quienes sufrían la explotación capitalista debían organizarse autónomamente para combatirla y abolir las condiciones sociales que la hacían posible. De ahí surgieron las asociaciones obreras, las sociedades de resistencia, las federaciones, los sindicatos revolucionarios y, finalmente, las grandes organizaciones anarcosindicalistas.
La Federación de Trabajadores de la Región Española, Solidaridad Obrera y la CNT no fueron simples agrupaciones de individuos unidos por una filosofía abstracta de la libertad. Fueron organizaciones nacidas de la experiencia de la explotación, de la solidaridad entre trabajadores y de la necesidad de dotarse de instrumentos colectivos de defensa y lucha.
Éste es el punto de partida de mi crítica.
La cuestión no consiste en negar la existencia de múltiples relaciones de dominación. Consiste en preguntarse qué sucede cuando la necesaria ampliación de la crítica libertaria al poder concluye disolviendo la especificidad de la explotación capitalista, de la lucha de clases y de la organización autónoma de los explotados.
El desplazamiento de la explotación hacia una teoría general del poder
Tomás Ibáñez rechaza la identificación del poder con el Estado y subraya que las relaciones de poder atraviesan el conjunto del cuerpo social. La familia, la escuela, las instituciones y las relaciones cotidianas pueden constituir espacios en los que se producen mecanismos de subordinación y dominación. Esta observación, por sí misma, no contradice en absoluto la tradición anarquista.
Ibáñez formula esta concepción en términos particularmente explícitos cuando afirma que «hallamos efectos de poder en todos los lugares, en todos los intersticios del tejido social sencillamente porque el poder es coextensivo con el cuerpo social» y que éste «nace, brota, existe en cualquier fragmento del tejido social». La observación permite, sin duda, ampliar la crítica libertaria más allá de la exclusiva identificación entre poder y Estado. Pero plantea también el problema central de este artículo: si el poder se convierte en una categoría coextensiva a la totalidad de lo social, ¿cómo evitar que la explotación capitalista, la división de clases y las instituciones específicamente encargadas de reproducirlas queden diluidas en una multiplicidad indiferenciada de relaciones de poder?
Una sociedad libertaria no podría limitarse a abolir el aparato estatal y dejar intactas todas las demás relaciones de autoridad. La destrucción formal del Estado no garantizaría automáticamente la desaparición de las jerarquías, de la burocracia, de la subordinación económica ni de las formas de dominación que pudieran reproducirse en el seno de una sociedad surgida de una revolución.
El propio anarquismo conocía perfectamente ese problema. Su crítica del Estado nunca fue exclusivamente institucional. Precisamente por eso resulta necesario preguntarse si una teoría general del poder permite comprender mejor la dominación capitalista o si, por el contrario, termina por diluir sus características específicas.
Ibáñez recoge, en su reflexión sobre el origen del poder y de las clases, una concepción según la cual la relación política de poder precede y fundamenta la relación económica de explotación, de modo que la aparición del Estado determinaría el surgimiento de las clases. La importancia de esta inversión no es menor.
Desde una perspectiva anarquista y anarcosindicalista, el problema no consiste en establecer una prioridad metafísica entre «lo político» y «lo económico». El Estado y el capital no constituyen dos realidades independientes que puedan analizarse por separado. Forman históricamente un sistema de dominación dentro del cual la explotación económica y la coerción política se sostienen mutuamente.
El anarcosindicalismo no luchó contra el patrón olvidando al Estado, ni combatió al Estado ignorando la explotación. La acción directa, la huelga, el boicot, el sabotaje y la organización obrera constituían instrumentos dirigidos simultáneamente contra un sistema económico y contra las instituciones políticas que lo protegían.
Cuando la explotación queda absorbida por una teoría general del poder aparece el peligro de que las diferencias entre las distintas formas de dominación se vuelvan cada vez menos precisas. El trabajador puede pasar a ser considerado simplemente como uno más entre los múltiples sujetos sometidos a relaciones de poder. El sindicato revolucionario deja de aparecer como una organización surgida de una posición común dentro de la sociedad y se convierte en una forma histórica más, sometida a la sospecha general que recae sobre toda estructura organizada.
De este modo, la crítica legítima de las burocracias, de las jerarquías y de las organizaciones autoritarias puede transformarse en una desconfianza indiscriminada hacia la propia organización colectiva de la clase obrera.
Éste es uno de los puntos en los que considero necesario separar la crítica libertaria del poder de ciertas derivaciones posteriores de la teoría del poder. El anarquismo no nació como una filosofía de la dispersión ni como una celebración de la impotencia individual frente a las grandes instituciones sociales. Nació, entre otras razones, de la necesidad de que los explotados se organizaran sin intermediarios y sin dirigentes profesionales para combatir el capital y el Estado.
La organización podía degenerar, y la historia del movimiento obrero ofrece innumerables ejemplos. Pero el peligro de la burocratización no conducía necesariamente a la conclusión de que los trabajadores debieran renunciar a toda forma estable de asociación. El problema consistía, y sigue consistiendo, en encontrar formas de organización capaces de impedir la separación entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias de esas decisiones.
El proletariado no ha desaparecido: se ha mundializado
Esta discusión adquiere una importancia todavía mayor cuando se plantea la supuesta desaparición del proletariado.
Aquí conviene introducir una precisión histórica indispensable. Poder y libertad fue publicado en 1982, por lo que no sería riguroso exigirle un análisis de procesos que solo adquirirían su verdadera magnitud en las décadas posteriores. Sin embargo, esta distancia histórica permite advertir también sus límites eurocéntricos y la progresiva obsolescencia de algunas de sus tesis. La acelerada industrialización de China, la consolidación de las cadenas globales de producción, la transformación de amplias regiones de Asia y América Latina en grandes centros manufactureros y la expansión de las redes mundiales de transporte y logística han modificado profundamente el escenario económico y geopolítico. Procesos que difícilmente podían preverse entonces en toda su amplitud terminaron por cuestionar algunos de los supuestos desde los que el libro interpretaba la relación entre poder, libertad y desarrollo económico.
Pero la evolución histórica posterior permite discutir cualquier afirmación general sobre la desaparición del proletariado.
La crisis de las antiguas concentraciones industriales de Europa occidental no significó la desaparición mundial de la industria ni de la clase trabajadora. En buena medida significó una profunda reorganización geográfica del capitalismo. Las deslocalizaciones trasladaron actividades productivas hacia territorios donde los salarios eran inferiores, la legislación laboral resultaba más favorable al capital o la fuerza de trabajo podía ser sometida a condiciones de mayor precariedad.
El cierre de fábricas en Europa no significaba necesariamente que aquellas mercancías dejaran de producirse. Con frecuencia significaba que la producción se trasladaba a China, a la India, al Sudeste Asiático, a América Latina o a otras regiones integradas progresivamente en las nuevas cadenas internacionales de producción.
La desindustrialización relativa de determinados países europeos fue, por tanto, inseparable de procesos de industrialización y proletarización desarrollados en otras partes del mundo.
El resultado ha sido la formación de un proletariado de dimensión mundial, extraordinariamente heterogéneo y fragmentado, pero objetivamente integrado en un mismo sistema de producción y acumulación.
El error consiste en identificar al proletariado con una de sus configuraciones históricas concretas: el obrero industrial de la gran fábrica europea, concentrado en grandes centros urbanos, vinculado a organizaciones sindicales de masas y perteneciente a una determinada tradición política.
Ésa fue una forma históricamente importante de existencia de la clase trabajadora. Pero nunca fue la única, ni puede convertirse retrospectivamente en la definición exclusiva del proletariado.
El trabajador industrial chino, la obrera textil del Sudeste Asiático, el asalariado de una gran plataforma logística europea, el trabajador migrante empleado en la construcción de los Estados del Golfo, el jornalero sometido a formas extremas de precariedad o la trabajadora de los cuidados no viven necesariamente las mismas condiciones ni poseen idénticas experiencias sociales y políticas.
Sería absurdo ignorar esas diferencias. Pero sería igualmente absurdo deducir de ellas que no existe una relación común de dependencia y subordinación respecto al capital. Porque proletariado es una relación social.
El capitalismo contemporáneo ha fragmentado territorialmente la producción y ha utilizado esa fragmentación para dividir a los trabajadores. Una mercancía puede ser diseñada en un país, fabricada mediante componentes procedentes de varios continentes, ensamblada en otro, transportada a través de redes internacionales y distribuida finalmente por trabajadores sometidos a condiciones laborales muy diferentes.
La producción se ha mundializado. También se ha mundializado el proletariado.
El problema consiste en que esa existencia objetiva no ha generado todavía una capacidad equivalente de organización y conciencia internacional.
Las fronteras nacionales, las diferencias salariales, las legislaciones migratorias, el racismo y la competencia entre trabajadores constituyen mecanismos fundamentales para impedir que quienes participan en un mismo proceso mundial de producción reconozcan sus intereses comunes.
El capital es capaz de organizar internacionalmente la producción y, al mismo tiempo, de fragmentar políticamente a quienes hacen posible esa producción.
Ésta es una de las grandes contradicciones del capitalismo contemporáneo.
Migraciones, industrialización y nueva composición de clase
Las migraciones internacionales constituyen una dimensión fundamental de este proceso. Millones de trabajadores se desplazan de un continente a otro en busca de empleo y supervivencia. No se trata de un fenómeno marginal ni exterior a la formación de la clase trabajadora contemporánea. Las migraciones forman parte del propio funcionamiento de la economía mundial.
Las grandes concentraciones urbanas e industriales se han alimentado mediante movimientos masivos de población procedente de regiones rurales o económicamente subordinadas. La industrialización china estuvo acompañada por migraciones interiores de dimensiones históricas. Procesos semejantes, aunque diferentes en sus características concretas, pueden observarse en otras regiones asiáticas.
Al mismo tiempo, los Estados del Golfo han construido una parte fundamental de sus economías mediante la utilización masiva de trabajadores migrantes procedentes de la India, Pakistán, Bangladés, Filipinas y numerosos países africanos y asiáticos.
Europa occidental tampoco puede comprenderse sin las migraciones. Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, los cuidados, la logística y una parte importante de los servicios dependen de trabajadores procedentes de otras regiones del mundo.
La composición del proletariado contemporáneo es, por tanto, internacional. No se trata simplemente de que existan trabajadores extranjeros en distintos países. Las propias condiciones de producción obligan a pensar la clase trabajadora en una dimensión mundial. Las cadenas de producción y distribución atraviesan fronteras, conectando territorios y poblaciones que, sin embargo, continúan separadas políticamente por los Estados y jurídicamente por diferentes estatutos nacionales.
Esta situación plantea nuevos problemas al anarquismo y al anarcosindicalismo.
Las formas de organización surgidas en la época de las grandes concentraciones industriales nacionales no pueden ser reproducidas mecánicamente. Pero la transformación de las condiciones históricas tampoco permite concluir que haya desaparecido la necesidad de una organización autónoma de los explotados.
La cuestión revolucionaria consiste precisamente en comprender la nueva composición del proletariado y en encontrar formas de solidaridad capaces de superar su fragmentación.
La desaparición de una determinada forma histórica del movimiento obrero europeo no demuestra la desaparición de la clase trabajadora.
La crisis de las organizaciones tradicionales tampoco autoriza a concluir que toda organización de clase pertenece definitivamente al pasado.
El problema es más difícil y más profundo:
¿cómo puede constituirse políticamente un proletariado mundial cuya existencia material es cada vez más interdependiente y cuya experiencia cotidiana continúa estando extraordinariamente fragmentada?
La revolución española y la capacidad creadora de la clase trabajadora
La revolución española de 1936 permite abordar esta cuestión desde una experiencia histórica concreta. No porque pueda proporcionar un modelo aplicable al presente, ni porque la CNT deba ser convertida en una organización ideal e intemporal. La revolución estuvo llena de contradicciones y terminó en una derrota cuyas causas deben ser analizadas sin mitificaciones.
Su importancia reside en otra parte.
En julio de 1936, el fracaso del golpe militar en Barcelona y en otras localidades abrió una profunda crisis del aparato estatal. La resistencia obrera armada, organizada en buena medida mediante las estructuras militantes de la CNT y de sus comités de defensa, desempeñó un papel decisivo en la derrota de los sublevados.
A partir de ese momento, numerosos aspectos de la vida social dejaron de poder ser organizados exclusivamente por las instituciones estatales. La defensa militar, el abastecimiento, la producción, el transporte y el mantenimiento de los servicios exigían respuestas inmediatas.
Surgieron entonces comités de barrio, comités revolucionarios, comités de fábrica, milicias, patrullas y múltiples organismos obreros de carácter diverso.
No todos tenían la misma estructura ni las mismas funciones. Sería un grave error presentarlos como la realización acabada de una sociedad libertaria.
Pero su existencia demostraba algo fundamental: los trabajadores eran capaces de crear sus propios organismos para afrontar directamente problemas que hasta entonces habían quedado monopolizados por el Estado y por las instituciones capitalistas.
Esta experiencia obliga a distinguir entre una estructura estatal separada de la población y un organismo nacido de la movilización y de la autoorganización social.
Los comités tomaban decisiones. Organizaban actividades, distribuían recursos, coordinaban fuerzas y, en determinadas circunstancias, ejercían funciones coercitivas. Sería absurdo negarlo.
Pero la mera existencia de decisiones colectivas no permite identificar automáticamente un comité revolucionario con un aparato estatal.
La cuestión decisiva consiste en saber cuál es el origen del organismo, qué intereses sociales expresa, de qué manera se relaciona con quienes lo han creado y si sus responsables permanecen sometidos al control colectivo o adquieren una existencia separada.
Éste era precisamente uno de los grandes problemas a los que había intentado responder la tradición anarcosindicalista. El federalismo, la autonomía de las organizaciones de base, la revocabilidad de los delegados y el rechazo de la profesionalización política buscaban impedir que los instrumentos de lucha creados por los trabajadores terminaran convirtiéndose en una autoridad sobre ellos.
Naturalmente, la experiencia demostró que ninguna fórmula organizativa garantiza definitivamente la inmunidad contra la burocratización.
La CNT es, en este sentido, una prueba histórica dolorosa.
Los comités y la reconstrucción del Estado
Durante los primeros meses de la revolución coexistieron, de manera inestable y contradictoria, las instituciones republicanas y los organismos surgidos de la movilización revolucionaria. El Estado no había desaparecido, pero había perdido una parte considerable de su capacidad efectiva para controlar la situación.
Esta coexistencia no podía prolongarse indefinidamente. O se destruía el Estado o el Estado destruiría implacablemente a los revolucionarios.
La restauración del poder estatal exigía recuperar las funciones que los trabajadores y sus organizaciones habían asumido durante los primeros meses. La reconstrucción de los cuerpos policiales, la militarización de las milicias, la recuperación del control administrativo y económico y la progresiva subordinación de los organismos revolucionarios formaron parte de un mismo proceso contrarrevolucionario.
La participación de dirigentes cenetistas en las instituciones gubernamentales constituyó una de las contradicciones más graves de la revolución.
No basta con explicar esta colaboración mediante la acusación moral de traición, como hace Miquel Amorós. Es necesario comprender las razones políticas que la hicieron posible: la prioridad concedida a la guerra contra Franco, la defensa de la unidad antifascista y la convicción de que las organizaciones revolucionarias debían colaborar con otras fuerzas políticas en el mantenimiento de un frente común.
Pero la comprensión histórica de esas razones no obliga a aceptar sus consecuencias.
La subordinación de la revolución a la unidad antifascista y a la reconstrucción de un aparato estatal capaz de dirigir la guerra terminó debilitando los organismos autónomos que habían constituido la fuerza inicial de la revolución.
No podía destruirse al Estado colaborando con las instituciones estatales. La guerra y la revolución no eran procesos independientes.
La destrucción progresiva de la capacidad autónoma de los trabajadores significaba también la destrucción de la fuerza social que había derrotado inicialmente al levantamiento militar.
Los acontecimientos de Mayo de 1937 en Barcelona constituyen el momento decisivo de este proceso. El conflicto desencadenado en torno a la Telefónica expresó una contradicción acumulada durante meses. Las barricadas levantadas por los trabajadores demostraron que la capacidad de resistencia revolucionaria seguía siendo considerable.
Pero esa fuerza no encontró una orientación capaz de transformar la insurrección defensiva en una ofensiva contra el proceso de reconstrucción estatal.
La intervención de los dirigentes cenetistas para conseguir el abandono de las barricadas permitió la recuperación de la iniciativa por parte de las fuerzas que defendían la restauración del orden gubernamental. Ahí está el “discurso del beso” de Juan García Oliver.
La derrota de Mayo no puede explicarse exclusivamente por la acción de las fuerzas republicanas y comunistas. También debe analizarse la contradicción existente entre la iniciativa revolucionaria de sectores importantes de la base libertaria y la política seguida por sus propios dirigentes.
Aquí aparece una lección fundamental para cualquier reflexión anarcosindicalista sobre la organización.
Una organización no se burocratiza únicamente cuando desarrolla una estructura administrativa compleja. La separación puede comenzar antes, cuando quienes ocupan posiciones de responsabilidad adoptan una lógica política distinta de la que anima a las organizaciones de base y asumen el papel de mediadores entre la clase en lucha y las instituciones del Estado: optan por la colaboración de clases como sustitutivo de la lucha de clases.
La experiencia de la CNT demuestra que una organización revolucionaria puede convertirse, en determinadas circunstancias, en un instrumento de contención de la propia revolución. De ahí el surgimiento de Los Amigos de Durruti, de Julián Merino desde el Sindicato del Transporte, o de la redacción del periódico Alerta, entre otros.
Pero esta constatación no autoriza a concluir que toda organización esté necesariamente condenada a desempeñar esa función.
La revolución de julio demuestra precisamente lo contrario. Los trabajadores pudieron derrotar inicialmente a los militares sublevados y organizar amplios sectores de la vida social porque existían previamente organizaciones, redes de solidaridad y una larga experiencia colectiva de lucha, organizada y adiestrada en los comités de defensa de la CNT.
La espontaneidad revolucionaria no surgió de la nada. Se apoyó en décadas de pedagogía libertaria y organización obrera y fue útil y posible gracias a la estructura organizativa d los comités de defensa.
Autoorganización, libertad y organización de clase
La experiencia española permite discutir una de las consecuencias más problemáticas de una concepción que tiende a identificar toda organización estable con una forma potencial de dominación.
La autoorganización no significa ausencia de organización. Significa que quienes están directamente afectados por unas condiciones sociales son capaces de crear sus propios instrumentos para combatirlas y transformarlas.
Una clase trabajadora atomizada puede estar formalmente compuesta por individuos libres, pero esa libertad resulta materialmente insuficiente frente a instituciones económicas y políticas enormemente organizadas. El trabajador aislado carece de capacidad para enfrentarse al capitalista, a la empresa, al Estado o a las grandes estructuras que determinan las condiciones de su existencia.
La organización colectiva puede, sin duda, burocratizarse. Puede generar jerarquías y desarrollar intereses propios. Pero también puede proporcionar, a quienes carecen individualmente de poder, los medios necesarios para intervenir colectivamente en la sociedad. Y, por otra parte, la solidaridad era la única defensa posible.
Ésta fue una de las ideas fundamentales del anarquismo obrero. La organización no era una finalidad en sí misma. El sindicato revolucionario no debía convertirse en una institución destinada a perpetuarse, sino en un instrumento de solidaridad, defensa y transformación social.
El problema consistía en impedir que ese instrumento se separara de quienes lo habían creado. Por ello, la lucha contra la burocratización no puede resolverse mediante unos estatutos perfectos ni mediante una fórmula organizativa definitiva. El federalismo, la revocabilidad y la autonomía de las organizaciones de base pueden limitar la formación de una capa dirigente permanente, pero no eliminan por sí mismos el problema.
La vigilancia contra la burocratización forma parte del propio proceso revolucionario. Es necesario distinguir, por tanto, entre la capacidad colectiva de los explotados para organizar su propia actividad y la existencia de una autoridad separada que decide permanentemente sobre ellos.
La desaparición de toda forma de decisión colectiva no produciría una sociedad libre. Produciría la desorganización de quienes pretenden combatir instituciones que continuarían perfectamente organizadas.
Una sociedad libertaria no puede basarse en la impotencia colectiva de los individuos. Debe basarse en su capacidad para decidir y actuar conjuntamente sin crear una nueva estructura permanente de dominación.
Éste es el problema que el anarquismo revolucionario debe resolver.
El desafío contemporáneo del anarcosindicalismo
La situación actual es profundamente diferente de la existente en la España de 1936. El proletariado contemporáneo está más fragmentado, es más heterogéneo y se encuentra distribuido a escala mundial. Las grandes concentraciones industriales tradicionales han perdido importancia en determinadas regiones, mientras otras han surgido o se han desarrollado en Asia, América Latina y otros territorios.
A esta transformación se añade el crecimiento de los sectores logísticos, de transporte, distribución, cuidados y servicios, así como la extensión de formas precarias de empleo y la incorporación de enormes masas de trabajadores migrantes.
No sería serio responder a esta situación proponiendo simplemente una repetición de las formas organizativas del pasado. Pero sería todavía menos riguroso concluir que la transformación de la clase trabajadora significa su desaparición.
El problema del anarcosindicalismo contemporáneo no consiste en conservar artificialmente las estructuras históricas del sindicalismo revolucionario. Consiste en comprender la nueva composición de la clase explotada y en encontrar formas de organización capaces de responder a sus condiciones actuales.
La clase trabajadora de nuestro tiempo es mundial. Sus condiciones son extraordinariamente diversas, pero su existencia depende, en formas diferentes, de la subordinación al capital y a un sistema económico que organiza internacionalmente la producción.
La tarea revolucionaria consiste en superar las divisiones que el propio capitalismo utiliza para garantizar su dominio: las fronteras nacionales, las diferencias salariales, el racismo, la precariedad jurídica de los trabajadores migrantes y la competencia entre diferentes sectores de la clase.
No existe ninguna garantía de que esta tarea pueda ser realizada. Pero declarar previamente que el proletariado ha desaparecido significa abandonar incluso la posibilidad de plantearla.
La crítica del obrerismo puede ser necesaria cuando convierte una experiencia histórica particular en una esencia eterna e inmutable. También es necesario criticar las formas burocráticas que han destruido o neutralizado tantas organizaciones obreras.
Pero la crítica del obrerismo no exige negar la existencia de una clase explotada. La crítica de la burocracia no exige renunciar a toda organización. Y la crítica de las derrotas históricas del movimiento obrero no exige convertir esas derrotas en una teoría de la imposibilidad de la revolución.
El anarquismo y el anarcosindicalismo sólo conservarán un contenido revolucionario si son capaces de enfrentarse a estas cuestiones sin refugiarse ni en la nostalgia ni en la renuncia.
No se trata de restaurar la CNT de 1936, ni de repetir sus consignas, ni de imaginar que las formas organizativas nacidas en una sociedad determinada pueden trasladarse intactas a otra época.
Se trata de conservar lo esencial de una experiencia histórica: la convicción de que los explotados no pueden delegar su emancipación en el Estado, en los partidos, en los expertos ni en dirigentes profesionales.
Su liberación exige su propia capacidad de organización.
Y esa organización sólo será libertaria si permanece bajo el control permanente de quienes la constituyen y si tiene como objetivo no perpetuarse a sí misma, sino contribuir a la destrucción de las relaciones sociales que hacen necesaria la existencia de gobernantes y gobernados.
Conclusiones
La discusión con Tomás Ibáñez no es, por tanto, una disputa académica acerca de la definición correcta del poder. Afecta a una cuestión decisiva para el futuro del pensamiento y de la práctica anarquistas.
Reconocer que el poder adopta múltiples formas no significa que todas las formas de dominación sean equivalentes. El capitalismo y el Estado continúan constituyendo un sistema de explotación y subordinación que organiza la vida de una parte inmensa de la humanidad. Las transformaciones históricas de las últimas décadas no han eliminado al proletariado. Lo han mundializado, fragmentado y transformado.
Precisamente por eso, la tarea revolucionaria resulta hoy más compleja.
Ya no basta con pensar la organización de clase en el marco de la antigua fábrica europea ni en el espacio nacional en el que se desarrollaron las grandes organizaciones obreras del pasado. Es necesario comprender una clase trabajadora dispersa entre continentes, dividida por fronteras y estatutos jurídicos, pero unida objetivamente por las cadenas internacionales de producción, transporte y distribución.
El anarcosindicalismo no puede responder a esta realidad encerrándose en la repetición ritual de sus formas históricas. Pero tampoco puede sobrevivir políticamente si abandona la idea fundamental que le dio origen: la necesidad de que los explotados se organicen autónomamente para luchar contra las condiciones de su propia explotación.
La revolución española mostró tanto la potencia como las contradicciones de esa idea. Los trabajadores fueron capaces de derrotar al golpe militar, de organizar milicias, colectivizar empresas y crear organismos propios de gestión y lucha. Pero la revolución fue derrotada también porque una parte decisiva de sus propias organizaciones aceptó la subordinación de la iniciativa revolucionaria a la reconstrucción del Estado y a la política de colaboración gubernamental.
La lección no consiste en rechazar la organización por temor a su burocratización. Consiste en comprender que ninguna organización está inmunizada contra la separación respecto de quienes la han creado y que la lucha contra esa separación debe formar parte de la propia práctica revolucionaria.
El peligro no reside únicamente en el poder que se ejerce desde arriba. También existe cuando quienes han sido elegidos para servir a una lucha terminan hablando en su nombre, decidiendo por ella y negociando su derrota. Pero de ese peligro no se deduce que la libertad consista en la dispersión. Una clase explotada que renuncia a organizarse no elimina el poder. Simplemente deja intacto el poder de quienes ya están organizados para dominarla.
Ésa es, finalmente, la cuestión que separa una crítica anarquista revolucionaria de una crítica que, como la planteada por Tomás Ibáñez, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede conducir a la inoperancia política. ¿Qué alternativas prácticas quedan si se desconfía de toda forma de organización estable de los explotados? ¿La lucha individual o la acción de pequeñas comunidades o colectivos autónomos? La cuestión, por tanto, no es si debemos organizarnos o no, sino cómo hacerlo sin crear una nueva autoridad separada; cómo coordinar la acción colectiva sin sustituir la iniciativa de los individuos y de las organizaciones de base; cómo construir una fuerza capaz de destruir el Estado y el capitalismo sin reproducir, en su propio interior, las relaciones que pretende abolir.
La dificultad se hace todavía más visible cuando Ibáñez sitúa el poder político en el propio proceso de decisión colectiva. «Toda decisión implica necesariamente la reducción de lo múltiple a lo uno», escribe, y, cuando esa decisión compromete al conjunto, «no queda más alternativa a lo uno que escindirse en sus múltiples o, por el contrario, desplegar una fuerza centrípeta que se oponga a esa dislocación: esa fuerza recibe el nombre de poder político». La cuestión, por tanto, no es si debemos organizarnos o no, sino cómo hacerlo sin crear una nueva autoridad separada; cómo coordinar la acción colectiva sin sustituir la iniciativa de los individuos y de las organizaciones de base; cómo construir una fuerza capaz de destruir el Estado y el capitalismo sin reproducir, en su propio interior, las relaciones que pretende abolir.
Ése sigue siendo el problema central del anarquismo revolucionario. Porquela libertad de un explotado aislado es una promesa; pero cuando millones de explotados se organizan para abolir el mundo que los explota, la libertad deja de ser una promesa y empieza a convertirse en una revolución.
Agustín Guillamón.
Barcelona, 28 de agosto de 2026
Ser Histórico 