Artículo reformado de un fragmento de la tesis doctoral del autor y que aparece también en su libro «Orígenes del Anarquismo Comunista en España, 1882-1896«.
Si el atentado contra El Liceu en 1893 ya costó ser asumido como anarquista1, el efectuado en la calle de Canvis Nous en la festividad del Corpus en Barcelona, acaecida el domingo 7 de junio de 1896, fue aún más dificil de digerir como propio para el movimiento, pese a que fue perpetrado en el transcurso de un acto religioso. Incluso para anarquistas partidarios de los atentados, no tenía sentido hacerlo en un tramo de la manifestación sin personas destacadas, tal y como sucedió.
Mapa actual de la calle de Canvis Nous, donde sucedió el atentado de 1896:
Si analizamos la composición de las víctimas del atentado nos encontramos como esas objeciones de algunos anarquistas eran más que evidentes. Tal y como ha contabilizado Antoni Dalmau en su excelente libro El Procés de Montjuïc, el atentado produjo un balance final de doce víctimas mortales y medio centenar de heridos, con un predominio aplastante de amas de casa, jornaleros, obreros, así como varios niños. Para el anarquismo una cosa era defender un acto cargado de heroismo como el de Pallàs, acciones como las de Ravachol, Henry, Vaillant, Caserio o incluso Santiago Salvador, pero otra bien distinta era justificar y encontrar cierta utilidad en un atentado como el acontecido en la calle de Canvis Nous de Barcelona. Los anarquistas, pese a su marcado anticlericalismo, siempre habían destacado por diferenciar entre la institución religiosa y sus fieles más humildes, con quienes se compartía vecindad, trabajo y relaciones de amistad o parentesco.
Como en otros atentados sospechosos de ser obra de anarquistas, como fueron los de Haymarket el 4 de mayo de 1886 en Chicago o el de la Plaça Reial de Barcelona en febrero de 1892, las autoridades antes que cualquier reivindicación apareciese, focalizaron la culpabilidad contra el entorno anarquista, mientras iniciaban así una caza de brujas en forma de redadas, clausuras de locales y represión generalizada contra personas destacadas o sospechosas de militancia anárquica.
Las teorías sobre la autoría de la bomba del Corpus son variadas, virando entre quienes consideran que fue una maniobra surgida desde el mismo gobierno o estamentos estatales, a quienes han defendido directamente un atentado obra de anarquistas. En cualquier caso, tampoco creo que entrar en un debate por el momento irresoluble tenga mucho sentido. Sin embargo, casi nadie duda que entre los detenidos y condenados con seguridad existieron personas completamente inocentes. Tampoco nadie en la historiografía pone hoy en día en tela de juicio que la tortura sitemática, tanto psicológica como física, fue el método básico para el obtenimiento de declaraciones, delaciones y autoincumplaciones tras iniciarse el proceso consiguiente al atentado, el conocido como Proceso de Montjuïc.
La locura de Lluís Mas2, la paliza a un francés por no saber hablar castellano o las cicatrices en el cuerpo y alma de personas como Sebastià Sunyer dieron prueba de ello. También se sabe que los métodos policiales fueron poco “deontológicos” y se fundamentaron en la inventiva y la fabricación de pruebas. En conclusión, un nuevo capítulo de la represión indiscriminada de inspiración y orientación política que se practicaba desde hacía décadas.
La novedad más relevante del caso de 1896 fue que la represión no sólo afectó activamente al anarquismo barcelonés, el gobierno conservador presidido por Antonio Cánovas del Castillo, el mismo que había orquestrado los procesos represivos de los primeros de mayo de 1891 y 1892, inspirándose por la represión del liberal Sagasta en 1893, decidió dar un paso más allá en esta serie de oleadas represivas gubernamentales.
A diferencia de 1893, el peso de la represión no sólo se centró en contra del anarquismo, también contra otros sectores disidentes a la España de la Restauración: republicanos federales, ciertos sectores de la masonería, librepensadores, espiritistas, socialistas, sindicalistas o maestros laicos sufrieron en sus carnes el peso de la ley. El objetivo del largo etcétera represivo era controlar y castigar a la oposición en uno de sus centros más activos del estado, como era Barcelona y su entorno, en el contexto de una España caciquil, corrupta y a las puertas del abismo del desastre en las provincias de ultramar.
Al día siguiente del atentado se suspendieron las garantías constitucionales3. A nivel práctico significaba la vía libre a la aplicación de la represión y el inicio de las primeras redadas y clausura de locales. Entre las víctimas mortales del atentado estaba un caporal de tambores de la banda musical del regimiento de Almansa, aspecto que sirvió de excusa para que la causa judicial se tramitase por vía militar, asegurándose así, con total seguridad, un mayor nivel de dureza en las penas.
Las detenciones en los meses siguientes relacionadas con el atentado fueron constantes. Según Antoni Dalmau4, el número de detenciones pudo superar con seguridad las 600 ó 700 personas, mientras que entre los detenidos, almenos 28, fruto de las torturas, se declararon culpables del atentado. Siguiendo las tesis de Dalmau, el foco represivo se dirigió contra una ochentena de anarquistas detenidos en 1893; propagandistas destacados en actos públicos, tal cual podía ser Teresa Claramunt, Josep Llunas, Anselmo Lorenzo o Juan Montseny. Una cuarentena de militantes anarquistas destacados de otras poblaciones catalanas alejadas de Barcelona también corrieron el mismo destino, así como familiares directos de anarquistas anteriormente condenados en procesos anteriores, como sería el caso de los entornos familiares del clan Borràs-Saperas o la familia de Paulí Pallàs. Otro foco represivo fue el relacionado con el entorno directo de publicaciones entonces vigentes, destacando Dalmau en este sentido el entorno de la revista Ciencia Social o contra antiguos suscriptores y miembros de El Productor, el cual no se editaba desde 1893. A lo aportado por Dalmau cabría sumar los entornos tras las publicaciones anarcocomunistas de La Nueva Idea de 1895 y el Ariete Anarquista de 1896, ambas representantes de los sectores más informales en cuanto a estrategia organizativa del entorno del llano barcelonés.
Otros focos represivos fueron la clientela de locales anarquistas como la del centro de Carreteros, contra otros movimientos sociales antirestauración como ciertos sectores del republicanismo o el librepensamiento, extranjeros militantes en entornos anarquistas y, finalmente, personas destacadas por ciertas conductas sospechosas, como estar casadas por lo civil o como el caso del quiosquero graciense Josep Margarit, “arrestat perquè venia diaris mal vistos per la policia: cal remarcar, tanmateix, que es tractava d’un home cec, de manera que dificilment podia haver estat responsable de fabricar o de fer esclatar cap bomba”5. Como curiosidad final algunas de las personas detenidas, tal cual fueron el republicano Josep Bisbal o los anarquistas Baldomer Oller y Jacint Melich, fueron implicadas un día antes de la comisión del atentado, por ser sospechosos de ser los propietarios de unas bombas encontradas el día 5 por la noche.
En ese contexto de terror y represión sistematizada, no debió de extrañar que un joven republicano, Ramon Sempau i Barril, exiliado en París tras el inicio de la represión, cercano al círculo de intelectuales de Pere Coromines, colaborador del periódico El Diluvio y con algunas simpatías hacia el anarquismo, atentase contra el torturador Narciso Portas, teniente de la Guardia Civil y uno de los más destacados represores durante el proceso, el 4 de septiembre de 1897.
En tanto, mientras las cifras de detenidos y detenidas no paraban de aumentar, el cuerpo del montaje empezaba a tomar forma. Entre las múltiples cabecas de turco finales, como apreciaremos, la que más padeció la saña de la represió fue la ligada a lo que quedaba de los grupos anarcocomunitas más informales.
En el consejo de guerra celebrado entre el 11 y 15 de diciembre de 1896 se destapó el alcance final de la inventiba del proceso. Se aseguraba que tanto Tomás Ascheri como Lluís Mas, así como otros anarquistas, habían organizado colectas en espacios obreros como el Centro de Carreteros, con el objetivo de conseguir fondos para la compra de explosivos. La fabricación de los mismos se adjudicó al anarquista Joan Alsina, un simple albañil del cual las autoridades pensaban que estaba capacitado para la construcción de artefactos de dicha índole. El grupo de Ascheri y Mas sería el que finalmente se encargó de cometer el atentado y, por lo tanto, responsable del crímen.
El resultado final condenatorio, tras unas penas iniciales que fueron recurridas, quedó resuelto por la pena de muerte contra Tomás Ascheri, considerado autor material del atentado, mientras que Lluís Mas, Joan Alsina, Josep Molas y Antoni Nogués fueron igualmente condenados al patíbulo por coautores. Trece procesados fueron condenados a penas entre 18 y 20 años por haber sido cómplices, asistiendo a las reuniones del centro de carreteros en donde supuestamente se financió el atentado6. Siete más fueron condenados a 10 años y un día de reclusión por un delito de conspiración: Joan Sala, Cristòfol Soler, Mateu Ripoll, José Mesa, Francesc Lis, Antoni Costa i Llorenç Serra. Igualmente se dictaminaron 198 órdenes de destierro y la expulsión de ocho detenidos extranjeros.
Si analizamos detenidamente el peso final de la represión entenderemos que las condenas más duras se cernieron en contra de los sectores informalistas del anarcocomunismo barcelonés. En esa pirámide represiva de centenares de detenciones y arrestos, la cúspide a tal conspiranoia estatal recaía sobre dichos sectores. Los motivos a tal enfoque represivo tiene su lógica si analizamos algunos motivos.
El primero de ellos fue que era un entorno relativamente bien conocido y vigilado, no en vano, figuras como los soplones Llagostera i Sabaté o la de Tomás Ascheri, de ser cierta su infiltración, aseguraban fuentes de información cercanas al mismo.
Si analizamos los posibles componentes más reconocibles de los últimos periódicos anarcocomunistas afines a dichas doctrinas anarcocomunistas, como fueron el Ariete Anarquista en 1896 o La Nueva Idea en 1895, comprobaremos que los supuestos nombres tras dichas publicaciones, como Lluís Mas, Sebastià Sunyer, Juan Bautista Ollé, Tomás Ascheri, Emili Hugas, Francisca Saperas, Salud Borràs o el del francés Joseph Thioulouse, fueron los que mayor saña sufrieron. Incluso entre el peso de la represión contra otros sectores del anarquismo hay conexiones claras con este entorno más informal. Jaume Torrens Ros, un destacado anarquista antiadjetivista del llano barcelonés, por ejemplo, había sido el impresor de ambos periódicos, mientras que la represión contra la revista Ciencia Social, también antiadjetivista, se fundamentó en que Ascheri trabajó en los talleres que la elaboraban.
Otros datos interesantes para enteder el peso represivo contra el entorno más informal recayó en que ciertas individualidades detenidas, en un proceso más o menos voluntario de descargue de culpas en el contexto de interrogatorios y detenciones, apuntaron la posible culpabilidad en contra de dicho entorno. Sabemos que el anarquista colectivista Josep Llunas, director de La Tramontana y conocido antidinamitero, fue detenido durante unas pocas horas. Sabemos igualmente que lo fue mientras editaba un número de su periódico en donde su portada figuraba una declaración de repulsa del atentado y en la que no negaba la posibilidad de la autoría anarquista. Ante esto, su conocida enemistad contra los sectores más informalistas y por su controvertido papel pasado como miembro de la Comisión Federal de la FTRE durante los primeros años de la década anterior, me dan pie a pensar que entre su detención y rápida excarcelación existió algún tipo de colaboración policial, más si pensamos que en años anteriores había sido ya prácticamente marginado del ambiente político libertario por sus planteamientos moderados y que tras el atentado, abandonó gran parte de su actividad propagandística en favor de proyectos relacionados con la prensa deportiva.
Dejando de lado la mera especulación o hipótesis sobre el caso de Llunas sí que sabemos más cosas sobre Fernando Tarrida del Mármol, una de las figuras más destacadas del antiadjetivismo. Hijo de una acaudalada familia, no era un militante al uso del anarquismo local. Sus aportaciones eran más bien de carácter intelectual y no se le puede considerar tampoco como especialmente activo en los locales anarquistas. Su rol era más bien de conferenciante habitual y colaborador de publicaciones como Acracia o El Productor. Dentro del ambiente antiadjetivista también jugó un papel destacado como delegado a congresos y conferencias, mientras que se le atribuye ser uno de los padres de la teoría antiadjetivista, que defendía la diversidad de escuelas dentro del anarquismo, aunque con los años se aceptase de facto las tesis de corte comunista.
Tarrida del Mármol fue un anarquista que pese a su notoriedad, tenía una visión bastante atalayesca de la realidad del movimiento, y pese a que tras su liberación el 27 de agosto de 1896 inició la imponente campaña internacional de revisión del Proceso de Montjuïc, con el consiguiente desgaste del gobierno canovista y apoyo social a los detenidos, cuando fue interrogado por dicho entorno, concretamente sobre la figura de Martí Borràs, fallecido en 1894, él lo señaló como un terrorista y partidario activo de la propaganda por el hecho, al tiempo que apuntaba su papel como impulsor del periódico Tierra y Libertad. Esas declaraciones, como él mismo reconoció en su libro “Les Inquisiteurs d’Espagne” del mismo 18977 no ayudaron mucho al entorno más cercano a Borràs, señalando también que fue el principal foco de represión: “Après la mort de Borras, se veuve était devennue la maitresse8 d’un jeune français nommé Thomas Ascheri; sa fille aîvée était devenue la compagne d’un jeune homme nommé Louis Mas et la cadette, âgée de 16 ans, s’était unie à Juan-Bautista Ollé, presque un nant. Parmi les anciens amis de Borras, se trouvaient José Molas et Francisco Gana, ce dernier républicaine, mais elément très actif dan le mouvement syndical9”. Lo afirmado por Tarrida del Mármol, quien describía a Borràs como un simple terrorista, denotan lo alejado que estaba del conocimiento real de aquel pionero anarcocomunista y, por otro lado, que declaraciones como las suyas sirvieron para fundamentar parte del montaje policial que se orquestró.
Otro factor que ayuda a entender la focalización de la represión contra este entorno reside en el papel que jugó el llamado Centro de Carreteros. Este local obrero de la calle Jupí, desde los inicios de la década de los ’90 destacaba por ser uno de los epicentros de la vida obrera barcelonesa. En él se realizaban actividades de todo tipo, destacando entre ellas las reuniones y conferencias, en las cuales a menudo algunos anarcocomunistas como Sunyer o Molas aprovechaban para interrumpir las conferencias dadas por antiadjetivistas. También era un lugar en donde algunos detenidos asistían como conferenciantes o polemistas, como sería el caso de figuras como Pere Coromines, mientras que de dicho centro hay constancia que se realizaban numerosas colectas para publicaciones anarquistas, como El Productor o El Provenir Anarquista. En este sentido la represión afectó duramente a la clientela del local, especialmente la más destacada por sus posicionamientos radicales.
En la versión oficial de los hechos orquestrada por el estado, se afirmaba que en dicho centro personalidades destacadas del entorno más informal, tales como el valenciano Francesc Llompart, Antoni Nogués y Josep Molas habían promovido la recaudación de dinero con el objetivo de poner varias bombas coincidiendo con el 1º de mayo de dicho año, para contrarestar el enfoque reformista de los socialistas marxistas. Según la versión oficial, tras la negativa de republicanos y socialistas de organizar actos en dicha fecha, los anarquistas abortaron su plan y se dió vía libre a los organizadores de la colecta para que hiciesen lo que les pareciese conveniente con los explosivos, tal y como se acordó en una supuesta reunión a finales de abril de 1896. A partir de aquí se orquestra la parte final del montaje, en la que se afirmará que en un inicio tanto Molas como Nogués intentaron cometer un atentado el día 4 de junio, coincidiendo con la salida de una procesión de La Catedral de Barcelona, aunque no tuvieron la osadía para realizar el acto y abandonaron las bombas entre un montón de basuras en la calle Fivaller. Al parecer esa misma noche los explosivos fueron encontrados por un barrendero y confiscados por el juzgado.
Posteriormente, según el montaje policial, Tomás Ascheri se mofó de sus compañeros por su actitud, consiguiendo que éstos le dieran un nuevo explosivo. El día 7 éste acordó con Francesc Callís la comisión del atentado, aunque el último no compareció a la cita acordada. Entonces el marsellés decidió cometer el famoso atentado, pensando que en la parte final del acto religioso estarían las principales autoriades.
El entorno anarcocomunista más informal llevaba años bajo seguimiento y observación policial, culpabilizando a sus propagandistas de ser las manos ocultas que hicieron germinar los atentados de 1893 o ciertos episodios radicalizados producidos en la ciudad desde 1889. Se sabe que durante más de un año y hasta los primeros meses de 1895 un infiltrado, como fue Joaquín Llagostera i Sabaté, estuvo militando en dicho entorno, mientras que tras el descubrimiento de la traición de éste, Thomas Ascheri, quien almenos desde 1891 militaba en el anarcocomunismo barcelonés10, parece ser que empezó a ser informante, primero de la embajada francesa en 1895 para posteriormente serlo de la Policía española.
Al parecer, el joven marsellés cuando se cometió el atentado del 7 de junio acudió a Capitanía General para ofrecer sus servicios, aspecto que denotaría un precedente del caso Rull, en el caso que Ascheri fuese el autor material del atentado, aunque es más factible que simplemente, ante un acto de esta magnitud, lo habitual entre informantes era ofrecer sus servicios, todos ellos con historias más o menos dispares, lo que tampoco ayudaba mucho a las fuerzas policiales, siendo Ascheri en ese contexto uno de los menos creíbles por sus antecedentes. Lo cual, dada su relación evidente con el entorno más radicalizado del anarquismo y la evidencia que, como confidente, ya estaba bastante quemado, hacerlo cabeza de turco significaba para la Policía sacarle un último servicio.
Si consideramos que las actividades de un centro como el de la calle Jupí, básicamente públicas, como punto de distribución de propaganda y recolecta de fondos para proyectos resultaba especialmente molesta, y el hecho que en un centro de dichas características individuos como Llagostera i Sabaté, entre siesta y siesta al fondo de una mesa, durante una velada, podía poner certera atención en las figuras más destacadas en los debates, podemos empezar a entender mejor la orientación del Proceso.
Para personas como el juez Marzo o el teniente Portas, dentro de su simple y arquetipado razonamiento, el atentado de 1896 abría las puertas para reprimir al conjunto de las disidencias, prestando especial atención al anarquismo y, dentro de éste último movimiento, con especial saña contra los sectores más radicalizados. Para ellos los anarcocomunistas informales representaban ese sector, por eso las condenas más duras se cebaron con ellos. No hay que olvidar que para dichas personalidades, tanto el anarquismo como su desarrollo eran una enfermedad exógena que debía de ser eliminada quirúrgicamente, en consonancia con los discursos antianarquistas típicos de aquellos años.
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