En el marco de las jornadas celebradas en Bujaraloz con motivo del 90 aniversario de la llegada de la Columna Durruti, las once tesis sobre la revolución y la contrarrevolución en Cataluña, publicadas en el libro Ocho días de julio de Agustín Guillamón, fruto de décadas de investigación histórica, fueron sometidas a un intenso debate. Las discusiones sobre la cuestión del poder, la autonomía de los comités, la institucionalización de la CNT y el proceso contrarrevolucionario permitieron confrontar distintas posiciones y plantear tanto los puntos de acuerdo como las contradicciones surgidas durante el debate; todo ello conduce a una pregunta crucial: cómo destruir el Estado.
Introducción
La conciencia procede del ser. Sin una teorización de las experiencias históricas del proletariado no existiría teoría revolucionaria. Es decir, hay que aprender de las lecciones que nos da la historia.
La historia no es un relato neutral ni un depósito de fechas muertas: es un campo de batalla. Y como tal, está atravesada por intereses, silencios y tergiversaciones. Quien pretende aproximarse a ella con honestidad no puede hacerlo únicamente desde la cómoda distancia del erudito que clasifica documentos, sino desde la conciencia crítica de que cada archivo es también una trinchera.
En los últimos años se ha intensificado una operación de maquillaje del pasado, especialmente en lo que respecta a las experiencias revolucionarias del siglo XX. Se vacían de contenido, se reducen a anécdotas pintorescas o, peor aún, se integran en el relato oficial como meros episodios inevitables de un progreso que siempre desemboca en el Estado y el mercado. Este proceso no es inocente: responde a la necesidad de desactivar cualquier memoria que pueda cuestionar el orden existente.
Tomemos como ejemplo la revolución social. No como concepto abstracto, sino como práctica concreta, vivida en las calles, en las fábricas, en las colectividades agrarias o industriales. Allí donde los trabajadores dejaron de obedecer, donde la propiedad privada fue abolida de facto y donde la vida cotidiana se reorganizó sobre nuevas bases, surgió algo que desborda las categorías habituales de la política institucional. Eso es precisamente lo que resulta intolerable para la historiografía dominante: la evidencia de que la sociedad puede organizarse sin jerarquías impuestas.
Sin embargo, esta memoria persiste, fragmentaria pero obstinada. Aparece en los testimonios olvidados, en los periódicos clandestinos, en las actas de asambleas sindicales, municipales o vecinales. Es una memoria incómoda, porque no ofrece soluciones fáciles ni héroes inmaculados. Está llena de contradicciones, de derrotas, de errores. Pero es, precisamente por eso, profundamente humana.
El problema no es que la historia sea compleja, sino que se la quiera simplificar hasta hacerla irreconocible. Frente a esa tendencia, la tarea del historiador crítico no es embellecer ni condenar, sino comprender. Comprender implica restituir los conflictos, dar voz a los vencidos y resistirse a la tentación de cerrar el pasado con interpretaciones definitivas.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la interpretación de lo que ocurrió, sino la posibilidad misma de pensar alternativas. Si aceptamos una historia domesticada, también aceptamos un presente sin fisuras y un futuro clausurado. Por el contrario, si recuperamos la dimensión conflictiva del pasado, abrimos la puerta a imaginar —y quizás a construir— otras formas de vida.
Porque la historia, cuando se la arranca de las manos del poder, deja de ser un museo y se convierte en una herramienta. Y toda herramienta, en manos adecuadas, puede servir para algo más que contemplar: puede servir para transformar.
A noventa años del inicio de la revolución social de 1936, ha llegado el momento de exponer estas once tesis, elaboradas a partir de la experiencia histórica del proletariado en Cataluña:
Tesis número 1
Entre el 17 y el 19 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar contra el Gobierno de la República que fracasó en las principales ciudades. En Cataluña, la derrota de la sublevación militar fue consecuencia directa de la insurrección armada del proletariado, organizada y dirigida fundamentalmente por los Cuadros y Comités de Defensa de la CNT-FAI, preparados desde 1931. No fue una insurrección espontánea, sino el resultado de años de preparación revolucionaria. La derrota del ejército provocó un vacío de poder estatal y una atomización del poder político y militar, abriendo así una situación revolucionaria en la que el proletariado podía destruir el Estado y sustituirlo por sus propios órganos de poder.
Tesis número 2
Los comités revolucionarios —de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de abastos y otros— fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron la expropiación sistemática de las propiedades de la burguesía, impulsaron la colectivización de la industria y del campo, organizaron las Milicias Populares que sostuvieron los frentes en los primeros días de la guerra y crearon las Patrullas de Control, encargadas de imponer el nuevo orden revolucionario frente a la Iglesia, la burguesía, los fascistas y las fuerzas contrarrevolucionarias.
Sin embargo, esos comités fueron incapaces de coordinarse y constituir un poder obrero capaz de sustituir al Estado republicano. La dirección de la CNT-FAI tampoco planteó esa alternativa revolucionaria: destruir el Estado y transformar los comités en órganos de poder proletario, y las Milicias Populares en el ejército de la revolución.
El Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (CCMA) fue el resultado de un pacto entre las organizaciones obreras, las organizaciones burguesas y las instituciones del Estado republicano. La revolución renunció así a destruir el Estado y aceptó compartir el poder con sus propios enemigos de clase. El CCMA fue, por tanto, un organismo de colaboración de clases que abrió el camino a la recuperación del poder por la burguesía y a la contrarrevolución.
Tesis número 3
Sin destrucción del Estado no puede hablarse de revolución proletaria.
Tesis número 4
La CNT y el POUM nunca plantearon la cuestión del poder. El Estado capitalista conservó (aunque fuese de forma «disminuida», «nominal» o «parcial») sus funciones. Guardia civil y de asalto no fueron disueltos, sino acuartelados CON SUS ARMAS. En ausencia de una organización revolucionaria, capaz de plantear el antagonismo entre el proletariado y el Estado capitalista las “conquistas” revolucionarias de julio estaban condenadas al fracaso.
Tesis número 5
Las colectivizaciones no podían tener ningún desarrollo futuro, si el Estado capitalista no era destruido.
Tesis número 6:
Mayo del 37 fue la derrota política del proletariado revolucionario más avanzado que necesitaba la contrarrevolución para pasar a la contraofensiva.
Tesis número 7
La institucionalización de la CNT tuvo importantes consecuencias, inevitables, en la propia naturaleza organizativa e ideológica de la CNT.
La excepcionalidad de la situación histórica, así como la urgencia de las decisiones a tomar impidieron un funcionamiento horizontal y asambleario en la CNT catalana. El Comité de comités dirigió la Organización desde el 23 de julio de 1936 hasta junio de 1937. La Comisión Asesora Política (CAP) desde junio de 1937 hasta marzo de 1938. Mientras tanto, en julio de 1937, se produjo la conversión de la FAI en un partido antifascista más, capaz de suministrar y adiestrar burócratas necesarios para asumir cargos de responsabilidad y mando. Finalmente, en un contexto de desbandada y derrumbe de los frentes, el elitista y autoelegido Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario de Cataluña dirigió dictatorial y jerárquicamente la Organización desde abril hasta octubre de 1938, sin más horizonte que la militarización del trabajo y de la sociedad, así como de la propia Organización.
Los comités superiores, a principios de diciembre de 1936, vieron a los comités revolucionarios de barrio como a sus peores enemigos, [porque se negaban a seguir la consigna de entregar las armas al frente] y decidieron reducir sus funciones y controlar sindicalmente a sus secciones de defensa, hibernándolos en la práctica, hasta que en marzo de 1937 la formación del Cuerpo único de Seguridad, constituido por guardias de asalto y guardia civiles, y la amenaza de disolución de las Patrullas de Control, hizo necesaria su revitalización y rearme como preparación para un enfrentamiento inevitable, que desembocó en las Jornadas de Mayo.
La ideología de unidad antifascista, asumida e interiorizada por los comités superiores creó una comunidad de intereses y de objetivos de esos comités con el resto de organizaciones antifascistas. Esos comités superiores renunciaron a todos los principios anarcosindicalistas y revolucionarios, con el objetivo único de ganar la guerra.
La institucionalización de la CNT y la asunción de la ideología de unidad antifascista transformaron a los comités superiores en el peor enemigo de la (minoritaria) oposición revolucionaria cenetista, que estuvo muy cerca de provocar una escisión, que finalmente no se produjo a causa de la eliminación física, encarcelamiento o clandestinidad a que se vio sometida esa oposición por la represión estatal y estalinista. Represión que tuvo un carácter SELECTIVO, ya que estaba dirigida contra la minoría revolucionaria, al mismo tiempo que se intentaba asegurar la institucionalización de los comités superiores.
No era una traición, era una lucha de clases entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes o aspirantes a serlo y gobernados, entre burócratas y trabajadores.
El anarquismo de Estado quebró y demostró, además, su incapacidad en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores.
Tesis número 8
La militarización de las Milicias Antifascistas, junto con el decreto de Colectivizaciones y la disolución de los Comités locales marcaron el inicio y el curso de la contrarrevolución burguesa y de su reconquista del aparato estatal, que no había sido destruido.
La militarización de las Milicias, en el frente, no sólo suponía la pérdida de la dirección de la guerra por los obreros y la pérdida de cualquier objetivo revolucionario, sino que conllevaba además la militarización de la retaguardia, esto es, del Orden Público.
Y esa militarización de la retaguardia transformaba todas las relaciones sociales y políticas de poder, porque violencia y poder eran lo mismo. La militarización del Orden Público implicaba, además, un proceso de creciente desmovilización social, política y revolucionaria de los trabajadores.
En la oposición a la militarización de las Milicias Populares (decretada en octubre de 1936) destacó la cuarta agrupación de Gelsa de la Columna Durruti que, tras superar un conato de enfrentamiento armado con otras fuerzas de la Columna, partidarias de la militarización, decidió abandonar el frente (en febrero de 1937) y regresar a Barcelona, llevándose las armas. Eran ochocientos desertores, protagonistas de uno de los episodios de derrotismo revolucionario más bellos de la historia del proletariado.
Esos milicianos, junto con otros militantes cenetistas radicales, empeñados en la lucha existente en las empresas por la socialización, fundaron en marzo de 1937 la Agrupación de Los Amigos de Durruti, que llegó a alcanzar de cuatro a cinco mil adherentes y se constituyeron, en Cataluña, en una alternativa revolucionaria a los comités superiores (colaboracionistas) de la CNT-FAI.
De la violencia revolucionaria de los comités, considerada como desorden por la burguesía catalana y los estalinistas, se pasó, tras una transición que duró algunos meses, al orden burgués “de siempre”, en el que la violencia estaba monopolizada por los cuerpos represivos y antiobreros “de siempre”: guardia de asalto y guardia civil, unificados el 4 de marzo de 1937 en un Cuerpo único de Seguridad. Desde ese punto de vista, los Hechos de Mayo de 1937 fueron el episodio necesario y decisivo para que el aparato estatal consiguiera el absoluto monopolio de la violencia.
De la violencia revolucionaria de los comités, contra la burguesía, curas y fascistas, se pasó a la violencia represiva de las fuerzas burguesas del orden capitalista contra las minorías revolucionarias. Esa represión de la oposición revolucionaria cenetista (y de otras minorías revolucionarias) fue paralela y homóloga a la integración de los comités superiores en el aparato estatal (estuviesen o no en el gobierno). No se trataba de ninguna traición de los dirigentes a las bases, sino de las dos vertientes necesarias de un mismo proceso contrarrevolucionario: persecución de los revolucionarios e institucionalización de los comités superiores.
El orden público antifascista se fundamentaba en la unidad antifascista de todas las organizaciones con el objetivo único de ganar la guerra. Esa victoria militar implicaba y profundizaba la militarización de las Milicias, de las fuerzas del orden, del trabajo, de las relaciones sociales y la política. La guerra devoró a la revolución.
Tesis número 9
Del 12 al 24 de abril, la Federación Local de Grupos anarquistas, las JJLL y los comités de defensa de los barrios se prepararon para una insurrección, capaz de enfrentarse al progresivo avance represivo de la contrarrevolución. A mediados de abril Herrera y Escorza [por parte de CNT] negociaron con Companys un nuevo gobierno y una salida a la crisis gubernamental. Se iniciaron los primeros sumarios por “cementerios clandestinos”, que culpaban y encarcelaban a los miembros de los comités de las jornadas revolucionarias de julio. El 27 de abril de 1937, las autoridades de Bellver, apoyadas por el gobierno de la Generalidad y envalentonadas por la creciente invasión de carabineros en la Cerdaña, organizaron una emboscada para asesinar a Antonio Martín, desencadenando una ofensiva represiva contra los anarquistas en esa comarca. Los comités superiores creían que bastaría “con enseñar los dientes” al PSUC, ERC y la Generalidad, para detener su ofensiva represiva. Los comités de defensa de las barriadas de Barcelona desbordaron a los comités superiores, desencadenando el 3 de mayo una insurrección revolucionaria, que escapó a su control.
Desde junio de 1937, disueltas las Patrullas de Control, se asistió a una reconquista de las distintas localidades y comarcas por parte de las fuerzas de asalto y de la guardia civil, que aplicaron una represión brutal contra los cenetistas y muy especialmente contra los expatrulleros y los militantes más destacados. En muchos lugares la organización cenetista desapareció.
Esa represión del anarcosindicalismo fue acompañada por una actitud pasiva de los comités superiores, que optaron por una defensa individual y jurídica de los presos, en lugar de una defensa colectiva y política. Los millares de presos anarcosindicalistas exigieron a los comités superiores un mayor compromiso y solidaridad, que sólo consiguió que el CR de la CNT y el CR de la FAI accedieran a sacar una prensa clandestina, que realizó una campaña en favor de los presos.
El 9 de junio de 1937, Campos y Xena se enzarzaron en una bizantina discusión sobre si seguía existiendo, o no, el llamado Comité de Comités. A los pocos días, el 14 de junio se constituyó formalmente la Comisión Asesora Política (CAP), que no era más que una actualización del Comité de Comités surgido en julio de 1936. Las motivaciones eran idénticas, la necesidad de un organismo ejecutivo que tomara rápidamente las decisiones más importantes y urgentes. Pero ahora se añadía una nueva razón: que los comités de defensa NO volviesen a desbordar a los comités superiores, como había sucedido en mayo. Y para abastecer, controlar e impedir otro posible desbordamiento de los comités de defensa se creó el denominado Comité de Enlace, supeditado a la CAP.
Tesis número 10
En julio de 1936, la cuestión esencial no fue la toma del poder (por una minoría de dirigentes anarquistas), sino la de coordinar, impulsar y profundizar la destrucción del Estado por esos comités. Los comités revolucionarios de barriada (y algunos de los comités locales) no hacían o dejaban de hacer la revolución: eran la revolución social.
Mientras los comités superiores convertían a la CNT en una organización antifascista más, dedicada a la recuperación y fortalecimiento del aparato estatal republicano; los comités revolucionarios tendían a asumir la tarea de destruir el Estado y a sustituirlo en todas sus funciones.
La destrucción del Estado por los comités revolucionarios era una tarea muy concreta y real, en la que esos comités asumían todas las tareas que el Estado desempeñaba antes de julio de 1936.
Faltó una agrupación dispuesta a defender esa autonomía proletaria, capaz de coordinar, extender y fortalecer esos comités revolucionarios: Los Amigos de Durruti la llamaron Junta Revolucionaria, pero no supieron ni pudieron ponerla en práctica, aunque en el cartel que distribuyeron a finales de abril de 1937 en Barcelona proponían decididamente la sustitución de la Generalidad por esa Junta Revolucionaria.
Tesis número 11
Frente a la alternativa fundamental entre capitalismo y revolución anticapitalista, la ideología burguesa ha presentado históricamente falsas alternativas destinadas a impedir que el proletariado se afirme como clase revolucionaria. En la España de los años treinta, esas alternativas fueron sucesivamente: en 1931, monarquía o república; en 1934, derecha o izquierda; y en 1936, fascismo o antifascismo.
La aceptación de la unidad antifascista subordinó la lucha de clases a la defensa del Estado republicano y de la democracia burguesa. Al aceptar el marco político impuesto por el antifascismo, el proletariado renunció a afirmar su propia autonomía revolucionaria y permitió que la guerra contra el fascismo se convirtiera en el instrumento político de la reconstrucción del Estado capitalista y de la derrota de la revolución social.
El debate
Las once tesis fueron el punto de partida de un intenso debate, imposible de recoger aquí en toda su variedad y riqueza. Sin embargo, las intervenciones, críticas, acuerdos y desacuerdos suscitados en Bujaraloz permitieron volver sobre las once tesis y confrontarlas con las distintas interpretaciones de la experiencia revolucionaria catalana de 1936-1937. Y el debate se centró finalmente en un tema fundamental: la cuestión del poder.
La revolución catalana de 1936 no fue una simple promesa incumplida ni una experiencia anulada desde el principio por la guerra. Los sindicatos expropiaron sistemáticamente las fábricas e iniciaron la transformación de la industria catalana en industria de guerra. Los trabajadores crearon comités, colectividades, milicias y organismos capaces de asumir funciones que hasta entonces correspondían al Estado y a la propiedad capitalista. La revolución existió, por tanto, como una realidad social y material. Precisamente por eso, su derrota plantea una pregunta que el movimiento anarquista no puede eludir: ¿cómo defender y extender una revolución que rechaza la conquista del poder estatal, pero que se enfrenta inevitablemente a la cuestión de quién organiza, coordina y defiende el poder real surgido de la revolución?
Aquí aparece la contradicción fundamental. El anarcosindicalismo había rechazado —con razones históricas y teóricas poderosas— la conquista del Estado y la formación de una nueva clase dirigente. Pero el rechazo del poder estatal no resolvía automáticamente el problema del poder existente en la calle: el inmenso poder real de unos sindicatos que expropiaban fábricas, que formaban un ejército de trabajadores voluntarios y que gestionaban una ciudad [como Barcelona] de más de un millón de habitantes, y por extensión toda Cataluña. La destrucción parcial de las estructuras estatales abrió un espacio revolucionario que los comités ocuparon de hecho, aunque sin llegar a coordinarse y constituirse en una estructura capaz de sustituir definitivamente las funciones del Estado y defender la autonomía obrera conquistada. La cuestión no era, por tanto, conquistar el Estado, sino impedir que el Estado se reconstruyera sobre las ruinas de la revolución, y ejercer ese inmenso poder sindical y de los comités, capaz de expropiar fábricas, levantar un ejército o gestionar una región.
La resistencia a plantear esta cuestión tuvo diversas causas. Existía, en primer lugar, una profunda desconfianza —justificada por la experiencia histórica— hacia cualquier centralización que pudiera convertirse en autoridad separada, burocracia o nuevo poder sobre los trabajadores. Pero esa resistencia podía conducir a una contradicción: identificar toda coordinación, toda centralización de funciones o toda organización política común con la creación de un nuevo Estado, y dejar así sin respuesta la necesidad de coordinar y defender una revolución que ya había creado sus propios organismos de poder social: los comités.
También pesaba la tradición antipolítica y antiestatal anarquista, así como la confianza en que la extensión de las colectividades y de la organización sindical bastaría para resolver por sí misma el problema revolucionario. Sin embargo, la experiencia de 1936 mostró que la transformación de las relaciones económicas y sociales no podía separarse de la cuestión de la fuerza, la coordinación y la dirección política del proceso revolucionario. Allí donde el Estado no había sido destruido, conservaba la posibilidad de reconstruirse. Y allí donde la revolución no consiguió coordinar sus propios organismos, otros poderes ocuparon ese espacio.
La colaboración antifascista fue la forma política concreta que permitió resolver esa contradicción en favor del Estado. En nombre de la unidad, de la guerra y de la necesidad de vencer al fascismo, la revolución aceptó compartir el poder con fuerzas que tenían intereses distintos y, finalmente, antagónicos. Los comités superiores de la CNT-FAI fueron integrándose progresivamente en esa lógica, mientras los organismos revolucionarios que conservaban mayor autonomía eran subordinados, desarmados o reprimidos. La cuestión del poder no desapareció: fue resuelta por la reconstrucción del poder estatal y por la subordinación de la autonomía revolucionaria.
La lección de 1936 no consiste, por tanto, en sustituir el anarquismo por una teoría de la conquista del poder ni en convertir los organismos revolucionarios en un nuevo Estado. Consiste en comprender que una revolución libertaria necesita formas propias de poder social: órganos de decisión, coordinación y defensa sometidos al control directo de los trabajadores y vinculados a la transformación revolucionaria de la sociedad. La cuestión decisiva no es quién ocupa el Estado, sino qué organismos pueden impedir que el Estado, el capital y las burocracias recuperen el control de la revolución para anularla.
La experiencia catalana dejó abierta esta contradicción. Los comités fueron capaces de transformar la vida social y expropiar sistemáticamente las fábricas, pero no lograron coordinarse para defender y extender esa transformación. El anarquismo revolucionario poseía una fuerza social extraordinaria, pero encontró enormes dificultades para traducir su rechazo de la autoridad en una estrategia capaz de afrontar el problema del poder real. La revolución no fue derrotada porque la emancipación libertaria fuera imposible, sino porque no consiguió resolver políticamente la relación entre autonomía, coordinación, autoridad revolucionaria y poder social.
Noventa años después, el problema continúa siendo incómodo. Una revolución que se limita a ocupar espacios económicos o sociales, pero que no impide la reconstrucción del poder estatal, puede ver cómo sus conquistas son recuperadas. Pero una revolución que crea un poder separado de la sociedad corre el riesgo de reproducir aquello que pretendía destruir. Entre ambos peligros —la impotencia ante la reconstrucción del Estado y la transformación de la revolución en un nuevo poder de dominación— se encuentra uno de los problemas fundamentales de toda revolución libertaria.
La historia no ofrece modelos acabados ni soluciones garantizadas. La experiencia de 1936 tampoco permite convertir la derrota en una doctrina. Pero sí obliga a pensar. La revolución catalana demostró que la autonomía social puede existir y transformar profundamente la vida colectiva. Su derrota mostró que esa autonomía necesita coordinarse, defenderse y extenderse sin convertirse en un poder separado de quienes la sostienen.
Ésa es, quizás, la cuestión que el debate de Bujaraloz deja abierta: cómo destruir el poder del Estado sin reproducirlo, cómo construir una fuerza revolucionaria sin convertirla en una autoridad separada y cómo coordinar la autonomía obrera sin destruirla. La revolución de 1936 no resolvió esas contradicciones. Precisamente por eso sigue siendo una experiencia viva para quienes, desde el anarquismo, continuamos buscando una revolución capaz de vencer sin dejar de ser libertaria, con el objetivo irrenunciable y necesario de destruir el Estado y superar el capitalismo.
Las conclusiones que siguen no pretenden clausurar ese debate, diverso, plural e inabarcable, sino recoger su cuestión central: la relación entre revolución social, autonomía proletaria y cuestión del poder.
Conclusiones del debate: las once tesis y la cuestión del poder
Estas conclusiones son una síntesis abierta de las distintas posiciones y contradicciones que el propio debate puso de manifiesto.
La situación revolucionaria catalana de 1936-1937 hizo realidad una de las experiencias de autoorganización y autogestión más importantes, profundas y extensas de la historia del movimiento obrero. Su derrota no puede explicarse únicamente por la superioridad militar de sus enemigos ni por las circunstancias excepcionales de la guerra. La cuestión decisiva fue política: el proletariado revolucionario fue incapaz de transformar la descomposición inicial del poder estatal y la extraordinaria fuerza de sus comités en una estructura capaz de coordinar, extender y consolidar su propio poder, destruyendo definitivamente el Estado capitalista. Fue derrotada porque el proletariado no destruyó el Estado capitalista ni logró organizar y defender su propio poder revolucionario.
La revolución abrió, durante un breve período, la posibilidad concreta de reorganizar la sociedad sobre bases anticapitalistas y de sustituir las instituciones tradicionales por organismos surgidos directamente de la acción de los trabajadores. Sin embargo, la política de colaboración de clases, la aceptación de la unidad antifascista, la institucionalización de las organizaciones obreras y la subordinación de la revolución a las necesidades de la guerra permitieron la reconstrucción progresiva del aparato estatal y el avance de la contrarrevolución.
Sin teoría no hay revolución, y no tomar el poder significó dejarlo en manos del Estado capitalista. Para la Agrupación de los Amigos de Durruti el CCMA fue un órgano de colaboración de clases, y sólo sirvió para apuntalar y fortalecer al Estado burgués. De ahí la necesidad de constituir una Junta Revolucionaria, considerada como un órgano de la clase, capaz de coordinar, centralizar y fortalecer el poder de los múltiples comités obreros, locales, de defensa, de empresa, milicianos, etcétera. Un poder atomizado en múltiples comités, que “usurpaban” localmente todo el poder, pero que al no federarse, centralizarse y fortalecerse entre sí, fueron canalizados, debilitados y transformados por el CCMA en ayuntamientos frentepopulistas, direcciones de empresas sindicalizadas y batallones de un ejército republicano. Sin la destrucción total del Estado capitalista, las jornadas revolucionarias de julio de 1936 no podían dar paso a una nueva estructura de poder obrero.
La lección fundamental de la revolución de julio de 1936 no reside únicamente en señalar errores, responsabilidades o derrotas, sino en comprender la relación inseparable entre la revolución social y la cuestión del poder. Una revolución que no destruye las estructuras estatales existentes y que no crea sus propios órganos de poder queda expuesta a la recuperación de sus conquistas por las fuerzas contrarrevolucionarias. La autonomía proletaria no puede limitarse a la ocupación de fábricas, tierras o espacios sociales: necesita también una capacidad política organizada para defenderse y avanzar.
Por ello, la experiencia revolucionaria de Cataluña en 1936-1937 conserva toda su vigencia. No como un modelo acabado que deba idealizarse o reproducirse mecánicamente, sino como una experiencia histórica de la que extraer lecciones. Su derrota no demuestra que la emancipación social sea imposible; demuestra que una revolución que renuncia a destruir el Estado y subordina su autonomía a la colaboración de clases acaba permitiendo la restauración del poder del Estado, del capital y de las burocracias.
La historia no ofrece garantías ni recetas, pero permite reconocer las razones por las que finalmente fue derrotada. En ese sentido, estudiar la revolución y la contrarrevolución en Cataluña no es un ejercicio de nostalgia o erudición, sino una tarea de crítica histórica y de aprendizaje político. El pasado solo puede servir al futuro si se lo comprende en toda su complejidad, sin mitos ni silencios, para que las derrotas del proletariado no sean simplemente recordadas, sino también pensadas. La revolución de 1936 fue derrotada. La próxima no podrá permitirse ignorar por qué.
Agustín Guillamón
Bujaraloz, 25 de julio de 2026
Ser Histórico 